Sumario

R.D. 216/2008, 15 febrero rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 1 marzo). --> --> R.D. 216/2008, 15 febrero, derogado por la letra b) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenaci�n, supervisi�n y solvencia de entidades de cr�dito (�B.O.E.� 14 febrero) el 15 de febrero de 2015.

I

La supervisi�n prudencial de las entidades de cr�dito y de las empresas de servicios de inversi�n tiene como objetivo garantizar la estabilidad del conjunto del sistema financiero espa�ol, evitando la aparici�n de crisis entre aquellas entidades que conforman su tejido. Uno de los instrumentos fundamentales de dicha supervisi�n financiera es el requerimiento a las entidades de cr�dito y empresas de servicios de inversi�n de niveles concretos de recursos propios, ajustados t�cnicamente a sus verdaderas necesidades y riesgos.

En la actualidad, la actividad p�blica supervisora de �mbito nacional resulta insuficiente en un contexto de mercados financieros cada vez m�s internacionales que requieren, igualmente, medidas para la armonizaci�n de los criterios prudenciales sobre los recursos propios de los intermediarios financieros de cada pa�s. Por ello, a trav�s de proyectos de armonizaci�n internacional se est�n tratando de resolver los problemas, sobre todo de competitividad y de estabilidad financiera, que surgen de la existencia de regulaciones muy diferentes en funci�n de los Estados.

Mediante dos leyes diferentes se ha incorporado en nuestro ordenamiento uno de dichos proyectos de armonizaci�n: el Acuerdo de Capital de Basilea II de 2004 que posteriormente se sustanci� en el �mbito comunitario en dos directivas, la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de cr�dito y a su ejercicio (refundici�n) y la Directiva 2006/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuaci�n del capital de las empresas de servicios de inversi�n y las entidades de cr�dito (refundici�n). Estas dos leyes son, en el �mbito de las entidades de cr�dito, la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi�n, recursos propios y obligaciones de informaci�n de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, y, en el �mbito de las empresas de servicios de inversi�n, la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

El presente real decreto pretende desarrollar esas dos normas legales, avanzando sustancialmente en el proceso de transposici�n de las dos directivas comunitarias mencionadas.

En l�neas generales, tanto Basilea II como las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, pretenden aproximar la medici�n de riesgos realizada por el supervisor para determinar los requerimientos de recursos propios, a los propios mecanismos de medici�n de las entidades financieras, reconociendo, a su vez, que el tratamiento de la solvencia de las entidades de cr�dito y las empresas de servicios de inversi�n debe consistir en algo m�s que en la simple fijaci�n de unas ratios m�nimas, y estimulando el desarrollo de adecuados procedimientos internos de gesti�n de riesgos. De este modo, al objetivo principal de asegurar un nivel de solvencia suficiente y lograr una igualdad competitiva entre las entidades, Basilea II, y las directivas que lo transponen, a�aden adem�s otros prop�sitos, como hacer el capital regulatorio exigido m�s sensible a los riesgos reales, incentivar una mejor gesti�n de los riesgos por parte de las entidades o no alterar el nivel global de capital en el sistema financiero internacional.

Con estos objetivos, tanto Basilea II como las dos directivas han desarrollado un conjunto de medidas estructuradas sobre la base de tres pilares que se refuerzan mutuamente. Cada uno de estos pilares representa un enfoque diferente de la supervisi�n: el primero pone �nfasis en la adopci�n de reglas uniformes y determina los requerimientos m�nimos de capital; el segundo pone en marcha todo un sistema de revisi�n supervisora con el fin de fomentar la mejora de la gesti�n interna de los riesgos de las entidades, y; el tercero responde al efecto disciplinario que ejerce el escrutinio del mercado obligando a las entidades a divulgar ante �ste informaci�n sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposici�n al riesgo y formas de gesti�n del riesgo.

II

Dentro de este amplio contexto, el presente real decreto aborda la transposici�n de las directivas mencionadas. No obstante, se trata de nuevo de una transposici�n parcial en la medida en que la especificaci�n t�cnica de buena parte de las dos normas comunitarias hace necesario culminar el proceso de transposici�n en disposiciones de rango inferior.

El primer art�culo se dedica a establecer una serie de definiciones comunes a los dos t�tulos del real decreto.

En el t�tulo I se contienen las disposiciones relativas a las entidades de cr�dito. Un primer cap�tulo detalla su �mbito de aplicaci�n, donde se establecen las obligaciones que deben cumplir las entidades de cr�dito. En concreto, se especifica el nivel al que se aplican las diferentes obligaciones y requerimientos, ya sea individual, consolidado o subconsolidado.

En el cap�tulo II se establecen los elementos que integran los recursos propios de las entidades de cr�dito; se detallan los elementos que se deducen del c�lculo de dichos recursos propios; se recogen algunas condiciones para la computabilidad de determinados elementos, por ejemplo, en relaci�n con el capital de las cooperativas de cr�dito, las acciones sin voto, las acciones rescatables, las participaciones preferentes o las financiaciones subordinadas; y, por �ltimo, se establece la distinci�n entre recursos propios b�sicos, recursos propios de segunda categor�a y recursos auxiliares.

El cap�tulo III contiene tres art�culos iniciales y se divide, posteriormente, en cuatro distintas secciones cuyo nexo de uni�n es el hecho de estar referidas al tratamiento del riesgo de cr�dito dentro del c�lculo de los requerimientos de recursos propios.

Los primeros tres art�culos especifican en t�rminos cuantitativos el requerimiento de recursos propios por el riesgo tratado en este cap�tulo y establecen la opci�n para las entidades de elegir el m�todo de c�lculo de este requerimiento m�s adecuado a su tama�o o grado de sofisticaci�n entre el m�todo est�ndar y el m�todo basado en calificaciones internas. La finalidad de ambos m�todos es obtener el denominador del coeficiente de solvencia que se aplica por el riesgo de cr�dito soportado en las operaciones de la entidad financiera de que se trate. Dicho denominador resulta de la suma del valor de cada una de las exposiciones ponderadas por el riesgo.

La secci�n primera del cap�tulo contiene las especificaciones del m�todo est�ndar. Las ponderaciones por riesgo de las diferentes exposiciones se calculan dentro de este m�todo por referencia a las calificaciones crediticias de agencias de calificaci�n externa o, en determinados casos, de Agencias de Cr�dito a la Exportaci�n. La secci�n segunda de este cap�tulo contiene las especificaciones referidas al m�todo basado en las calificaciones internas. Este m�todo, cuyo uso por parte de las entidades de cr�dito est� sujeto a la autorizaci�n previa del Banco de Espa�a, supone que las entidades utilicen a efectos de determinar sus propios requerimientos de recursos propios m�nimos las calificaciones crediticias de sus exposiciones que ellas mismas hayan calculado con modelos de riesgo internos basados en datos de su experiencia pasada con cada tipo de exposiciones. La secci�n tercera de este cap�tulo se ocupa de las t�cnicas de reducci�n del riesgo de cr�dito que resultan aceptables para reducir la ponderaci�n por riesgo de las diferentes exposiciones calculada de acuerdo con una de las dos secciones anteriores. La secci�n cuarta cierra el cap�tulo III con las especificaciones de c�lculo para una de las categor�as de exposici�n de especial complejidad, las posiciones en titulizaciones, ya sean estas como originador o como inversor en los valores resultantes.

El cap�tulo IV aborda el tratamiento del riesgo de contraparte que asumen las entidades de cr�dito, a los efectos del c�lculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de cr�dito, ya sean �stas calculadas conforme al m�todo est�ndar o conforme al m�todo basado en calificaciones internas, descritos en el cap�tulo anterior.

Los cap�tulos V, VI y VII exigen a las entidades el mantenimiento de recursos propios suficientes para cubrir tres tipos de riesgos, respectivamente. En primer lugar, los riesgos que las entidades cr�dito asuman derivados de la posible evoluci�n desfavorable de los tipos cambio y del precio del oro, en segundo lugar, de los derivados de sus posiciones en los instrumentos financieros y materias primas que componen su cartera de negociaci�n y, finalmente, los riesgos de p�rdidas debidos a sucesos que se pueden producir dentro del propio funcionamiento de la entidad (riesgo operacional).

Los l�mites a los grandes riesgos se fijan en el cap�tulo VIII. Gran riesgo es aquel contra�do frente a una misma contraparte, cuando su valor supere el diez por ciento de los recursos propios de la entidad de cr�dito que conceda la financiaci�n o asuma el riesgo. A partir de esa definici�n se establecen dos l�mites esenciales. En primer lugar, se fija como umbral m�ximo para la asunci�n por las entidades de cr�dito de este tipo de riesgos el veinticinco por ciento de sus recursos propios. Y, en segundo lugar, se determina que el conjunto agregado de los grandes riesgos no supere en ning�n caso el ochocientos por cien de los recursos propios de la entidad de cr�dito.

El cap�tulo IX incluye en primer lugar, una serie de requisitos organizativos exigidos a las entidades con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones normativas establecidas en el real decreto. Entre estos requisitos se encuentran la existencia de una estructura organizativa adecuada, el establecimiento de funciones de auditoria interna y de cumplimiento normativo o la obligaci�n de realizar un proceso de autoevaluaci�n del capital interno. Por otro lado, el cap�tulo determina los requisitos que deber�n cumplir las entidades de cr�dito, en primer lugar, para emplear modelos internos de c�lculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo de posici�n, de tipo de cambio o sobre materias primas; y, en segundo lugar, para poder aplicar el tratamiento de cartera de negociaci�n. Y, por �ltimo, se recoge en este cap�tulo el r�gimen b�sico de la delegaci�n de la prestaci�n de servicios o el ejercicio de funciones de las entidades de cr�dito.

El cap�tulo X regula la divulgaci�n de informaci�n al mercado por parte de las entidades de cr�dito, recogi�ndose as� el tercer pilar del acuerdo de Basilea II. A trav�s de la transparencia y la divulgaci�n de informaci�n se pretende conseguir una cierta disciplina de mercado, es decir, la divulgaci�n de informaci�n y la presi�n de la competencia alentar�n la adopci�n de las mejores pr�cticas y aumentar� la confianza del inversor.

El cap�tulo XI contiene las medidas que deben tomar, en cada caso, los grupos de entidades de cr�dito o las entidades de cr�dito de forma individual, en caso de que dejasen de cumplir los requisitos de recursos propios que se derivan del real decreto o sobrepasasen los l�mites a los grandes riesgos establecidos en el mismo y las obligaciones que se desprenden en tales situaciones.

III

En el t�tulo II se encuentran las disposiciones relativas a las empresas de servicios de inversi�n, que resultan en muchos casos paralelas a las establecidas en el t�tulo I.

En el cap�tulo I de �mbito de aplicaci�n se establecen las obligaciones que deben cumplir las empresas de servicios de inversi�n y se especifica el nivel al que se aplican las diferentes obligaciones y requerimientos, ya sea individual o consolidado.

En el cap�tulo II, de forma an�loga a lo que se recoge en el t�tulo I para las entidades de cr�dito, se establece la forma de c�lculo de los recursos propios de la definici�n general de las empresas de servicios de inversi�n, especificando tambi�n los elementos del balance consolidado que deben a�adirse para calcular los recursos propios de un grupo consolidable. Completa este cap�tulo la definici�n alternativa de recursos propios y los l�mites a su computabilidad, que es de aplicaci�n a las empresas de servicios de inversi�n y los grupos de las mismas que deban cumplir con los requerimientos de recursos propios por riesgos ligados a la cartera de negociaci�n.

En el cap�tulo III se hace referencia a los requerimientos de recursos propios que deben mantener las empresas de servicios de inversi�n. En concreto, se establece que los recursos propios deben ser iguales o superiores al mayor de cuatro conceptos: la suma de los requerimientos de recursos propios ligados a diferentes riesgos (riesgo de cartera de negociaci�n, riesgo de tipo de cambio, riesgo de cr�dito, riesgo operacional), la cuarta parte de los gastos de estructura del ejercicio precedente, las dos terceras partes del capital m�nimo requerido para la constituci�n del tipo de empresa de servicios de inversi�n de que se trate o el cinco por mil del volumen de las carteras gestionadas.

El cap�tulo IV establece una serie de exigencias organizativas y de t�cnicas de valoraci�n de los riesgos necesarias para que los riesgos a los que las empresas de servicios de inversi�n est�n o puedan estar expuestas no aumenten de forma indebida. En el cap�tulo tambi�n se incluye la obligaci�n para las empresas de servicios de inversi�n de disponer de un mecanismo de autoevaluaci�n del capital interno. Asimismo, se se�ala que todas estas pol�ticas y procedimientos deber�n resumirse en un informe anual de autoevaluaci�n del capital interno que se remite a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.

En el cap�tulo V se transponen determinados aspectos de la Directiva 2006/49/CE, que en la mayor parte de los casos suponen una concreci�n de las facultades de supervisi�n que contempla la Ley del Mercado de Valores.

El cap�tulo VI hace referencia a la informaci�n que deben divulgar al mercado las empresas de servicios de inversi�n mediante el documento denominado �Informaci�n sobre solvencia�. Se establece la frecuencia con la que debe publicarse dicho documento, as� como la posibilidad de que la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) determine una frecuencia de divulgaci�n mayor para ciertos datos o informaciones.

El cap�tulo VII contiene las medidas que deben tomar, en cada caso, los grupos de entidades de servicios financieros o las empresas de servicios de inversi�n de forma individual, en caso de que dejasen de cumplir los requisitos de recursos propios que se derivan del real decreto o sobrepasasen los l�mites a los grandes riesgos establecidos en el mismo y las obligaciones que se desprenden en tales situaciones.

IV

Se han introducido en el presente real decreto dos disposiciones transitorias provenientes de las directivas comunitarias que hacen referencia a la exenci�n de ciertos requisitos de disponibilidad de datos hist�ricos para el uso de algunos m�todos avanzados de medici�n del riesgo de cr�dito, as� como a las exposiciones denominadas en divisas de pa�ses del Espacio Econ�mico Europeo.

Asimismo, la disposici�n derogatoria �nica contiene la derogaci�n de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el real decreto y, en particular, la derogaci�n del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisi�n en base consolidada de las entidades financieras.

Cuenta adicionalmente el presente real decreto con ocho disposiciones finales. La disposici�n final primera y la segunda modifican el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, sobre normas de autorizaci�n administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garant�a rec�proca y el Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autorizaci�n administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento, respectivamente. En ellas se establecen una serie de especialidades al respecto del r�gimen de recursos propios y obligaciones relacionadas con la solvencia de las sociedades de garant�a rec�proca y de las sociedades de reafianzamiento. En particular se reconoce que el reafianzamiento, cuando se dan una serie de condiciones, es un instrumento que reduce el riesgo de cr�dito y debe conllevar por tanto la consiguiente reducci�n de los requerimientos de recursos propios de los compromisos que se beneficien de contratos generales de reaval o reafianzamiento.

En la disposici�n final tercera se establecen una serie de potestades espec�ficas que se atribuyen al Banco de Espa�a y a la CNMV; las disposiciones finales cuarta y quinta contienen lo referido al car�cter b�sico de la norma, los t�tulos competenciales al amparo de los cuales se dicta y las facultades para su desarrollo; la disposici�n final sexta contiene la habilitaci�n para que el Banco de Espa�a dicte las disposiciones de desarrollo necesarias para la aplicaci�n del r�gimen previsto en la disposici�n transitoria primera de la Ley 36/2007; la s�ptima se refiere a la incorporaci�n del derecho comunitario; y se cierra la ley con la disposici�n final octava que establece la fecha de su entrada en vigor.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Econom�a y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 15 de febrero de 2008,

DISPONGO: