Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas

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Sumario

T閚gase en cuenta que los art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima de dicha ley, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, han sido derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).LE0000561510_20220616

JUAN CARLOS I REY DE ESPA袮

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PRE罬BULO

I

Los problemas econ髆icos y sociales existentes en torno al mercado del suelo y la vivienda en Espa馻 son de muy diversa 韓dole y, en buena medida, anteriores a la crisis econ髆ico-financiera. La mayor韆 tienen, de hecho, un car醕ter estructural y no solo coyuntural, si bien algunos de ellos se han visto agravados por el cambio de ciclo econ髆ico, al tiempo que han contribuido tambi閚 a agudizar la crisis.

La tradici髇 urban韘tica espa駉la, como ya reconoci� el legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se ha volcado fundamentalmente en la producci髇 de nueva ciudad, descompensando el necesario equilibrio entre dichas actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar econ髆ico y social y garantizando la calidad de vida a sus habitantes. Estas otras intervenciones son mucho m醩 complejas, tanto desde el punto de vista social como econ髆ico; complejidad que se agrava en el momento presente a consecuencia de un contexto desfavorable para la financiaci髇 p鷅lica, debido a los procesos de estabilizaci髇 presupuestaria, y tambi閚 para la financiaci髇 privada, por las restricciones en el acceso a los cr閐itos, derivadas de la crisis del sector financiero y del empobrecimiento de muchas familias a consecuencia de los altos niveles de desempleo.

Sin embargo, el camino de la recuperaci髇 econ髆ica, mediante la reconversi髇 del sector inmobiliario y de la construcci髇 y tambi閚 la garant韆 de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y econ髆ico, requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitaci髇 y de regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas, que constituyen el objeto esencial de esta Ley. Tal y como se deduce del Sistema de Informaci髇 Urbana y el Estudio de Sectores Residenciales en Espa馻 2011, ambos elaborados por el Ministerio de Fomento, Espa馻 posee actualmente, si no se reactiva la demanda, suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urban韘ticos para los pr髕imos cuarenta y cinco a駉s. Esta situaci髇 se agrava cuando se observa que gran parte de estos suelos se encuentran situados en entornos donde no es previsible ning鷑 incremento de demanda en los pr髕imos a駉s. A ello se une el dato significativo de vivienda nueva vac韆, 723.043 viviendas. Tanto a corto, como a medio plazo, ser� muy dif韈il que los sectores inmobiliario y de la construcci髇 puedan contribuir al crecimiento de la econom韆 espa駉la y a la generaci髇 de empleo si contin鷄n bas醤dose, principalmente y con car醕ter general, en la transformaci髇 urban韘tica de suelos v韗genes y en la construcci髇 de vivienda nueva.

Pero a鷑 en el caso de que as� fuera, la legislaci髇 vigente ya da cumplida respuesta a estos procesos, mientras que no existe un desarrollo en igual medida que permita sustentar las operaciones de rehabilitaci髇 y las de regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas, en las que, adem醩, todav韆 persisten obst醕ulos legales que impiden su puesta en pr醕tica o, incluso, su propia viabilidad t閏nica y econ髆ica. Es preciso, por tanto, generar un marco normativo id髇eo para dichas operaciones, que no s髄o llene las lagunas legales actualmente existentes, sino que remueva los obst醕ulos que las imposibilitan en la pr醕tica y que propicie la generaci髇 de ingresos propios para hacer frente a las mismas.

La rehabilitaci髇 y la regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas tienen, adem醩, otro relevante papel que jugar en la recuperaci髇 econ髆ica, coadyuvando a la reconversi髇 de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el tur韘tico. La actividad tur韘tica es clave para la econom韆 de nuestro pa韘 y supone m醩 de un 10,2 % del PIB, aportando un 11,39 % del empleo. Numerosos destinos tur韘ticos 玬aduros� se enfrentan a un problema sist閙ico en el que tiene mucho que ver el deterioro f韘ico de sus dotaciones y respecto de los cuales, la aplicaci髇 de estrategias de rehabilitaci髇, regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas podr韆 generar impactos positivos que, a su vez, servir韆n de palanca imprescindible para el desarrollo econ髆ico de Espa馻.

II

No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado espa駉l necesita intervenciones de rehabilitaci髇 y de regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, as� como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservaci髇. Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622 viviendas, es anterior al a駉 1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con m醩 de 50 a駉s. El 鷑ico instrumento que actualmente permite determinar el grado de conservaci髇 de los inmuebles, la Inspecci髇 T閏nica de Edificios, no s髄o es insuficiente para garantizar dicho objetivo, y as� se pone de manifiesto desde los m醩 diversos sectores relacionados con la edificaci髇, sino que ni siquiera est� establecido en todas las Comunidades Aut髇omas, ni se exige en todos los municipios espa駉les.

A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energ閠ica de los edificios y, a trav閟 de ellos, de las ciudades. Casi el 58 % de nuestros edificios se construy� con anterioridad a la primera normativa que introdujo en Espa馻 unos criterios m韓imos de eficiencia energ閠ica: la norma b醩ica de la edificaci髇 NBE-CT-79, sobre condiciones t閞micas en los edificios. La Uni髇 Europea ha establecido una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 獷nerg韆 y Cambio Clim醫ico�, que establece, para los 27 pa韘es miembros, dos objetivos obligatorios: la reducci髇 del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y la elevaci髇 de la contribuci髇 de las energ韆s renovables al 20 % del consumo, junto a un objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energ閠ica en un 20 %. Estos objetivos europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin duda, al cumplimiento de los mismos, a trav閟 de las medidas de rehabilitaci髇 que permitir醤 reducir los consumos de energ韆, que promover醤 energ韆s limpias y que, por efecto de las medidas anteriores, reducir醤 las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. En relaci髇 con este 鷏timo objetivo, Espa馻 debe reducir en el a駉 2020, un 10 % de las emisiones de los sectores difusos, con respecto al a駉 2005. Dentro de estos sectores, definidos como aquellos no incluidos en el comercio de derechos de emisi髇, se encuentra el residencial, el cual, conjuntamente con el sector comercial e institucional representa un 22 % de las emisiones difusas, siendo asimismo responsable de emisiones indirectas, por consumo el閏trico. Las emisiones de los sectores difusos representan el 2/3 de las totales, por lo que el objetivo de avanzar en una 玡conom韆 baja en carbono�, mediante actuaciones en las viviendas de baja calidad, que en Espa馻 se sit鷄n entre las construidas en las d閏adas de los 50, 60 y 70, y mejorando la eficiencia del conjunto del parque residencial, es clave.

Precisamente, la reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energ閠ica, tras reconocer que los edificios representan el 40 % del consumo de energ韆 final de la Uni髇 Europea, obliga no s髄o a renovar anualmente un porcentaje significativo de los edificios de las Administraciones centrales para mejorar su rendimiento energ閠ico, sino a que los Estados miembros establezcan, tambi閚, una estrategia a largo plazo, hasta el a駉 2020 –para minorar el nivel de emisiones de CO₂– y hasta el a駉 2050 –con el compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-95 % en relaci髇 a los niveles de 1990–, destinada a movilizar inversiones en la renovaci髇 de edificios residenciales y comerciales, para mejorar el rendimiento energ閠ico del conjunto del parque inmobiliario. A trav閟 de esta estrategia de renovaciones exhaustivas y rentables que reduzcan el consumo de energ韆 de los edificios, en porcentajes significativos con respecto a los niveles anteriores a la renovaci髇, se crear醤 adem醩 oportunidades de crecimiento y de empleo en el sector de la construcci髇.

Y a鷑 con todo, el porcentaje que representa la rehabilitaci髇 en Espa馻 en relaci髇 con el total de la construcci髇 es, asimismo, uno de los m醩 bajos de la zona euro, situ醤dose trece puntos por debajo de la media europea, que alcanza un entorno del 41,7 % del sector de la construcci髇, y ello a鷑 con el desplome de dicho sector en Espa馻, a consecuencia de la crisis.

Esta actividad, globalmente entendida, no s髄o es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energ閠ica y de recuperaci髇 econ髆ica ya expresados, sino tambi閚 de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesi髇 social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en los espacios urbanos. No en vano, muchas de las m醩 importantes operaciones de regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas tienen, adem醩, un car醕ter integrado, es decir, articulan medidas sociales, ambientales y econ髆icas, que se suman a las estrictamente f韘icas para lograr, mediante una estrategia unitaria, la consecuci髇 de aquellos objetivos.

En suma, la actividad de rehabilitaci髇 en su conjunto debe buscar 醨eas que permitan aplicar pol韙icas integrales que contemplen intervenciones no solo en el 醡bito f韘ico-espacial, sino tambi閚 en los 醡bitos social, econ髆ico, ambiental y de integraci髇 de la ciudad. El tama駉 de estas operaciones permitir� la puesta en servicio de redes de instalaciones energ閠icas a escala de barrio, con menor consumo de recursos, y que permitir韆n que los barrios tiendan a la autosuficiencia energ閠ica en el medio plazo.

III

Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut髇omas en materia de vivienda y urbanismo, el Estado no puede mantenerse al margen de la realidad del sector inmobiliario espa駉l, y con 閘, de nuestra econom韆, ni tampoco de los retos sociales y ambientales planteados, no s髄o porque parte de las respuestas corresponden a su 醡bito competencial, sino tambi閚 porque muchas de las exigencias que se demandan en relaci髇 con un medio urbano sostenible, proceden en la actualidad de la Uni髇 Europea o de compromisos internacionales asumidos por Espa馻. Entre ellos, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, refundida posteriormente en la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energ閠ica de los edificios y la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energ閠ica, a las que pueden a馻dirse la Estrategia Tem醫ica para el Medio Ambiente Urbano, el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible, o la Declaraci髇 de Toledo –aprobada por los Ministros responsables del desarrollo urbano de los 27 Estados miembros de la Uni髇 Europea el 22 de junio de 2010–, de acuerdo con la cual 玪a batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecuci髇 de la m醲ima ecoeficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada�, y en la que se destaca la importancia de la regeneraci髇 urbana integrada y su potencial estrat間ico para un desarrollo urbano m醩 inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa.

La regulaci髇 que contiene esta norma se enmarca en un contexto de crisis econ髆ica, cuya salida depende en gran medida –dado el peso del sector inmobiliario en dicha crisis–, de la recuperaci髇 y reactivaci髇 –de cara sobre todo al empleo– del sector de la construcci髇. Dicha salida, en un contexto de improcedencia de pol韙icas de expansi髇, tales como la generaci髇 de nueva ciudad y nuevas viviendas, s髄o es posible actuando sobre el patrimonio inmobiliario y la edificaci髇 existente.

Tambi閚 se enmarca en la necesidad de operar, paralelamente, sobre el patrimonio inmobiliario existente a los efectos de contribuir al ahorro energ閠ico, con el relanzamiento de la industria de materiales, as� como de la relativa a las restantes instalaciones y dotaciones de la edificaci髇 y de las tecnolog韆s de energ韆s renovables, para hacer frente, no s髄o a los retos energ閠icos de la econom韆 espa駉la –dependencia del exterior en energ韆s primarias e incremento de costes y riesgos que tal dependencia supone–, sino tambi閚 a los compromisos adquiridos en el contexto de la Uni髇 Europea y su paquete de objetivos en materia energ閠ica y de lucha contra el cambio clim醫ico para el a駉 2020. Estos compromisos incluyen la intervenci髇 sobre el parque de viviendas existentes en cuanto sector en el que es posible un ahorro energ閠ico considerable y en el que hay que incidir tambi閚 desde el punto de vista de la lucha contra el cambio clim醫ico, inducido por los gases de efecto invernadero.

Esta norma constituye legislaci髇 b醩ica dictada al amparo de la competencia estatal para establecer las bases y la coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, reconocida en el art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇, y fija, en consecuencia, un 玞om鷑 denominador� de 玞ar醕ter nuclear� que deja suficiente margen a las Comunidades Aut髇omas para el ejercicio de las competencias que les son propias. Adicionalmente, y en los t閞minos fijados en la disposici髇 final decimonovena, la presente Ley se dicta al amparo de los t韙ulos competenciales reconocidos en el art韈ulo 149.1.1.�, 8.�, 14.�, 16.�, 18.�, 23.�, 25.� y 30.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia sobre regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, legislaci髇 civil, hacienda general y deuda del Estado, bases y coordinaci髇 general de la sanidad, bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, procedimiento administrativo com鷑, legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa y el sistema de responsabilidad de las Administraciones P鷅licas, legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente, bases del r間imen energ閠ico y regulaci髇 de las condiciones de obtenci髇, expedici髇 y homologaci髇 de t韙ulos acad閙icos y profesionales.

Dentro de este marco, los objetivos perseguidos por esta Ley son los siguientes:

En primer lugar, potenciar la rehabilitaci髇 edificatoria y la regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos espec韋icos que la hagan viable y posible.

En segundo lugar, ofrecer un marco normativo id髇eo para permitir la reconversi髇 y reactivaci髇 del sector de la construcci髇, encontrando nuevos 醡bitos de actuaci髇, en concreto, en la rehabilitaci髇 edificatoria y en la regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas.

En tercer lugar, fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificaci髇, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relaci髇 con los objetivos de eficiencia, ahorro energ閠ico y lucha contra la pobreza energ閠ica.

Para ello, adem醩 de los contenidos propios de la nueva Ley, cuya funci髇 estriba b醩icamente en llenar los vac韔s legales existentes, resulta necesario afrontar la modificaci髇 de las siguientes normas actualmente en vigor, tanto para eliminar aquellos obst醕ulos que impiden hoy alcanzar los objetivos propuestos, como para adaptar los existentes a los nuevos: el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom韆 Sostenible, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p鷅lico y cancelaci髇 de deudas con empresas y aut髇omos contra韉as por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci髇 y de simplificaci髇 administrativa, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇, el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C骴igo T閏nico de la Edificaci髇 y la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. En algunos casos puntuales, la modificaci髇 incluye la derogaci髇 de determinados preceptos.

Los tres objetivos se馻lados en los p醨rafos anteriores se alinean con la Directiva 2010/31/UE, en la medida en que la presente Ley persigue promover la eficiencia energ閠ica y atender a los desaf韔s provocados por el cambio clim醫ico. Para ello, se reconoce la oportunidad que ofrece la transformaci髇 del modelo productivo hacia par醡etros de sostenibilidad ambiental, social y econ髆ica, con la creaci髇 de empleos vinculados con el medio ambiente, los llamados empleos verdes, en concreto, aquellos vinculados con las energ韆s renovables y las pol韙icas de rehabilitaci髇 y ahorro energ閠ico.

IV

La Ley se compone de un T韙ulo Preliminar, dos T韙ulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y veinte disposiciones finales.

El T韙ulo Preliminar de la Ley describe su objeto, que consiste en regular las condiciones b醩icas que garanticen un desarrollo sostenible y competitivo del medio urbano, as� como el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitaci髇 de los edificios y a la regeneraci髇 y renovaci髇 de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El T韙ulo Preliminar, asimismo, se refiere a las pol韙icas que los poderes p鷅licos, dentro del 醡bito de sus competencias, deber醤 formular y desarrollar, en el marco de los principios de sostenibilidad econ髆ica, social y medioambiental, cohesi髇 territorial, eficiencia energ閠ica y complejidad funcional. Para todo ello, dispone el legislador estatal de fundamento competencial constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.�, 8.�, 13.�, 16.�, 18.�, 23.� y 25.� de la Constituci髇.

V

El T韙ulo I contiene la regulaci髇 b醩ica del Informe de Evaluaci髇 de los Edificios, que parte de la establecida por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p鷅lico y cancelaci髇 de deudas con empresas y aut髇omos contra韉as por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci髇 y de simplificaci髇 administrativa, pero supera algunas de sus insuficiencias. Entre ellas, la que lo identificaba plenamente con la Inspecci髇 T閏nica de Edificios regulada por las Comunidades Aut髇omas y por algunos Ayuntamientos y, precisamente, a sus 鷑icos efectos. El legislador estatal, al regular este Informe de Evaluaci髇, trata de asegurar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, as� como obtener informaci髇 que le permita orientar el ejercicio de sus propias pol韙icas. Para ello, se dota de un instrumento que otorga la necesaria uniformidad a los contenidos que se entienden necesarios para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos, todo ello sin prejuzgar las concretas medidas de intervenci髇 administrativa que deban poner en marcha las Administraciones competentes, para ir adaptando –de manera gradual en el tiempo–, el parque edificado espa駉l, a unos criterios m韓imos de calidad y sostenibilidad. Su exigencia tambi閚 se limita a aquellos edificios que tienen verdadera transcendencia en relaci髇 con los mencionados objetivos, as� como con una determinada pol韙ica econ髆ica y de vivienda a escala estatal, que son los de tipolog韆 colectiva y siempre que su uso sea el residencial o asimilado.

Se busca tambi閚 facilitar a las Administraciones competentes un instrumento que les permita disponer de la informaci髇 precisa para evaluar el cumplimiento de las condiciones b醩icas legalmente exigibles, tanto en materia de conservaci髇, como de accesibilidad. As�, las primeras se regulan en el texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y las segundas se derivan de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptaci髇 normativa a la Convenci髇 Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige la realizaci髇 de los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal (con sus obras correspondientes), estableciendo incluso un plazo, que finaliza en el a駉 2015, momento a partir del cual pueden ser legalmente exigidos, tanto para los edificios, como para los espacios p鷅licos urbanizados existentes y, por tanto, tambi閚 controlados por la Administraci髇 P鷅lica competente.

Por 鷏timo, el informe contiene un apartado de car醕ter orientativo sobre un aspecto clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la eficiencia energ閠ica y el cumplimiento de los compromisos de Espa馻 con Europa en el horizonte 2020: la Certificaci髇 de la Eficiencia Energ閠ica de los Edificios, exigida por la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energ閠ica, y por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que la refunde y completa. La certificaci髇 contendr�, no s髄o una calificaci髇 del edificio a tales efectos (mediante letras, de la A a la G), sino tambi閚 unas recomendaciones sobre las mejoras energ閠icas que podr韆n realizarse, analizadas en t閞minos de coste/beneficio y clasificadas en funci髇 de su viabilidad t閏nica, econ髆ica y funcional y de su repercusi髇 energ閠ica. Dado que la Directiva exige que esta certificaci髇 se adjunte cuando una vivienda se ponga en venta o en alquiler, en aras de una mayor transparencia del mercado, una mayor informaci髇 para los propietarios y un menor coste en su emisi髇, se busca la doble racionalidad y sinergia que supone incluirla en el informe de evaluaci髇 del edificio.

VI

El T韙ulo II contiene la regulaci髇 de las actuaciones sobre el medio urbano, que van desde las de rehabilitaci髇 edificatoria, hasta las que supongan una regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas, identificando los sujetos legitimados para participar en ellas y ofreciendo nuevos instrumentos que, sin duda, contribuir醤 a facilitar la gesti髇 y la cooperaci髇 interadministrativa tan necesaria en estos casos. La Ley ampl韆 las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas de viviendas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jur韉ica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de conservaci髇, e introduce los instrumentos de gesti髇 y los mecanismos de cooperaci髇 interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el marco en el que las citadas actuaciones se desenvuelven. A ello se une la b鷖queda de mecanismos que pretenden conseguir que la financiaci髇 para la rehabilitaci髇 sea m醩 accesible y se encuentre m醩 al alcance de los interesados. Se establecen adem醩, otros mecanismos espec韋icos para facilitar la financiaci髇 de estas actuaciones, entre los que destacan los convenios entre las Administraciones P鷅licas actuantes, los propietarios y dem醩 sujetos que vayan a intervenir en la ejecuci髇, que pueden incluir, desde la explotaci髇 conjunta del inmueble o partes del mismo, a los siguientes tipos de contratos o colaboraci髇:

• – cesi髇, con facultad de arrendamiento u otorgamiento del derecho de explotaci髇 a terceros, a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda a los propietarios de las fincas.
• – permuta o cesi髇 de terrenos o de parte de la edificaci髇 sujeta a rehabilitaci髇 por determinada edificaci髇 futura.
• – arrendamiento o cesi髇 de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo determinado a cambio del pago por el arrendatario o cesionario de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupaci髇 de comunidades de propietarios o de la cooperativa, gastos de conservaci髇, etc.
• – constituir consorcios o sociedades mercantiles de capital mixto, con participaci髇 privada minoritaria.

Adem醩, con independencia de que se permita poner en marcha cualquier posible f髍mula de coordinaci髇, se asegura la colaboraci髇 y la cooperaci髇 econ髆ica de la Administraci髇 General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente, siempre que se otorgue prioridad en las ayudas estatales a las actuaciones que tengan por objeto la conservaci髇, la rehabilitaci髇 edificatoria y la regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas tal y como se conciban en los correspondientes Planes estatales.

VII

Las disposiciones adicionales albergan cuatro normas de contenido diverso. La primera recoge el sistema informativo general e integrado que dispusiera la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom韆 Sostenible, para garantizar que la Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las Comunidades Aut髇omas y las Administraciones Locales, promover� la actualizaci髇 permanente y la explotaci髇 de la informaci髇 necesaria para el desarrollo de las pol韙icas p鷅licas a favor de un medio urbano sostenible y competitivo. La segunda aclara que sigue vigente todo lo previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en particular lo que se refiere a la utilizaci髇 de la referencia catastral, la incorporaci髇 de la certificaci髇 catastral descriptiva y gr醘ica y las obligaciones de comunicaci髇, colaboraci髇 y suministro de informaci髇 previstas por la normativa catastral. Las disposiciones adicionales tercera y cuarta regulan, respectivamente, las infracciones en materia de certificaci髇 de la eficiencia energ閠ica de los edificios y las sanciones, as� como su graduaci髇.

VIII

El r間imen transitorio contiene dos disposiciones. La primera de ellas tiene como objeto establecer el calendario para que los propietarios de las edificaciones a que hace referencia el art韈ulo 4 se doten del Informe de Evaluaci髇 regulado por esta Ley, estableciendo un esquema gradual razonable que, en la l韓ea ya establecida por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto p鷅lico y cancelaci髇 de deudas con empresas y aut髇omos contra韉as por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitaci髇 y de simplificaci髇 administrativa tiene en cuenta su antig黣dad (m醩 de 50 a駉s), sin perjuicio de establecer las especialidades que requieren aquellos edificios que ya hayan pasado la inspecci髇 t閏nica, de conformidad con su propia regulaci髇, en los que se busca evitar duplicidades indeseables, y aqu閘los otros cuyos titulares pretendan acogerse a posibles ayudas p鷅licas estatales a la rehabilitaci髇. Se establece, adem醩, un plazo m醩 amplio que el que finaliza en el a駉 2015, a tenor de lo dispuesto hoy en el citado Real Decreto-ley 8/2011, plazo inasequible para los m醩 de 3 millones de viviendas afectadas. Con ello se pretende ir adaptando gradualmente, aunque de forma decidida, nuestro parque edificado a condiciones m韓imas de conservaci髇, accesibilidad y calidad que ya son demandables en virtud de la legislaci髇 vigente, sin perjuicio de lo que establezcan, adem醩, las Comunidades Aut髇omas y los propios Ayuntamientos.

La segunda establece, con car醕ter excepcional, y durante un per韔do que no exceder� de cuatro a駉s, una norma transitoria que trata de adecuar la mencionada reserva m韓ima obligatoria a la realidad del mercado, as� como a la de sus potenciales beneficiarios. La regla contenida en el art韈ulo 10.1 b) de la vigente Ley de Suelo ten韆 sentido en una coyuntura de expansi髇 de nuestros mercados inmobiliarios, prolongada e intensa en el tiempo, a la vez que en un contexto marcado por las ayudas p鷅licas a la adquisici髇 de esta clase de viviendas. La realidad, sin embargo, es hoy bien distinta. La actual situaci髇 de las familias que re鷑en las condiciones para poder acceder a estas viviendas, unida a la fuerte ca韉a acumulada de los precios de la vivienda libre durante los 鷏timos a駉s y la inexistencia de adecuaci髇 a dicha situaci髇, en los m骴ulos de la vivienda protegida, han provocado dos efectos que aconsejan el establecimiento de esta regla excepcional y temporal: de un lado el acercamiento sustancial de los precios de ambas, lo que resta toda competitividad a la vivienda protegida, caracterizada por un r間imen jur韉ico mucho m醩 restrictivo que el de la vivienda libre, y de otro la dif韈il situaci髇 econ髆ica de las familias, tanto en t閞minos de renta para poder adquirir una vivienda, como en t閞minos del acceso al cr閐ito de las entidades financieras. Todo ello provoca que hoy, en el stock de vivienda sin vender ya construida, se encuentren viviendas con protecci髇 p鷅lica, derivadas del cumplimiento de la mencionada reserva m韓ima estatal y que dicha reserva, por tanto, no s髄o no est� coadyuvando al cumplimiento de los fines previstos, sino que est� rigidizando injustificadamente las operaciones que, sobre todo en el suelo urbano, pero tambi閚 en gran medida en el suelo urbanizable, tienen posibilidades de realizarse, incluso en los momentos dif韈iles que atraviesa el sector inmobiliario.

Por 鷏timo, la disposici髇 derogatoria contiene, adem醩 de la cl醬sula general, la derogaci髇 expl韈ita de todos aquellos art韈ulos de las diversas Leyes ya mencionadas, que quedan subsumidos en esta Ley, con una nueva redacci髇, sistem醫ica y coherente.

IX

Las disposiciones finales regulan otros aspectos de la Ley de indudable relevancia. Entre ellos, las modificaciones que se introducen sobre otras leyes y un real decreto, hoy vigentes, con el objetivo de coadyuvar a la consecuci髇 de los objetivos perseguidos, como ocurre espec韋icamente, con la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇 y el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del C骴igo T閏nico de la Edificaci髇. Adem醩, catorce disposiciones finales contienen otras tantas modificaciones legales puntuales, consideradas necesarias desde diversos aspectos.

La disposici髇 final primera contiene modificaciones sobre la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, con el objeto de evitar que los actuales reg韒enes de mayor韆s establecidos impidan la realizaci髇 de las actuaciones previstas en la nueva Ley. No se puede hacer depender algunos de sus m醩 importantes efectos de que las comunidades de propietarios adopten dicha decisi髇 por unanimidad o por mayor韆s muy cualificadas, m醲ime cuando van a incluir obras que, aunque afecten al t韙ulo constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la Administraci髇 actuante autorizar o, en algunos casos, exigir.

La disposici髇 final segunda modifica el apartado 1 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenaci髇 del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, con el objeto de aportar una mejora t閏nica en su redacci髇.

La disposici髇 final tercera modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇, para vincular la aplicaci髇 del C骴igo T閏nico de la Edificaci髇, de manera espec韋ica, a las intervenciones que se realicen en los edificios existentes a que se refieren las letras b) y c) del art韈ulo 2.2 de dicha Ley. Todo ello con independencia de que el C骴igo T閏nico de la Edificaci髇 ser� de aplicaci髇, adem醩, a todas las intervenciones en los edificios existentes, a cuyos efectos, su cumplimiento podr� justificarse en el proyecto o en una memoria suscrita por t閏nico competente, junto a la solicitud de la licencia o de autorizaci髇 administrativa que sea preceptiva para la realizaci髇 de las obras, superando as� la falta de control actual sobre dicho cumplimiento, en la mayor parte de las obras de rehabilitaci髇.

La disposici髇 final cuarta modifica algunos preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de introducir mejoras t閏nicas en su redacci髇.

La disposici髇 final quinta modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A閞ea, con el objeto de habilitar expresamente al Gobierno para que establezca reglamentariamente el contenido m韓imo del Plan de asistencia en los casos de accidente a閞eo, ya que dicho contenido, con base en las orientaciones de la Organizaci髇 Internacional de Aviaci髇 Civil (OACI), implica la asunci髇, por parte de las compa耥as a閞eas, de obligaciones de diversa naturaleza.

La disposici髇 final sexta modifica la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, de un lado, con la finalidad de habilitar a SEGIPSA para que act鷈 como medio propio de todos los poderes adjudicadores vinculados a la Administraci髇 General del Estado y como instrumento especializado en la gesti髇 patrimonial de la Administraci髇 General del Estado y las entidades que, teniendo la condici髇 de poder adjudicador pertenezcan al Sector P鷅lico Estatal. De otro, para facilitar el acceso de los interesados a los procedimientos de enajenaci髇, flexibilizando las condiciones existentes.

Las disposiciones finales s閜tima, octava y novena modifican, respectivamente, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En todas ellas, se trata de establecer un marco de colaboraci髇 entre la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado y la Agencia Tributaria, en orden a un eficaz intercambio de informaci髇 entre ambas, medida que complementa las ya adoptadas para la lucha contra la morosidad, por medio del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de est韒ulo y del crecimiento y de la creaci髇 de empleo, que ahora se tramita como Proyecto de Ley.

La disposici髇 final d閏ima modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el fin de profundizar en el cumplimiento del principio de transparencia contenido en la Ley Org醤ica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La disposici髇 final und閏ima modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C骴igo T閏nico de la Edificaci髇, con el objeto de resolver los problemas que plantea en relaci髇 con la rehabilitaci髇, y que vienen siendo reclamados por los principales agentes del sector. Entre dichas modificaciones, destacan las que tratan de eliminar las definiciones relacionadas con obras de rehabilitaci髇 que actualmente inducen a error, la inclusi髇 de los criterios de flexibilidad y no empeoramiento en la aplicaci髇 del C骴igo T閏nico a las intervenciones en edificios existentes y, por 鷏timo, la obligaci髇 de declarar el nivel de prestaciones alcanzado y las condiciones de uso y mantenimiento derivadas de la intervenci髇. En los dos 鷏timos casos, se trata de aportar un elemento de transparencia en el mercado y de puesta en valor de la rehabilitaci髇. Todo ello con independencia de que se vayan realizando posteriores modificaciones de este C骴igo, con car醕ter eminentemente t閏nico, con la finalidad de ir adapt醤dolo a la intervenci髇 sobre edificios existentes, que revestir韆n ya la forma de Orden Ministerial.

La disposici髇 final duod閏ima incluye una importante modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. En primer lugar, se completa la regulaci髇 del deber legal de conservaci髇, para sistematizar los tres niveles que ya, de conformidad con la legislaci髇 vigente, lo configuran: un primer nivel b醩ico o estricto, en el que el deber de conservaci髇 conlleva, con car醕ter general, el destino a usos compatibles con la ordenaci髇 territorial y urban韘tica y la necesidad de garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles. Adem醩, con car醕ter particular, el deber legal de conservaci髇 tambi閚 contiene la necesidad de satisfacer los requisitos b醩icos de la edificaci髇, establecidos en el art韈ulo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇, con lo que se dota de mayor coherencia a la tradicional referencia de este deber a la seguridad y a la salubridad, sin que el cumplimiento de estos requisitos signifique, con car醕ter general, la aplicaci髇 retroactiva del C骴igo T閏nico de la Edificaci髇, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, a la edificaci髇 construida con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.

Un segundo nivel, en el que el deber de conservaci髇 incluye los trabajos y obras necesarios para adaptar y actualizar progresivamente las edificaciones, en particular las instalaciones, a las normas legales que les vayan siendo expl韈itamente exigibles en cada momento. No se trata de aplicar con car醕ter retroactivo la normativa, sino de incluir en este deber las obligaciones que para la edificaci髇 existente expl韈itamente vaya introduciendo la normativa del sector con el objetivo de mantener sus condiciones de uso, de acuerdo con la evoluci髇 de las necesidades sociales.

Y un tercer nivel, en el que se define con mayor precisi髇 y se perfila m醩 espec韋icamente, el car醕ter de las obras adicionales incluidas dentro del propio deber de conservaci髇, por motivos de inter閟 general, desarrollando lo que la Ley de Suelo defini� como 玬ejora�. Se distinguen as� dos supuestos: los tradicionales motivos tur韘ticos o culturales, que ya forman parte de la legislaci髇 urban韘tica auton髆ica, y la mejora para la calidad y sostenibilidad del medio urbano, que introdujo la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Econom韆 Sostenible, y que puede consistir en la adecuaci髇 parcial, o completa, a todas o a alguna de las exigencias b醩icas establecidas en el ya citado C骴igo T閏nico de la Edificaci髇. En ambos casos, la imposici髇 del deber requerir� que la Administraci髇, de manera motivada, determine el nivel de calidad que deba ser alcanzado por el edificio, para cada una de las exigencias b醩icas a que se refiera la imposici髇 del mismo y su l韒ite se mantiene en los mismos t閞minos que ya contiene la legislaci髇 en vigor.

La modificaci髇 expuesta no impone, por tanto, nuevas obras de conservaci髇 de inmuebles, ya que el deber de conservaci髇 ha tenido y sigue teniendo los mismos contenidos que ahora observa el art韈ulo 9 del texto refundido de la Ley de Suelo. Tambi閚 son ya obligatorias, siempre que encajen en el concepto de ajustes razonables, las obras que deben garantizar la accesibilidad universal, teniendo como l韒ite m醲imo su cumplimiento el a駉 2015.

Otro objetivo que persigue la reforma del texto refundido de la Ley de Suelo es el de eliminar las cargas urban韘ticas injustificadas que existen en relaci髇 con los suelos ya urbanizados y que impiden llevar a la pr醕tica las actuaciones reguladas por esta Ley. Dichas cargas est醤 establecidas con una pr醕tica identidad entre los suelos en situaci髇 de urbanizados y los suelos en situaci髇 rural, con destino a una operaci髇 de transformaci髇 urban韘tica. En este sentido, se completa la escueta regulaci髇 contenida respecto del suelo en situaci髇 de urbanizado, por el art韈ulo 12.2, con el objeto de permitir su utilizaci髇 instrumental al servicio del estatuto jur韉ico b醩ico de la propiedad del suelo y del r間imen de valoraciones e indemnizaciones. Se pretende tambi閚 limitar, a aquellos efectos, la posible consideraci髇 como suelos en situaci髇 de urbanizados de determinados suelos que, incluso al amparo del planeamiento urban韘tico, y sobre la base de su clasificaci髇 como suelos urbanos en su categor韆 de no consolidados, en absoluto la tienen, tanto de conformidad con la definici髇 estatal, como con la propia regulaci髇 auton髆ica. Esta modificaci髇 se complementa con la derogaci髇 del art韈ulo 2 del Reglamento de valoraciones, aprobado por el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, que ya se considera incompatible con la modificaci髇 legal.

Por lo que respecta a las actuaciones de transformaci髇 urban韘tica, se introducen modificaciones tendentes a adecuar sus actuales par醡etros a la realidad del medio urbano y de las actuaciones que se producen, tanto sobre el patrimonio edificado, como sobre los propios tejidos urbanos. Para ello, a las se馻ladas actuaciones, dentro de las cuales se incluyen las actuaciones de dotaci髇, se a馻den las denominadas 玜ctuaciones edificatorias�, que engloban, tanto las de nueva edificaci髇 y de sustituci髇 de la edificaci髇 existente, como las de rehabilitaci髇 edificatoria, entendiendo por tales la realizaci髇 de las obras y trabajos de mantenimiento o intervenci髇 en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes, en los t閞minos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇, cuando no concurran los elementos que configuran la esencia de las actuaciones de transformaci髇 urban韘tica. Entre ellos, la urbanizaci髇, la reforma o renovaci髇 de 閟ta y los reajustes entre nuevas dotaciones y los incrementos de edificabilidad o densidad y los cambios de uso. Tambi閚 se adapta a este nuevo r間imen, el de los deberes urban韘ticos establecidos por el art韈ulo 16 del vigente texto refundido de la Ley de Suelo, a la vez que se incorpora en la documentaci髇 de los instrumentos de planificaci髇 que comprendan la ordenaci髇 de dichas intervenciones, una memoria de sostenibilidad econ髆ica cuyo objeto ser� asegurar, con car醕ter previo a la ejecuci髇 de las mismas, que se produce un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas.

Con la misma idea de flexibilizar, se incluye una modificaci髇 en la regla b醩ica estatal que, desde el a駉 2007, ha tratado de garantizar una oferta m韓ima de suelo para vivienda asequible, exigiendo un 30 % de la edificabilidad residencial prevista, en todos los suelos que fuesen objeto de actuaciones de urbanizaci髇. Esta regla, que se aplicaba por igual a los suelos urbanos y a los suelos urbanizables, se flexibiliza de manera espec韋ica cuando la actuaci髇 se realiza sobre suelo en situaci髇 de urbanizado, con la idea de asegurar en la mayor medida posible la ya complicada viabilidad de las operaciones de renovaci髇 urbana que impliquen una reurbanizaci髇 del 醡bito de actuaci髇.

Por 鷏timo, se incluyen tambi閚 normas excepcionales para aquellos supuestos en los que la actuaci髇 se proyecta sobre zonas muy degradadas de las ciudades, o con un porcentaje de infravivienda muy elevado, en los que, tanto la inexistencia de suelos disponibles en su entorno inmediato para dotar de coherencia a los deberes de entrega de suelo, como el cumplimiento de determinadas cargas, podr韆n frustrar su finalidad prioritaria, que es superar tales situaciones. En tales casos, la regla excepcional se justifica por la necesidad de priorizar entre los diversos intereses p鷅licos en presencia.

La disposici髇 final decimotercera modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para incorporar una nueva disposici髇 adicional trig閟ima cuarta que explicita que, en los contratos ejecutados aportando de forma sucesiva bienes y servicios de precio unitario, las demandas de la Administraci髇 que sobrepasen el presupuesto m醲imo que fue objeto de licitaci髇 para adjudicar el contrato, tendr醤 el tratamiento de modificaciones previstas en la documentaci髇 que rige la licitaci髇 de dicho contrato.

Las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta modifican, respectivamente, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito. En ambos casos se trata de incluir meras mejoras t閏nicas.

La disposici髇 final decimosexta modifica la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2013 para introducir elementos adicionales de transparencia que, adem醩, resultan acordes con la pr醕tica habitual existente en la actualidad.

La disposici髇 final decimos閜tima modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protecci髇 a los deudores hipotecarios, reestructuraci髇 de deuda y alquiler social, nuevamente con el objetivo de aportar una mejora t閏nica.

La disposici髇 final decimoctava remite a un posterior desarrollo reglamentario, mediante Orden de los Ministerios de Industria, Energ韆 y Turismo, y de Fomento, la determinaci髇 de las cualificaciones que se requerir醤 para suscribir los Informes de Evaluaci髇 de Edificios que regula esta Ley, as� como los medios de acreditaci髇 Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de Evaluaci髇 de Edificios.

Las dos 鷏timas disposiciones finales, es decir, la decimonovena y vig閟ima contienen los habituales contenidos dedicados a fundamentar los t韙ulos competenciales del Estado en las materias reguladas y la entrada en vigor de la propia Ley.

T蚑ULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

T蚑ULO I
El Informe de Evaluaci髇 de los Edificios

LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

T蚑ULO II
Las actuaciones sobre el medio urbano

CAP蚑ULO I
Actuaciones y sujetos obligados

CAP蚑ULO II
Ordenaci髇 y gesti髇

CAP蚑ULO III
F髍mulas de cooperaci髇 y coordinaci髇 para participar en la ejecuci髇

LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

DISPOSICIONES ADICIONALES

LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal

Se modifican los art韈ulos 2, 3, 9, 10 y 17 y la disposici髇 adicional de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.

Uno. Se adicionan las letras d) y e) al art韈ulo 2, que quedan redactadas de la siguiente manera:

• 玠) A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el t韙ulo constitutivo, varios propietarios disponen, en r間imen de comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes dotados de unidad e independencia funcional o econ髆ica.
• e) A las entidades urban韘ticas de conservaci髇 en los casos en que as� lo dispongan sus estatutos.�

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Dos. El art韈ulo 3 queda redactado de la siguiente manera:

獷n el r間imen de propiedad establecido en el art韈ulo 396 del C骴igo Civil corresponde a cada piso o local:

• a) El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitect髇icos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que est閚 comprendidos dentro de sus l韒ites y sirvan exclusivamente al propietario, as� como el de los anejos que expresamente hayan sido se馻lados en el t韙ulo, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado.
• b) La copropiedad, con los dem醩 due駉s de pisos o locales, de los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes.

A cada piso o local se atribuir� una cuota de participaci髇 con relaci髇 al total del valor del inmueble y referida a cent閟imas del mismo. Dicha cuota servir� de m骴ulo para determinar la participaci髇 en las cargas y beneficios por raz髇 de la comunidad. Las mejoras o menoscabos de cada piso o local no alterar醤 la cuota atribuida, que s髄o podr� variarse de acuerdo con lo establecido en los art韈ulos 10 y 17 de esta Ley.

Cada propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los elementos que lo integran y sin que la transmisi髇 del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este r間imen de propiedad.�

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Tres. Las letras c), e) y f) del apartado 1 del art韈ulo 9 y el apartado 2 del mismo art韈ulo, quedan redactados de la siguiente manera:

• 玞) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en 閘 las servidumbres imprescindibles requeridas para la realizaci髇 de obras, actuaciones o la creaci髇 de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los da駉s y perjuicios ocasionados.
• […]
• e) Contribuir, con arreglo a la cuota de participaci髇 fijada en el t韙ulo o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualizaci髇.
  Los cr閐itos a favor de la comunidad derivados de la obligaci髇 de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y los tres a駉s anteriores tienen la condici髇 de preferentes a efectos del art韈ulo 1.923 del C骴igo Civil y preceden, para su satisfacci髇, a los citados en los n鷐eros 3.�, 4.� y 5.� de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los cr閐itos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
  El adquirente de una vivienda o local en r間imen de propiedad horizontal, incluso con t韙ulo inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el l韒ite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisici髇 y a los tres a駉s naturales anteriores. El piso o local estar� legalmente afecto al cumplimiento de esta obligaci髇.
  En el instrumento p鷅lico mediante el que se transmita, por cualquier t韙ulo, la vivienda o local el transmitente, deber� declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deber� aportar en este momento certificaci髇 sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaraci髇, sin la cual no podr� autorizarse el otorgamiento del documento p鷅lico, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligaci髇 por el adquirente. La certificaci髇 ser� emitida en el plazo m醲imo de siete d韆s naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responder醤, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso en su emisi髇.
• f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participaci髇, a la dotaci髇 del fondo de reserva que existir� en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservaci髇 y reparaci髇 de la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitaci髇.
  El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estar� dotado con una cantidad que en ning鷑 caso podr� ser inferior al 5 por ciento de su 鷏timo presupuesto ordinario.
  Con cargo al fondo de reserva la comunidad podr� suscribir un contrato de seguro que cubra los da駉s causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.

2. Para la aplicaci髇 de las reglas del apartado anterior se reputar醤 generales los gastos que no sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilizaci髇 de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 17.4.�

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Cuatro. El art韈ulo 10 queda redactado de la siguiente manera:

�1. Tendr醤 car醕ter obligatorio y no requerir醤 de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificaci髇 del t韙ulo constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones P鷅licas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

• a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservaci髇 del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos b醩icos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, as� como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposici髇, por parte de la Administraci髇, del deber legal de conservaci髇.
• b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta a駉s, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, as� como la instalaci髇 de rampas, ascensores u otros dispositivos mec醤icos y electr髇icos que favorezcan la orientaci髇 o su comunicaci髇 con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas p鷅licas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminar� el car醕ter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, m醩 all� de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.
• c) La ocupaci髇 de elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras a las que se refieren las letras anteriores.
• d) La construcci髇 de nuevas plantas y cualquier otra alteraci髇 de la estructura o f醔rica del edificio o de las cosas comunes, as� como la constituci髇 de un complejo inmobiliario, tal y como prev� el art韈ulo 17.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusi髇 del inmueble en un 醡bito de actuaci髇 de rehabilitaci髇 o de regeneraci髇 y renovaci髇 urbana.
• e) Los actos de divisi髇 material de pisos o locales y sus anejos para formar otros m醩 reducidos e independientes, el aumento de su superficie por agregaci髇 de otros colindantes del mismo edificio, o su disminuci髇 por segregaci髇 de alguna parte, realizados por voluntad y a instancia de sus propietarios, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusi髇 del inmueble en un 醡bito de actuaci髇 de rehabilitaci髇 o de regeneraci髇 y renovaci髇 urbanas.

2. Teniendo en cuenta el car醕ter de necesarias u obligatorias de las actuaciones referidas en las letras a) a d) del apartado anterior, proceder� lo siguiente:

• a) Ser醤 costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupaci髇 de comunidades, limit醤dose el acuerdo de la Junta a la distribuci髇 de la derrama pertinente y a la determinaci髇 de los t閞minos de su abono.
• b) Los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecuci髇 de las 髍denes dictadas por la autoridad competente responder醤 individualmente de las sanciones que puedan imponerse en v韆 administrativa.
• c) Los pisos o locales quedar醤 afectos al pago de los gastos derivados de la realizaci髇 de dichas obras o actuaciones en los mismos t閞minos y condiciones que los establecidos en el art韈ulo 9 para los gastos generales.

3. Requerir醤 autorizaci髇 administrativa, en todo caso:

• a) La constituci髇 y modificaci髇 del complejo inmobiliario a que se refiere el art韈ulo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en sus mismos t閞minos.
• b) Cuando as� se haya solicitado, previa aprobaci髇 por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participaci髇, la divisi髇 material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros m醩 reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregaci髇 de otros colindantes del mismo edificio o su disminuci髇 por segregaci髇 de alguna parte; la construcci髇 de nuevas plantas y cualquier otra alteraci髇 de la estructura o f醔rica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificaci髇 de la envolvente para mejorar la eficiencia energ閠ica, o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el art韈ulo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

En estos supuestos deber� constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponder� a la Junta de Propietarios, de com鷑 acuerdo con aqu閘los, y por mayor韆 de tres quintas partes del total de los propietarios, la determinaci髇 de la indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios que corresponda. La fijaci髇 de las nuevas cuotas de participaci髇, as� como la determinaci髇 de la naturaleza de las obras que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerir� la adopci髇 del oportuno acuerdo de la Junta de Propietarios, por id閚tica mayor韆. A este respecto tambi閚 podr醤 los interesados solicitar arbitraje o dictamen t閏nico en los t閞minos establecidos en la Ley.�

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Cinco. El art韈ulo 17 queda redactado de la siguiente manera:

獿os acuerdos de la Junta de propietarios se sujetar醤 a las siguientes reglas:

• 1. La instalaci髇 de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaci髇 regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaci髇, o la adaptaci髇 de los existentes, as� como la instalaci髇 de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energ韆s renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energ閠icos colectivos, podr� ser acordada, a petici髇 de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participaci髇.
  La comunidad no podr� repercutir el coste de la instalaci髇 o adaptaci髇 de dichas infraestructuras comunes, ni los derivados de su conservaci髇 y mantenimiento posterior, sobre aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitasen el acceso a los servicios de telecomunicaciones o a los suministros energ閠icos, y ello requiera aprovechar las nuevas infraestructuras o las adaptaciones realizadas en las preexistentes, podr� autoriz醨seles siempre que abonen el importe que les hubiera correspondido, debidamente actualizado, aplicando el correspondiente inter閟 legal.
  No obstante lo dispuesto en el p醨rafo anterior respecto a los gastos de conservaci髇 y mantenimiento, la nueva infraestructura instalada tendr� la consideraci髇, a los efectos establecidos en esta Ley, de elemento com鷑.
• 2. Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 10.1 b), la realizaci髇 de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresi髇 de barreras arquitect髇icas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificaci髇 del t韙ulo constitutivo, o de los estatutos, requerir� el voto favorable de la mayor韆 de los propietarios, que, a su vez, representen la mayor韆 de las cuotas de participaci髇.
  Cuando se adopten v醠idamente acuerdos para la realizaci髇 de obras de accesibilidad, la comunidad quedar� obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
• 3. El establecimiento o supresi髇 de los servicios de porter韆, conserjer韆, vigilancia u otros servicios comunes de inter閟 general, supongan o no modificaci髇 del t韙ulo constitutivo o de los estatutos, requerir醤 el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participaci髇.
  Id閚tico r間imen se aplicar� al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso espec韋ico en el inmueble y el establecimiento o supresi髇 de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energ閠ica o h韉rica del inmueble. En 閟te 鷏timo caso, los acuerdos v醠idamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopci髇 del acuerdo bastar� el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participaci髇, aplic醤dose, en este caso, el sistema de repercusi髇 de costes establecido en dicho apartado.
• 4. Ning鷑 propietario podr� exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservaci髇, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, seg鷑 su naturaleza y caracter韘ticas.
  No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participaci髇, se adopten v醠idamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservaci髇, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalaci髇 exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultar� obligado, ni se modificar� su cuota, incluso en el caso de que no pueda priv醨sele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovaci髇, habr� de abonar su cuota en los gastos de realizaci髇 y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicaci髇 del correspondiente inter閟 legal.
  No podr醤 realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso.
• 5. La instalaci髇 de un punto de recarga de veh韈ulos el閏tricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que 閟te se ubique en una plaza individual de garaje, s髄o requerir� la comunicaci髇 previa a la comunidad. El coste de dicha instalaci髇 y el consumo de electricidad correspondiente ser醤 asumidos 韓tegramente por el o los interesados directos en la misma.
• 6. Los acuerdos no regulados expresamente en este art韈ulo, que impliquen la aprobaci髇 o modificaci髇 de las reglas contenidas en el t韙ulo constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad, requerir醤 para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de las cuotas de participaci髇.
• 7. Para la validez de los dem醩 acuerdos bastar� el voto de la mayor韆 del total de los propietarios que, a su vez, representen la mayor韆 de las cuotas de participaci髇. En segunda convocatoria ser醤 v醠idos los acuerdos adoptados por la mayor韆 de los asistentes, siempre que 閟ta represente, a su vez, m醩 de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.
  Cuando la mayor韆 no se pudiere lograr por los procedimientos establecidos en los apartados anteriores, el Juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda Junta, y oyendo en comparecencia los contradictores previamente citados, resolver� en equidad lo que proceda dentro de veinte d韆s, contados desde la petici髇, haciendo pronunciamiento sobre el pago de costas.
• 8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificaci髇 o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computar醤 como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el art韈ulo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicaci髇 a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 d韆s naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepci髇.
• 9. Los acuerdos v醠idamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en este art韈ulo obligan a todos los propietarios.
• 10. En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar resolver� lo procedente la Junta de propietarios. Tambi閚 podr醤 los interesados solicitar arbitraje o dictamen t閏nico en los t閞minos establecidos en la Ley.
• 11. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble ser醤 a cargo de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de dichas mejoras.�

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Seis El apartado 2 de la disposici髇 adicional queda redactado en los siguientes t閞minos:

�2. La dotaci髇 del fondo de reserva no podr� ser inferior, en ning鷑 momento del ejercicio presupuestario, al m韓imo legal establecido.

Las cantidades detra韉as del fondo durante el ejercicio presupuestario para atender los gastos de las obras o actuaciones incluidas en el art韈ulo 10 se computar醤 como parte integrante del mismo a efectos del c醠culo de su cuant韆 m韓ima.

Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuar醤 las aportaciones necesarias para cubrir las cantidades detra韉as del fondo de reserva conforme a lo se馻lado en el p醨rafo anterior.�

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Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenaci髇 del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria

Se modifica el apartado 1 de la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenaci髇 del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

�1. Continuar醤 subsistentes las autorizaciones y concesiones de expendedur韆s de r間imen especial, otorgadas al amparo de la normativa anterior o aduanera, as� como las otorgadas a establecimientos autorizados para la venta de labores de tabaco libre de impuestos existentes al tiempo de la entrada en vigor de esta Ley aunque pierdan con posterioridad este car醕ter. Asimismo, podr醤 concederse nuevas autorizaciones para la venta de labores de tabaco, en el r間imen fiscal que corresponda, a establecimientos que pudieran ser de este tipo, preexistentes o no, que no contasen con las oportunas autorizaciones a la entrada en vigor de esta Ley. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones P鷅licas, desarrollar� dicho r間imen y, en su caso, introducir� las modificaciones del mismo que resulten necesarias.�

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Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇

Se modifican los art韈ulos 2 y 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci髇 de la Edificaci髇.

Uno. El apartado 2 del art韈ulo 2, queda redactado de la siguiente manera:

�2. Tendr醤 la consideraci髇 de edificaci髇 a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerir醤 un proyecto seg鷑 lo establecido en el art韈ulo 4, las siguientes obras:

• a) Obras de edificaci髇 de nueva construcci髇, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez t閏nica que no tengan, de forma eventual o permanente, car醕ter residencial ni p鷅lico y se desarrollen en una sola planta.
• b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuraci髇 arquitect髇ica, entendiendo por tales las que tengan car醕ter de intervenci髇 total o las parciales que produzcan una variaci髇 esencial de la composici髇 general exterior, la volumetr韆, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos caracter韘ticos del edificio.
• c) Obras que tengan el car醕ter de intervenci髇 total en edificaciones catalogadas o que dispongan de alg鷑 tipo de protecci髇 de car醕ter ambiental o hist髍ico-art韘tico, regulada a trav閟 de norma legal o documento urban韘tico y aquellas otras de car醕ter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protecci髇.�

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Dos. El p醨rafo primero del apartado 1 del art韈ulo 3 queda redactado de la siguiente manera:

獳rt韈ulo 3 Requisitos b醩icos de la edificaci髇

1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protecci髇 del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos b醩icos de la edificaci髇, que deber醤 satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcci髇, el mantenimiento, la conservaci髇 y el uso de los edificios y sus instalaciones, as� como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:�

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Tres. El p醨rafo primero del apartado 2 del art韈ulo 3 queda redactado de la siguiente manera:

�2. El C骴igo T閏nico de la Edificaci髇 es el marco normativo que establece las exigencias b醩icas de calidad de los edificios de nueva construcci髇 y de sus instalaciones, as� como de las intervenciones que se realicen en los edificios existentes, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del art韈ulo 2.2, de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos b醩icos.�

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Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Se modifican los art韈ulos 552 y 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Uno. El p醨rafo segundo del apartado 1 del art韈ulo 552 queda redactado como sigue:

獵uando el tribunal apreciare que alguna de las cl醬sulas incluidas en un t韙ulo ejecutivo de los citados en el art韈ulo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dar� audiencia por quince d韆s a las partes. O韉as 閟tas, acordar� lo procedente en el plazo de cinco d韆s h醔iles conforme a lo previsto en el art韈ulo 561.1.3.

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Dos. El apartado 2 del art韈ulo 695 queda redactado como sigue:

�2. Formulada la oposici髇 a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspender� la ejecuci髇 y convocar� a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecuci髇, debiendo mediar quince d韆s desde la citaci髇, comparecencia en la que el Tribunal oir� a las partes, admitir� los documentos que se presenten y acordar� en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo d韆.�

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Disposici髇 final s閜tima Modificaci髇 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Se a馻de una nueva disposici髇 adicional vig閟ima tercera a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con la siguiente redacci髇:

獶isposici髇 adicional vig閟ima tercera Colaboraci髇 de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado con la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal

Con la finalidad de colaborar con la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal se autoriza la cesi髇 de datos de naturaleza tributaria o subvencional por parte de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado. Los datos cedidos tienen car醕ter reservado y s髄o podr醤 ser utilizados para la efectiva aplicaci髇 de los tributos o recursos cuya gesti髇 tenga encomendada y para la imposici髇 de las sanciones que procedan. La informaci髇 deber� ser suministrada preferentemente mediante la utilizaci髇 de medios inform醫icos o telem醫icos y estar� protegida por los mismos requerimientos de acceso y cesi髇 que los exigidos en cada uno de los sistemas de origen.�

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Disposici髇 final novena Modificaci髇 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Se a馻de una nueva letra l) al apartado 1 del art韈ulo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la siguiente redacci髇:

玪) La colaboraci髇 con la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gesti髇 econ髆ico-financiera, el seguimiento del d閒icit p鷅lico, el control de subvenciones y ayudas p鷅licas y la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del Sector P鷅lico.�

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Disposici髇 final d閏ima Modificaci髇 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

Se modifica el art韈ulo 167 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

獳rt韈ulo 167 Estructura de los estados de ingresos y gastos

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas establecer� con car醕ter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales teniendo en cuenta la naturaleza econ髆ica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos 鷏timos se propongan conseguir y de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes apartados de este art韈ulo.

2. Las entidades locales podr醤 clasificar los gastos e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo con sus reglamentos o decretos de organizaci髇.

3. Los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales aplicar醤 las clasificaciones por programas y econ髆ica de acuerdo con los siguientes criterios:

• a) La clasificaci髇 por programas que constar� de los siguientes niveles: el primero relativo al 醨ea de gasto, el segundo a la pol韙ica de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividir醤 en programas. Esta clasificaci髇 podr� ampliarse en m醩 niveles, relativos a subprogramas respectivamente.
  En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el 醡bito de las entidades locales, los niveles de 醨ea de gasto y de pol韙ica de gasto se ajustar醤 a los establecidos para la Administraci髇 del Estado.
• b) La clasificaci髇 econ髆ica presentar� con separaci髇 los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:
  En los cr閐itos para gastos corrientes se incluir醤 los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.
  En los cr閐itos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.
• c) la clasificaci髇 econ髆ica constar� de tres niveles, el primero relativo al cap韙ulo, el segundo al art韈ulo y el tercero al concepto. Esta clasificaci髇 podr� ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de cap韙ulo y art韈ulo habr醤 de ser los mismos que los establecidos para la Administraci髇 del Estado.

4. La aplicaci髇 presupuestaria cuya expresi髇 cifrada constituye el cr閐ito presupuestario vendr� definida, al menos, por la conjunci髇 de las clasificaciones por programas y econ髆ica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.

En el caso de que la entidad local opte por utilizar la clasificaci髇 org醤ica, 閟ta integrar� asimismo la aplicaci髇 presupuestaria.

El control contable de los gastos se realizar� sobre la aplicaci髇 presupuestaria antes definida y el fiscal sobre el nivel de vinculaci髇 determinado conforme dispone el art韈ulo 172 de esta Ley.

5. El Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas establecer� la estructura de la informaci髇 de los presupuestos, de su ejecuci髇 y liquidaci髇, a la que deber醤 ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisi髇 de dicha informaci髇.�

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LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

Disposici髇 final decimotercera Modificaci髇 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Se a馻de una nueva disposici髇 adicional trig閟ima cuarta, al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P鷅lico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con el siguiente tenor:

獶isposici髇 adicional trig閟ima cuarta. Contratos de suministros y servicios en funci髇 de las necesidades.

En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones P鷅licas y dem醩 entidades del sector p鷅lico con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el n鷐ero total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar 閟te, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administraci髇, deber� aprobarse un presupuesto m醲imo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deber� tramitarse la correspondiente modificaci髇. A tales efectos, habr� de preverse en la documentaci髇 que rija la licitaci髇 la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 106 de esta Ley. La citada modificaci髇 deber� tramitarse antes de que se agote el presupuesto m醲imo inicialmente aprobado, reserv醤dose a tal fin el cr閐ito necesario para cubrir el importe m醲imo de las nuevas necesidades.�

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Disposici髇 final decimoquinta Modificaci髇 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito

Se modifica la disposici髇 final vig閟ima primera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuraci髇 y resoluci髇 de entidades de cr閐ito, que queda redactada como sigue:

獶isposici髇 final vig閟ima primera Finalizaci髇 de la vigencia del Cap韙ulo VII

Lo dispuesto en el Cap韙ulo VII de esta Ley ser� aplicable hasta el 31 de diciembre de 2013.�

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Disposici髇 final decimosexta Modificaci髇 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2013

Se adiciona un p醨rafo final al apartado tres de la disposici髇 adicional d閏ima tercera, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2013, con la siguiente redacci髇:

獳 los efectos de esta bonificaci髇, del importe de la tarifa bonificable se deducir� el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales p鷅licas a que se refieren las letras d), e) y f) del art韈ulo 68.2, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad A閞ea, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecer醤 desglosadas en la documentaci髇 justificativa de los cupones de vuelo.�

LE0000495586_20210101

LE0000561510_20220616 Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 31 octubre 2015

Disposici髇 final decimonovena Car醕ter b醩ico y t韙ulos competenciales

1. La presente Ley tiene el car醕ter de legislaci髇 b醩ica sobre bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇.

2. Adicionalmente, la presente Ley se dicta al amparo de los siguientes t韙ulos competenciales:

• 1.� Los art韈ulos 1 a 4, 8 y 15, las disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda, las disposiciones finales sexta, s閜tima, d閏ima y und閏ima y los apartados uno a diez y trece de la disposici髇 final duod閏ima, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.�, 16.�, 18.�, 23.� y 25.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia sobre regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, bases y coordinaci髇 general de la sanidad, bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente y bases del r間imen energ閠ico.
• 2.� Los art韈ulos 5, 11, 12 y 14, las disposiciones finales primera y tercera, y los apartados once y doce y catorce a diecisiete de la disposici髇 final duod閏ima, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.8.� y 18.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia sobre legislaci髇 civil, procedimiento administrativo com鷑, legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa y el sistema de responsabilidad de las Administraciones P鷅licas.
• 3.� La disposici髇 adicional segunda, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia sobre Hacienda general y deuda del Estado.
• 4.� El art韈ulo 6 y la disposici髇 final decimoctava, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.30.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia sobre regulaci髇 de las condiciones de obtenci髇, expedici髇 y homologaci髇 de t韙ulos acad閙icos y profesionales.
• 5.� La disposici髇 final cuarta, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislaci髇 procesal.
• 6.� La disposici髇 final quinta, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.20.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia en materia de control del tr醤sito y transporte a閞eo.
• 7.� La disposici髇 final decimotercera, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislaci髇 b醩ica sobre contratos.
• 8.� Las disposiciones finales decimocuarta y decimoquinta, al amparo de lo dispuesto en al art韈ulo 149.1.11.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases de la ordenaci髇 de cr閐ito, banca y seguros.

3. Lo dispuesto en esta Ley se aplicar� sin perjuicio de los reg韒enes civiles, forales o especiales, all� donde existen.

Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).LE0000561510_20220616

Disposici髇 final vig閟ima Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

Por tanto,

Art韈ulos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duod閏ima y decimoctava, as� como las disposiciones finales decimonovena y vig閟ima, en la medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposici髇 deroga, derogados por la letra b) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana (獴.O.E.� 31 octubre).LE0000561510_20220616

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.