• Expandir / Contraer �ndice sistem�tico
• INTRODUCCION
• CAPITULO PRIMERO.� Disposiciones generales
  • Art�culo 1
  • Art�culo 2
  • Art�culo 3
  • Art�culo 4
• CAPITULO II.� R�gimen de las carreteras
  • SECCION 1.� PLANIFICACION, ESTUDIOS Y PROYECTOS
    • Art�culo 5
    • Art�culo 6
    • Art�culo 7
    • Art�culo 8
    • Art�culo 9
  • SECCION 2.� CONSTRUCCION
    • Art�culo 10
    • Art�culo 11
    • Art�culo 12
  • SECCION 3.� FINANCIACION
    • Art�culo 13
    • Art�culo 14
  • SECCION 4.� EXPLOTACION
    • Art�culo 15
    • Art�culo 16
    • Art�culo 17
    • Art�culo 18
    • Art�culo 19
• CAPITULO III.� Uso y defensa de las carreteras
  • SECCION 1.� LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD
    • Art�culo 20
    • Art�culo 21
    • Art�culo 22
    • Art�culo 23
    • Art�culo 24
    • Art�culo 25
    • Art�culo 26
    • Art�culo 27
    • Art�culo 28
  • SECCION 2.� USO DE LAS CARRETERAS
    • Art�culo 29
    • Art�culo 30
  • SECCION 3.� INFRACCIONES Y SANCIONES
    • Art�culo 31
    • Art�culo 32
    • Art�culo 33
    • Art�culo 34
    • Art�culo 35
• CAPITULO IV.� Traves�as y redes arteriales
  • Art�culo 36
  • Art�culo 37
  • Art�culo 38
  • Art�culo 39
  • Art�culo 40
  • Art�culo 41
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Primera
  • Segunda
  • Tercera
  • Cuarta
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Primera
  • Segunda
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • DISPOSICION DEROGATORIA
• DISPOSICIONES FINALES
  • DISPOSICION FINAL
• ANEXO .�RED DE CARRETERAS DEL ESTADO

Art�culo 1

Es objeto de la presente Ley la regulaci�n de la planificaci�n, proyecci�n, construcci�n, conservaci�n, financiaci�n, uso y explotaci�n de las carreteras estatales.

Art�culo 2

1. Se consideran carreteras las v�as de dominio p�blico y uso p�blico proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulaci�n de veh�culos autom�viles.

2. Por sus caracter�sticas, las carreteras se clasifican en autopistas, autov�as, v�as r�pidas y carreteras convencionales.

3. Son autopistas las carreteras que est�n especialmente proyectadas, construidas y se�alizadas como tales para la exclusiva circulaci�n de autom�viles y re�nen las siguientes caracter�sticas:

• a) No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.
• b) No cruzar a nivel ninguna otra senda, v�a, l�nea de ferrocarril o tranv�a ni ser cruzada a nivel por senda, v�a de comunicaci�n o servidumbre de paso alguna.
• c) Constar de distintas calzadas par cada sentido de circulaci�n separadas entre s�, salvo en puntos singulares o con car�cter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulaci�n o, en casos excepcionales, por otros medios.

4. Son autov�as las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulaci�n y limitaci�n de accesos a las propiedades colindantes.

5. Son v�as r�pidas las carreteras de una sola calzada y con limitaci�n total de accesos a las propiedades colindantes.

6. Reglamentariamente se establecer�n las limitaciones a la circulaci�n en las carreteras de los diferentes tipos de veh�culos.

7. Son carreteras convencionales las que no re�nen las caracter�sticas propias de las autopistas, autov�as y v�as r�pidas.

8. Son �reas de servicio las zonas colindantes con las carreteras, dise�adas expresamente para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades de circulaci�n, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparaci�n y otros servicios an�logos destinados a facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la carretera.

Art�culo 3

1. No tendr�n la consideraci�n de carreteras:

• a) Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades espec�ficas de sus titulares.
• b) Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad an�loga a los caminos de servicio.

2. Cuando las circunstancias de los caminos de servicio lo permitan y lo exija el inter�s general, deber�n �stos abrirse al uso p�blico, seg�n su naturaleza y legislaci�n espec�fica. En este caso habr�n de observar las normas de utilizaci�n y seguridad propias de las carreteras y se aplicar� si procede, la Ley de Expropiaci�n Forzosa a efectos de indemnizaci�n.

Art�culo 4

1. Son carreteras estatales las integradas en un itinerario de inter�s general o cuya funci�n en el sistema de transporte afecte a m�s de una Comunidad Aut�noma.

2. Las carreteras a que se refiere el apartado anterior constituyen la Red de Carreteras del Estado, que podr� modificarse mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Obras P�blicas y Urbanismo, en los siguientes supuestos:

• 2.1. Por cambio de titularidad de carreteras existentes en virtud de acuerdo mutuo con las Administraciones P�blicas interesadas.
• 2.2. Por la construcci�n por el Estado de nuevas carreteras integradas en un itinerario de inter�s general o cuya funci�n en el sistema de transporte afecte a m�s de una Comunidad Aut�noma.N�mero 2.2 del art�culo 4 declarado conforme con el orden constitucional y estatutario de competencias por sentencia del Tribunal Constitucional 65/1998, de 18 de marzo de 1998 (�B.O.E.� 22 abril).

3. A efectos de lo establecido en el punto 2.2. de este art�culo, se consideran itinerarios de inter�s general aquellos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• 3.1. Formar parte de los principales itinerarios de tr�fico internacional, incluidos en los correspondientes Convenios.
• 3.2. Constituir el acceso a un puerto o aeropuerto de inter�s general.
• 3.3. Servir de acceso a los principales pasos fronterizos.
• 3.4. Enlazar las Comunidades Aut�nomas, conectando los principales n�cleos de poblaci�n del territorio del Estado de manera que formen una red continua que soporte regularmente un tr�fico de largo recorrido.

4. En ning�n caso tendr�n la consideraci�n de nueva carretera las duplicaciones de calzada, los acondicionamientos de trazado, los ensanches de plataforma, las mejoras de firme, las variantes y, en general, todas aquellas otras actuaciones que no supongan una modificaci�n sustancial en la funcionalidad de la carretera preexistente.

Art�culo 5

Los Planes y Programas de carreteras del Estado, de las Comunidades Aut�nomas y de las Entidades Locales deber�n coordinarse entre s� en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses p�blicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos.

Art�culo 5 redactado por la disposici�n adicional cuadrag�sima novena de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).

Art�culo 6

1. El Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo someter� los estudios y proyectos de carreteras estatales que afecten a las actividades de otros Departamentos ministeriales a su informe de conformidad con lo establecido sobre el particular por las disposiciones vigentes.

2. Los Ministerios de Obras P�blicas y Urbanismo y de Defensa arbitrar�n conjuntamente las medidas necesarias para asegurar la debida coordinaci�n en las materias a las que se refiere la presente Ley cuando as� convenga a las necesidades de la Defensa Nacional.

Art�culo 7

1. Los estudios de carreteras que en cada caso requiera la ejecuci�n de una obra se adaptar�n a los siguientes tipos, establecidos en raz�n a su finalidad:

• a) Estudios de planeamiento.

  Consiste en la definici�n de un esquema vial en un determinado a�o horizonte, as� como de sus caracter�sticas y dimensiones recomendables, necesidades de suelo y otras limitaciones, a la vista del planeamiento territorial y del transporte.

• b) Estudio previo.

  Consiste en la recopilaci�n y an�lisis de los datos necesarios para definir en l�neas generales las diferentes soluciones de un determinado problema, valorando todos sus efectos.

• c) Estudio informativo.

  Consiste en la definici�n, en l�neas generales, del trazado de la carretera, a efectos de que pueda servir de base al expediente de informaci�n p�blica que se incoe en su caso.

• d) Anteproyecto.

  Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluaci�n de las mejores soluciones al problema planteado, de forma que pueda concretarse la soluci�n �ptima.

• e) Proyecto de construcci�n.

  Consiste en el desarrollo completo de la soluci�n �ptima, con el detalle necesario para hacer factible su construcci�n y posterior explotaci�n.

• f) Proyecto de trazado.

  Es la parte del proyecto de construcci�n que contiene los aspectos geom�tricos del mismo, as� como la definici�n concreta de los bienes y derechos afectados.

2. Los estudios y proyectos citados constar�n de los documentos que reglamentariamente se determinen.

Art�culo 8

1. La aprobaci�n de los proyectos de carreteras estatales implicar� la declaraci�n de utilidad p�blica y la necesidad de urgente ocupaci�n de los bienes y adquisici�n de derechos correspondientes, a los fines de expropiaci�n, de ocupaci�n temporal o de imposici�n o modificaci�n de servidumbres.

N�mero 1 del art�culo 8 redactado por el n�mero 1 del art�culo 77 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002

2. La declaraci�n de utilidad p�blica y la necesidad de urgente ocupaci�n se referir� tambi�n a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.

N�mero 2 del art�culo 8 redactado por el n�mero 1 del art�culo 77 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002

3. A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de carreteras y sus modificaciones deber�n comprender la definici�n del trazado de las mismas y la determinaci�n de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para la construcci�n, defensa o servicio de aqu�llas y la seguridad de la circulaci�n.

Art�culo 9

Los proyectos de autopistas y autov�as que supongan un nuevo trazado, as� como los de nuevas carreteras, deber�n incluir la correspondiente evaluaci�n de impacto ambiental de acuerdo con la normativa aplicable a tal efecto.

Art�culo 10

1. Cuando se trate de construir carreteras o variantes no incluidas en el planteamiento urban�stico vigente de los n�cleos de poblaci�n a los que afecten, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo deber� remitir el estudio informativo correspondiente a las Comunidades Aut�nomas y Corporaciones Locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes examinen si el trazado propuesto es el m�s adecuado para el inter�s general y para los intereses de las localidades, provincias y Comunidades Aut�nomas a que afecte la nueva carretera o variante. Transcurrido dicho plazo y un mes m�s sin que dichas administraciones p�blicas informen al respecto, se entender� que est�n conformes con la propuesta formulada.

En caso de disconformidad, que necesariamente habr� de ser motivada, el expediente ser� elevado al Consejo de Ministros, que decidir� si procede ejecutar el proyecto, y en este caso ordenar� la modificaci�n o revisi�n del planeamiento urban�stico afectado, que deber� acomodarse a las determinaciones del proyecto en el plazo de un a�o desde su aprobaci�n.

2. Acordada la redacci�n, revisi�n o modificaci�n de un instrumento de planeamiento urban�stico que afecte a carreteras estatales, el �rgano competente para otorgar su aprobaci�n inicial deber� enviar, con anterioridad a dicha aprobaci�n, el contenido del proyecto al Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, para que emita, en el plazo de un mes, y con car�cter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente.

Si transcurrido dicho plazo y un mes m�s no se hubiera evacuado el informe citado por el referido Departamento, se entender� su conformidad con el mismo.

3. En los Municipios que carecieran de planeamiento urban�stico aprobado, la aprobaci�n definitiva de los estudios indicados en el apartado uno de este art�culo comportar� la inclusi�n de la nueva carretera o variante en los instrumentos de planeamiento que se elaboren con posterioridad.

4. Con independencia de la informaci�n oficial a que se refieren los apartados anteriores, se llevar� a cabo, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, un tr�mite de informaci�n p�blica durante un per�odo de treinta d�as h�biles. Las observaciones en este tr�mite deber�n versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaraci�n de inter�s general de la carretera y sobre la concepci�n global de su trazado.

La aprobaci�n del expediente de informaci�n p�blica corresponde al Ministro de Fomento.

El plazo para resolver y notificar la aprobaci�n definitiva del expediente de informaci�n p�blica as� como del estudio informativo ser� de seis meses a contar desde la correspondiente publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Estado de la Declaraci�n de Impacto Ambiental, si �sta fuese necesaria, o desde la terminaci�n del periodo de Informaci�n P�blica, o de la pr�rroga a que hace referencia el apartado 1 de este art�culo, si �sta fuese posterior.

N�mero 4 del art�culo 10 redactado por el n�mero 2 del art�culo 77 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002

Art�culo 11

1. La expropiaci�n de bienes y derechos y la imposici�n de servidumbre, en su caso, necesarias para la construcci�n de las carreteras a que se refiere este cap�tulo, se efectuar� con arreglo a lo establecido en la Ley de Expropiaci�n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En el caso de que deban ser expropiados instalaciones de servicios o accesos, la Administraci�n podr� optar en sustituci�n de la expropiaci�n por la reposici�n de aqu�llos. La titularidad de las instalaciones o accesos resultantes, as� como las responsabilidades derivadas de su funcionamiento, mantenimiento y conservaci�n, corresponder� al titular originario de los mismos. Por v�a reglamentaria se regular� la audiencia de �ste en el correspondiente procedimiento y su intervenci�n en la recepci�n de las obras realizadas para la reposici�n.

P�rrafo final del n�mero 1 del art�culo 11 introducido por el n�mero 1 del art�culo 121 de la Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).

2. Las expropiaciones a que dieren lugar las obras concernientes a las traves�as y a los tramos de carretera a que se refiere el cap�tulo IV de la presente Ley, quedar�n sometidas a las prescripciones de la normativa legal sobre r�gimen del suelo y ordenaci�n urbana y normas que la complementen y desarrollen.

3. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administraci�n expropiante se subrogar� en la posici�n jur�dica del propietario expropiado a efectos de su derecho al aprovechamiento urban�stico que corresponda a los terrenos seg�n la ordenaci�n en vigor.

Art�culo 12

Las obras de construcci�n, reparaci�n o conservaci�n de carreteras estatales por constituir obras p�blicas de inter�s general, no est�n sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el art�culo 84.1,b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de R�gimen Local.

Art�culo 13

1. La financiaci�n de las actuaciones en la Red de Carreteras del Estado se efectuar� mediante las consignaciones que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado, los recursos que provengan de otras Administraciones P�blicas, de Organismos nacionales e internacionales y excepcionalmente de particulares.

2. Igualmente, la financiaci�n podr� producirse mediante contribuciones especiales en la forma y con los requisitos contenidos en el art�culo 14.

3. Las carreteras del Estado que vayan a explotarse en r�gimen de gesti�n indirecta se financiar�n mediante los recursos propios de las Sociedades concesionarias, los ajenos que �stas movilicen y las subvenciones que pudieran otorgarse.

Art�culo 14

1. Podr�n imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecuci�n de las obras que se realicen para la construcci�n de carreteras, accesos y v�as de servicio, resulte la obtenci�n por personas f�sicas o jur�dicas de un beneficio especial, aunque �ste no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecuci�n de las obras tendr�, a estos efectos, la consideraci�n de beneficio especial.

2. Ser�n sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las carreteras, accesos y v�as de servicio; y, especialmente, los titulares de las fincas y establecimientos colindantes y los de las urbanizaciones, cuya comunicaci�n resulte mejorada.

3. La base imponible se determinar� por el siguiente porcentaje del coste total de las obras, incluido el justiprecio de las expropiaciones, excepto, en cuanto al sujeto pasivo que sea titular del bien expropiado, la parte correspondiente del justiprecio:

• - Con car�cter general, hasta el 25 por 100.
• - En las v�as de servicio, hasta el 50 por 100.
• - En los accesos de uso particular para determinado n�mero de fincas, urbanizaciones o establecimientos, hasta el 90 por 100.

4. El importe total de las contribuciones especiales se repartir� entre los sujetos pasivos atendiendo a aquellos criterios objetivos que, seg�n la naturaleza de las obras, construcciones y circunstancias que concurran en aqu�llos, se determinen de entre los que figuran a continuaci�n:

• a) Superficie de las fincas beneficiadas.
• b) Situaci�n, proximidad y accesos a la carretera de las fincas, construcciones, instalaciones, explotaciones o urbanizaciones.
• c) Bases imponibles en las contribuciones territoriales de las fincas beneficiadas.
• d) Los que determine el Real Decreto que establezca la contribuci�n especial en atenci�n a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante Real Decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Econom�a y Hacienda y de Obras P�blicas y Urbanismo, acordar� el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.

Art�culo 15

La explotaci�n de la carretera comprende las operaciones de conservaci�n y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la v�a y a su mejor uso, incluyendo las referentes a se�alizaci�n, ordenaci�n de accesos y uso de las zonas de dominio p�blico, de servidumbre y de afecci�n.

Art�culo 16

1. El Estado, como regla general, explotar� directamente las carreteras a su cargo, siendo la utilizaci�n gratuita para el usuario, o, excepcionalmente, mediante el pago de peaje, cuyas tarifas aprobar� el Gobierno.

2. Las carreteras tambi�n pueden ser explotadas por cualquiera de los sistemas de gesti�n indirecta de los servicios p�blicos que establece la Ley de Contratos del Estado.

3. No est�n obligados al abono de peaje los veh�culos de las Fuerzas Armadas, los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los de las Autoridades Judiciales, las ambulancias, los de los servicios contra incendios y los de la propia explotaci�n, en el cumplimiento de sus respectivas funciones espec�ficas.

Art�culo 17

Las carreteras estatales en r�gimen de concesi�n administrativa se regir�n por lo dispuesto en la legislaci�n espec�fica.

Art�culo 18

1. Si la explotaci�n de la carretera estatal se efect�a por gesti�n interesada, concierto con persona natural o jur�dica, o por una Sociedad de econom�a mixta, corresponde al Consejo de Ministros acordar, por Real Decreto, los t�rminos de la gesti�n y la constituci�n de la Sociedad.

2. Las personas f�sicas o jur�dicas, p�blicas o privadas que en aplicaci�n de los sistemas mencionados resultaren titulares de la explotaci�n de las carreteras, podr�n disfrutar de los beneficios fiscales y financieros que para las carreteras en r�gimen de concesi�n prev� la legislaci�n vigente. Tales beneficios s�lo podr�n ser otorgados por el Gobierno en el Real Decreto antes referido y con los mismos condicionamientos establecidos en el supuesto de ser objeto la carretera de concesi�n administrativa.

3. El contrato de gesti�n, el concierto o los estatutos sociales, en su caso, habr�n de determinar el correspondiente r�gimen jur�dico-administrativo y econ�mico-financiero, as� como las f�rmulas de reparto entre los contratantes o socios de los beneficios y riesgos de la gesti�n.

Art�culo 19

1. La Administraci�n del Estado facilitar� la existencia de las �reas de servicios necesarias para la comodidad del usuario y el buen funcionamiento de la circulaci�n.

2. Reglamentariamente se establecer�n las distancias m�nimas entre las mismas y sus caracter�sticas funcionales, de tal forma que se garantice la prestaci�n de los servicios esenciales, as� como la seguridad y comodidad de los usuarios, la protecci�n del paisaje y dem�s elementos naturales del entorno.

3. No podr�n instalarse �reas de servicio en las variantes o carreteras de circunvalaci�n, extendi�ndose esta prohibici�n a los cinco kil�metros inmediatamente anteriores o posteriores a las mismas.

4. Las �reas de servicio podr�n ser explotadas por cualesquiera de los sistemas de gesti�n de servicios p�blicos que establece la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas.

La adjudicaci�n de las concesiones de �reas de servicio que, en todo caso, se realizar� por concurso, comprender� las siguientes actuaciones:

• a) Determinaci�n de la ubicaci�n del �rea de servicio, as� como de las instalaciones y servicios que incluir� y de los requisitos y condiciones de cada uno de ellos. Corresponder� al Ministro de Fomento o al �rgano en quien �ste delegue tal determinaci�n, previo informe de la Direcci�n General de Carreteras, sobre los requisitos t�cnicos y de seguridad y, en su caso, si se incluyeran estaciones de servicio, del Ministerio de Industria y Energ�a. Ambos informes ser�n evacuados en el plazo de quince d�as, prosiguiendo las actuaciones de no emitirse en dicho plazo.

  El Ministro de Fomento actuar� de oficio o a instancia de cualquier interesado que solicite la concesi�n de la explotaci�n o de la construcci�n y explotaci�n de un �rea de servicio o de cualquiera de sus elementos integrantes, incluyendo en su solicitud la documentaci�n acreditativa de su personalidad y una memoria indicativa de la situaci�n y caracter�sticas del �rea o de la instalaci�n cuya concesi�n se interese. Tal solicitud ser� resuelta en el plazo m�ximo de un mes desde su presentaci�n y s�lo podr� ser denegada la continuaci�n del procedimiento si el �rea de servicio no cumpliera los requisitos t�cnicos y de seguridad establecidos por la normativa aplicable, haci�ndose constar as� por resoluci�n motivada. La falta de respuesta expresa, en el citado plazo de un mes, conllevar� la necesidad de cumplir el tr�mite previsto en el p�rrafo anterior y los dem�s indicados en los p�rrafos siguientes.

• b) Informaci�n p�blica por plazo no inferior a veinte d�as, que se anunciar� en el "Bolet�n Oficial del Estado" y en un diario de amplia circulaci�n en la zona afectada, a fin de que cualquier persona f�sica o jur�dica pueda formular las alegaciones o sugerencias que estimen convenientes.
• c) Aprobaci�n por el Ministro de Fomento del pliego de cl�usulas administrativas particulares para la ejecuci�n de las obras y la explotaci�n del servicio, con se�alamiento expreso de los plazos de iniciaci�n y terminaci�n de las obras y de los efectos de su incumplimiento, as� como del plazo de la concesi�n, canon a satisfacer y garant�as t�cnicas y econ�micas que deber�n presentar los concursantes.
• d) Resoluci�n por el Ministerio de Fomento del expediente de contrataci�n, de conformidad con lo establecido en la legislaci�n de contratos de las Administraciones p�blicas.

P�rrafo 2.� del n�mero 4 del art�culo 19 redactado por el art�culo 10 de R.D.-Ley 15/1999, 1 octubre, por el que se aprueban medidas de liberalizaci�n, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos (�B.O.E.� 2 octubre).Vigencia: 3 octubre 1999

El concesionario vendr� obligado al abono al Estado del canon anual que se hubiera comprometido a satisfacer en la proposici�n que sirvi� de base para el otorgamiento de la concesi�n en el correspondiente procedimiento de adjudicaci�n del contrato, que no podr� ser en ning�n caso inferior al que corresponder�a abonar por los c�nones regulados en el art�culo 21.

Dicho canon ser� destinado, en los t�rminos y cuant�as que reglamentariamente se establezcan, a la financiaci�n de los programas de creaci�n y mantenimiento de �reas de servicio y de descanso en las carreteras estatales.

N�mero 4 del art�culo 19 redactado por el apartado dos de la disposici�n adicional vig�simo segunda de la Ley 13/1996, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).

Art�culo 20

A efectos de la presente Ley se establecen en las carreteras las siguientes zonas de dominio p�blico, de servidumbre y de afecci�n.

Art�culo 21

1. Son de dominio p�blico los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autov�as y v�as r�pidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la v�a, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanaci�n.

La arista exterior de la explanaci�n es la intersecci�n del talud del desmonte, del terrapl�n o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, t�neles, estructuras u obras similares, se podr� fijar como arista exterior de la explanaci�n la l�nea de proyecci�n ortogonal del borde de las obras sobre el terreno. Ser� en todo caso de dominio p�blico el terreno ocupado por los soportes de la estructura.

2. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la conservaci�n de la misma o a la explotaci�n de servicio p�blico viario, tales como las destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atenci�n m�dica de urgencia, pesaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios.

3. S�lo podr�n realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio p�blico de la carretera, previa autorizaci�n del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, cuando la prestaci�n de un servicio p�blico de inter�s general as� lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el art�culo 38.

4. El uso especial del dominio p�blico establecido en esta Ley o la ocupaci�n del mismo comportar�n la obligaci�n, por el beneficiario de la correspondiente autorizaci�n de uso u ocupaci�n, del abono de un canon.

Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupaci�n de terrenos o utilizaci�n de bienes de dominio p�blico que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en esta Ley y de concesiones de �reas de servicio en las carreteras estatales.

Ser�n sujetos pasivos del canon los titulares de autorizaciones o concesionarios de �reas de servicio.

La base de fijaci�n de la cuant�a del gravamen ser� el valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del valor de adquisici�n de los mismos por el Estado, el de los predios contiguos y de los beneficios que los sujetos pasivos obtengan por la autorizaci�n o concesi�n. El tipo de gravamen anual ser� del 4 por 100 sobre el valor de la base indicada.

El canon podr� ser revisado proporcionalmente a los aumentos que experimente el valor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones s�lo podr�n realizarse al t�rmino de los per�odos que para el caso se expresen en las condiciones de autorizaci�n o concesi�n.

La explotaci�n por terceros de obras y servicios p�blicos relativos a carreteras estatales, que supongan el abono de contraprestaciones econ�micas por parte de los usuarios de dichas obras o servicios, llevar� aparejada la obligaci�n de satisfacer a la Administraci�n un canon.P�rrafo 6.� del n�mero 4 del art�culo 21 redactado por Ley 66/1997, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre). T�ngase en cuenta que el tenor literal del art�culo 121.2 establece que: "2. Se modifica la redacci�n del p�rrafo cuarto del punto 4 del art�culo 21 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, en su redacci�n dada por la disposici�n adicional vig�sima segunda de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, del siguiente modo". No obstante entendemos que la citada modificaci�n se refiere a este p�rrafo 6.�.

Ser� sujeto pasivo de dicho canon la persona f�sica o jur�dica que tenga la titularidad de dicha explotaci�n, en virtud de la correspondiente autorizaci�n o concesi�n.

La cuant�a del canon se establecer� en funci�n del coste de las obras e instalaciones, as� como de los ingresos brutos derivados de la explotaci�n de las mismas. El canon anual se obtendr� por suma del 4 por 100 del coste indicado y del porcentaje que reglamentariamente se determine de los citados ingresos que en todo caso no podr�n exceder del 1 por 1.000 de los mismos.

N�mero 4 del art�culo 21 introducido por el apartado uno de la disposici�n adicional vig�sima segunda de Ley 13/1996, 30 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).

Art�culo 22

1. La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistir� en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio p�blico definida en el art�culo 21 y exteriormente por dos l�neas paralelas a las aristas exteriores de la explanaci�n a una distancia de 25 metros en autopistas, autov�as, y v�as r�pidas, y de 8 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

2. En la zona de servidumbre no podr�n realizarse obras ni se permitir�n m�s usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorizaci�n, en cualquier caso, del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el art�culo 38.

3. En todo caso, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo podr� utilizar o autorizar la utilizaci�n de la zona de servidumbre por razones de inter�s general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.

4. Ser�n indemnizables la ocupaci�n de la zona de servidumbre y los da�os y perjuicios que se causen por su utilizaci�n.

Art�culo 23

1. La zona de afecci�n de una carretera estatal consistir� en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos l�neas paralelas a las aristas exteriores de la explanaci�n a una distancia de 100 metros en autopistas, autov�as y v�as r�pidas, y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

2. Para ejecutar en la zona de afecci�n cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar �rboles se requerir� la previa autorizaci�n del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el art�culo 38.

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afecci�n podr�n realizarse obras de reparaci�n y mejora, previa la autorizaci�n correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcci�n y sin que el incremento de valor que aqu�llas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las dem�s competencias concurrentes y de lo dispuesto en el art�culo 39.

4. La denegaci�n de la autorizaci�n deber� fundarse en las previsiones a los planes o proyectos de ampliaci�n o variaci�n de la carretera en un futuro no superior a diez a�os.

Art�culo 24

1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio p�blico de la carretera, sin que esta prohibici�n d� en ning�n caso derecho a indemnizaci�n.

2. A los efectos de este art�culos no se considera publicidad los carteles informativos autorizados por el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo.

Art�culo 25

1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la l�nea l�mite de edificaci�n, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcci�n, reconstrucci�n o ampliaci�n, a excepci�n de las que resultaren imprescindibles para la conservaci�n y mantenimiento de las construcciones existentes.

La l�nea l�mite de edificaci�n se sit�a a 50 metros en autopistas, autov�as y v�as r�pidas y a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada m�s pr�xima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulaci�n de veh�culos en general.

2. Con car�cter general, en las carreteras estatales que discurran total y parcialmente por zonas urbanas el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo podr� establecer la l�nea l�mite de edificaci�n a una distancia inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permitan el planeamiento urban�stico correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

3. Asimismo, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, previo informe de las Comunidades Aut�nomas y Entidades Locales afectadas, podr�, por razones geogr�ficas o socioecon�micas, fijar una l�nea l�mite de edificaci�n inferior a la establecida con car�cter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente delimitadas.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalaci�n que se construyan con el objeto de eliminar las traves�as de las poblaciones, la l�nea l�mite de edificaci�n se situar� a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.

Art�culo 26

1. En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta la l�nea l�mite de edificaci�n, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo podr� proceder a la expropiaci�n de los bienes existentes, entendi�ndose impl�cita la declaraci�n de utilidad p�blica, siempre que existiese previamente un proyecto aprobado de trazado o de construcci�n para reparaci�n, ampliaci�n o conservaci�n de la carretera que la hiciera indispensable o conveniente.

Art�culo 27

1. Los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles a instancia o previo informe del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, dispondr�n la paralizaci�n de las obras y la suspensi�n de usos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en las autorizaciones.

2. Las citadas autoridades interesar�n del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, para que efect�e la adecuada comprobaci�n de las obras paralizadas y los usos suspendidos, debiendo adoptar, en el plazo de dos meses, una de las resoluciones siguientes:

• a) Demoler las obras e instalaciones o impedir definitivamente los usos no autorizados o que no se ajustaren a las condiciones establecidas en la autorizaci�n.
• b) Ordenar la instrucci�n de los oportunos expedientes para la eventual legalizaci�n de las obras o instalaciones o autorizaci�n de los usos que se adapten a las normas aplicables.

3. La adopci�n de los oportunos acuerdos se har� sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades de todo orden que resulten procedentes.

Art�culo 28

1. El Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo puede limitar los accesos a las carreteras estatales y establecer con car�cter obligatorio los lugares en los que tales accesos pueden construirse.

2. Asimismo queda facultado para reordenar los accesos existentes con objeto de mejorar la explotaci�n de la carretera y la seguridad vial, pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios.

3. Cuando los accesos no previstos se soliciten por los propietarios o usufructuarios de una propiedad colindante, o por otros directamente interesados, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo podr� convenir con �stos la aportaci�n econ�mica procedente en cada caso, siempre que el acceso sea de inter�s p�blico o exista imposibilidad de otro tipo de acceso.

4. Las propiedades colindantes no tendr�n acceso directo a las nuevas carreteras, a las variantes de poblaci�n y de trazado ni a los nuevos tramos de calzada de inter�s general del Estado, salvo que sean calzadas de servicio.

Art�culo 29

El Ministerio de Fomento, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros Departamentos ministeriales, podr� imponer, en el �mbito de sus competencias, cuando las condiciones, situaciones, exigencias t�cnicas o seguridad vial de las carreteras estatales lo requieran, limitaciones temporales o permanentes a la circulaci�n en ciertos tramos o partes de las carreteras. Le compete igualmente al Ministerio de Fomento fijar las condiciones de las autorizaciones excepcionales que en su caso puedan otorgarse por el �rgano competente y se�alizar las correspondientes ordenaciones resultantes de la circulaci�n.

Cuando de las anteriores circunstancias se derive la necesidad de desviar el tr�fico de los veh�culos que se determinen, por la totalidad o parte de una autopista explotada en r�gimen de concesi�n, el Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje podr� acordar dicha desviaci�n y, en tal caso, previo informe del Ministerio de Hacienda y audiencia del concesionario, fijar� las condiciones de utilizaci�n de la autopista con car�cter temporal, estableciendo la compensaci�n que corresponde al concesionario por los perjuicios que se originen, sin que sea de aplicaci�n el art�culo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcci�n, Conservaci�n y Explotaci�n de Autopistas en R�gimen de Concesi�n.

Las limitaciones a la circulaci�n o cualquier otra restricci�n adoptada y, en su caso, los desv�os acordados, se comunicar�n a las autoridades competentes en materia de tr�fico, circulaci�n de veh�culo a motor y seguridad vial, al objeto de que �stas adecuen las medidas de vigilancia, disciplina y regulaci�n del tr�fico, y mantengan actualizada la informaci�n que sobre las v�as se ofrezcan a los usuarios.

Art�culo 29 redactado por el art�culo primero del R.D.-ley 11/2001, 22 junio, por el que se modifica el art�culo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales (�B.O.E.� 23 junio).Vigencia: 24 junio 2001

Art�culo 30

El Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo podr� establecer en puntos estrat�gicos de la red de carreteras del Estado instalaciones de aforos y estaciones de pesaje para conocimiento y control de las caracter�sticas de la demanda de tr�fico sobre la infraestructura de las carreteras. Las sobrecargas que constituyan infracci�n se sancionar�n por las autoridades competentes en cada caso.

Art�culo 31

1. Incurrir�n en responsabilidad administrativa quienes cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en los apartados siguientes de este art�culo.

2. Son infracciones leves:

• a) Realizar obrar, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio p�blico, de servidumbre o de afecci�n de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalizaci�n posterior.
• b) Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de la zona de dominio p�blico, objetos o materiales de cualquier naturaleza.
• c) Realizar en la explanaci�n o en la zona de dominio p�blico, plantaciones o cambios de uso no permitidos o sin la pertinente autorizaci�n, o sin atenderse a las condiciones de la autorizaci�n otorgada.

3. Son infracciones graves:

• a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio p�blico, de servidumbre o de afecci�n de la carretera, llevada a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su legalizaci�n posterior.
• b) Deteriorar cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenaci�n, orientaci�n y seguridad de la circulaci�n, o modificar intencionadamente sus caracter�sticas o situaci�n.
• c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalaci�n de la carretera o de los elementos funcionales de la misma.
• d) Colocar o verter objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la plataforma de la carretera.
• e) Realizar en la explanaci�n o en la zona de dominio p�blico cruces a�reos o subterr�neos no permitidos o sin la pertinente autorizaci�n o sin atenerse a las condiciones de la autorizaci�n otorgada.
• f) Colocar carteles informativos en las zonas de dominio p�blico, servidumbre y afecci�n sin autorizaci�n del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo.
• g) El incumplimiento por los concesionarios de las autopistas y por los titulares de estaciones de servicio de la obligaci�n de instalaci�n, conservaci�n, mantenimiento y actualizaci�n de los carteles informativos de las estaciones de servicio m�s pr�ximas o las ubicadas en �reas de servicio, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 7 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalizaci�n, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos. Letra g) del n�mero 3 del art�culo 31 redactada por el n�mero 1 del art�culo 74 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas, y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre). Vigencia: 1 enero 2001

4. Son infracciones muy graves:

• a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior de la explanaci�n y la l�nea de edificaci�n llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas.
• b) Sustraer, deteriorar o destruir cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenaci�n, orientaci�n y seguridad de la circulaci�n o modificar intencionadamente sus caracter�sticas o situaci�n, cuando se impida que el elemento de que se trate siga prestando su funci�n.
• c) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalaci�n de la carretera o de los elementos funcionales de la misma cuando las actuaciones afecten a la calzada o a los arcenes.
• d) Establecer en la zona de afecci�n instalaciones de cualquier naturaleza o realizar alguna actividad que resulten peligrosas, inc�modas o insalubres para los usuarios de la carretera sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.
• e) Da�ar o deteriorar la carretera circulando con pesos o cargas que excedan de los l�mites autorizados.
• f) Las calificadas como graves cuando se aprecie reincidencia.
• g) Establecer cualquier clase de publicidad viable desde la zona de dominio p�blico de la carretera.

Art�culo 32

1. El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de esta Ley se iniciar� de oficio por acuerdo del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo o como consecuencia de denuncia formulada por particulares.

2. En los supuestos en que los actos cometidos contra la carretera o sus elementos pudieran ser constitutivos de delito o falta, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo pasar� el tanto de culta a la autoridad judicial competente y se abstendr� de proseguir el procedimiento sancionador mientras �sta no se haya pronunciado. La sanci�n de la autorizaci�n judicial excluir� la imposici�n de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, la Administraci�n podr� proseguir el expediente sancionador con base en los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

Art�culo 33

1. Las infracciones a que se refiere el art�culo 31 ser�n sancionadas atendiendo a los da�os y perjuicios producidos, en su caso, al riesgo creado y a la intencionalidad del causante, con las siguientes multas:

• - Infracciones leves, multa de 198,33 a 3.786,38 euros.
• - Infracciones graves, multa de 3.786,39 a 9.796,50 euros.
• - Infracciones muy graves, multa de 9.796,51 a 198.333,99 euros.

Cuant�as expresadas en los t�rminos que contiene el Anexo de Res. de 12 de diciembre de 2001, de la Subsecretar�a, por la que se da publicidad a la conversi�n a euros de las cuant�as exigibles por los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Fomento y sus organismos y entidades dependientes (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002

2. Con independencia de las multas previstas en el apartado anterior, los �rganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos se�alados en el requerimiento correspondiente, podr�n imponer multas coercitivas, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.Actualmente, v�ase art�culo 99 LRJAP.

La cuant�a de cada una de dichas multas no superar� el 20 por 100 de la multa fijada para la infracci�n cometida.

Art�culo 34

1. La imposici�n de sanciones para infracciones leves corresponder� al Gobernador Civil; la de las graves al Director General de Carreteras y la de las muy graves al Ministro de Obras P�blicas, Transportes y Medio Ambiente, cuando el importe de la sanci�n a imponer sea inferior a 10.000.000 de pesetas y al Consejo de Ministros cuando exceda de esta cifra.

2. La imposici�n de la sanci�n que corresponda ser� independiente de la obligaci�n de indemnizar los da�os y perjuicios causados, cuyo importe ser� fijado por el Ministerio de Obras P�blicas, Transportes y Medio Ambiente.

3. El plazo para la notificaci�n de la resoluci�n de los procedimientos sancionadores ser� de doce meses, transcurrido el cual sin que se produzca aqu�lla se dictar� resoluci�n declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en la legislaci�n vigente.

N�mero 3 del art�culo 34 introducido por el n�mero 2 del art�culo 74 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas, y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001

Art�culo 35

El plazo de prescripci�n de las infracciones a que se refiere el art�culo 31 ser� de cuatro a�os para las graves y muy graves, y de un a�o, para las leves.

Art�culo 36

Los tramos de carretera estatal que discurran por suelo urbano o est�n incluidos en una red arterial se regir�n por las disposiciones del presente cap�tulo y por las dem�s contenidas en esta Ley en lo que resulten aplicables.

Art�culo 37

1. A los efectos de esta Ley se denomina red arterial de una poblaci�n o grupo de poblaciones el conjunto de tramos de carretera actuales o futuros, que establezcan de forma integrada la continuidad y conexi�n de los distintos itinerarios de inter�s general del Estado, o presten el debido acceso a los n�cleos de poblaci�n afectados.

2. Se consideran tramos urbanos aquellos de las carreteras estatales que discurran por suelo calificado de urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urban�stico. Se considera traves�a la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de los m�rgenes.

Art�culo 38

1. Toda actuaci�n en una red arterial se establecer� previo acuerdo entre las distintas Administraciones p�blicas interesadas de forma coordinada con el planeamiento urban�stico vigente.

2. A tal efecto, deber�n utilizarse los procedimientos legalmente establecidos para asegurar la colaboraci�n y coherencia de actuaciones en una red arterial en materia de inversi�n y de prestaci�n de servicios.

3. A falta de acuerdo, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, podr� aprobar la ejecuci�n de las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que formen o puedan formar parte de la red estatal de carreteras.

Art�culo 39

1. El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, en la zona de dominio p�blico de los tramos urbanos corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho Departamento ministerial, que habr� de versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente Ley.

2. En las zonas de servidumbre y afecci�n de los tramos de carreteras indicados en el n�mero anterior, excluidas las traves�as, las autorizaciones de uso y obras las otorgar�n los Ayuntamientos.

Cuando no estuviese aprobado definitivamente ning�n instrumento de planeamiento urban�stico deber�n aqu�llos recabar, con car�cter previo, informe del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo.

3. En las traves�as de carreteras estatales corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones colindantes o situadas en la zona de servidumbre o afecci�n.

Art�culo 40

1. La conservaci�n y explotaci�n de todo tramo de carretera estatal que discurra por suelo urbano corresponde al Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo.

2. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregar�n a los Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condici�n de v�as urbanas. El expediente se promover� a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo, y ser� resuelto por el Consejo de Ministros. Excepcionalmente podr� resolverlo el titular del citado Departamento cuando existiere acuerdo entre el �rgano cedente y el cesionario.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo y las Corporaciones Locales respectivas podr�n convenir lo que estimen procedente en orden a la mejor conservaci�n y funcionalidad de tales v�as.

Art�culo 41

La utilizaci�n de las carreteras en sus tramos urbanos y, de modo especial, en las traves�as se ajustar� adem�s de a lo dispuesto en el cap�tulo III de esta Ley, al C�digo de la Circulaci�n y a la correspondiente normativa local.

Primera

1. Como anexo a la presente Ley figura la relaci�n y denominaci�n de las carreteras estatales.

2. El Ministerio de Obras P�blicas y Urbanismo actualizar� el inventario de las carreteras estatales, su denominaci�n e identificaci�n as� como la informaci�n sobre las caracter�sticas, situaci�n, exigencias t�cnicas, estado, viabilidad y nivel de utilizaci�n de las mismas.

Segunda

1. La Administraci�n del Estado determinar� la normativa t�cnica b�sica de inter�s general y, en particular, la relativa a la se�alizaci�n y balizamiento de las carreteras, as� como cualquier otra que se derive del cumplimiento de tratados, convenios, acuerdos y recomendaciones de car�cter internacional suscritos por Espa�a.

2. El sistema internacional de se�ales de carretera se aplicar� en todas las carreteras del territorio nacional con arreglo a la legislaci�n del Estado sobre esta materia.

3. La identificaci�n de las carreteras en las placas de ruta y las se�ales del balizamiento se ajustar�n, en todo caso, a los criterios que al efecto determine la legislaci�n del Estado.

Tercera

1. La planificaci�n, proyecto, construcci�n, conservaci�n, modificaci�n, financiaci�n, uso y explotaci�n de las carreteras que sean competencia de los �rganos de gobierno de los territorios forales con derechos hist�ricos se efectuar� conforme al r�gimen jur�dico en vigor.

2. La construcci�n en estos territorios de nuevas carreteras que puedan afectar a las facultades que corresponden al Estado, conforme al art�culo 149.1,21� y 1.24� de la Constituci�n, requerir� la coordinaci�n y acuerdo con �ste.

Cuarta

El Gobierno, mediante Real Decreto, podr� actualizar la cuant�a de las sanciones previstas en el art�culo 33 de esta Ley, atendiendo a la variaci�n que experimente el �ndice de precios al consumo.

Primera

1. Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley, continuar� aplic�ndose, en lo que no se ponga a la misma, el Real Decreto 1073/1977, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

En la actualidad, v�ase el R.D. 1812/1994, 2 septiembre, Reglamento General de Carreteras (�B.O.E.� 23 septiembre).

2. Los preceptos del Reglamento General de Carreteras que regulan las autov�as se entender�n referidos a las v�as r�pidas contempladas en la presente Ley y no ser�n de aplicaci�n a las autov�as definidas en ella.

Asimismo, la regulaci�n contenida en los puntos 3 al 11 del art�culo 117 del citado Reglamento deber� aplicarse tanto a las autopistas como a las autov�as y v�as r�pidas definidas en la presente Ley.

Segunda

En el plazo de un a�o desde la entrada en vigor de la presente Ley deber� ser retirada cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio p�blico de la carretera.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Se derogan las disposiciones siguientes en lo referente a materia de carreteras:

• - Ley de 11 de abril de 1939, que aprueba el Plan de Obras P�blicas.
• - Ley de 18 de abril de 1941, que aprueba el Plan de Obras P�blicas, complementario del que se comprende en la Ley de 11 de abril de 1939.
• - Ley de 17 de julio de 1945, que incluye en el Plan General de Carreteras del Estado los accesos a aeropuertos.
• - Ley de 18 de diciembre de 1946, que aprueba el Plan adicional al vigente de caminos locales del Estado.
• - Ley 51/1974, de 19 de diciembre, de Carreteras.
• - Real Decreto 2850/1077, de 23 de julio, por el que se aprueba la clasificaci�n de las redes de carreteras estatales existentes.
• - Apartados b) y c) del art�culo 13 y apartado b) del art�culo 15 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcci�n, conservaci�n y explotaci�n de las autopistas de peaje en r�gimen de concesi�n.

2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICION FINAL

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras P�blicas y Urbanismo, aprobar� el Reglamento General de ejecuci�n de la presente Ley.