Sumario

Ley 51/2002, de 27 de diciembre, derogada con excepci�n de las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta, sexta, d�cima, und�cima y duod�cima, as� como de la disposici�n transitoria novena, por la letra b) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (�B.O.E.� 9 marzo).

JUAN CARLOS I

REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

La promulgaci�n de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, supuso, en palabras de su propia exposici�n de motivos, la incorporaci�n al derecho positivo de una reforma legislativa, la de la Hacienda de las entidades locales, cuya necesidad era, a la saz�n, incuestionable y un�nimemente admitida. La publicaci�n de la referida Ley permiti�, b�sicamente, dar por resuelto el largo per�odo de transitoriedad en el que se vino desenvolviendo la actividad financiera del sector local desde que, durante la primera mitad del siglo XIX, la Hacienda Local espa�ola perdi� definitivamente su car�cter patrimonialista adquiriendo un car�cter eminentemente fiscal, hasta la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R�gimen Local, que, si bien plasm� el modelo previsto en la Constituci�n para dise�ar el sistema postconstitucional de financiaci�n de las entidades locales, no pudo regular su actividad financiera m�s que en algunos aspectos generales.

En el marco de una estructuraci�n global de los recursos de las Haciendas Locales, y con la fuerza que a la aplicaci�n de sus preceptos proporcionaba o su consideraci�n como normas b�sicas dictadas al amparo del art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n, o su tratamiento de normas relativas a la competencia exclusiva del Estado, la Ley 39/1988 tuvo un objetivo especialmente claro desde el punto de vista material, que fue la efectiva realizaci�n de los principios de autonom�a y suficiencia financiera consagrados en la Carta Magna espa�ola.

Desde luego, si hay un aspecto que en este marco tuvo una particular relevancia, fue la racionalizaci�n del sistema tributario local, con la creaci�n de tres grandes figuras impositivas: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Econ�micas y el Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica, y la supresi�n correlativa de un n�mero muy superior de tributos que incid�an sobre la misma materia imponible que los nuevos, como las Contribuciones Territoriales R�stica y Pecuaria y Urbana, el Impuesto Municipal sobre Solares, las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y Artistas, el Impuesto Municipal sobre Radicaci�n y el Impuesto Municipal sobre Circulaci�n de Veh�culos.

II

Con objeto de analizar las l�neas b�sicas del nuevo marco de financiaci�n de las Haciendas Locales, mediante Resoluci�n de la Secretar�a de Estado de Hacienda de 11 de julio de 2001 se cre� la �Comisi�n para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la financiaci�n de las Haciendas Locales�, formada por representantes de la Administraci�n General del Estado, de la Administraci�n Local, de la Federaci�n Espa�ola de Municipios y Provincias y del campo acad�mico. Dicha Comisi�n rindi� su informe con fecha 3 de julio de 2002. Muchas de sus propuestas e iniciativas han sido recogidas en el articulado de esta Ley, mediante la que se lleva a cabo una modificaci�n parcial de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, culminando as� la reforma de la financiaci�n de las entidades locales iniciada, en una primera fase, con las modificaciones introducidas en la citada Ley 39/1988 por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

En este sentido, esta Ley introduce importantes modificaciones en el marco de la financiaci�n local, tanto desde el punto de vista estrictamente tributario como por lo que afecta al �mbito financiero.

Por lo que se refiere a la regulaci�n de los tributos locales, esta Ley modifica el articulado de la Ley 39/1988 respecto de todos los impuestos locales regulados en la misma, es decir, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Econ�micas, el Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; asimismo, la Ley introduce alguna modificaci�n muy concreta en el �mbito de las tasas locales, teniendo en cuenta que la actual regulaci�n de las mismas en la Ley 39/1988 se debe a la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificaci�n del R�gimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de reordenaci�n de las prestaciones patrimoniales de car�cter p�blico, a trav�s de la cual se adapt� dicha regulaci�n a los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 185/1995, de 14 de diciembre.

Una de las facetas fundamentales de la Ley que ahora se aprueba es una nueva y completa regulaci�n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, sin embargo, se extiende a los aspectos estrictamente tributarios, permitiendo as� dotar a la normativa reguladora de la instituci�n catastral de la necesaria sustantividad. Las oportunas remisiones entre los preceptos de ambas regulaciones permiten, no obstante, articular aquellos aspectos comunes que, como la identidad valor catastral-base imponible, es necesario mantener.

Los otros dos principios que cabe resaltar como b�sicos en esta Ley son, sin duda, el desarrollo y potenciaci�n de la autonom�a municipal y la especial atenci�n prestada al establecimiento de mecanismos que, tanto en la esfera catastral como en la de los tributos municipales, faciliten la gesti�n y reduzcan las obligaciones formales de los interesados.

Especialmente destacables resultan las modificaciones introducidas por esta Ley en la regulaci�n del Impuesto sobre Actividades Econ�micas, encaminadas b�sicamente a eximir del pago de dicho tributo a la mayor parte de los peque�os y medianos negocios, compatibilizando dicha medida con el objetivo de que el impuesto pase a tomar en consideraci�n, para aquellos que contin�en sujetos al pago del mismo, las concretas circunstancias econ�micas del obligado al pago.

Junto a las modificaciones relativas al Impuesto sobre Actividades Econ�micas, la Ley recoge diversas medidas que afectan al resto de los impuestos locales regulados en la Ley 39/1988, tanto los de obligatoria exigencia por los Ayuntamientos (Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica) como los de potestativa exigencia por los mismos (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Como instrumento financiero que, junto con los tributos propios, refuerzan la materializaci�n del principio de suficiencia financiera de las entidades locales establecido en el art�culo 142 de la Constituci�n, tambi�n es objeto de reforma el modelo de participaci�n en los tributos del Estado.

Si bien esta reforma no entrar� en vigor hasta el 1 de enero de 2004, se ha incluido en este texto normativo por razones obvias de econom�a legislativa, con el fin de evitar la proliferaci�n de reformas y revisiones de la regulaci�n de una misma materia.

El conjunto de modificaciones, de �ndole tributaria y financiera, que esta Ley lleva a cabo en el articulado de la Ley 39/1988, tiene como finalidad esencial, por una parte, mantener y fortalecer la garant�a del principio de suficiencia financiera de las entidades locales proclamado en la Constituci�n y, por otra, incrementar la autonom�a municipal en el �mbito de los tributos locales, de manera que los Ayuntamientos dispongan de una mayor capacidad y margen de decisi�n, dentro de los l�mites legalmente definidos, en materias como la aplicaci�n de los tipos impositivos o de los incentivos fiscales.

III

La Ley se estructura en un T�tulo �nico, dos cap�tulos, cuarenta y cuatro art�culos, doce disposiciones adicionales, doce transitorias, una derogatoria y dos finales.

En el T�tulo �nico se recogen las modificaciones que en la Ley 39/1988 introduce esta Ley en materia tributaria, relativas, como ya se ha comentado, a todos los impuestos locales regulados en aqu�lla y a las tasas locales, as� como a la participaci�n en los tributos del Estado.

Por lo que se refiere a la regulaci�n del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, y aun manteniendo el esquema general de la normativa anterior, son importantes las novedades introducidas, que afectan, b�sicamente, a la configuraci�n del hecho imponible y de los supuestos de no sujeci�n; la regulaci�n de las exenciones; los sujetos pasivos, las bases imponible y liquidable; la determinaci�n de la cuota tributaria y el establecimiento de bonificaciones sobre la misma; y, finalmente, las obligaciones formales.

En relaci�n con el hecho imponible, se ha mejorado t�cnicamente su determinaci�n, efectuando una remisi�n en bloque al concepto de bienes inmuebles a efectos catastrales; especial relevancia tiene, a este respecto, la creaci�n de una nueva categor�a de inmuebles, la de bien inmueble de caracter�sticas especiales. Tambi�n se regulan expl�citamente los supuestos de no sujeci�n, completando tal y como prev� el art�culo 29 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la determinaci�n concreta del hecho imponible, e incluyendo entre los mismos supuestos que anteriormente se recog�an como exenciones. En cuanto a �stas, se ha sistematizado su configuraci�n, se han distinguido seg�n tengan o no car�cter rogado, se han perfilado restrictivamente algunos supuestos y otorgado a los Ayuntamientos autonom�a respecto al establecimiento y concesi�n de la exenci�n t�cnica de determinados bienes por raz�n de criterios de eficiencia y econom�a en la gesti�n recaudatoria municipal.

En relaci�n con el sujeto pasivo, se ha mejorado sensiblemente su configuraci�n, la Ley le atribuye la facultad de repercutir la carga tributaria del impuesto conforme a las normas de derecho com�n En aras a la consecuci�n del principio de neutralidad impositiva, el sistema se perfecciona con el establecimiento de la repercusi�n obligatoria para los Ayuntamientos de la totalidad de la cuota l�quida del impuesto en quienes, no reuniendo la condici�n de sujetos pasivos del mismo, hacen uso mediante contraprestaci�n de sus bienes demaniales o patrimoniales.

En materia de garant�as, la Ley limita expresamente la responsabilidad por afecci�n de los bienes inmuebles al pago de la cuota tributaria Se fortalece, asimismo, el principio de seguridad jur�dica que ha de presidir el tr�fico inmobiliario al tipificarse en la Ley la obligaci�n de los Notarios de informar a los comparecientes, ya sean requirentes u otorgantes, de las deudas derivadas de la exacci�n del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las que puede quedar afecto el inmueble objeto del acto o negocio de que se trate. Se consagra tambi�n una regla especial en materia de responsabilidad solidaria para las entidades sin personalidad jur�dica reguladas en el art�culo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

La base imponible contin�a siendo el valor catastral, al tiempo que se ha desplazado la regulaci�n de su determinaci�n, notificaci�n e impugnaci�n, consecuentemente, a la que respecto a �ste se contiene en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

En cuanto a la reducci�n de la base imponible para la determinaci�n de la base liquidable, se perfecciona el sistema establecido en su momento en la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducci�n en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y se recogen determinados aspectos cuya necesidad ven�a siendo demandada, como la simplificaci�n de supuestos en la determinaci�n del valor base o la compatibilidad de la aplicaci�n de la reducci�n con la actualizaci�n de valores catastrales por coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio econ�mico. Su �mbito de aplicaci�n, a diferencia de lo contenido en la normativa anterior, se extiende tanto a inmuebles urbanos como r�sticos, si bien quedan excluidos del mismo los bienes clasificados como de caracter�sticas especiales.

Por cuanto ata�e a la cuota, las principales novedades afectan a la regulaci�n de los tipos de gravamen y al establecimiento de nuevas bonificaciones, todo ello en el contexto de proporcionar a los Ayuntamientos, como �rganos titulares y gestores del impuesto, un amplio abanico de herramientas para conjugar su potencial recaudatorio con las posibilidades que el tributo ofrece como instrumento al servicio de la pol�tica tributaria municipal. Respecto a los primeros, se establecen tipos de gravamen espec�ficos para los bienes inmuebles de caracter�sticas especiales, se simplifican los supuestos de incremento de tipos en funci�n de las caracter�sticas del municipio y se introduce la posibilidad de establecer tipos diferenciados en funci�n de los usos que las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario se�alan para las construcciones en los bienes inmuebles urbanos, los grupos de inmuebles de caracter�sticas especiales y el valor catastral. Destaca, asimismo, la posibilidad de aplicar un recargo a los inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados para facilitar el acceso de todos los ciudadanos al disfrute de una vivienda digna y adecuada.

El r�gimen de las bonificaciones es, sin duda, uno de los aspectos donde se concreta de forma m�s contundente el decidido impulso que la Ley da al principio de autonom�a municipal; en tal sentido se remite con car�cter general a las ordenanzas municipales la especificaci�n de los principales aspectos de su regulaci�n. Hay que destacar la introducci�n de nuevos supuestos de aplicaci�n de estos beneficios, como los relativos a los titulares de familia numerosa o a grupos de bienes de caracter�sticas especiales.

Finalmente, en materia de gesti�n, las modificaciones que la Ley incorpora van dirigidas, por una parte, a reforzar el principio de colaboraci�n que ha de presidir las relaciones entre las Administraciones p�blicas para reducir los costes indirectos de la imposici�n y facilitar la gesti�n del impuesto en beneficio de los contribuyentes, y, por otra, y con esta finalidad, a simplificar la gesti�n del tributo y facilitar su comprensi�n.

Al primer grupo de medidas pertenece el establecimiento del procedimiento de comunicaci�n municipal, que exonera al sujeto pasivo de la obligaci�n de declarar cuando los elementos constitutivos del hecho imponible consten en la correspondiente licencia o autorizaci�n municipal y sean remitidos por la entidad local a la Direcci�n General del Catastro en los t�rminos y condiciones expresados en la Ley. Tambi�n pertenece a este grupo de medidas el procedimiento de intercambio de informaci�n entre las citadas Administraciones, que permite agilizar la exacci�n del impuesto cuando la no coincidencia entre titular catastral y sujeto pasivo es conocida por el �rgano gestor del tributo en la fase de recaudaci�n.

Dentro del segundo grupo de medidas cabe destacar la remisi�n a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario en materia de declaraciones, la diferenciaci�n entre los conceptos padr�n catastral y lista cobratoria y la facultad de que disponen los Ayuntamientos para agrupar en un solo documento de cobro todas las cuotas que ha de satisfacer un mismo sujeto pasivo por ostentar la titularidad sobre bienes inmuebles r�sticos a que se refiere la presente Ley.

IV

Por lo que afecta al Impuesto sobre Actividades Econ�micas, las principales modificaciones son las siguientes:

Se exime del pago del impuesto a todas las personas f�sicas y, tambi�n, a otros sujetos pasivos del mismo que hayan tenido una cifra de negocios inferior a un mill�n de euros.

Se exime del pago del impuesto a los sujetos pasivos que inicien su actividad durante los dos primeros per�odos impositivos.

Se adapta la exenci�n de los Organismos aut�nomos a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.

Se crea un nuevo coeficiente, a aplicar sobre las cuotas de las tarifas, determinado en funci�n de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

Se unifican el actual coeficiente municipal y el actual �ndice de situaci�n, en un �nico coeficiente de situaci�n.

Se habilita a los Ayuntamientos para establecer una bonificaci�n por creaci�n de empleo y una bonificaci�n a favor de las empresas con p�rdidas o con beneficios inferiores a la cifra que determina la ordenanza fiscal.

Se habilita a los Ayuntamientos para establecer una bonificaci�n por la utilizaci�n o producci�n de energ�as renovables, la realizaci�n de actividades industriales fuera de los n�cleos poblados y el establecimiento de planes que fomenten un transporte de los trabajadores eficiente y menos contaminante.

Se suprime el elemento �n�mero de obreros� como factor determinante de parte de la cuota del impuesto.

Se crea un ep�grafe espec�fico para los operadores de telefon�a m�vil.

Se minora la cuota del impuesto en funci�n de las superficies que los sujetos pasivos destinen a servicios socioculturales y a servicios de guarder�a.

En relaci�n con el Impuesto sobre Veh�culos de Tracci�n Mec�nica, destacan las siguientes novedades:

Se mejora y ampl�a el �mbito de la exenci�n de los veh�culos de los discapacitados, atendiendo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, sin vincular la exenci�n ni a la potencia fiscal del veh�culo ni a su espec�fica adaptaci�n para su conducci�n por el discapacitado.

Se suprime la diferenciaci�n de coeficientes m�ximos de incremento de cuotas en funci�n de la poblaci�n del municipio, con fijaci�n de un coeficiente m�ximo �nico para todos los municipios.

Se incrementa el tope m�ximo de bonificaci�n permitido a los Ayuntamientos para los veh�culos poco contaminantes.

Por lo que ata�e al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, pueden se�alarse las siguientes novedades:

Se clarifica la determinaci�n del sujeto pasivo del impuesto, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Se clarifica la base imponible del impuesto, de acuerdo con los criterios del Tribunal Supremo.

Se suprime la diferenciaci�n de tipos m�ximos de gravamen en funci�n de cu�l sea la poblaci�n del municipio, con fijaci�n de un tipo m�ximo �nico para todos los municipios.

Se habilita a los Ayuntamientos para establecer bonificaciones a favor de las construcciones, instalaciones u obras que contribuyan o se refieran al uso de la energ�a solar, a los planes de fomento de la inversi�n privada en infraestructuras, a las viviendas de protecci�n oficial y a las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

En cuanto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cabe subrayar las siguientes medidas:

Se convierten en supuestos de no sujeci�n los actuales supuestos de exenci�n aplicables a las aportaciones de los c�nyuges a la sociedad conyugal y a las transmisiones entre c�nyuges o a favor de los hijos por sentencias de nulidad, separaci�n o divorcio, para evitar situaciones de fraude.

Se adapta la exenci�n de los Organismos aut�nomos a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.

Se simplifica y sistematiza el precepto de determinaci�n de la base imponible.

Se suprimen las diferencias actuales en los porcentajes anuales de determinaci�n del incremento de valor en funci�n de la poblaci�n de cada municipio, con fijaci�n de un porcentaje �nico por cada per�odo de generaci�n.

Se suprimen los diferentes tipos m�ximos de gravamen en funci�n de la poblaci�n del municipio, con fijaci�n de un tipo m�ximo �nico para todos los municipios.

Por �ltimo, en lo tocante a las tasas locales, se incluyen las siguientes medidas:

Se suprime el supuesto de tasas por utilizaci�n privativa o aprovechamiento especial del dominio p�blico local en los casos de instalaci�n de anuncios no ubicados en terrenos de dominio p�blico local, sino �nicamente visibles desde el mismo.

Se extiende la actual �tasa del 1,5 por 100� (de los ingresos brutos de facturaci�n) a las entidades que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros, aclarando, expresamente, que no se incluyen en este r�gimen los servicios de telefon�a m�vil.

V

Desde la entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con su redacci�n inicial, se han venido definiendo modelos de participaci�n de las entidades locales en los tributos del Estado referidos a horizontes temporales quinquenales, que ten�an como objetivos prioritarios contribuir a la suficiencia financiera de aqu�llas y dotar de automatismo a la fijaci�n de los montantes totales de aquella participaci�n, aplicando unos criterios objetivos previamente definidos.

En esta reforma, obedeciendo tambi�n a estos objetivos, se plantean unos mecanismos de financiaci�n con vocaci�n de permanencia en el tiempo, con el establecimiento de unos criterios similares a los ya definidos para las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a.

Asimismo, se profundiza en la consecuci�n del objetivo de suficiencia, con reconocimiento de la realidad cada vez m�s palmaria del car�cter de polo de atracci�n que vienen ostentando las grandes urbes. Esta situaci�n genera unas mayores necesidades financieras derivadas de la fuerte presi�n de la demanda de servicios p�blicos b�sicos y obligatorios y una mayor actividad econ�mica que permite un rendimiento m�s elevado de los impuestos estatales que gravan las distintas manifestaciones de la misma.

Por este motivo, se configura, por un lado, una estructura dual de financiaci�n, de naturaleza anal�tico-sint�tica, a favor de los grandes municipios y de las capitales de provincia de r�gimen com�n. De naturaleza anal�tica, por cuanto se canaliza hacia estas entidades una parte de los rendimientos obtenidos por la Hacienda del Estado en las figuras impositivas de mayor potencialidad recaudatoria, cedidas parcialmente a las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, seg�n lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas de su nuevo sistema de financiaci�n.

De naturaleza sint�tica, ya que se fija para los grandes municipios una participaci�n en tributos del Estado que evolucionar� al mismo ritmo que los ingresos tributarios del Estado, con determinaci�n de este �ndice en los mismos t�rminos que para las Comunidades Aut�nomas. Este componente de participaci�n se configura como complementario de los recursos que obtengan los municipios por la cesi�n de los rendimientos recaudatorios en los impuestos estatales citados.

Por otro lado, para el resto de municipios se establece un modelo de participaci�n en tributos del Estado definido por variables. La reforma tambi�n alcanza a los criterios que este modelo incluye para determinar el montante global de la financiaci�n y para su distribuci�n entre las entidades afectadas.

Por lo que se refiere al primer grupo de criterios, se modifica el �ndice de evoluci�n aplicable para fijar la financiaci�n global correspondiente a los a�os distintos del a�o base, que vendr� determinado por el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios del Estado, en los t�rminos antes mencionados.

En cuanto a los criterios de distribuci�n, se modifican los pesos relativos de algunas variables, los coeficientes de ponderaci�n aplicables a la poblaci�n de derecho y la definici�n del inverso de la capacidad tributaria, con supresi�n, asimismo, del n�mero de unidades escolares como criterio de reparto.

Por lo que se refiere a la participaci�n en tributos del Estado de las Provincias, Consejos y Cabildos Insulares, Comunidades Aut�nomas uniprovinciales, de r�gimen com�n, y Ciudades con Estatuto de Autonom�a, se configura tambi�n un modelo de financiaci�n dual an�logo al definido para los grandes municipios y capitales de provincia. Igualmente, se define la asignaci�n que pudiera corresponder a cada una de aquellas entidades en el fondo de asistencia sanitaria, que se viene recogiendo y desarrollando en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

En ning�n caso se ceden a las entidades locales, en relaci�n con los impuestos estatales en cuyos rendimientos recaudatorios participan, competencias normativas, de gesti�n, liquidaci�n, recaudaci�n e inspecci�n, as� como tampoco en materia de revisi�n de los actos que se dicten en v�a de gesti�n de dichos tributos, al corresponder exclusivamente al Estado su titularidad y ejercicio.

Finalmente, se reconoce la singularidad de las entidades locales canarias por la existencia de su peculiar r�gimen econ�mico y fiscal derivado de su situaci�n ultraperif�rica que se manifiesta, entre otros, en la inaplicaci�n de determinados impuestos estatales indirectos como el IVA o en la inaplicaci�n o aplicaci�n atenuada de ciertos impuestos especiales de fabricaci�n. En consecuencia, dado que el importe de la cesi�n de la recaudaci�n de impuestos cedidos es inferior en el caso de las entidades locales de las Islas Canarias a las que es de aplicaci�n dicho sistema, y siendo as� que el nivel de financiaci�n estatal de las mismas debe ser igual que el de las correlativas entidades locales de la Pen�nsula y de las Islas Baleares, el Fondo Complementario de Financiaci�n se adecuar� a tal circunstancia.