Sumario

Ley 81/1968, 5 diciembre, derogada por la letra c) del n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (�B.O.E.� 22 noviembre), el 22 de febrero de 2004.

Pre�mbulo

El problema de los incendios forestales ha adquirido en los �ltimos a�os una evidente gravedad. Son diversas las causas que han determinado esta situaci�n y entre ellas deben se�alarse muy especialmente, por su importancia y significaci�n, las derivadas del creciente desarrollo econ�mico y social alcanzado por el pa�s.

Mientras que la repoblaci�n forestal realizada en los �ltimos a�os ha incrementado de un modo apreciable la superficie de bosques, la elevaci�n del nivel de vida y el aumento de los medios de transporte han determinado una afluencia cada vez mayor de visitantes y excursionistas que afluyen a las masas forestales en busca de aire puro y ambiente reposado. Esta masa ciudadana, todav�a no habituada al contacto con la Naturaleza, desconoce los cuidados y precauciones indispensables para evitar el peligro de los incendios, que debido a las condiciones climatol�gicas de gran parte de nuestro pa�s, con dilatados per�odos de sequ�a y extremadas temperaturas estivales, alcanza en ciertos momentos �ndices extraordinariamente elevados.

Por otra parte, el descenso experimentado en el consumo de algunos productos forestales, como las le�as y brozas, con cuya extracci�n, adem�s de eliminar evidentes peligros, se fijaba una mano de obra abundante y experimentada, unido al proceso general de despoblaci�n de las zonas rurales, ha determinado la desaparici�n de un personal de inmediata utilizaci�n y reconocida eficacia en los trabajos de extinci�n.

Estamos, pues, ante un fen�meno que adquiere importancia por el hecho mismo de la din�mica del pa�s, y por ello no puede extra�ar que las disposiciones previstas en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 se hayan quedado notoriamente insuficientes, tanto en lo que se refiere a su aspecto positivo como en lo que respecta a sus fundamentos. De esta insuficiencia, y hasta de su inconveniencia en algunos aspectos importantes, nace la necesidad de una nueva legislaci�n que trate de considerar este grave problema de los incendios forestales en todos sus aspectos.

La finalidad de esta Ley es, pues, de modo espec�fico, la prevenci�n y lucha contra los incendios forestales, considerando la riqueza forestal, en su conjunto, como un bien nacional que debe preservarse del fuego por todos los medios, interesando obligatoriamente en el problema a cuantos, de modo p�blico o privado, ostentan su propiedad, auxili�ndoles en los gastos y p�rdidas que puedan sufrir, y protegiendo en la m�xima medida posible a quienes, cumpliendo con su deber profesional, o simplemente ciudadano, participen en la lucha contra los incendios, todo ello bajo el patrocinio del Estado, con independencia de sus obligaciones como propietario forestal de primera importancia.

Una novedad de esta Ley es la consideraci�n, al igual que en otros pa�ses, de los incendios forestales como un problema de orden p�blico, especialmente en la fase de su extinci�n, siendo por consiguiente, las Autoridades gubernativas las llamadas a intervenir, aunque con todas las colaboraciones que resulten necesarias, empezando por la del Servicio Forestal, sin olvidar la muy importante y siempre decisiva de las Fuerzas Armadas. En este mismo sentido, y como s�mbolo de la colaboraci�n ciudadana directa, la m�s deseable de todas surge en esta Ley la figura del Vigilante Honorario de Incendios Forestales, que ya tiene en la pr�ctica algunos antecedentes muy estimables.

Las diversas medidas de prevenci�n y seguridad que dispone la presente Ley vienen a reforzarse en las denominadas �zonas de peligro�, as� declaradas por el Gobierno a trav�s del oportuno Decreto para mejor defender determinadas comarcas forestales que revistan especial inter�s.

Se encomienda al Ministerio de Hacienda, a trav�s de sus Organismos id�neos, la administraci�n del Fondo de Compensaci�n de Incendios Forestales, que se crea en esta Ley, y a trav�s del cual se abonar�n, tanto una indemnizaci�n proporcionada a las p�rdidas que resulten del incendio como el importe de los gastos producidos en su extinci�n, reglamentariamente reconocidos, y las obligaciones resultantes de los accidentes que puedan padecer las personas que colaboren en ella. Todo ello constituye una trascendental novedad que resulta obligada en tanto falte un verdadero seguro forestal, que ha de encontrar su mejor antecedente en los datos y estudios que se obtengan de la actuaci�n de este Fondo, al cual han de afiliarse obligatoriamente todos los propietarios de terrenos forestales.

Finalmente, se consideran tambi�n las sanciones que, con independencia de la actuaci�n judicial, corresponde imponer a los que contravengan los preceptos de esta Ley; sanciones que pueden ser de importancia suficiente para lograr la necesaria ejemplaridad, aunque se reconozca que los efectos m�s favorables y definitivos han de lograrse a trav�s de una incansable, profusa y bien orientada propaganda que prepare y eduque al ciudadano en el uso de su derecho a disfrutar de la Naturaleza. En definitiva, ha de ser esta labor educativa y perfeccionadora la que, unida a una eficiente organizaci�n y dotaci�n de los servicios de prevenci�n y extinci�n, consiga reducir los incendios forestales desde las fuertes proporciones actuales a un m�nimo inevitable.