Sumario

R.D. Leg. 2/2008, 20 junio, derogado por la letra a) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre) el 31 de octubre de 2015.

I

La Disposici髇 final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, deleg� en el Gobierno la potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de 閟ta y los preceptos que a鷑 quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob� el Texto Refundido de la Ley sobre R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana. El plazo para la realizaci髇 de dicho texto era de un a駉, a contar desde la entrada en vigor de aqu閘la.

Dicha tarea refundidora, que se afronta por medio de este texto legal, se plantea b醩icamente dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminolog韆 y el contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una 鷑ica disposici髇 general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza, procedentes del fragmentado Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos de la Ley de Suelo de 2007, adaptados a las competencias urban韘ticas, de ordenaci髇 del territorio y de vivienda de las Comunidades Aut髇omas. De este modo, el objetivo final se centra en evitar la dispersi髇 de tales normas y el fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislaci髇 estatal en la materia, excepci髇 hecha de la parte vigente del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana, que tiene una aplicaci髇 supletoria salvo en los territorios de las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado fuera de la delegaci髇 legislativa por cuya virtud se dicta este Real Decreto Legislativo.

II

Como recuerda la Exposici髇 de Motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, la historia del Derecho urban韘tico espa駉l contempor醤eo se forj� en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto socio-econ髆ico de industrializaci髇 y urbanizaci髇, en torno a dos grandes tipos de operaciones urban韘ticas: el ensanche y la reforma interior, la creaci髇 de nueva ciudad y el saneamiento y la reforma de la existente. Dicha historia cristaliz� a mediados del siglo XX con la primera ley completa en la materia, de la que sigue siendo tributaria nuestra tradici髇 posterior. En efecto, las grandes instituciones urban韘ticas actuales conservan una fuerte inercia respecto de las concebidas entonces: la clasificaci髇 del suelo como t閏nica por excelencia de la que se valen tanto la ordenaci髇 como la ejecuci髇 urban韘ticas, donde la clase de urbanizable es la verdadera protagonista y la del suelo r鷖tico o no urbanizable no merece apenas atenci髇 por jugar un papel exclusivamente negativo o residual; la instrumentaci髇 de la ordenaci髇 mediante un sistema r韌ido de desagregaci髇 sucesiva de planes; la ejecuci髇 de dichos planes pr醕ticamente identificada con la urbanizaci髇 sistem醫ica, que puede ser acometida mediante formas de gesti髇 p鷅lica o privada, a trav閟 de un conjunto de sistemas de actuaci髇.

Desde entonces, sin embargo, se ha producido una evoluci髇 capital sobre la que debe fundamentarse esta Ley, en varios sentidos.

En primer lugar, la Constituci髇 de 1978 establece un nuevo marco de referencia para la materia, tanto en lo dogm醫ico como en lo organizativo. La Constituci髇 se ocupa de la regulaci髇 de los usos del suelo en su art韈ulo 47, a prop髎ito de la efectividad del derecho a la vivienda y dentro del bloque normativo ambiental formado por sus art韈ulos 45 a 47, de donde cabe inferir que las diversas competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la pol韙ica de utilizaci髇 racional de los recursos naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitect髇ico, que son el soporte, objeto y escenario necesario de aqu閘las al servicio de la calidad de vida. Pero adem醩, del nuevo orden competencial instaurado por el bloque de la constitucionalidad, seg鷑 ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional, resulta que a las Comunidades Aut髇omas les corresponde dise馻r y desarrollar sus propias pol韙icas en materia urban韘tica. Al Estado le corresponde a su vez ejercer ciertas competencias que inciden sobre la materia, pero debiendo evitar condicionarla en lo posible.

Aunque el legislador estatal se ha adaptado a este orden, no puede decirse todav韆 que lo haya asumido o interiorizado plenamente. En los 鷏timos a駉s, el Estado ha legislado de una manera un tanto accidentada, en parte forzado por las circunstancias, pues lo ha hecho a caballo de sucesivos fallos constitucionales. As�, desde que en 1992 se promulgara el 鷏timo Texto Refundido Estatal de la Ley sobre R間imen de Suelo y Ordenaci髇 Urbana, cuyo contenido a鷑 vigente, se incorpora a 閟te texto, se han sucedido seis reformas o innovaciones de diverso calado, adem醩 de las dos operaciones de 玪egislaci髇 negativa� en sendas Sentencias Constitucionales, las n鷐ero 61/1997 y 164/2001. No puede decirse que tan atropellada evoluci髇 -ocho innovaciones en doce a駉s- constituya el marco id髇eo en el que las Comunidades Aut髇omas han de ejercer sus propias competencias legislativas sobre ordenaci髇 del territorio, urbanismo y vivienda.

Esta situaci髇 no puede superarse a馻diendo nuevos retoques y correcciones, sino mediante una renovaci髇 m醩 profunda plenamente inspirada en los valores y principios constitucionales antes aludidos, sobre los que siente unas bases comunes en las que la autonom韆 pueda coexistir con la igualdad. Para ello, se prescinde por primera vez de regular t閏nicas espec韋icamente urban韘ticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita el uso de los tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indirectamente, un concreto modelo urban韘tico y para facilitar a los ciudadanos la comprensi髇 de este marco com鷑. No es 閟ta una Ley urban韘tica, sino una Ley referida al r間imen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a 閘 asociados en lo que ata馿 a los intereses cuya gesti髇 est� constitucionalmente encomendada al Estado. Una Ley, por tanto, concebida a partir del deslinde competencial establecido en estas materias por el bloque de la constitucionalidad y que podr� y deber� aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las Comunidades Aut髇omas en materia de ordenaci髇 del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonios p鷅licos de suelo.

Con independencia de las ventajas que pueda tener la t閏nica de la clasificaci髇 y categorizaci髇 del suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una t閏nica urban韘tica, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Adem醩, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoraci髇 del suelo. M醩 a鷑, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificaci髇 ha contribuido hist髍icamente a la inflaci髇 de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorizaci髇 mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urban韘ticas de los poderes p鷅licos y, por ende, ha fomentado tambi閚 las pr醕ticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional.

En segundo lugar, esta Ley abandona el sesgo con el que, hasta ahora, el legislador estatal ven韆 abordando el estatuto de los derechos subjetivos afectados por el urbanismo. Este reduccionismo es otra de las peculiaridades hist髍icas del urbanismo espa駉l que, por razones que no es preciso aqu� desarrollar, reserv� a la propiedad del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanizaci髇. Una tradici髇 que ha pesado sin duda, desde que el bloque de constitucionalidad reserva al Estado el importante t韙ulo competencial para regular las condiciones b醩icas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, pues ha provocado la simplista identificaci髇 de tales derechos y deberes con los de la propiedad. Pero los derechos constitucionales afectados son tambi閚 otros, como el de participaci髇 ciudadana en los asuntos p鷅licos, el de libre empresa, el derecho a un medio ambiente adecuado y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y asimismo adecuada, al que la propia Constituci髇 vincula directamente con la regulaci髇 de los usos del suelo en su art韈ulo 47. Luego, m醩 all� de regular las condiciones b醩icas de la igualdad de la propiedad de los terrenos, hay que tener presente que la ciudad es el medio en el que se desenvuelve la vida c韛ica, y por ende que deben reconocerse asimismo los derechos m韓imos de libertad, de participaci髇 y de prestaci髇 de los ciudadanos en relaci髇 con el urbanismo y con su medio tanto rural como urbano. En suma, la Ley se propone garantizar en estas materias las condiciones b醩icas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los ciudadanos.

En tercer y 鷏timo lugar, la del urbanismo espa駉l contempor醤eo es una historia desarrollista, volcada sobre todo en la creaci髇 de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneraci髇 de la ciudad existente. La Uni髇 Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la m醩 reciente Comunicaci髇 de la Comisi髇 sobre una Estrategia Tem醫ica para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanizaci髇 dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregaci髇 social e ineficiencia econ髆ica por los elevados costes energ閠icos, de construcci髇 y mantenimiento de infraestructuras y de prestaci髇 de los servicios p鷅licos. El suelo, adem醩 de un recurso econ髆ico, es tambi閚 un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalizaci髇 del suelo no puede fundarse en una clasificaci髇 indiscriminada, sino, supuesta una clasificaci髇 responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades econ髆icas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanizaci髇 y en el arbitrio de medidas efectivas contra las pr醕ticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino urbano se ponga en uso 醙il y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha- tiene asimismo un valor ambiental, como creaci髇 cultural colectiva que es objeto de una permanente recreaci髇, por lo que sus caracter韘ticas deben ser expresi髇 de su naturaleza y su ordenaci髇 debe favorecer su rehabilitaci髇 y fomentar su uso.

III

El T韙ulo preliminar de la Ley se dedica a aspectos generales, tales como la definici髇 de su objeto y la enunciaci髇 de algunos principios que la vertebran, de acuerdo con la filosof韆 expuesta en el apartado anterior.

IV

Por razones tanto conceptuales como competenciales, la primera materia espec韋ica de que se ocupa la Ley es la del estatuto de derechos y deberes de los sujetos afectados, a los que dedica su T韙ulo I, y que inspiran directa o indirectamente todo el resto del articulado. Con este objeto, se definen tres estatutos subjetivos b醩icos que cabe percibir como tres c韗culos conc閚tricos:

Primero, el de la ciudadan韆 en general en relaci髇 con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socio-econ髆ico y medioambiental de toda persona con independencia de cu醠es sean su actividad o su patrimonio, es decir, en el entendimiento de la ciudadan韆 como un estatuto de la persona que asegure su disfrute en libertad del medio en el que vive, su participaci髇 en la organizaci髇 de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos que demandan la calidad y cohesi髇 del mismo.

Segundo, el r間imen de la iniciativa privada para la actividad urban韘tica, que -en los t閞minos en que la configure la legislaci髇 urban韘tica en el marco de esta Ley- es una actividad econ髆ica de inter閟 general que afecta tanto al derecho de la propiedad como a la libertad de empresa. En este sentido, si bien la edificaci髇 tiene lugar sobre una finca y accede a su propiedad -de acuerdo con nuestra concepci髇 hist髍ica de este instituto-, por lo que puede asimismo ser considerada como una facultad del correspondiente derecho, la urbanizaci髇 es un servicio p鷅lico, cuya gesti髇 puede reservarse la Administraci髇 o encomendar a privados, y que suele afectar a una pluralidad de fincas, por lo que excede tanto l骻ica como f韘icamente de los l韒ites propios de la propiedad. Luego, all� donde se conf韊 su ejecuci髇 a la iniciativa privada, ha de poder ser abierta a la competencia de terceros, lo que est� llamado adem醩 a redundar en la agilidad y eficiencia de la actuaci髇.

Tercero, el estatuto de la propiedad del suelo, definido -como es tradicional entre nosotros- como una combinaci髇 de facultades y deberes, entre los que ya no se cuenta el de urbanizar por las razones expuestas en el p醨rafo anterior, aunque s� el de participar en la actuaci髇 urbanizadora de iniciativa privada en un r間imen de distribuci髇 equitativa de beneficios y cargas, con las debidas garant韆s de que su participaci髇 se basa en el consentimiento informado, sin que se le puedan imponer m醩 cargas que las legales, y sin perjuicio de que el legislador urban韘tico opte por seguir reservando a la propiedad la iniciativa de la urbanizaci髇 en determinados casos de acuerdo con esta Ley, que persigue el progreso pero no la ruptura.

V

Correlativos de los derechos de las personas son los deberes b醩icos de las Administraciones con que la Ley abre su T韙ulo II.

Los procedimientos de aprobaci髇 de instrumentos de ordenaci髇 y de ejecuci髇 urban韘ticas tienen una trascendencia capital, que desborda con mucho el plano estrictamente sectorial, por su incidencia en el crecimiento econ髆ico, en la protecci髇 del medio ambiente y en la calidad de vida. Por ello, la Ley asegura unos est醤dares m韓imos de transparencia, de participaci髇 ciudadana real y no meramente formal, y de evaluaci髇 y seguimiento de los efectos que tienen los planes sobre la econom韆 y el medio ambiente. La efectividad de estos est醤dares exige que las actuaciones urbanizadoras de mayor envergadura e impacto, que producen una mutaci髇 radical del modelo territorial, se sometan a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenaci髇. Adem醩, la Ley hace un tratamiento innovador de este proceso de evaluaci髇 y seguimiento, con el objeto de integrar en 閘 la consideraci髇 de los recursos e infraestructuras m醩 importantes. Esta integraci髇 favorecer�, a un tiempo, la utilidad de los procesos de que se trata y la celeridad de los procedimientos en los que se insertan.

Menci髇 aparte merece la reserva de suelo residencial para la vivienda protegida porque, como ya se ha recordado, es la propia Constituci髇 la que vincula la ordenaci髇 de los usos del suelo con la efectividad del derecho a la vivienda. A la vista de la senda extraordinariamente prolongada e intensa de expansi髇 de nuestros mercados inmobiliarios, y en particular del residencial, parece hoy razonable encajar en el concepto material de las bases de la ordenaci髇 de la econom韆 la garant韆 de una oferta m韓ima de suelo para vivienda asequible, por su incidencia directa sobre dichos mercados y su relevancia para las pol韙icas de suelo y vivienda, sin que ello obste para que pueda ser adaptada por la legislaci髇 de las Comunidades Aut髇omas a su modelo urban韘tico y sus diversas necesidades.

En lo que se refiere al r間imen urban韘tico del suelo, la Ley opta por diferenciar situaci髇 y actividad, estado y proceso. En cuanto a lo primero, define los dos estados b醩icos en que puede encontrarse el suelo seg鷑 sea su situaci髇 actual -rural o urbana-, estados que agotan el objeto de la ordenaci髇 del uso asimismo actual del suelo y son por ello los determinantes para el contenido del derecho de propiedad, otorgando as� car醕ter estatutario al r間imen de 閟te. En cuanto a lo segundo, sienta el r間imen de las actuaciones urban韘ticas de transformaci髇 del suelo, que son las que generan las plusval韆s en las que debe participar la comunidad por exigencia de la Constituci髇. La Ley establece, conforme a la doctrina constitucional, la horquilla en la que puede moverse la fijaci髇 de dicha participaci髇. Lo hace posibilitando una mayor y m醩 flexible adecuaci髇 a la realidad y, en particular, al rendimiento neto de la actuaci髇 de que se trate o del 醡bito de referencia en que se inserte, aspecto 閟te que hasta ahora no era tenido en cuenta.

VI

El T韙ulo III aborda los criterios de valoraci髇 del suelo y las construcciones y edificaciones, a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones P鷅licas. Desde la Ley de 1956, la legislaci髇 del suelo ha establecido ininterrumpidamente un r間imen de valoraciones especial que desplaza la aplicaci髇 de los criterios generales de la Ley de Expropiaci髇 Forzosa de 1954. Lo ha hecho recurriendo a criterios que han tenido sin excepci髇 un denominador com鷑: el de valorar el suelo a partir de cu醠 fuera su clasificaci髇 y categorizaci髇 urban韘ticas, esto es, partiendo de cu醠 fuera su destino y no su situaci髇 real. Unas veces se ha pretendido con ello aproximar las valoraciones al mercado, presumiendo que en el mercado del suelo no se producen fallos ni tensiones especulativas, contra las que los poderes p鷅licos deben luchar por imperativo constitucional. Se llegaba as� a la paradoja de pretender que el valor real no consist韆 en tasar la realidad, sino tambi閚 las meras expectativas generadas por la acci髇 de los poderes p鷅licos. Y aun en las ocasiones en que con los criterios mencionados se pretend韆 contener los justiprecios, se contribuy� m醩 bien a todo lo contrario y, lo que es m醩 importante, a enterrar el viejo principio de justicia y de sentido com鷑 contenido en el art韈ulo 36 de la vieja pero todav韆 vigente Ley de Expropiaci髇 Forzosa: que las tasaciones expropiatorias no han de tener en cuenta las plusval韆s que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiaci髇 ni las previsibles para el futuro.

Para facilitar su aplicaci髇 y garantizar la necesaria seguridad del tr醘ico, la recomposici髇 de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, adem醩 por supuesto de la justicia. Y es la propia Constituci髇 la que extrae expresamente -en esta concreta materia y no en otras- del valor de la justicia un mandato dirigido a los poderes p鷅licos para impedir la especulaci髇. Ello es perfectamente posible desvinculando clasificaci髇 y valoraci髇. Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. En consecuencia, y con independencia de las clases y categor韆s urban韘ticas de suelo, se parte en la Ley de las dos situaciones b醩icas ya mencionadas: hay un suelo rural, esto es, aqu閘 que no est� funcionalmente integrado en la trama urbana, y otro urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y adecuadamente transformado por la urbanizaci髇. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, siendo as� que s髄o en el segundo dicha naturaleza integra su destino urban韘tico, porque dicho destino ya se ha hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios de valoraci髇 establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jur韉ica el valor de sustituci髇 del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situaci髇.

En el suelo rural, se abandona el m閠odo de comparaci髇 porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminaci髇 de elementos especulativos, para lo que se adopta el m閠odo asimismo habitual de la capitalizaci髇 de rentas pero sin olvidar que, sin considerar las expectativas urban韘ticas, la localizaci髇 influye en el valor de este suelo, siendo la renta de posici髇 un factor relevante en la formaci髇 tradicional del precio de la tierra. En el suelo urbanizado, los criterios de valoraci髇 que se establecen dan lugar a tasaciones siempre actualizadas de los inmuebles, lo que no aseguraba el r間imen anterior. En todo caso y con independencia del valor del suelo, cuando 閟te est� sometido a una transformaci髇 urbanizadora o edificatoria, se indemnizan los gastos e inversiones acometidos junto con una prima razonable que retribuya el riesgo asumido y se evitan saltos valorativos dif韈ilmente entendibles en el curso del proceso de ordenaci髇 y ejecuci髇 urban韘ticas. En los casos en los que una decisi髇 administrativa impide participar en la ejecuci髇 de una actuaci髇 de urbanizaci髇, o altera las condiciones de 閟ta, sin que medie incumplimiento por parte de los propietarios, se valora la privaci髇 de dicha facultad en s� misma, lo que contribuye a un tratamiento m醩 ponderado de la situaci髇 en la que se encuentran aqu閘los. En definitiva, un r間imen que, sin valorar expectativas generadas exclusivamente por la actividad administrativa de ordenaci髇 de los usos del suelo, retribuye e incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de aqu閘la y de la funci髇 social de la propiedad.

VII

El T韙ulo IV se ocupa de las instituciones de garant韆 de la integridad patrimonial de la propiedad: la expropiaci髇 forzosa y la responsabilidad patrimonial. En materia de expropiaci髇 forzosa, se recogen sustancialmente las mismas reglas que ya conten韆 la Ley sobre R間imen del Suelo y Valoraciones, tra韉as aqu� por razones de t閏nica legislativa, para evitar la dispersi髇 de las normas y el fraccionamiento de las disposiciones que las recogen. En materia de reversi髇 y de responsabilidad patrimonial, los supuestos de una y otra se adaptan a la concepci髇 de esta Ley sobre los patrimonios p鷅licos de suelo y las actuaciones urbanizadoras, respectivamente, manteni閚dose en lo dem醩 tambi閚 los criterios de la Ley anterior. Se introduce, adem醩, un derecho a la retasaci髇 cuando una modificaci髇 de la ordenaci髇 aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una actuaci髇 urbanizadora, de forma que se salvaguarde la integridad de la garant韆 indemnizatoria sin empe馻r la eficacia de la gesti髇 p鷅lica urbanizadora.

VIII

El T韙ulo V contiene diversas medidas de garant韆 del cumplimiento de la funci髇 social de la propiedad inmobiliaria. Son muchas y autorizadas las voces que, desde la sociedad, el sector, las Administraciones y la comunidad acad閙ica denuncian la existencia de pr醕ticas de retenci髇 y gesti髇 especulativas de suelos que obstruyen el cumplimiento de su funci髇 y, en particular, el acceso de los ciudadanos a la vivienda. Los avances en la capacidad de obrar de los diversos agentes por los que apuesta esta Ley (apertura de la iniciativa privada, mayor proporcionalidad en la participaci髇 de la Administraci髇 en las plusval韆s) deben ir acompa馻dos de la garant韆 de que esa capacidad se ejercer� efectivamente para cumplir con la funci髇 social de la propiedad y con el destino urban韘tico del suelo que aqu閘la tiene por objeto, ya sea p鷅lico o privado su titular.

Toda capacidad conlleva una responsabilidad, que esta Ley se ocupa de articular al servicio del inter閟 general a lo largo de todo su cuerpo: desde la responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los plazos m醲imos en los procedimientos de ordenaci髇 urban韘tica, a la posibilidad de sustituir forzosamente al propietario incumplidor de los plazos de ejecuci髇, el mayor rigor en la determinaci髇 de los destinos de los patrimonios p鷅licos de suelo o las medidas arbitradas para asegurar que se cumple ese destino aun cuando se enajenen los bienes integrantes de los patrimonios p鷅licos de suelo.

El contenido del T韙ulo se cierra con una regulaci髇 del r間imen del derecho de superficie dirigida a superar la deficiente situaci髇 normativa actual de este derecho y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y, con car醕ter general, diversificar y dinamizar las ofertas en el mercado inmobiliario.

IX

Por 鷏timo, el T韙ulo VI contiene una serie de preceptos que, localizados hasta ahora de manera fragmentada en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprob� el Texto Refundido de la Ley sobre R間imen del Suelo y Ordenaci髇 Urbana, ha parecido razonable agrupar bajo la denominaci髇 de 玆間imen Jur韉ico�. En 閘 se contienen las actuaciones con el Ministerio Fiscal a consecuencia de infracciones urban韘ticas o contra la ordenaci髇 del territorio, las peticiones, actos y acuerdos procedentes en dichos 醡bitos, las posibles acciones y recursos pertinentes y las normas atinentes al Registro de la Propiedad que ya han sido objeto de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprobaron las normas complementarias al Reglamento para la ejecuci髇 de la Ley Hipotecaria sobre inscripci髇 en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urban韘tica.

La introducci髇 de este T韙ulo, y la de aquellos otros preceptos que hab韆n perdido coherencia sistem醫ica en el contenido subsistente del Real Decreto Legislativo 1/1992, que ahora la recuperan mediante su inserci髇 donde corresponde en la estructura de la Ley 8/2007, junto a la labor de aclaraci髇, regularizaci髇 y armonizaci髇 realizadas, permiten derogar ambas disposiciones generales y recuperar finalmente en un solo cuerpo legal la unidad de la legislaci髇 estatal en la materia, al amparo de lo dispuesto en la Disposici髇 final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 20 de junio de 2008,

DISPONGO: