Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

Base de Datos de Legislaci�n

Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de los Boletines Oficiales de las Provincias.

Ficha:

�rgano JEFATURA DEL ESTADO
Publicado en BOE n�m. 82 de 05 de Abril de 2002
Vigencia desde 25 de Abril de 2002

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Sumario

JUAN CARLOS I REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o bolet�n peri�dico en el que se insertar�an todas las �rdenes, disposiciones y prevenciones que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad.

La citada norma cre� y generaliz� los boletines oficiales para todas las provincias, pero no especific� la organizaci�n administrativa responsable de su edici�n y coste econ�mico, as� como de la direcci�n y ordenaci�n de las inserciones de disposiciones y anuncios.

Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales �rdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creaci�n de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Pol�ticos la responsabilidad de la edici�n de los mismos, siendo los �rganos decisorios para la inserci�n de los correspondientes textos, atribuciones �stas que obedec�an a su configuraci�n como agentes estatales de comunicaci�n y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.

A partir de las Reales �rdenes de 8 de octubre de 1856 y de 1 de agosto de 1871, la gesti�n material del servicio de edici�n de los Boletines Oficiales de la Provincia pasa a ser responsabilidad de las Diputaciones Provinciales quienes, adem�s, asum�an el coste de tal edici�n, que pas� a considerarse como obligaci�n de dichas Entidades.

II

Esta regulaci�n de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuaci�n de esta normativa a la nueva configuraci�n territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuesti�n nuclear y, con ello, el r�gimen de gesti�n de este servicio.

La disposici�n adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificaci�n del R�gimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenaci�n de las Prestaciones Patrimoniales de Car�cter P�blico, dio una nueva redacci�n al art�culo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a�adi�ndose un nuevo p�rrafo a dicho art�culo, donde se establece que �Las Diputaciones Provinciales seguir�n editando y publicando el Bolet�n Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserci�n de anuncios y edictos, y la suscripci�n y venta de ejemplares�. Con este precepto se resolvi� el problema econ�mico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestaci�n de este servicio, si bien segu�a sin existir una regulaci�n espec�fica del r�gimen jur�dico de estos boletines.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprob� el 13 de diciembre de 2000 una Proposici�n no de Ley, en la que �insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicaci�n del Bolet�n Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa prever� la posibilidad de que aquellas Comunidades Aut�nomas, en que as� lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicaci�n oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Bolet�n Oficial de la Comunidad Aut�noma, de acuerdo con el respectivo Gobierno auton�mico y los entes locales de su �mbito territorial�.

En cumplimiento de este acuerdo, la presente Ley dota a los Boletines Oficiales de la Provincia de un marco jur�dico completo y acorde con la actual configuraci�n de la provincia en la Constituci�n Espa�ola de 1978 y en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local, como entidad local dotada de autonom�a para la gesti�n de sus respectivos intereses, previ�ndose expresamente la posibilidad de integraci�n de estos boletines en el de la Comunidad Aut�noma respectiva.

III

As�, se configura expresamente al Bolet�n Oficial de la Provincia como un servicio p�blico de �mbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edici�n y gesti�n. Al tratarse de una atribuci�n competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del art�culo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales s�lo podr�n determinarse por Ley.

En este sentido, la necesidad de que las distintas Administraciones p�blicas y la propia Administraci�n de Justicia dispongan de un instrumento para dar publicidad a sus disposiciones y actuaciones en el �mbito provincial queda atendida, estableciendo en la Ley la inserci�n obligatoria de aqu�llas.

Por otra parte, como viene sucediendo en la actualidad, la publicaci�n de los textos estar� sujeta a la correspondiente ordenanza reguladora del servicio aprobada por la Diputaci�n Provincial, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo la suscripci�n obligatoria para los Entes locales de la provincia.

IV

En las disposiciones adicionales se contempla la posibilidad de que las Comunidades Aut�nomas puedan acordar la integraci�n de los Boletines Oficiales de sus Provincias en el Bolet�n Oficial de la Comunidad, a fin de posibilitar una simplificaci�n en los instrumentos de publicidad normativa existentes, si bien dicha posibilidad deber� contar con el acuerdo de la Diputaci�n Provincial, a fin de respetar los �mbitos de autonom�a de la provincia y de la Comunidad Aut�noma respectiva.

Por otro lado, tambi�n se contempla el reconocimiento de los reg�menes especiales derivados de la Constituci�n y de los Estatutos de Autonom�a recogidos en los art�culos 39 a 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local.

V

Por �ltimo, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el art�culo 149.1.18.a de la Constituci�n, por tratarse de una base del r�gimen jur�dico administrativo que garantiza un tratamiento com�n a todos los ciudadanos, en relaci�n con el art�culo 9.3 de la Constituci�n (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que a�adir, en el presente caso, la relaci�n existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el art�culo 120.1 de la Constituci�n.

En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jur�dico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, se�ala, por un lado, que la publicaci�n de los actos jur�dicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisi�n b�sica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n, pues exige un tratamiento com�n y uniforme en todo el territorio del Estado que s�lo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicaci�n de anuncios y acuerdos en el Bolet�n Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensi�n constitucional que a �sta atribuye el art�culo 141 de la Constituci�n, en su doble condici�n de agrupaci�n de municipios y divisi�n territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este �ltimo.

CAP�TULO I

El Bolet�n Oficial de la Provincia

Art�culo 1 Contenido

El Bolet�n Oficial de la Provincia es el peri�dico oficial en el que se publicar�n las disposiciones de car�cter general y las ordenanzas, as� como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y dem�s resoluciones de las Administraciones p�blicas y de la Administraci�n de Justicia de �mbito territorial provincial, cuando as� est� previsto en disposici�n legal o reglamentaria.

Los textos publicados en el Bolet�n Oficial de la Provincia tienen la consideraci�n de oficiales y aut�nticos.

Art�culo 2 Competencia

El Bolet�n Oficial de la Provincia es un servicio p�blico de car�cter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edici�n y gesti�n.

Cada Diputaci�n Provincial regular� el modo y forma de gesti�n del Bolet�n, su edici�n, distribuci�n y venta. A tal efecto, deber� aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserci�n de anuncios y edictos, y la suscripci�n y venta de ejemplares.

Art�culo 3 Suscripci�n

La suscripci�n al Bolet�n Oficial de la Provincia ser� obligatoria para los entes locales de la provincia, que deber�n abonar la misma en los t�rminos y con las excepciones que prevean las ordenanzas reguladoras.

Art�culo 4 Periodicidad

El Bolet�n Oficial de la Provincia se publicar� con periodicidad m�nima de tres veces por semana, debiendo coincidir la fecha del Bolet�n con la de su efectiva publicaci�n.

Art�culo 5 Lengua de publicaci�n

El Bolet�n Oficial de la Provincia se publicar� en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislaci�n espec�fica de las Comunidades Aut�nomas.

T�ngase en cuenta que el presente art�culo ser� de aplicaci�n a los dos a�os de la entrada en vigor de la Ley conforme establece su Disposici�n Transitoria 2.�.

Art�culo 6 Obligaci�n de publicar

1. Las Diputaciones Provinciales est�n obligadas a publicar en el Bolet�n Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones p�blicas y de la Administraci�n de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposici�n legal o reglamentaria, as� como otros actos o anuncios que aqu�llas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 11 de esta Ley.

La orden de inserci�n corresponde al �rgano competente de la correspondiente Administraci�n anunciante, y ser� cumplimentada por la Diputaci�n Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.

2. Los anuncios particulares podr�n, asimismo, ser insertados en el Bolet�n Oficial de la Provincia, en los t�rminos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.

Art�culo 7 Publicaci�n de los originales

1. Los originales ser�n transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el �rgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez �stos hayan tenido entrada en el Bolet�n Oficial, salvo que el �rgano remitente lo autorice de forma fehaciente.

2. La publicaci�n de los originales se realizar� por orden cronol�gico de presentaci�n, que s�lo podr� ser alterado cuando la publicaci�n sea declarada urgente por el �rgano remitente en la orden de inserci�n, o cuando el volumen del texto a publicar as� lo exija, respet�ndose en todo caso el plazo m�ximo establecido en el apartado siguiente.

3. La publicaci�n deber� ser realizada en el plazo m�ximo de 15 d�as h�biles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si �ste procediera, o, en su defecto, de la recepci�n de la orden de inserci�n. En caso de publicaci�n urgente, dicho plazo se reducir� a 6 d�as h�biles.

4. Los originales que se env�en al Bolet�n Oficial de la Provincia tendr�n car�cter reservado. No podr� facilitarse informaci�n alguna acerca de los mismos, salvo autorizaci�n expresa del �rgano remitente.

5. Si alg�n texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, ser� reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.

Art�culo 8 Autentificaci�n de documentos

A fin de comprobar la autenticidad de los documentos, los servicios correspondientes de la Diputaci�n Provincial llevar�n un registro de las autoridades y funcionarios facultados para firmar la orden de inserci�n de los originales destinados a su publicaci�n, en el que constar�n la firma aut�grafa y el nombre y cargo de la persona a la que pertenezca.

A estos efectos, los �rganos correspondientes de las Administraciones p�blicas y de la Administraci�n de Justicia acreditar�n ante la Diputaci�n Provincial, seg�n su normativa espec�fica, a las personas facultadas para ordenar la inserci�n, as� como las modificaciones que se produzcan.

Art�culo 9 Incorporaci�n de medios t�cnicos

Conforme a lo dispuesto en el art�culo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, las Diputaciones Provinciales impulsar�n el empleo y aplicaci�n de las t�cnicas y medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos en la prestaci�n del servicio del Bolet�n Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.

Art�culo 10 Consulta del Bolet�n

Las Diputaciones Provinciales facilitar�n en sus locales la consulta p�blica y gratuita del Bolet�n Oficial de la Provincia.

Esta obligaci�n ser� extensiva a los Ayuntamientos de la provincia.

CAP�TULO II

R�gimen econ�mico del Bolet�n Oficial de la Provincia

Art�culo 11 Tasa de publicaci�n

1. La publicaci�n de los textos en el Bolet�n Oficial de la Provincia estar� sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputaci�n Provincial.

2. Estar�n exentos del pago de la tasa:

a) La publicaci�n de disposiciones y las resoluciones de inserci�n obligatoria.
b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserci�n, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, as� como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserci�n sea ordenada de oficio.

3. Se except�an de la exenci�n a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:

a) Los anuncios publicados a instancia de particulares.
b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislaci�n espec�fica.
c) Los anuncios oficiales de la Administraci�n de Justicia a instancia de particulares.
d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados seg�n las disposiciones aplicables.
e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio p�blico u otro tipo de derechos econ�micos.
f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio econ�mico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido econ�mico.
No se considerar�, a estos efectos, que reporta un beneficio econ�mico o que tenga contenido econ�mico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudaci�n de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificaci�n al interesado o representante por parte de la Administraci�n tributaria o entidades y corporaciones de derecho p�blico a las que corresponde su recaudaci�n, �sta no haya sido posible.
g) Los anuncios que puedan o deban publicarse adem�s en un diario, seg�n disposici�n legal o reglamentaria.

La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podr� declarar la exenci�n de todos o alguno de los supuestos exceptuados.

Art�culo 12 Convenios de colaboraci�n

Las ordenanzas reguladoras de las tasas podr�n prever la posibilidad de suscripci�n de convenios de colaboraci�n interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas espec�ficos para realizar la liquidaci�n y pago global de las tasas por publicaci�n de textos, en cuyo caso no ser� de aplicaci�n lo previsto en el art�culo anterior.

Con la misma finalidad, podr�n suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicaci�n de anuncios particulares, en los t�rminos que fijen las correspondientes ordenanzas.

Art�culo 13 Cooperaci�n interadministrativa

De acuerdo con lo establecido en los art�culos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, la Administraci�n General del Estado y la de las Comunidades Aut�nomas prestar�n, en el �mbito propio, la cooperaci�n y asistencia activas que la Administraci�n provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernizaci�n del Bolet�n Oficial de la Provincia.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici�n adicional primera Integraci�n de los Boletines Oficiales de las Provincias

1. Los Parlamentos de las Comunidades Aut�nomas podr�n, a propuesta del Gobierno auton�mico, y previa aceptaci�n de la Diputaci�n Provincial, acordar la integraci�n del Bolet�n Oficial de la Provincia en el Bolet�n Oficial de la Comunidad Aut�noma respectiva, en cuyo caso se regular� por la normativa auton�mica, siendo en todo caso de aplicaci�n lo previsto en los art�culos 1; 4; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.

Asimismo, la referencia contenida en el art�culo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entender� realizada al �rgano encargado de la publicaci�n del Bolet�n Oficial de la respectiva Comunidad Aut�noma, correspondiendo a �sta establecer el r�gimen econ�mico de las citadas publicaciones.

2. En los casos en que se acuerde esta integraci�n, el Bolet�n Oficial de cada una de las Provincias contar� con una secci�n independiente identificada con su nombre o bien deber� se�alarse claramente en el encabezamiento del Bolet�n Oficial de la Comunidad Aut�noma respectiva que �ste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.

3. El acuerdo de integraci�n tendr� una vigencia de diez a�os, transcurridos los cuales se entender� autom�ticamente prorrogado cada diez a�os si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno auton�mico o la Diputaci�n Provincial.

Disposici�n adicional segunda Comunidades Aut�nomas uniprovinciales

Los Boletines Oficiales de las Comunidades Aut�nomas uniprovinciales se regir�n por su legislaci�n espec�fica, si�ndoles en todo caso de aplicaci�n los art�culos de la presente Ley citados en el n�mero 1 de la disposici�n adicional primera.

La referencia contenida en el art�culo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entender� realizada al �rgano correspondiente encargado de la publicaci�n del Bolet�n Oficial de la respectiva Comunidad Aut�noma uniprovincial, correspondiendo a �sta establecer el r�gimen econ�mico de las citadas publicaciones.

Disposici�n adicional tercera Comunidad Foral de Navarra

La presente Ley ser� de aplicaci�n en la Comunidad Foral de Navarra en los t�rminos establecidos en la disposici�n adicional primera de la Constituci�n y en la Ley Org�nica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraci�n y Amejoramiento del R�gimen Foral de Navarra.

La referencia contenida en el art�culo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entender� realizada al �rgano correspondiente encargado de la publicaci�n del Bolet�n Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a �sta establecer el r�gimen econ�mico de la citada publicaci�n.

Disposici�n adicional cuarta Comunidad Aut�noma de Canarias

Los Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se regir�n por su normativa espec�fica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposici�n transitoria sexta de la Ley Org�nica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonom�a de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, si�ndoles en todo caso de aplicaci�n lo dispuesto en la disposici�n adicional segunda respecto a las Comunidades Aut�nomas uniprovinciales.

Disposici�n adicional quinta Territorios Hist�ricos

La presente Ley ser� de aplicaci�n a los Boletines Oficiales de los Territorios Hist�ricos del Pa�s Vasco de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposici�n adicional primera de la Constituci�n, el Estatuto de Autonom�a para el Pa�s Vasco y la disposici�n adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local.

La referencia contenida en el art�culo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entender� realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a �stas establecer el r�gimen econ�mico de las citadas publicaciones.

Disposici�n adicional sexta Ciudades de Ceuta y Melilla

La presente Ley ser� de aplicaci�n a los Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que deber�n publicarse con una periodicidad m�nima de dos veces por semana.

La referencia contenida en el art�culo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entender� realizada al �rgano correspondiente encargado de la publicaci�n del Bolet�n Oficial de la Ciudad, correspondiendo a �sta establecer el r�gimen econ�mico de las citadas publicaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici�n transitoria primera Adecuaci�n de ordenanzas

Las Diputaciones Provinciales deber�n adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo m�ximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio econ�mico siguiente a su entrada en vigor.

Disposici�n transitoria segunda Entrada en vigor del art�culo 5

El art�culo 5 ser� de aplicaci�n a los dos a�os de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposici�n derogatoria �nica

Quedan derogadas las Reales �rdenes de 20 de abril de 1833, 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 9 de octubre de 1838, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849, 8 de octubre de 1856, 1 de agosto de 1871, 9 de julio de 1872, 3 de noviembre de 1907 y 8 de agosto de 1915.

Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.

Disposici�n final �nica T�tulo competencial

La presente Ley constituye legislaci�n b�sica, dictada al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n.

Por tanto, Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.