Sumario

Véase Res. 29 enero 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del R.D.-ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 de euros con destino a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos («B.O.E.» 5 febrero).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) fue creado mediante el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, en el marco de la estrategia del Gobierno, iniciada al principio de la legislatura y consensuada con los interlocutores sociales, para dignificar la cuantía del salario mínimo interprofesional y situarlo en 600 euros mensuales en 2008.

El IPREM se utiliza como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos. La creación del IPREM permitió la desvinculación del SMI como indicador de rentas respecto de aquellas prestaciones, ayudas y subvenciones públicas que hasta entonces lo utilizaban, a los indicados efectos, lo que constituía un obstáculo para la elevación del SMI hasta un nivel más digno.

Según dispone el artículo 2.2 del indicado Real Decreto-ley 3/2004 «anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se determinará la cuantía del citado indicador teniendo en cuenta, al menos, la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella. Con anterioridad a la aprobación del Proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno consultará a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la cuantía del IPREM».

Dando cumplimiento a este mandato legal, la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008 ha establecido la cuantía del IPREM para 2008, incrementando su cuantía respecto de la fijada para 2007 según el objetivo de inflación, esto es, el 2%.

II

Este Real Decreto-ley tiene por objeto modificar la cuantía del IPREM para 2008, mediante la reforma de lo establecido por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, en unos términos diferentes al objetivo de inflación utilizado para su elaboración.

El Gobierno quiere con ello ser coherente con lo que han sido sus políticas sociales en esta legislatura, de manera que no se produzcan, tampoco durante 2008, deterioros por leves que sean en las cuantías de las prestaciones sociales, en particular las prestaciones del sistema de protección por desempleo, vinculadas al IPREM desde la aprobación del real decreto ley 3/2004.

Aunque el IPREM no es ciertamente una renta que gane o pierda poder adquisitivo, debe hacerse notar que en la medida en que se utiliza para determinar la cuantía de ciertas prestaciones públicas el IPREM debe ser sensible a la situación económica general, incluida la evaluación de la inflación. De hecho, a lo largo de esta legislatura, el IPREM ha seguido una evolución acorde a estos criterios. Por ello, para 2008, el Gobierno considera que el IPREM debe tener un incremento del 3,5%.

Para ello, resulta necesario modificar la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008, añadiendo al incremento del 2% del IPREM establecido por dicha norma, un incremento adicional del 1,5%. De esta manera, la cuantía del IPREM queda establecida en 516,90 euros mensuales.

III

Las circunstancias concurrentes a lo largo del periodo de tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008 impidieron introducir en dicha norma, a través de la oportuna enmienda, la modificación de la cuantía del IPREM que ahora se establece. Asimismo, la disolución de las Cortes Generales impide seguir en este momento el trámite legislativo ordinario para la modificación de una norma con rango de Ley.

Como antes se señaló, el IPREM se utiliza como referencia para determinar la cuantía de numerosas prestaciones, ayudas y subvenciones públicas. Esta vinculación es especialmente relevante en el caso de las prestaciones del sistema de protección por desempleo. Así, están vinculados al IPREM los topes máximos y mínimos de la prestación contributiva por desempleo y la cuantía de las prestaciones del nivel asistencial (subsidio por desempleo, renta agraria, renta activa de inserción y subsidio agrario).

Se trata, en todos los casos, de prestaciones que pueden percibirse desde el principio del año, durante solo unos meses o a lo largo del año completo, de manera que la demora en la aprobación de esta modificación de la cuantía del IPREM, o la espera hasta que fuera posible aprobar una nueva Ley en la próxima legislatura siguiendo el trámite legislativo ordinario, puede afectar negativamente a los perceptores de estas prestaciones públicas, que normalmente son las personas o familias con las rentas más bajas y más susceptibles de encontrarse en situaciones de necesidad. Nótese que, solo en lo que se refiere al sistema público de protección por desempleo, se estima que más de un millón y medio de personas percibirán prestaciones en algún momento durante 2008.

IV

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008, remitido por el Gobierno a las Cortes Generales, figuraba incluido un crédito por importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integración de inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.

Sin embargo, como consecuencia de la mecánica en la votación de las sucesivas enmiendas en el Congreso de los Diputados y de la forma en que las mismas se van aplicando a las distintas Secciones del Presupuesto, el resultado final -a pesar de haberse aprobado una enmienda para la mencionada finalidad con un incremento por importe de 183.080.000 euros- ha sido que en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2008 no figure dotación alguna para atender las necesidades mencionadas.

V

Dicho resultado constituye una verdadera anomalía técnica que es contraria, tanto al proyecto presentado por el Gobierno, como a la propia voluntad del Congreso de los Diputados manifestada en las enmiendas aprobadas.

El Senado, intentó subsanar esta situación y, a tal fin, aprobó en la ponencia una enmienda (la 4168) que, sin embargo, como consecuencia de la aprobación del veto a la Sección 27 en la reunión de la Comisión de 4 de diciembre de 2007, que fue ratificado en la sesión del Pleno del 10 de diciembre de 2007, con la consiguiente devolución del texto al Congreso, vio frustrada su tramitación.

La situación requiere, además, una urgente reparación pues, de lo contrario, no se contará con dotación alguna para atender a las necesidades que cubre el «Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo de los mismos», que ha constituido uno de los elementos fundamentales de la política de integración de los inmigrantes en los últimos años. Estas necesidades se mueven en doce áreas de la máxima importancia, a saber: acogida, educación, empleo, vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualada de trato, mujer, participación, sensibilización y codesarrollo.

Por otro lado, y en cuanto a la gestión del Fondo, su modelo se configura en torno a transferencias corrientes a Comunidades Autónomas que se distribuyen anualmente en base a una serie de criterios objetivos, destacando en este esquema el papel del Consejo Superior de Política de Inmigración, como órgano colegiado en el que participan las distintas Administraciones Públicas. La participación autonómica en el Fondo pasa también por la aportación del 30% por parte de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, como parte del compromiso de cofinanciación.

El modelo de gestión del Fondo y sus líneas prioritarias de intervención responden a los Principios Básicos Comunes sobre Integración aprobados por el Consejo de la Unión Europea y a las políticas desarrolladas por la Comisión Europea en este ámbito. Asimismo se enmarca en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, aprobado por el Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2007, y en cuyo contexto el Fondo se configura como el instrumento esencial para promover las actuaciones de integración que bajo el principio de la responsabilidad institucional compartida propugna el citado Plan. Por otro lado, el año 2008 ha sido declarado «Año Europeo del Diálogo Intercultural» estando previsto que sea, precisamente, a través de este Fondo como se desarrollen las actuaciones más destacadas y tendentes a cumplir con los objetivos propuestos para el mismo.

Pues bien, todas estas políticas y actuaciones, que implican tanto a la Administración del Estado como a las de las comunidades autónomas, quedarían imposibilitadas si no se repone el crédito necesario para llevarlas a efecto de manera que, no pudiendo subsanarse la situación a través de otras modificaciones de crédito contempladas en la Ley General Presupuestaria, exigen la promulgación de forma urgente e ineludible de un Real Decreto-ley como el que nos ocupa.

VI

Por último, debe dejarse constancia de que con la aprobación del crédito extraordinario que aquí se concede, se mantendría el respeto al límite de gasto no financiero fijado por el Gobierno en el Acuerdo de 25 de mayo de 2007 y aprobado por los Plenos del Congreso y del Senado en sus sesiones de 14 y 19 de junio de 2007, respectivamente.

VII

De todo lo anterior se deduce que la conjunción de factores ha conducido a una situación realmente extraordinaria y a la necesidad de corregir sus efectos de manera urgente, siendo el Real Decreto-ley el único cauce que la Constitución permite para hacerlo, lo que integra el supuesto habilitante que el artículo 86 de la Constitución exige para la viabilidad de este medio excepcional.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta conjunta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 enero de 2008,

DISPONGO:

DISPOSICIONES FINALES