ANEXO

Acuerdo del 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial para la mejora del sistema para la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia

PRE罬BULO

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de Dependencia (en adelante Ley), aprobada con un amplio consenso entre las fuerzas pol韙icas, supuso un avance en el bienestar de las personas y ha contado con la colaboraci髇 de todas las Administraciones P鷅licas en su desarrollo. Conseguir, un Sistema de la Dependencia, no s髄o de calidad, sino tambi閚 sostenible, es un objetivo de todas las Administraciones P鷅licas.

El Pleno del Consejo Territorial del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, en la sesi髇 celebrada el d韆 12 de abril de 2012, aprob� el avance de la evaluaci髇 de la Ley, transcurridos los cinco a駉s primeros de aplicaci髇 de la misma, adoptando el Acuerdo de acometer las mejoras en el Sistema de la Dependencia que fueran necesarias para asegurar su sostenibilidad, presente y de futuro as� como asegurar y fortalecer en todo el 醡bito nacional el desarrollo de la dicha Ley.

Una vez realizada la evaluaci髇 de resultados definitiva de la misma y aprobado su contenido, es preciso abordar de forma consensuada las mejoras que sean necesarias en este 醡bito, con escrupuloso respeto de las competencias que las Comunidades Aut髇omas y el resto de Administraciones P鷅licas tienen asignadas en la materia,

Concluidos los trabajos de los Grupos constituidos en el seno del Consejo Territorial y analizadas las distintas experiencias en el desarrollo y aplicaci髇 de la Ley conjuntamente con las Comunidades Aut髇omas, es necesaria la adopci髇 de criterios m韓imos y comunes para todo el territorio nacional, que garanticen el Principio de Igualdad y la propuesta de modificaciones en el Sistema de Atenci髇 a la Dependencia que sean necesarias, incluidas las normativas. Para ello es necesario abordar, de forma consensuada, un conjunto de medidas de mejora del Sistema de la Dependencia.

I. Razones que avalan las medidas de mejora propuestas

Del an醠isis realizado conjuntamente con las Comunidades Aut髇omas, se deducen distintas razones que avalan las medidas de mejora que se proponen:

• – Se ha producido una importante desigualdad de la aplicaci髇 de la Ley por parte de las Comunidades Aut髇omas ante situaciones de Dependencia similares, con desarrollos normativos dispares que afectan tanto a la prestaci髇 de servicios, al procedimiento y tiempo en acceder a las prestaciones y servicios, como a la determinaci髇 de la capacidad econ髆ica del usuario y su aportaci髇 al coste de las mismas. Para ello debe establecerse un desarrollo normativo m韓imo, com鷑 y homog閚eo que permita una aplicaci髇 coherente en todo el Estado de la normativa de la Dependencia, a fin de contribuir a garantizar el principio de igualdad.
• – En muchos casos, no parece que exista correlaci髇 entre las situaciones personales de dependencia con los servicios y prestaciones que reciben para su atenci髇, dado que no existen diferencias relevantes en la forma de atender a las personas dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia, a la vista de los servicios y prestaciones que se les asignan. Tampoco existen diferencias relevantes en el proceso de valoraci髇 de las situaciones de dependencia entre niveles dentro del mismo grado de dependencia, produci閚dose grandes diferencias entre Comunidades Aut髇omas en estos aspectos. Por ello es necesaria la simplificaci髇 y mejora del proceso de valoraci髇 de la Dependencia y su Procedimiento para el acceso a las Prestaciones, as� como de los Sistemas de Informaci髇.

  Por otro lado, se ha constatado con las Comunidades Aut髇omas que la media de intensidades, medida en horas, para el servicio de ayuda a domicilio, est� por debajo de las indicadas en la normativa inicial.

• – Es imprescindible atender primero a las personas que, estando dentro del Sistema, se encuentran pendientes de atenci髇. El esp韗itu establecido en la Ley es atender de forma prioritaria a las personas de mayor grado de dependencia, y de forma progresiva a los de menor grado de dependencia. La situaci髇 de estos 鷏timos cinco a駉s ha demostrado que conviven simult醤eamente en el Sistema de la Dependencia personas con un grado mayor de dependencia, pendientes de ser atendidas, con otras, de menor grado de dependencia, que se estaban incorporando al Sistema.

  La atenci髇 a los m醩 dependientes, adem醩 de ser un principio recogido en la Ley, responde a un principio de justicia y prioridad en la asignaci髇 de recursos, m醩 si cabe en la situaci髇 econ髆ica y presupuestaria actual.

  A 1-1-12, hay 1.057.946 beneficiarios con derecho a recibir servicios y prestaciones, de ellos, 752.005 (71,08%) ya las tienen concedidas y para otros 305.941 (28,92%) se est醤 ultimando los tr醡ites para su concesi髇.

• – El incumplimiento de las expectativas generadas, tanto en empleo como en actividad econ髆ica, dado que no se ha priorizado la atenci髇 a trav閟 de la Red de Financiaci髇 P鷅lica de Servicios Sociales de las Comunidades Aut髇omas, generadora de empleo y actividad econ髆ica, prim醤dose, por el contrario, las ayudas a cuidadores no profesionales, contraviniendo el esp韗itu y letra de la Ley, que lo consideraba una excepci髇.
• – La prestaci髇 econ髆ica para cuidados en el entorno familiar, excepci髇 prevista en la Ley, supone a 1-1-2012 un 45,50% de media en el conjunto de servicios y prestaciones para la atenci髇 de la Dependencia. Esta prestaci髇, por sus peculiares caracter韘ticas, no es la que realmente genera empleo y actividad econ髆ica. Por el contrario las prestaciones a trav閟 de los Servicios s� las generan. Las afiliaciones al R間imen General de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 Altas en 2007 a 8.034 Bajas en 2011. Por otro lado, las Altas en el R間imen General de la Seguridad Social de cuidadores familiares no profesionales han sido, entre 2007 y 2011, de 174.133. Estas cuotas son abonadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros en dicho periodo. Es necesario por ello una revisi髇 en profundidad, conjuntamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del sistema de Afiliaci髇, Alta y Cotizaci髇 de los cuidadores en el entorno familiar.
• – El cambio de las condiciones socioecon髆icas producido en nuestro pa韘 en los 鷏timos a駉s, con importante desempleo en los n鷆leos familiares, ha contribuido a impulsar la concesi髇 de prestaciones econ髆icas por cuidados familiares, por lo que miembros de la unidad familiar han decidido atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda econ髆ica por realizarla. Por ello, parece adecuada una revisi髇 de las condiciones para la concesi髇 de este tipo de prestaciones econ髆icas, garantizando as� el esp韗itu de excepcionalidad contemplado en la Ley.
• – La aportaci髇 realizada a las CC.AA. a trav閟 de los Presupuestos Generales del Estado no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios. Las Comunidades Aut髇omas que durante estos 5 鷏timos a駉s han desarrollado una mejor y m醩 profesionalizada atenci髇 a las personas dependientes, a trav閟 de su Red P鷅lica de Servicios Sociales, no son las que m醩 fondos han recibido en relaci髇 a la poblaci髇 potencialmente dependiente a atender (esta variable de referencia es un indicador com鷑 para todas ellas). Por ello, para conseguir priorizar la prestaci髇 de servicios profesionalizados, es necesaria su ponderaci髇 positiva en los criterios de financiaci髇 del nivel m韓imo aportado por la Administraci髇 General del Estado a trav閟 de los Presupuestos Generales del Estado.
• – La necesidad de corregir el desfase entre las previsiones iniciales y los datos actuales, tanto en la financiaci髇 del Sistema como en el n鷐ero de personas dependientes. En el per韔do 2007 -2011, la financiaci髇 acumulada en los Presupuestos Generales del Estado ha superado en 2.700 millones de euros las previsiones iniciales. En cuanto al n鷐ero de personas atendidas, la previsi髇 en 2007 era de 1.173.764 de personas dependientes, y la realidad a 1 de enero de 2012, sin haberse implantado totalmente la Ley, es de 1.612.729 personas solicitantes, de las que se han valorado 1.503.758 personas, de las cuales se ha reconocido alguna situaci髇 de Dependencia a 1.280.006 (G.III, G.II y G.I N.2), es decir a 1.057.946 personas, de los cuales el 71,09% ya la tienen concedida (752.005 personas). En cuanto a la previsi髇 de Grandes Dependientes, en 2007 se preve韆n 205.915 personas y en 2011 hab韆 431.811 personas, 225.896 m醩 de las previstas, lo que supone un 110% de desviaci髇. Para su correcci髇 en el futuro, es necesaria la mejora de distintos aspectos del proceso de valoraci髇 y determinaci髇 de la situaci髇 de dependencia.

II

La mejora, simplificaci髇 y ordenaci髇 del actual Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, con el fin de garantizar su sostenibilidad actual y para el futuro, y la adopci髇 de medidas de mejora b醩icas en las materias identificadas, que garanticen la igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones y servicios en el conjunto del territorio nacional, debe construirse a trav閟 del consenso de todas las Administraciones P鷅licas implicadas, a trav閟 de un Acuerdo, cuyas medidas habr醤 de instrumentarse a trav閟 de Acuerdos del propio Consejo Territorial o de las modificaciones normativas que sean precisas.

Las Comunidades Aut髇omas, la representaci髇 de las Administraciones Locales a trav閟 de la Federaci髇 Espa駉la de Municipios y Provincias y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que suscriben el presente acuerdo, manifiestan la necesidad de realizar mejoras para la sostenibilidad del Sistema de la Dependencia.

III

En el marco de la cooperaci髇 para el ejercicio de sus competencias, la Administraci髇 General del Estado y las Comunidades Aut髇omas crearon la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia. La atenci髇 a la dependencia forma parte de la cartera de servicios sociales y es una parte relevante de 閟tos. En ambos 髍ganos colegiados participan los mismos miembros de los respectivos Gobiernos, por lo que su composici髇, es id閚tica y, adem醩, sus funciones son similares. Por ello resulta necesario en aras de la simplificaci髇 administrativa, y de mejora en la eficiencia de la coordinaci髇 y cooperaci髇 de las Administraciones, armonizar dichos 髍ganos de participaci髇 en uno s髄o denominado Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia.

IV

Con el fin de ampliar el consenso y la mayor participaci髇 en este Acuerdo, se ha trasladado su contenido a los 髍ganos consultivos de apoyo y participaci髇 de este Consejo Territorial, esto es, al Consejo Estatal de Personas Mayores, al Consejo Nacional de la Discapacidad, al Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acci髇 Social y al Comit� Consultivo, y de cuyo proceso de participaci髇 y di醠ogo, se han incorporado distintos aspectos consensuados en el seno de dichos 髍ganos.

Por todo ello, y una vez informados los 髍ganos de apoyo y participaci髇 del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, por acuerdo de su Comisi髇 Delegada, considerando que es una necesidad para conseguir una igualdad de derechos de todas las personas con independencia del territorio en el que residan y una aplicaci髇 normativa arm髇ica en todo el territorio nacional, as� como una obligaci髇 legal derivada de los mandatos contenidos en la Ley, en sus art韈ulos 8.2,10,14.4 y 7, 21, 27.1 y 2, 28.5, 33, 34.2 y 3, 35.1, 37 y Disposici髇 Adicional decimotercera, y en ejercicio de las funciones que le son atribuidas en el art韈ulo 8.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, con respeto a las competencias de cada una de las Administraciones P鷅licas y Entidades del Sistema de la Dependencia, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, acuerda:

Primero. Aprobaci髇 de la evaluaci髇 de resultados prevista en la Disposici髇 final primera de la Ley.

El Pleno del Consejo Territorial del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, en la sesi髇 celebrada el d韆 12 de abril de 2012, aprob� el avance de la evaluaci髇 de la Ley, transcurridos los cinco a駉s primeros de aplicaci髇 de la misma, adoptando el Acuerdo de acometer las mejoras en el Sistema de la Dependencia que fueran necesarias para asegurar su sostenibilidad, presente y de futuro as� como asegurar y fortalecer en todo el 醡bito nacional el desarrollo de la dicha Ley.

El Consejo Territorial del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia ser� el 髍gano encargado de realizar las evaluaciones anuales del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia.

Una vez realizada la evaluaci髇 definitiva, se aprueban los resultados contenidos en la misma, que pueden consultarse en la siguiente p醙ina web: www.imserso.es.

Segundo. Aprobaci髇 de las siguientes Propuestas de Mejora:

• 1.� Modificaci髇 de la actual clasificaci髇 de la situaci髇 de dependencia establecida por grados y niveles.

  Se acuerda modificar la actual estructura de grados y niveles para la determinaci髇 del grado de dependencia, que se contiene en el art韈ulo 26 de la Ley. La nueva estructura pasar� a tener una 鷑ica divisi髇 en 3 grados, desapareciendo la divisi髇 de dichos grados en niveles.

  Los nuevos grados ser醤 los siguientes:

  • • Grado III. Gran Dependencia.
  • • Grado II. Dependencia Severa.
  • • Grado I. Dependencia Moderada.

  Todas las nuevas resoluciones de valoraci髇 de grado de dependencia, desde la entrada en vigor de la norma que recoja el contenido de este apartado, se ajustar醤 a la nueva estructura de grados, incluidas las derivadas de procesos de revisi髇 u otras causas.

  Las personas que ya tuvieran reconocido grado y nivel, seguir醤 manteni閚dolos, sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 30 de la Ley a efectos de revisi髇.

• 2.� Adaptaci髇 de los criterios para determinar las intensidades de protecci髇 del servicio de ayuda a domicilio, a las necesidades reales de las personas en situaci髇 de dependencia.

  Se acuerda modificar las intensidades de protecci髇, referidas a horas/mes en el Servicio de Ayuda a Domicilio, conforme a los siguientes criterios:

  • • Para las personas que ingresen en el Sistema de Atenci髇 a la Dependencia, a partir de la entrada en vigor de la norma que reforme la clasificaci髇 de la situaci髇 de dependencia exclusivamente en grados, la intensidad hora/mes para el servicio de Ayuda a Domicilio ser�:
    • ○ Grado III: Entre 46 y 70 horas/mes.
    • ○ Grado II: Entre 21 y 45 horas/mes.
    • ○ Grado I: M醲imo de 20 horas/mes.
  • • Para las personas que a la entrada en vigor de la reforma, ya tuvieran reconocido grado y nivel, la intensidad para la ayuda a domicilio ser�:
    • ○ Grado III, nivel 2: Entre 56 y 70 horas/mes.
    • ○ Grado III, nivel 1: Entre 46 y 55 horas/mes.
    • ○ Grado II, nivel 2: Entre 31 y 45 horas/mes.
    • ○ Grado II, nivel 1: Entre 21 y 30 horas/mes.
    • ○ Grado I, niveles 1 y 2: M醲imo de 20 horas/mes.

    @END_LIST

    En el Programa Individual de Atenci髇, se deber� diferenciar, dentro de las horas de ayuda a domicilio, las relativas a necesidades dom閟ticas o del hogar, de las de atenci髇 personal para las actividades de la vida diaria. Los servicios relacionados con la atenci髇 de las necesidades dom閟ticas o del hogar, limpieza, lavado, cocina u otros, deber醤 prestarse conjuntamente con los servicios de atenci髇 personal para las actividades de la vida diaria.

    En dicho Programa Individual de Atenci髇, las Comunidades Aut髇omas establecer醤 la gradualidad de las anteriores intensidades, en base a la valoraci髇 de la situaci髇 personal de dependencia.

  • 3.� Mejora y adecuaci髇 de las prestaciones y servicios, para garantizar la sostenibilidad del Sistema, y ampliaci髇 de la prestaci髇 econ髆ica por asistencia personal a todos los Grados de dependencia.

    Se ampliar� a todos los Grados de Dependencia, la prestaci髇 econ髆ica de asistencia personal prevista en el art韈ulo 19 de la Ley.

    Las prestaciones econ髆icas ser醤 incompatibles con los servicios del cat醠ogo establecido en el art韈ulo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, salvo con los servicios de prevenci髇 de las situaciones de dependencia, de promoci髇 de la autonom韆 personal y de teleasistencia. Igualmente ser醤 incompatibles las prestaciones econ髆icas entre s�.

    Los servicios ser醤 incompatibles entre s�, a excepci髇 del servicio de teleasistencia que ser� compatible con el servicio de prevenci髇 de las situaciones de dependencia, de promoci髇 de la autonom韆 personal, de ayuda a domicilio, y de centro de d韆 y de noche.

    No obstante lo anterior, las Administraciones P鷅licas competentes podr醤 establecer la compatibilidad entre las prestaciones para apoyo y atenci髇 domiciliaria a la persona dependiente, de tal forma que la suma de estas prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las intensidades m醲imas reconocidas a su grado de dependencia. A los efectos de la asignaci髇 del nivel m韓imo, establecida en el art韈ulo 9 de la Ley, tendr醤 la consideraci髇 de una 鷑ica prestaci髇.

  • 4.� Traslados de personas en situaci髇 de dependencia reconocida a otras Comunidades Aut髇omas.

    Las Comunidades Aut髇omas se comprometen a comunicar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) como 髍gano coordinador, a trav閟 del Sistema de Informaci髇 para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia y de forma inmediata una vez conocidos, los traslados que se produzcan.

    El Imserso lo comunicar� a la Comunidad Aut髇oma receptora y, en un plazo m醲imo de 60 d韆s, proceder� a la regularizaci髇 correspondiente.

    Se establece el compromiso de las tres partes (Comunidad Aut髇oma de origen, Comunidad Aut髇oma de destino e Imserso) de comunicar al interesado la situaci髇 y de dar una respuesta a las necesidades de la persona dependiente de la forma m醩 inmediata posible.

  • 5.� Mejoras en el Procedimiento y transparencia en la gesti髇.
    • a) Respecto de la solicitud de inicio del Procedimiento para el reconocimiento de la situaci髇 de dependencia. Contenidos m韓imos, b醩icos, comunes y documentos a aportar.

      Con el fin de agilizar y evitar la petici髇 de nuevos datos una vez iniciado el Procedimiento, en la solicitud para el inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situaci髇 de dependencia, es recomendable incluir unos contenidos y requisitos m韓imos b醩icos comunes, constituidos, adem醩 de los generales, por los siguientes apartados:

      • • Si el solicitante est� siendo atendido por los Servicios Sociales en el momento de formular la solicitud y, en su caso, tipo de servicio que est� recibiendo.
      • • Si est� siendo atendido por cuidador familiar y desde qu� fecha.
      • • Compromiso de facilitar el seguimiento y control (incluido el acceso al domicilio del solicitante) por la Administraci髇 competente.
      • • Si es persona con discapacidad, as� como el tipo de dicha discapacidad, si voluntariamente quiere manifestarlo.
      • • Si el solicitante tiene diagnosticada una Enfermedad Rara, catalogada como tal.
      • • Obligaci髇 de comunicaci髇 inmediata a la Administraci髇 correspondiente, si se produce el ingreso del beneficiario en centros hospitalarios o asistenciales que no supongan coste para el beneficiario.

        En el momento de presentaci髇 de la solicitud, se aportar醤 los siguientes documentos:

      • • Compromisos adquiridos, en su caso, por el cuidador familiar.
      • • Informe de Salud normalizado.
      • • Declaraci髇 responsable sobre situaci髇 econ髆ica y patrimonial del solicitante.
      • • Copia de la declaraci髇, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas.
      • • Autorizaci髇 de comprobaci髇 de datos por parte de las Administraciones P鷅licas competentes.
    • b) Respecto de la Resoluci髇 de reconocimiento de la situaci髇 de dependencia. Contenidos m韓imos, b醩icos y comunes.

      La Resoluci髇 administrativa por la que se reconozca la situaci髇 de dependencia tendr� un contenido m韓imo, b醩ico y com鷑, ser� firmada por el 髍gano administrativo que, en cada caso, corresponda en la Comunidad Aut髇oma respectiva, y ser� un documento fundamental que formar� parte del expediente que se incluya en el Sistema de Informaci髇 del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia (SISAAD) a todos los efectos.

      Dicha Resoluci髇 administrativa ser� la base sobre la que se elaborar醤 las estad韘ticas y datos por parte del Imserso, sustituyendo al actual dictamen.

    • c) Respecto de la Resoluci髇 de concesi髇 de servicios o prestaciones en base al Programa Individual de Atenci髇 y efectividad del derecho.

      La Resoluci髇 administrativa por la que se reconozca la concesi髇 de servicios o prestaciones y se haga efectivo el derecho, incorporar� un contenido m韓imo, b醩ico y com鷑, firmada por el 髍gano administrativo que en cada caso corresponda, de la Comunidad Aut髇oma.

      En dicha Resoluci髇 se especificar� el n鷐ero total de horas/mes de intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio, diferenciando las relativas a necesidades dom閟ticas o del hogar, de las de atenci髇 personal para las actividades de la vida diaria, la aportaci髇 del usuario del servicio o prestaci髇 que se trate, as� como las compatibilidades de servicios y prestaciones. Esta Resoluci髇 ser� la base sobre la que se elaborar醤 las estad韘ticas y datos por parte del Imserso, a los efectos de las liquidaciones mensuales del Nivel M韓imo por parte de la Administraci髇 General del Estado a las Comunidades Aut髇omas.

  • 6.� Mejoras en los Sistemas de Informaci髇.

    Para conseguir una mejor gesti髇 y explotaci髇 de los datos contenidos en el SISAAD, as� como para mejorar la transparencia del mismo y dada la implicaci髇 econ髆ica que significa la informaci髇 que contiene, el Imserso finalizar� el proceso de contraste de datos antes del 30 de julio de 2012 con cada una de las Comunidades Aut髇omas. Asimismo, se establece el d韆 25 de cada mes, como fecha de cierre mensual para el env韔 de los datos al SISAAD, por parte de las Comunidades Aut髇omas, con el fin de comprobar y contrastar los datos antes de su publicaci髇.

    Las Comunidades Aut髇omas comunicar醤 al Imserso mensualmente las Altas, Bajas y modificaciones en el Sistema de Informaci髇 correspondiente.

    El Imserso pondr� a disposici髇 de las Comunidades Aut髇omas un procedimiento que permita la interoperabilidad de los respectivos Sistemas de Informaci髇 de las mismas, con el SISAAD, para mejorar la transparencia de datos y garantizar su seguridad, as� como facilitar todos los procesos y requisitos se馻lados en los apartados anteriores.

    Las Comunidades Aut髇omas expedir醤, anualmente, un certificado cuyo contenido m韓imo reflejar� el cr閐ito recibido y notificado de los Presupuestos Generales del Estado, como aportaci髇 de la Administraci髇 General de Estado a la financiaci髇 del coste de la dependencia en esa Comunidad Aut髇oma. En dicho certificado se especificar� la aplicaci髇 finalista de estos cr閐itos, con indicaci髇 de la aportaci髇 realizada por la Comunidad Aut髇oma y la aplicaci髇 presupuestaria donde se imputan dichos cr閐itos en sus Presupuestos. El certificado ser� expedido por el 髍gano gestor competente en la Comunidad Aut髇oma, con el visto bueno y conforme del representante que se designe por la Intervenci髇 General de la Comunidad Aut髇oma.

  • 7.� Revisi髇 de la prestaci髇 econ髆ica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

    Se revisar� en profundidad, conjuntamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el actual sistema de Afiliaci髇, Alta y Cotizaci髇 a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar, para establecer una nueva regulaci髇 que tenga en cuenta las circunstancias espec韋icas de estos cuidadores dentro del Sistema de Seguridad Social. Hasta tanto no se establezca la nueva regulaci髇, los cuidadores familiares que actualmente est醤 en situaci髇 de Alta, continuar醤 en la misma en tanto permanezcan las circunstancias que dieron origen al correspondiente Convenio Especial.

    Por el Imserso y las Comunidades Aut髇omas, se acuerda la conveniencia de efectuar el seguimiento, revisi髇 y control de los cuidadores en el entorno familiar, a fin de comprobar los requisitos e idoneidad de los mismos y ajustar dicho Servicio al criterio contenido en la Ley, respecto de su excepcionalidad.

    Para las prestaciones de esta naturaleza que se reconozcan a partir de la entrada en vigor de la norma que recoja el contenido de este apartado, como m韓imo, se incorporar醤 los siguientes requisitos:

    • • Se establecer醤 criterios m韓imos para el reconocimiento de esta prestaci髇, que se recoger醤 en el modelo de solicitud como requisitos y compromisos que deber� cumplir el cuidador de la persona en situaci髇 de dependencia, se馻lados en la propuesta 5.a).
    • • Dado el car醕ter excepcional del reconocimiento de la prestaci髇 que se establece en la Ley, esta modalidad de atenci髇 ser� establecida por el valorador y siempre que, con anterioridad a la presentaci髇 de la solicitud, est� siendo ya atendido por cuidadores no profesionales. Para ello se revisar� el art韈ulo 29 de la Ley para la determinaci髇 de esta prestaci髇 como la m醩 adecuada a sus necesidades, una vez comprobado por parte de los profesionales de los equipos de valoraci髇 y la Administraci髇 competente, que se dan las condiciones adecuadas, en su conjunto, para la concesi髇 de esta prestaci髇.
    • • En cualquier momento la Administraci髇 gestora podr� comprobar si se siguen reuniendo los requisitos y cumpliendo las exigencias establecidas para el reconocimiento de esta prestaci髇.
    • • A los efectos de lo previsto en los art韈ulos 2.5, 14.4 y 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, podr醤, con car醕ter excepcional, asumir la condici髇 de cuidadores no profesionales de una persona en situaci髇 de dependencia, su c髇yuge y sus parientes por consaguinidad, afinidad o adopci髇, hasta el tercer grado de parentesco, cuando convivan y est� siendo atendido por ellos y lo hayan hecho durante el periodo previo de un a駉 a la fecha de presentaci髇 de la solicitud.
    • • La persona cuidadora deber� convivir con la persona en situaci髇 de dependencia en el mismo domicilio, salvo en el supuesto previsto en el apartado siguiente.
    • • Cuando la persona en situaci髇 de dependencia reconocida, tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos p鷅licos o privados acreditados, despoblaci髇, o circunstancias geogr醘icas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atenci髇, incluida la atenci髇 mediante servicios a trav閟 de prestaci髇 vinculada, la Administraci髇 competente podr� excepcionalmente permitir la existencia de cuidados no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco se馻lado en el apartado 1 anteriormente, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y lo haya hecho durante el periodo previo de un a駉 a la fecha de presentaci髇 de la solicitud.

    El entorno a que se refiere el p醨rafo anterior habr� de tener, adem醩, la consideraci髇 de entorno rural para las personas en situaci髇 de dependencia con Grado I.

    Adem醩 de lo previsto en los anteriores apartados, se establecen las siguientes condiciones de acceso a la prestaci髇 econ髆ica para cuidados en el entorno familiar y los requisitos de los cuidadores no profesionales de las personas en situaci髇 de dependencia:

    • • Que la persona beneficiaria est� siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar, con car醕ter previo a la solicitud de reconocimiento de la situaci髇 de dependencia y no sea posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos p鷅licos o privados acreditados.
    • • Que la persona cuidadora acredite capacidad f韘ica, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente por s� misma las funciones de atenci髇 y cuidado, as� como no ser solicitante de la situaci髇 de dependencia ni tener reconocida dicha situaci髇.
    • • Que la persona cuidadora asuma formalmente los compromisos necesarios para la atenci髇 y cuidado de la persona en situaci髇 de dependencia.
    • • Facilitar el acceso de los servicios sociales de las Administraciones p鷅licas competentes, a la vivienda del dependiente con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos o variaci髇 de las circunstancias.
  • 8.� Establecimiento de criterios comunes en la asignaci髇 de prestaciones en casos de fallecimiento del dependiente.

    La efectividad del reconocimiento del derecho a las prestaciones econ髆icas del Sistema de la Dependencia, viene determinada por la Resoluci髇 donde se establece la prestaci髇, en base al Programa Individual de Atenci髇 elaborado por los equipos de valoraci髇, por ello los beneficiarios del Sistema de la Dependencia que fallecieren antes de la formalizaci髇 de dicha Resoluci髇, aunque tuvieran reconocido un grado de dependencia, no tienen la condici髇 de beneficiarios de la prestaci髇 econ髆ica y, por tanto, al no haberse perfeccionado el derecho, no puede incorporarse a la herencia.

  • 9.� Prevenci髇 de las situaciones de Dependencia y Promoci髇 de la Autonom韆 Personal.

    En el plazo m醲imo de seis meses, se acordar醤 los criterios, recomendaciones y condiciones m韓imas que deber韆n cumplir los Planes de Prevenci髇 de las situaciones de Dependencia y Promoci髇 de la Autonom韆 Personal que elaboren las Comunidades Aut髇omas, con especial consideraci髇 de los riesgos y actuaciones para las personas mayores, para las personas con discapacidad y otros grupos de especial vulnerabilidad.

  • 10.� Modificaci髇 del calendario de aplicaci髇 de la Ley de Dependencia.

    Como consecuencia de la prioridad en la atenci髇 a las personas dependientes con mayores necesidades de atenci髇, as� como de la correcci髇 del d閒icit p鷅lico y en virtud de los principios de sostenibilidad, estabilidad y suficiencia, que rigen el Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia, dada la nueva estructura de grados propuesta, se hace necesario adaptar el calendario de entrada en vigor de la Ley. Por ello, la efectividad del derecho a las prestaciones de las personas valoradas en el Grado I, nivel 2, que no la tuvieran reconocida antes del 1 de enero de 2012, se realizar� a partir del 1 de julio de 2015. La efectividad del derecho a las prestaciones de las personas valoradas en el Grado I, se realizar� a partir del 1 de julio de 2015.

  • 11.� Normativa para determinar la capacidad econ髆ica y aportaci髇 del beneficiario.

    Es necesario el establecimiento de unos criterios comunes para la determinaci髇 de la capacidad econ髆ica de los usuarios de los servicios y prestaciones, as� como la aportaci髇 del beneficiario, en los t閞minos recogidos en la Ley, lo que contribuir� a garantizar el principio de igualdad, conforme a los siguientes criterios:

    • • La capacidad econ髆ica personal de los beneficiarios del Sistema de la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia se determinar� en atenci髇 a su renta y su patrimonio.
    • • Se considera renta los ingresos del beneficiario, derivados tanto del trabajo como del capital, as� como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos.
    • • Se considera patrimonio del beneficiario el conjunto de bienes y derechos de contenido econ髆ico de que sea titular, con deducci髇 de las cargas y grav醡enes que disminuyan su valor, as� como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.
    • • En todo caso, ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 31 de la Ley, en lo relativo a prestaciones de an醠oga naturaleza y finalidad de los reg韒enes p鷅licos de protecci髇 social.
    • • El m韓imo exento de participaci髇 econ髆ica de la persona beneficiaria, vendr� referenciado a la cuant韆 mensual del Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples (IPREM), excluida la atenci髇 residencial.
    • • La mejora propuesta tambi閚 debe incluir un r間imen de garant韆 de m韓imos de disponibilidad por la persona dependiente. Por otra parte, incluir� la garant韆 del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

    Una vez determinada la capacidad econ髆ica de los beneficiarios, la aportaci髇 de 閟tos al coste de la atenci髇 por los servicios y prestaciones que reciben, se determinar� de forma progresiva hasta un m醲imo del 90% del coste del servicio.

    Al tratarse de unos requisitos de m韓imos, las Comunidades Aut髇omas podr醤, asimismo, establecer medidas complementarias que aumenten la aportaci髇 del usuario cuando as� lo regulen en su normativa.

    En el supuesto de que alguna Comunidad Aut髇oma utilice un indicador de m韓imos exentos de capacidad econ髆ica diferente al acordado, que suponga una condici髇 m醩 ventajosa para los beneficiarios de la misma, 閟ta ser� financiada con cargo al nivel adicional establecido en el apartado 3 del art韈ulo 7 de la Ley, adem醩 de tenerse en cuenta en la liquidaci髇 del nivel m韓imo de protecci髇.

  • 12.� Indicadores de referencia para determinar el coste de los Servicios y Prestaciones.

    A los solos efectos del c醠culo del coste de la dependencia a nivel nacional, se establecer醤 indicadores de referencia para el coste de los distintos Servicios y Prestaciones contenidos en el Cat醠ogo de Servicios de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a la dependencia. Antes de finalizar el presente a駉 2012, se acordar� entre todas las Administraciones P鷅licas competentes, el establecimiento de dichos indicadores de precios de referencia.

  • 13.� Aplazamiento de la retroactividad.

    El Real Decreto ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducci髇 del d閒icit p鷅lico, estableci� en su disposici髇 adicional sexta, que el aplazamiento y periodificaci髇 del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones econ髆icas previstas en el art韈ulo 18 de la Ley, podr韆n ser aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual cuant韆 en un plazo m醲imo de 5 a駉s desde la fecha de la resoluci髇 firme de reconocimiento expreso de la prestaci髇. Razones de control de d閒icit p鷅lico aconsejan facultar a las Comunidades Aut髇omas que as� lo consideren, para ampliar el plazo actual de 5 a駉s hasta un m醲imo de 8 a駉s.

    Por estas mismas razones, para todas aquellas personas dependientes que tienen resoluci髇 de reconocimiento de prestaciones econ髆icas previstas en el art韈ulo 18 de la Ley, pero est醤 pendientes de recibirlas, a partir de la entrada en vigor de la norma que recoja los contenidos de este Acuerdo, queda suspendido el devengo a la retroactividad hasta la percepci髇 efectiva de dicha prestaci髇 econ髆ica o, en su caso, hasta un plazo m醲imo de dos a駉s.

    Para todas aquellas personas dependientes que no tengan resoluci髇 de reconocimiento de prestaciones econ髆icas previstas en el art韈ulo 18 de la Ley, a partir de la entrada en vigor de la norma que recoja los contenidos de este Acuerdo, el derecho de acceso a estas prestaciones se devengar� en un plazo m醲imo de dos a駉s, a contar desde la resoluci髇 de reconocimiento de las prestaciones.

    Todas las personas dependientes que hubieran generado devengos por el per韔do transcurrido desde la resoluci髇 de reconocimiento de las prestaciones econ髆icas seguir醤 manteniendo este derecho.

  • 14.� Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia.

    En el marco de la cooperaci髇 para el ejercicio de sus competencias, la Administraci髇 General del Estado y las comunidades aut髇omas crearon la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial del Sistema de Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia. La atenci髇 a la dependencia forma parte de la cartera de servicios sociales y es una parte relevante de 閟tos. En ambos 髍ganos colegiados participan los mismos miembros de los respectivos Gobiernos, por lo que su composici髇, es id閚tica y, adem醩, sus funciones son similares. Por ello resulta necesario en aras de la simplificaci髇 administrativa, y de mejora en la eficiencia de la coordinaci髇 y cooperaci髇 de las Administraciones, armonizar dichos 髍ganos de participaci髇 en uno s髄o denominado Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia.

  • 15.� Medidas de ahorro y reducci髇 del d閒icit p鷅lico: cuant韆s m醲imas de las prestaciones econ髆icas por cuidados en el entorno familiar. Nueva asignaci髇 y distribuci髇 del nivel m韓imo de protecci髇.

    En todo el proceso previo a la celebraci髇 de este Consejo Territorial, se ha constatado la necesidad de tomar alguna medida que produzca un ahorro inmediato en el Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia.

    Por ello, es preciso adoptar medidas de ahorro con efectos en el gasto del Sistema de Atenci髇 a la Dependencia, tanto en los Presupuestos de las Comunidades Aut髇omas, como en los Presupuestos Generales del Estado. Dichas medidas figuran incluidas en la documentaci髇 entregada en esta sesi髇 del Consejo Territorial as� como en las sesiones previas celebradas tanto de la Comisi髇 Delegada, de Comunidades Aut髇omas, del Consejo Territorial, como de los 髍ganos de participaci髇 del mismo.

    La medida de ahorro adoptada en este Consejo Territorial es reducir en un 15% las cuant韆s m醲imas de las prestaciones econ髆icas por cuidados en el entorno familiar.

    Las Comunidades Aut髇omas, en funci髇 de sus necesidades de financiaci髇 y presupuestarias y al tratarse de cuant韆s m醲imas, pueden aumentar este porcentaje de reducci髇, comunic醤dolo al Imserso a trav閟 del SISAAD.

    Nuevos criterios de asignaci髇 del nivel m韓imo de protecci髇:

    Como medida para estimular la atenci髇 a los dependientes mediante servicios profesionalizados, generadores de empleo y actividad econ髆ica, se considera oportuno que la distribuci髇 de los cr閐itos de los Presupuestos Generales del Estado a transferir a las Comunidades Aut髇omas para la financiaci髇 de la atenci髇 a la dependencia, incorpore de forma progresiva, una variable que pondere positivamente la prestaci髇 de servicios frente a la prestaci髇 econ髆ica por cuidados en el entorno familiar.

    La distribuci髇 entre las Comunidades Aut髇omas del nivel m韓imo de protecci髇, establecido en el art韈ulo 9 de la Ley, se efectuar� conforme al n鷐ero de beneficiarios del Sistema y la cuant韆 por grado de dependencia reconocida para cada uno de ellos, ponderando positivamente la prestaci髇 de servicios respecto a la prestaci髇 econ髆ica por cuidados en el entorno familiar, en la forma que se determine reglamentariamente.

    Para ello, se acuerda efectuar cambios en los actuales criterios de asignaci髇 de la financiaci髇 del nivel m韓imo establecido en el art韈ulo 9 de la Ley. Con dichos cambios, se persigue hacer evolucionar el actual sistema, que asigna el nivel m韓imo a las comunidades aut髇omas considerando el n鷐ero de beneficiarios de 閟tas y su grado/nivel de dependencia, hacia otro que tambi閚 incorpore las prestaciones de servicios reconocidas como variable adicional de asignaci髇 financiera.

    Para evitar desequilibrios demasiado intensos y acelerados en la financiaci髇 de unas Comunidades Aut髇omas respecto a otras, el reparto del nivel m韓imo evolucionar� progresivamente a lo largo de cinco a駉s, estableciendo una evoluci髇 temporal en la implantaci髇 de la distribuci髇 por beneficiarios y por prestaciones, seg鷑 se indica en el siguiente cuadro:

    A駉 de aplicaci髇 del sistema de asignaci髇 del nivel m韓imo	Porcentajes de distribuci髇 del nivel m韓imo
    	Reparto por beneficiarios	Reparto por prestaciones
    Primero	90�%	10�%
    Segundo	80�%	20�%
    Tercero	70�%	30�%
    Cuarto	60�%	40�%
    Quinto y siguientes	50�%	50�%

  • 16.� Otros acuerdos.

    Se acuerda la creaci髇 en el seno de este Consejo Territorial, de un Grupo de Trabajo sobre los contenidos de la Disposici髇 adicional s閜tima de la Ley de Dependencia. Las conclusiones y, en su caso, propuestas que se elaboren en dicho Grupo de Trabajo, ser醤 elevadas a este Consejo Territorial para su aprobaci髇, en un plazo m醲imo de seis meses.

Tercero. Aprobaci髇 de los criterios y contenidos sobre capacidad econ髆ica y participaci髇 del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonom韆 y Atenci髇 a la dependencia.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci髇 de la Autonom韆 Personal y Atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia contiene un modelo propio de financiaci髇 en el que se establecen obligaciones para las diferentes Administraciones p鷅licas y para las personas beneficiarias.

Se trata de un modelo de financiaci髇 basado en los principios de sostenibilidad, estabilidad y suficiencia, de manera continuada en el tiempo, y que garantiza, mediante la corresponsabilidad de las Administraciones p鷅licas, el reconocimiento y ejercicio subjetivo de ciudadan韆 a la promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia.

De este modo, la ley establece una serie de mecanismos de cooperaci髇 entre la Administraci髇 General del Estado y las comunidades aut髇omas, entre los que destaca la creaci髇, en su art韈ulo 8, del Consejo Territorial del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia (SAAD) constituido por representantes de ambas Administraciones p鷅licas. En su seno deben de desarrollarse, a trav閟 del acuerdo, entre otras funciones, la adopci髇 de los criterios de participaci髇 de los beneficiarios en el coste de los servicios.

El art韈ulo 33 de la ley establece que el Consejo Territorial del SAAD habr� de fijar los criterios m韓imos de participaci髇 de las personas beneficiarias en las prestaciones, seg鷑 el tipo y coste del servicio y su capacidad econ髆ica personal. Se馻la que para fijar dicha participaci髇 se tendr� en cuenta la distinci髇 entre servicios asistenciales y de manutenci髇 y hoteleros. Igualmente indica que la capacidad econ髆ica del beneficiario se tendr� en cuenta para la determinaci髇 de la cuant韆 de las prestaciones econ髆icas.

Asimismo, el art韈ulo 14, tras se馻lar la naturaleza de las prestaciones por dependencia y fijar la prioridad en el acceso a los servicios en atenci髇 al grado y nivel de dependencia, establece que la capacidad econ髆ica del beneficiario se determinar�, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del SAAD, en atenci髇 a la renta y el patrimonio de la personas solicitante. En la consideraci髇 de patrimonio se tendr� en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se presta.

En este 醡bito, y teniendo en consideraci髇 las experiencias de las distintas Administraciones competentes, se ha puesto de manifiesto por las comunidades aut髇omas la necesidad de armonizar los criterios de la capacidad y participaci髇 econ髆ica de los beneficiarios en el Sistema, incorporando las peculiaridades de las comunidad aut髇omas y sus distintos modos de gesti髇 adquiridos en los a駉s de aplicaci髇 de la ley.

El objeto de este documento es establecer los criterios m韓imos comunes para la determinaci髇 de la capacidad econ髆ica personal de los beneficiarios del SAAD y criterios para su participaci髇 econ髆ica en las prestaciones del Sistema. No obstante, las comunidades aut髇omas o Administraci髇 competente, podr醤 establecer una mayor participaci髇 del beneficiario en el coste de los servicios y prestaciones, de la que resultar韆 de la aplicaci髇 de los criterios m韓imos establecidos en este documento.

1. Objeto

Este documento tiene por objeto establecer criterios m韓imos comunes para la determinaci髇 de la capacidad econ髆ica personal de los beneficiarios y su participaci髇 econ髆ica en el coste de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonom韆 y Atenci髇 a la Dependencia.

2. Determinaci髇 de la capacidad econ髆ica personal

La capacidad econ髆ica de las personas beneficiarias del SAAD se determinar� en atenci髇 a su renta y su patrimonio.

La capacidad econ髆ica personal del beneficiario ser� la correspondiente a su renta, incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 a駉s de edad, en un 3 por ciento de los 35 a los 65 a駉s y en un 1 por ciento a los menores de 35 a駉s.

S髄o se tendr� en cuenta la vivienda habitual para el c醠culo de la capacidad econ髆ica personal, cuando la prestaci髇 que reciba el beneficiario sea de atenci髇 residencial a trav閟 de la Red de Servicios Sociales P鷅lica, concertada o mediante una prestaci髇 vinculada a este servicio.

Para la determinaci髇 de la capacidad econ髆ica personal, incluida la determinaci髇 de las cargas familiares, ser� de aplicaci髇, con car醕ter supletorio a lo establecido en el presente documento, la normativa correspondiente a los impuestos sobre la Renta de las Personas F韘icas y del Patrimonio.

3. Criterios para la determinaci髇 de la renta

3.1 Se considera renta los ingresos de la persona beneficiaria, derivados tanto del trabajo como del capital, as� como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, atendiendo a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o, en su caso, a las normas fiscales que pudieran ser de aplicaci髇.

3.2 Se entender� como renta personal, en los casos de persona beneficiaria con c髇yuge en r間imen de gananciales o de participaci髇 de bienes, o cuando se presente declaraci髇 conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas, la mitad de la suma de los ingresos de ambos miembros de la pareja.

3.3 En relaci髇 a las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia, a que se refiere el art韈ulo 51.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se estar� a lo que establezca por el Ministerio de Hacienda y Administraciones P鷅licas o, en su caso, por las comunidades aut髇omas con competencia fiscal en la materia.

3.4 En los ingresos de las personas beneficiarias no se tendr醤 en consideraci髇 como renta la cuant韆 de las prestaciones de an醠oga naturaleza y finalidad recogidas en el art韈ulo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

3.5 No tendr� la consideraci髇 de renta la ayuda econ髆ica establecida en el art韈ulo 27 de la Ley Org醤ica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci髇 Integral contra la Violencia de G閚ero y aquellas ayudas de igual contenido que se hayan podido establecer por las comunidades aut髇omas.

4. Criterios para la determinaci髇 del patrimonio

4.1 Se considera patrimonio de la persona beneficiaria el conjunto de bienes y derechos de contenido econ髆ico de que sea titular, con deducci髇 de las cargas y grav醡enes que disminuyan su valor, as� como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder, de conformidad con las normas fiscales que, en su caso, pudieran resultar de aplicaci髇. 趎icamente, se computar� la vivienda habitual en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba el servicio de atenci髇 residencial o la prestaci髇 econ髆ica vinculada a tal servicio y no tenga personas a su cargo que contin鷈n residiendo en dicha vivienda. En este caso, el valor a computar ser� el valor catastral de la vivienda o, en su defecto, el valor escriturado, aplicada la exenci髇 que por vivienda habitual establezca, en su caso, la normativa del Impusto sobre el Patrimonio.

4.2 A estos efectos, se entiende como personas a su cargo el c髇yuge o pareja de hecho, ascendientes mayores de 65 a駉s, descendientes o personas vinculadas a la persona beneficiaria por raz髇 de tutela y/o acogimiento de menores de 25 a駉s o mayores de tal edad en situaci髇 de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona beneficiaria y dependan econ髆icamente del mismo.

4.3 En los supuestos de cotitularidad, s髄o se tendr� en consideraci髇 el porcentaje correspondiente a la propiedad de la persona beneficiaria.

4.4 No se computar醤 en la determinaci髇 del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecci髇 patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci髇 del C骴igo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular la persona beneficiaria, mientras persista tal afecci髇. No obstante, se computar醤 las rentas derivadas de dicho patrimonio que no se integren en el mismo.

4.5 En la consideraci髇 del patrimonio se tendr� en cuenta la edad de la persona beneficiaria y el tipo de servicio que se presta.

4.6 El per韔do a computar en la determinaci髇 de la renta y del patrimonio ser� el correspondiente al 鷏timo ejercicio fiscal cuyo periodo de presentaci髇 de la correspondiente declaraci髇 haya vencido a la fecha de presentaci髇 de la solicitud.

No obstante, cuando la capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria s髄o provenga de la percepci髇 de pensiones, prestaciones o subsidios p鷅licos, el periodo a computar en su determinaci髇 ser� el correspondiente al ejercicio en el que se presente la solicitud.

Asimismo, se computar醤 las disposiciones patrimoniales realizadas por la persona beneficiaria en los cuatro a駉s anteriores a la presentaci髇 de la solicitud, en los t閞minos recogidos en la disposici髇 adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulaci髇 del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulaci髇 de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.

5. Comprobaci髇 de datos

La falsificaci髇 u ocultaci髇 de datos sobre la capacidad econ髆ica podr� dar lugar a la suspensi髇 o extinci髇 de la prestaci髇, adem醩 de las responsabilidades de cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona beneficiaria.

En el caso de prestaciones econ髆icas conllevar�, adem醩, la devoluci髇 de las cantidades percibidas indebidamente y en el supuesto de participaci髇 insuficiente en el coste de los servicios conllevar� la obligaci髇 de resarcir la diferencia.

6. Criterios de participaci髇 econ髆ica del beneficiario en el coste de las prestaciones del SAAD

6.1 Nadie quedar� fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos econ髆icos.

6.2 La capacidad econ髆ica m韓ima de la persona beneficiaria vendr� referenciada a la cuant韆 mensual del Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiple (IPREM).

6.3 La participaci髇 de la persona beneficiaria en el coste del servicio se har� de forma progresiva, mediante la aplicaci髇 de un porcentaje en funci髇 de su capacidad econ髆ica hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio y se tendr� en cuenta la naturaleza de la prestaci髇 de dependencia reconocida, seg鷑 se trate de un servicio o de una prestaci髇 econ髆ica.

6.4 Si la persona beneficiaria de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestaci髇 de an醠oga naturaleza y finalidad de las citadas en el art韈ulo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestaci髇 se sumar� a la cuant韆 calculada con arreglo a los criterios de participaci髇 del servicio hasta el 100% del coste de referencia del mismo.

6.5 Las comunidades aut髇omas o Administraci髇 competente, podr醤 establecer una mayor participaci髇 del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones econ髆icas.

6.6 La capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria, ser� determinada siempre en c髆puto anual, sin perjuicio de que, para el c醠culo de su participaci髇 en el coste de los servicios y prestaciones, se compute en t閞minos mensuales calculada como la doceava parte de su capacidad econ髆ica anual.

7. Servicio de atenci髇 residencial

7.1 Los beneficiarios participar醤 en el coste de los servicios de atenci髇 residencial en funci髇 de su capacidad econ髆ica y del coste del servicio. Para fijar la participaci髇 del beneficiario, se tendr� en cuenta la distinci髇 entre servicios asistenciales y de manutenci髇 y hoteleros, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 33.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.

7.2 A los solos efectos de determinar la participaci髇 econ髆ica de las personas en situaci髇 de dependencia, se fija entre 1.100 y 1.600 euros mensuales como referencia del coste del servicio residencial. Estos costes podr醤 incrementarse hasta un 40%, en el caso de que este servicio implique una mayor intensidad de atenci髇 o cuidados.

Estos costes de referencia se han fijado en relaci髇 con los precios de concertaci髇 de plazas y ser醤 actualizados anualmente de conformidad con el IPREM.

7.3 La aportaci髇 de la persona beneficiaria ir� destinada en primer lugar a financiar los gastos de manutenci髇 y hoteleros, en parte o en su integridad en funci髇 de su capacidad econ髆ica.

La determinaci髇 de la participaci髇 econ髆ica de la persona beneficiaria se realizar� mediante la aplicaci髇 de la siguiente f髍mula matem醫ica, que garantiza la progresividad en la participaci髇.

PB = CEB - CM

Donde:

PB: participaci髇 econ髆ica de la persona beneficiaria en el coste del servicio de atenci髇 residencial.

CEB: Capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria.

CM: Cantidad m韓ima para gastos personales, referenciada al 19% del IPREM mensual.

Si la cuant韆 resultante de la aplicaci髇 de la f髍mula es negativa, la persona beneficiaria no participar� en el coste del servicio de atenci髇 residencial.

7.4 Los costes manutenci髇 y hoteleros se garantizar醤 en todo o en parte a quienes carezcan de ingresos suficientes.

7.5 Una vez determinada la participaci髇 en el coste de los servicios, se establece una cantidad de referencia para gastos personales que ser� del 19 % del IPREM mensual. No obstante las comunidades aut髇omas podr醤 establecer cuant韆s inferiores a esta cantidad de referencia.

7.6 La Administraci髇 competente podr� compatibilizar los sistemas que tenga establecidos, sobre reconocimiento de deuda, con lo previsto en este documento, en los casos en que la aportaci髇 de la persona beneficiaria no sea suficiente para abonar en su totalidad su participaci髇 en el coste del servicio. En todo caso la ejecuci髇 de la deuda no se llevar� a cabo sobre la vivienda habitual, en los casos en los que tengan su vivienda habitual las personas y con los requisitos a los que se refiere el punto 4.2 de este documento.

8. Otros servicios del cat醠ogo

La capacidad econ髆ica m韓ima de la persona beneficiaria vendr� referida a la cuant韆 mensual del Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiple (IPREM).

8.1 Servicio de ayuda a domicilio.

El coste de referencia del servicio se fija en 14 euros por hora, para los servicios relacionados para la atenci髇 personal y en 9 euros por hora para los servicios relacionados con la atenci髇 de las necesidades dom閟ticas o del hogar.

La participaci髇 del beneficiario en el coste del servicio se determinar� mediante la aplicaci髇 de las siguientes f髍mulas, que garantizan la disminuci髇 proporcional del coste en funci髇 del n鷐ero de horas de atenci髇.

1.� De 21 a 45 horas mensuales:

PB = ((0,4 x IR x CEB) / IPREM) – (0,3 x IR)

2.� De 46 a 70 horas mensuales:

PB = ((0,3333 x IR x CEB) / IPREM) – (0,25 x IR)

Donde:

PB: Participaci髇 de la persona beneficiaria.

IR: Coste hora servicio de ayuda a domicilio.

CEB: Capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria.

La persona beneficiaria participar� en el coste del servicio, en todo caso, con 20 euros, si la cuant韆 obtenida en la aplicaci髇 de la f髍mula resulta negativa o inferior a esta cantidad.

8.2 Servicio de centro de d韆 y de noche.

El coste de referencia del servicio de centro de d韆 y de noche, sin incluir los gastos de manutenci髇 y transporte, ser� de 650 euros mensuales, y est� en relaci髇 con el precio de concertaci髇 de plazas en centros de iniciativa privada. Este coste podr� incrementarse hasta un 25%, en el caso de que este servicio implique una mayor intensidad de atenci髇 o cuidados.

Las cuant韆s previstas en este apartado ser醤 actualizadas anualmente de conformidad con el IPREM.

La determinaci髇 exacta de la participaci髇 econ髆ica de la persona beneficiaria se realizar� mediante la aplicaci髇 de la siguiente f髍mula matem醫ica, que garantiza la equidad en la progresividad de la participaci髇 seg鷑 su capacidad econ髆ica:

PB = (0,4 x CEB) – (IPREM / 3,33)

Donde:

PB: Participaci髇 econ髆ica de la persona beneficiaria en el coste del servicio.

CEB: Capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria.

Si la capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria es igual o inferior al IPREM mensual, 閟ta no participar� en el coste del servicio.

8.3 Servicio de teleasistencia.

La persona beneficiaria participar� en el coste del servicio de teleasistencia seg鷑 su capacidad econ髆ica de conformidad con los siguientes intervalos:

• a) Menos del IPREM mensual: Sin participaci髇.
• b) Entre el IPREM mensual y el 1,5 del IPREM mensual: Participaci髇 del 50%.
• c) M醩 del 1,5 del IPREM mensual: Participaci髇 del 90%.

9. Participaci髇 del beneficiario en el coste de las prestaciones econ髆icas

La cuant韆 de la prestaci髇 econ髆ica reconocida ser� del 100% de la cantidad m醲ima establecida en el real decreto que fije las cuant韆s anuales, cuando la capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria sea igual o inferior al IPREM mensual.

9.1 Prestaci髇 vinculada al servicio y de asistente personal.

La cuant韆 mensual de la prestaci髇 vinculada al servicio y de la prestaci髇 econ髆ica de asistente personal, se establece en funci髇 del coste del servicio y la capacidad econ髆ica, de conformidad con lo siguiente:

CPE = IR + CM - CEB

Donde:

CPE: Cuant韆 de la prestaci髇 econ髆ica.

IR: Coste del servicio.

CM: Cantidad para gastos personales de la persona beneficiaria para cada tipo de servicio, referenciada, en su caso, al 19% del IPREM mensual.

CEB: Capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria.

9.2 Prestaci髇 econ髆ica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

La cuant韆 mensual de la prestaci髇 econ髆ica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, se establece en funci髇 de la capacidad econ髆ica de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente formula matem醫ica:

CPE = (1.33 x Cmax) – (0,44 x CEB x Cmax) / IPREM

Donde:

CPE: Cuant韆 de la prestaci髇 econ髆ica.

Cmax: Cuant韆 m醲ima de la prestaci髇 econ髆ica.

CEB: Capacidad econ髆ica del beneficiario.

Ante la misma capacidad econ髆ica de la persona dependiente, la cuant韆 resultante de esta prestaci髇 no podr� ser superior a la que correspondiera por prestaci髇 vinculada al servicio.

9.3 La cuant韆 establecida en el contrato suscrito por la persona beneficiaria, en concepto de contraprestaci髇 del asistente personal o para la adquisici髇 del servicio, a cuyo pago ir� destinada el 100% de la prestaci髇 econ髆ica vinculada al servicio, no podr� ser inferior a la cuant韆 m醲ima establecida reglamentariamente para la respectiva prestaci髇.

9.4 Si el beneficiario de alguna de las prestaciones econ髆icas del Sistema percibiera cualquier otra prestaci髇 de an醠oga naturaleza o finalidad de las citadas en el art韈ulo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el importe de 閟tas se deducir� de la cuant韆 inicial de aquellas.

10. Cantidad para gastos personales de las personas en situaci髇 de dependencia por raz髇 de discapacidad

La cantidad m韓ima para gastos personales se incrementar� en un 25% para las personas en situaci髇 de dependencia por raz髇 de su discapacidad, en atenci髇 a su edad y mayores apoyos para la promoci髇 de su autonom韆 personal.

11. Adaptaci髇 normativa

Las Administraciones p鷅licas competentes, en el plazo m醲imo de seis meses desde la fecha de este Acuerdo, promover醤 las disposiciones normativas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mismo, y comunicar醤 las mismas a la Administraci髇 General del Estado.

12. Situaciones jur韉icas preexistentes

Las Administraciones p鷅licas competentes, en el plazo m醲imo de un a駉 desde la fecha de este Acuerdo, adecuar醤, si procede, las prestaciones de dependencia reconocidas con anterioridad, a la adaptaci髇 normativa auton髆ica prevista en el punto anterior.