Sumario

Ley 48/2002, 23 diciembre, derogada por la letra h) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (�B.O.E.� 8 marzo), el 9 de marzo de 2004.

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

La historia del Catastro en Espa�a discurre pareja al nacimiento y evoluci�n del Estado moderno, y sus momentos de mayor o menor significaci�n han sido, generalmente, un eco n�tido de las distintas situaciones por las que ha atravesado la Hacienda P�blica. As� lo demuestra la posici�n alcanzada por el Catastro a lo largo de los siglos XVIII y XIX, siempre marcada por los sucesivos intentos de reforma de nuestra Hacienda entre los que es preciso destacar la magna averiguaci�n catastral emprendida por el Marqu�s de la Ensenada, a mediados de aquella centuria, para dotar a la Naci�n del instrumento imprescindible para la justa exacci�n del impuesto territorial.

En paralelo a esta evoluci�n, las normas que regulan el Catastro han ido sucedi�ndose en el tiempo hasta llegar, el 23 de marzo de 1906, a la promulgaci�n de la Ley del Catastro Topogr�fico Parcelario, �ltimo texto aut�nomo de este rango que regul�, y a�n lo hace parcialmente, esta instituci�n. Desde entonces, sus principios rectores quedaron unidos a diversas leyes reguladoras de distintas figuras tributarias, v�nculo l�gico si se tiene en cuenta que el origen y principal uso del Catastro en nuestro pa�s es, sin duda alguna, el tributario.

Sin embargo, junto a su finalidad tributaria, el Catastro ha visto surgir en los �ltimos a�os la necesidad de que la informaci�n que contiene sea utilizada para otras muchas actividades, tanto p�blicas como privadas, evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy: una gran infraestructura de informaci�n territorial disponible para todas las Administraciones p�blicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general, cuya presencia en la sociedad y cuya complejidad demanda la existencia de una ley propia que regule su configuraci�n y actividad. Se garantiza con ello que la instituci�n catastral estar� eficazmente no s�lo al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria, sino tambi�n capacitada para facilitar la asignaci�n equitativa de los recursos p�blicos, principios constitucionales en cuya aplicaci�n material es ya hoy notable la colaboraci�n del Catastro, como lo prueba su utilizaci�n por las diversas Administraciones para la gesti�n o el control de subvenciones nacionales o comunitarias, o la paulatina incorporaci�n de la informaci�n gr�fica y de la identificaci�n catastral de las fincas al Registro de la Propiedad.

Dicho Registro, instituci�n a la que el ordenamiento jur�dico atribuye la esencial funci�n, propia de todo Estado moderno, de garantizar la protecci�n de los derechos inscritos y, con ello, del tr�fico jur�dico-inmobiliario, es el �nico registro que tiene efectos de fe p�blica respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles.

Los tres lustros transcurridos desde la publicaci�n de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, �ltima que, a su vez, disciplina tambi�n el Catastro, han sido testigos de la creciente percepci�n de la importancia de coordinar y unificar todas las tareas relacionadas con su elaboraci�n o, lo que es lo mismo, con el mantenimiento actualizado de la base de datos que constituye su principal activo. En este contexto, han sido numerosas las disposiciones de diverso rango que han modificado o completado la normativa inicialmente contenida en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Entre ellas, es forzoso referirse a la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducci�n en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, as� como a las Leyes 42/1994, de 30 de diciembre, 13/1996, de 30 de diciembre, 50/1998, de 30 de diciembre, 55/1999, de 29 de diciembre, 14/2000, de 29 de diciembre, y 24/2001, de 27 de diciembre, todas ellas de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

II

La utilizaci�n m�ltiple de la informaci�n catastral no desvirt�a, sino todo lo contrario, la naturaleza tributaria de la instituci�n, al servir aqu�lla como elemento de referencia para la gesti�n de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda P�blica. As� lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 16 de diciembre de 1999, cuando indica que, al tratarse de una instituci�n com�n e indispensable para la gesti�n de alguno de los impuestos estatales m�s relevantes, el Catastro ha de incardinarse, sin lugar a dudas, en la Hacienda general del art�culo 149.1.14.� de la Constituci�n Espa�ola. Es en esta justificaci�n donde se apoya la adscripci�n que la Ley hace del Catastro al Ministerio de Hacienda y su atribuci�n como competencia exclusiva del Estado y, por derivaci�n de ello, la competencia de los Tribunales Econ�mico-Administrativos del Estado para la revisi�n de los actos resultantes de los procedimientos catastrales.

III

La regulaci�n del Catastro Inmobiliario que la presente Ley contiene recoge, en t�rminos generales, la parte nuclear de la normativa anterior, incluidas algunas de las modificaciones legislativas citadas, procurando, por una parte, sistematizarla y enriquecerla a la luz de la experiencia adquirida y, por otra, acomodarla al marco b�sico y com�n que regula los procedimientos administrativos.

Singularmente, y sin perjuicio de la competencia estatal, se han tenido en cuenta en la nueva regulaci�n las aspiraciones de los Ayuntamientos en orden a desempe�ar un mayor protagonismo en la gesti�n del Catastro, extendiendo el �mbito de la colaboraci�n municipal a nuevos aspectos que deben redundar en mejoras sustanciales tanto para ambas esferas de la Administraci�n como para los ciudadanos.

La Ley contiene, ante todo, una definici�n objetiva del Catastro como lo que realmente es, un registro administrativo, proclamando su disposici�n al servicio de los principios constitucionales ya citados y, por ende, del conjunto de las Administraciones p�blicas, fedatarios y ciudadanos, todo ello sin perjuicio de la competencia y funciones atribuidas al Registro de la Propiedad. Un correlativo esfuerzo se realiza, de igual forma, para configurar de manera precisa los conceptos catastrales de bien inmueble y de titular, ambos piezas fundamentales de la instituci�n y, por consecuencia, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y ofrece, respecto de tal titular, una regulaci�n de su posici�n ante la Administraci�n que podr�a calificarse de aut�nticamente estatutaria.

Novedosa tambi�n es la regulaci�n de los procedimientos de incorporaci�n de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario, que pasa a erigirse en piedra angular de la nueva normativa, con eficacia inmediata, en particular, en el sistema tributario local. Para su realizaci�n, la Ley establece una serie de procedimientos que se caracterizan, principalmente, y, por un lado, por su adecuaci�n a la normativa general contenida en las Leyes General Tributaria y de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n; y por otra parte, por el singular inter�s mostrado en establecer modalidades simplificadas o abreviadas, en buena medida basadas en la colaboraci�n municipal, con el objetivo claro de facilitar a los interesados el cumplimiento de sus obligaciones, continu�ndose as� con la l�nea emprendida por la repetida Ley 13/1996, por cuya virtud la actualizaci�n de las titularidades catastrales qued� en gran parte residenciada en la fruct�fera cooperaci�n de las Notar�as y de los Registros de la Propiedad. Nos encontramos as�, por ejemplo, con la serie de procedimientos que la Ley denomina comunicaciones, as� como con el que permite rectificar de oficio, en determinados supuestos, la informaci�n catastral, prest�ndose igualmente la necesaria atenci�n a cuestiones como la efectividad de los diversos actos de gesti�n catastral y su r�gimen de notificaci�n.

De precisa y sistem�tica debe calificarse tambi�n la regulaci�n que la Ley contiene del valor catastral, concepto sobre el que en la anterior normativa reca�a el principal acento y que ahora, aun manteniendo su singular importancia, pasa a integrarse en el m�s amplio de descripci�n catastral. Manteniendo en lo esencial los aspectos m�s arraigados, las innovaciones se han dirigido, tambi�n aqu�, a sistematizar y simplificar los distintos mecanismos necesarios para la determinaci�n de los valores y a reforzar el principio de legalidad, y consagrar el de moderaci�n, en su configuraci�n.

Otros aspectos que son objeto de atenci�n y regulaci�n en la Ley son la referencia catastral, la actualizaci�n de valores por grupos de municipios atendiendo a su homogeneidad inmobiliaria, el deber de colaboraci�n y el r�gimen sancionador.

Por �ltimo, debe destacarse el car�cter parcial del texto contenido en esta Ley, que no abarca todas las facetas catastrales que deben ser reguladas con una norma de este rango, y que ahora se encuentran dispersas en distintas leyes. Es por ello por lo que en la disposici�n final se faculta al Gobierno para refundir en un solo texto diversas normas que est�n relacionadas con la materia contenida en la presente Ley, refundici�n que comprender� la aclaraci�n y armonizaci�n de dichas disposiciones.