Sumario

Ley 4/1989, 27 marzo, derogada por el n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (獴.O.E.� 14 diciembre), el 15 de diciembre de 2007. T閚gase en cuenta que disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Mar韙ima del Estado (獴.O.E.� 28 marzo), declara que su aplicaci髇 se llevar� a cabo sin perjucio de la vigencia de la presente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En las sociedades altamente industrializadas de nuestro tiempo se ha extendido, desde hace ya algunos a駉s, la preocupaci髇 de los ciudadanos y de los poderes p鷅licos por los problemas relativos a la conservaci髇 de la naturaleza. El agotamiento de los recursos naturales a causa de su explotaci髇 econ髆ica incontrolada, la desaparici髇 en ocasiones irreversible de gran cantidad de especies de la flora y la fauna y la degradaci髇 de aquellos espacios naturales poco alterados hasta el momento por la acci髇 del hombre, han motivado que lo que en su d韆 fue motivo de inquietud solamente para la comunidad cient韋ica y minor韆s socialmente avanzadas se convierta hoy en uno de los retos m醩 acuciantes.

Superados hist髍icamente los criterios que preconizaron un proceso de industrializaci髇, la necesidad de asegurar una digna calidad de vida para todos los ciudadanos obliga a admitir que la pol韙ica de conservaci髇 de la naturaleza es uno de los grandes cometidos p鷅licos de nuestra 閜oca.

Nuestra Constituci髇 ha plasmado en su art韈ulo 45 tales principios y exigencias. Tras reconocer que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as� como el deber de conservarlo, exige a los poderes p鷅licos que velen por la utilizaci髇 racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy醤dose para ello en la indispensable solidaridad colectiva.

La presente Ley tiene como finalidad dar cumplimiento al indicado mandato del legislador constituyente. Crea para ello un r間imen jur韉ico protector de los recursos naturales, sin menoscabo de su necesaria explotaci髇 en aras de un desarrollo econ髆ico y social ordenado. Este r間imen se aplicar� en mayor nivel de intensidad sobre aqu閘las 醨eas definidas como espacios naturales protegidos. La Ley, no obstante, prev� los suficientes instrumentos que permitan la aplicaci髇 del estatuto protector de los recursos naturales, con intensidad variable, sobre m醩 amplias zonas; sin incurrir, empero, en la pretensi髇 de su aplicaci髇 indiscriminada sobre todo el territorio nacional.

La Ley viene a derogar y sustituir a la de 2 de mayo de 1975, de Espacios Naturales Protegidos. En sus m醩 de trece a駉s de vigencia, esta norma ha cubierto una etapa de la pol韙ica de conservaci髇 de la naturaleza, brindando un marco protector para las 醨eas o espacios que as� lo han requerido por la singularidad e inter閟 de sus valores naturales. Sin embargo, la decidida voluntad de extender el r間imen jur韉ico protector de los recursos naturales m醩 all� de los meros espacios naturales protegidos y la necesaria articulaci髇 de la pol韙ica de conservaci髇 de la naturaleza dentro del actual reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas, obligan a promulgar la presente Ley de Conservaci髇 de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.

En este sentido, la novedad que para nuestro ordenamiento jur韉ico supone la aparici髇 de los Planes de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales y de las Directrices para la Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, significa la aparici髇 de una nueva pol韙ica conservacionista no reducida a los concretos enclaves considerados espacios naturales protegidos.

El art韈ulo 149.1.23 de nuestra Constituci髇 reserva al Estado la competencia exclusiva para dictar la legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente. La presente Ley encuentra asiento sobre dicho t韙ulo competencial y contiene aquel conjunto de normas que el Estado considera b醩icas en la materia. A partir de esta definici髇, que tiene la virtud de superar el actual ordenamiento de origen fundamentalmente preconstitucional, las Comunidades Aut髇omas podr醤 desplegar las medidas de conservaci髇 de la naturaleza que estatutariamente les competan, en el marco de lo previsto por la presente Ley.

El t韙ulo primero de la Ley relaciona los principios inspiradores de la misma, centrados en la idea rectora de la conservaci髇 de la naturaleza, entendida 閟ta tanto como el medio en el que se desenvuelven los procesos ecol骻icos esenciales y los sistemas vitales b醩icos como el conjunto de recursos indispensables para la misma. La utilizaci髇 de dichos recursos se condiciona a su car醕ter ordenado y se conf韆 a las Administraciones competentes la vigilancia sobre tal gesti髇, velando para poder transmitir a las generaciones futuras los recursos naturales susceptibles de satisfacer sus necesidades y aspiraciones. El t韙ulo concluye con la previsi髇 necesaria de que las actividades encaminadas al logro del objeto de esta Ley puedan ser declaradas de utilidad p鷅lica.

El t韙ulo II alude al planeamiento de los recursos naturales y crea, como instrumento novedoso en nuestro ordenamiento jur韉ico, los Planes de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordenaci髇 de los Recursos Naturales. La Ley parte de la firme convicci髇 de que s髄o una adecuada planificaci髇 de los recursos naturales permitir� alcanzar los objetivos conservacionistas deseados. Los Planes de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales se configuran por la Ley, huyendo de pretensiones inviables, como instrumentos flexibles que permitir醤, con diverso nivel de intensidad, un tratamiento prioritario e integral en determinadas zonas para la conservaci髇 y recuperaci髇 de los recursos, espacios naturales y especies a proteger. Las disposiciones contenidas en estos Planes constituir醤 un l韒ite para cualesquiera otros instrumentos de ordenaci髇 territorial o f韘ica, prevaleciendo sobre los ya existentes, condici髇 indispensable si se pretende atajar el grave deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acci髇 del hombre. La Ley confiere a las Administraciones P鷅licas competentes la aprobaci髇 de los Planes de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, ofreciendo as� a las Comunidades Aut髇omas un importante instrumento para la implantaci髇 de sus pol韙icas territoriales.

El t韙ulo III establece el r間imen especial para la protecci髇 de los espacios naturales. La Ley refunde los reg韒enes de protecci髇 creados por la Ley de 2 de mayo de 1975 en las cuatro categor韆s de Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. La declaraci髇 y gesti髇 de estos espacios naturales protegidos corresponder� en todo caso a las Comunidades Aut髇omas en cuyo 醡bito territorial se encuentren ubicados. La 鷑ica reserva que la Ley establece a favor del Estado es la gesti髇 de los denominados Parques Naturales, integrados en la Red de Parques Nacionales, en virtud de su condici髇 de espacios representativos de alguno de los principales sistemas naturales espa駉les. La declaraci髇 de un espacio como Parque Nacional se realizar� mediante Ley de las Cortes Generales, sin perjuicio de la integraci髇 autom醫ica que, para los Parques Nacionales existentes a la entrada en vigor de esta Ley relacionados con la disposici髇 adicional primera, opera dicha disposici髇.

La voluntad de la Ley de atender no s髄o a la conservaci髇 y restauraci髇 sino a la prevenci髇 de los espacios naturales, se plasma en el cap韙ulo V del t韙ulo III que contempla un r間imen de protecci髇 preventiva aplicable a zonas bien conservadas actualmente pero amenazadas por un potencial factor de perturbaci髇.

El t韙ulo IV establece las medidas necesarias para garantizar la conservaci髇 de las especies de la flora y la fauna silvestres, con especial atenci髇 a las especies aut骳tonas. Se racionaliza el sistema de protecci髇 atendiendo preferentemente a la preservaci髇 de los h醔itats y se transponen al ordenamiento jur韉ico espa駉l las Directivas de la Comunidad Econ髆ica Europea sobre protecci髇 de la fauna y flora, entre ellas la n鷐ero 79/409/CEE, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres. Se crea el Cat醠ogo Nacional de Especies Amenazadas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, y se prev閚 los cat醠ogos de especies amenazadas a establecer por las Comunidades Aut髇omas en sus respectivos 醡bitos territoriales.

Se regulan, asimismo, en este t韙ulo la Caza y la Pesca Continental, en su condici髇 de recursos naturales cuya persistencia debe garantizarse, prohibi閚dose la captura de especies catalogadas y cre醤dose, como instrumento de planeamiento, los Planes T閏nicos justificativos de la cuant韆 y modalidades de las capturas a realizar, cuyo contenido y aprobaci髇 se conf韆 a las Comunidades Aut髇omas.

La Ley establece la necesidad de acreditar la aptitud y conocimientos precisos a trav閟 de un examen cuya superaci髇 habilitar� para obtener la correspondiente licencia de caza o pesca, a expedir por las Comunidades Aut髇omas. Como instrumento imprescindible para la racional explotaci髇 de la riqueza cineg閠ica y pisc韈ola se crea el Censo Nacional de Caza y Pesca en el que se centralizar� la informaci髇 brindada por las respectivas Comunidades Aut髇omas.

Mediante la presente Ley se da respuesta igualmente a uno de los problemas m醩 importantes de los relacionados con la actividad de polic韆 administrativa de la caza y la pesca, como es el de la necesaria coordinaci髇 de las competencias sancionadoras de las respectivas Comunidades Aut髇omas. A tal efecto se crea el Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca, en el que se inscribir醤 los datos facilitados por las Comunidades Aut髇omas, a partir de sus propios registros de infractores de caza y pesca. Al exigirse el certificado del citado Registro Nacional para la expedici髇, en su caso, de la correspondiente licencia, se consigue coordinar las actuaciones de las distintas Comunidades Aut髇omas y extremar la vigilancia para la preservaci髇 de los recursos cineg閠icos y acu韈olas.

El t韙ulo V refleja con plenitud la necesaria cooperaci髇 y coordinaci髇 que debe lograrse entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas en una materia, la pol韙ica de conservaci髇 de la naturaleza, que nuestra Constituci髇 ha querido compartirla entre las distintas Administraciones P鷅licas espa駉las. Se crea a tal fin la Comisi髇 Nacional de Protecci髇 de la Naturaleza, 髍gano consultivo y de cooperaci髇 en el que se integrar醤 la Administraci髇 del Estado y las Comunidades Aut髇omas.

Como elemento imprescindible de la pol韙ica avanzada de conservaci髇 de la naturaleza que la presente Ley establece, su t韙ulo VI recoge un acabado cat醠ogo de infracciones administrativas con sus correspondientes sanciones, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislaci髇 auton髆ica que desarrolle estas normas de protecci髇 u otras normas especiales reguladoras de determinados recursos naturales. Se establece la obligaci髇 del infractor de reparar el da駉 causado, al margen de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, teniendo la reparaci髇 como objetivo el lograr la restauraci髇 del medio natural en la medida de lo posible. Se confiere a las Comunidades Aut髇omas, sin perjuicio de las competencias de la Administraci髇 Central, la imposici髇 de las sanciones previstas en la Ley, que podr醤 llegar, dada la transcendencia social de los intereses protegidos, hasta la multa de 50.000.000 de pesetas.