Sumario

Véase Res. 15 marzo 2001, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valoración energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales («B.O.E.» 24 marzo).

Mediante los Reales Decretos 1911/2000, de 24 de noviembre, y 3454/2000, de 22 de diciembre, y de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria, se han puesto en marcha una serie de medidas para la erradicación y el control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales de las especies bovina, ovina y caprina, que, entre otros aspectos, incluyen la prohibición de utilizar harinas de origen animal en la alimentación de los animales de producción (hasta ahora sólo prohibidas para la alimentación de los rumiantes) y la de separar los materiales especificados de riesgo para su posterior destrucción en condiciones adecuadas de salubridad e higiene. En este sentido, si la destrucción de los materiales especificados de riesgo se lleva a cabo mediante su transformación en harinas, a través de un proceso en el que se cumplan los requisitos de temperatura, presión y tiempo de residencia establecidos en el anejo I del Real Decreto 1911/2000, se habrá producido la inactivación del prión causante de la enfermedad y, consecuentemente, las harinas resultantes del proceso de transformación han perdido su carácter infeccioso y pueden por tanto ser gestionadas como cualquier residuo no peligroso, bien mediante su valorización energética o bien mediante su depósito en vertederos autorizados para ello.

Las anteriores medidas han venido a significar, entre otras consecuencias, la generación de una cantidad ingente de productos -las harinas de origen animalque hasta ahora no tenían la consideración de residuos, en la medida en que eran utilizadas de forma ordinaria para la alimentación de determinados animales y ahora se han convertido en un residuo debido a la obligación que tienen sus titulares de desprenderse de ellas.

Desde el punto de vista ambiental, y partiendo de la base de que nos encontramos ante harinas transformadas en las que se ha inactivado el prión causante de la enfermedad, es preferible la valorización energética de estas harinas al depósito en vertedero, teniendo en cuenta el orden de preferencias en las opciones de gestión de residuos establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y en la estrategia comunitaria sobre residuos.

Por otro lado, la valorización energética de estas harinas en hornos de industrias cementeras o de productos cerámicos (como baldosas, azulejos, ladrillos o productos similares) o en centrales térmicas, utilizándolas como combustible sustitutivo del que habitualmente emplean estas instalaciones, únicamente requiere una mínima adaptación técnica del alimentador del combustible de las mismas, por lo que puede entenderse que en ningún modo ello va a suponer un incremento de la incidencia ambiental de su funcionamiento. Igualmente, con esta valorización energética se obtiene una ventaja ambiental añadida en la medida en que, por un lado, la carga ambiental de la utilización de harinas de origen animal en el proceso de combustión, expresada fundamentalmente en términos de contaminación atmosférica, es inferior a la que se origina con la utilización de combustibles convencionales y, por otro, se produciría una reducción en la utilización de combustibles fósiles y, consecuentemente, una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, la valorización energética de estas harinas transformadas en hornos de industrias cementeras o de productos cerámicos aporta la ventaja ambiental añadida de que se incorporan al proceso de producción tras la combustión.

En cuanto a las determinaciones establecidas en la normativa comunitaria sobre la valorización de residuos no peligrosos, la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CE, del Consejo, de 18 de marzo, establece en su artículo 10 que las actividades de valorización de todo tipo de residuos tienen que someterse a autorización administrativa previa. No obstante, la propia Directiva otorga a los Estados miembros, en el artículo 11.1.b), la potestad de eximir de la mencionada autorización siempre y cuando se dicten normas generales para cada actividad en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos que se van a valorizar y las condiciones en las que la citada actividad puede quedar dispensada de la autorización, con la peculiaridad añadida de que si se trata de residuos no peligrosos, como es el caso de las harinas transformadas objeto del presente Real Decreto-ley, no es necesario que tal actuación tenga que ser autorizada previamente por la Comisión Europea (tal como se ha establecido para los residuos peligrosos en el artículo 3.4 de la Directiva 91/689/CEE), sino que sólo se precisa una mera comunicación de la decisión adoptada, de acuerdo con lo que dispone al efecto el artículo 11.3 de la mencionada Directiva 75/442/CEE, tras las modificaciones introducidas por la Directiva 91/156/CEE.

En este Real Decreto-ley se cumplen todos los requisitos de la normativa comunitaria anteriormente mencionados dado que, por un lado, se establecen los límites cuantitativos máximos de residuos que se podrán valorizar y, por otro, se fijan las condiciones de funcionamiento de las instalaciones de valorización, que deberán cumplir las prescripciones sobre niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera establecidas, tanto en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico, como en el condicionado ambiental de las propias autorizaciones sustantivas de funcionamiento de las respectivas instalaciones. Todo ello sobre la base de la exigencia de los requisitos de protección ambiental y de la salud de las personas establecidos de forma general en el artículo 12.1 de la Ley de Residuos para todas las actividades de gestión de residuos.

Las anteriores consideraciones permiten concluir que este tipo de valorización energética, si se lleva a cabo en instalaciones existentes que ya cuenten con la preceptiva licencia de actividad, no supone una modificación sustancial de la instalación, teniendo en cuenta el concepto de «modificación sustancial» regulado en la Directiva 96/61/CE, del Consejo, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, ni una modificación de la incidencia ambiental del funcionamiento de la instalación en lo referente a ruidos, olores o salubridad e higiene por lo que, en tales circunstancias, no sería necesaria una nueva licencia de actividad ni una revisión de la ya existente.

Por otro lado, y de acuerdo con lo que se establece en la disposición adicional primera, la exención de autorización que opera la presente modificación no impide que cada Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias para dictar normas adicionales de protección, pueda establecer los mecanismos de intervención ambiental que estime convenientes, incluida la autorización administrativa.

Finalmente, en la disposición adicional segunda se establece que las Comunidades Autónomas podrán eximir de la autorización administrativa prevista en el artículo 13.1 de la Ley de Residuos a otras actividades de valorización de residuos no peligrosos (en concreto, a la valorización energética de harinas de origen animal en instalaciones de incineración distintas de las enumeradas en el artículo 1.1 y a la valorización de las grasas extraídas en el proceso de transformación de estas harinas) siempre y cuando dicten normas generales sobre cada tipo de actividad en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en que la actividad puede quedar dispensada de la autorización, tal como exige el artículo 11.1.b) de la Directiva 75/442/CEE, anteriormente mencionado. De esta forma, se concede a las Comunidades Autónomas la misma potestad prevista en el artículo 14 de la Ley de Residuos para el otro supuesto de exención de autorización administrativa establecido en la normativa comunitaria, concretamente en el artículo 11.1.a) de la citada Directiva: la valorización y eliminación de los propios residuos en los centros de producción. Consecuentemente, también en este caso se exigen los requisitos de registro autonómico y notificación al Ministerio de Medio Ambiente a efectos de informar a la Comisión Europea, según el cauce establecido en el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, junto con los motivos de extraordinaria y urgente necesidad que al respecto exige el artículo 86 de la Constitución Española, justifican la adopción de las anteriores medidas mediante el presente Real Decreto-ley, en cuyo procedimiento de elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas.

En su virtud, en uso de la autorización concedida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de febrero de 2001,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES