Sumario

El artículo 16 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que todas las personas tienen derecho, de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley, a recibir prestaciones sociales y ayudas públicas para atender cargas familiares. Asimismo, el artículo 40 del Estatuto de autonomía señala como principio rector la protección de las personas y de las familias.

De acuerdo con lo anterior, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de servicios sociales de los que dispone, de acuerdo con el artículo 166 del citado Estatuto de autonomía.

El artículo 29 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, determina los servicios de atención precoz de carácter universal y gratuito para los niños hasta los seis años y sus familias como un derecho subjetivo en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

El Decreto 261/2003, de 21 de octubre, por el que se regulan los servicios de atención precoz, dio cumplimiento a la previsión de desarrollo reglamentario que contenía la Ley 18/2003, de 4 de julio, al determinar la naturaleza de los servicios, el derecho de acceso, el contenido, las personas que tienen derecho a ellos, el procedimiento para acceder, los objetivos, las funciones, el personal, los ámbitos donde se prestan los servicios y las condiciones materiales que deben tener los establecimientos, los servicios que conforman la Red de servicios sociales de atención pública y, finalmente, la acreditación a efectos de concertación.

De conformidad con el mencionado Decreto 261/2003, de 21 de octubre, la atención precoz tiene por objeto incidir en los trastornos del desarrollo infantil y las situaciones de riesgo que puedan provocarlos y se entiende como un conjunto de actuaciones de carácter preventivo, de detección, diagnóstico e intervención terapéutica, de carácter interdisciplinario, que se extiende desde el momento de la concepción hasta que el niño cumple los seis años, por lo tanto, en las etapas prenatal, perinatal, postnatal y de pequeña infancia. Esta atención se realiza desde diferentes ámbitos como el familiar, el sanitario, el educativo, el social y otros, para procurar un tratamiento global, integrado y coordinado.

Actualmente, Cataluña dispone de una amplia red de centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP) que se han convertido en centros especializados de atención integral de los niños hasta los seis años con dificultades o trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. Como servicios de atención públicos, se extienden por todo el territorio catalán y trabajan coordinados con el resto de dispositivos implicados en la atención de la primera infancia.

Asimismo, la Cartera de servicios sociales, aprobada por el Decreto 142/2010, de 11 de octubre, recoge el servicio de atención precoz como prestación de servicio especializado garantizada a los niños.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años en la prestación de estos servicios ha evidenciado la necesidad de recoger en el Decreto que los regula los criterios de preferencia en la atención al niño, para lograr una mayor eficacia en la prestación de los servicios al procurar una atención más inmediata cuando la edad y la salud del niño así lo aconsejen.

Por otra parte, también se ha podido comprobar que en la práctica el acceso a los servicios de atención precoz siempre debe contar con la voluntariedad de la familia porque es necesaria su implicación durante el tratamiento del niño y, asimismo, es necesario simplificar y ordenar la gestión administrativa de estos servicios mediante la suscripción de un acuerdo asistencial que recoja en un único documento los compromisos tanto del centro prestador del servicio como de la familia.

Estos cambios conllevan la modificación de los artículos 4 y 5 del Decreto 261/2003, de 21 de octubre, y asimismo se actualizan aspectos puntuales de los espacios y el material de los servicios de atención precoz recogidos en el anexo del citado Decreto.

Este Decreto ha sido sometido a informe de la Comisión de Gobierno Local.

Considerando el artículo 26.e) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y el capítulo II del título IV de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña;

A propuesta de la consejera de Bienestar Social y Familia, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y con la deliberación previa del Gobierno,

Decreto: