Sumario

Preámbulo

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y establece que los poderes públicos organizarán y tutelarán la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El artículo 11, apartados 2 y 4, del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias reconoce a la Comunidad Autónoma competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene y de ordenación farmacéutica, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca. Dicha legislación básica está constituida, a los efectos del presente decreto, por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

La Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16 de marzo, de atención y ordenación farmacéutica del Principado de Asturias, recoge en su artículo 5.2.e), como una de las obligaciones de los profesionales farmacéuticos «colaborar con la Administración sanitaria facilitando los datos y documentos que solicite y cooperando con las actividades de inspección que realice». Del mismo modo, en su artículo 8.c) recoge que deberán prestarse una serie de servicios básicos a la población, entre otros, «la vigilancia, control y custodia de las recetas dispensadas así como de los documentos sanitarios que lo requieran.»

La disposición final primera de la Ley autoriza al Consejo de Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma.

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, en su artículo 15.6 habilita a las administraciones sanitarias competentes para exigir el registro en el libro oficial recetario de aquellas dispensaciones para las que se establezca este requisito. El artículo 18.3 establece un período de 3 meses para conservar las recetas médicas, tras su dispensación, en la oficina de farmacia. No obstante, habilita el desarrollo de normas específicas para el caso de aquellas otras recetas médicas de medicamentos que deban ser sometidas a normas e instrucciones específicas de control.

La presente disposición desarrolla los anteriores preceptos para grupos de medicamentos específicos por cuyas peculiaridades merecen un especial control en aras de evitar una utilización indebida de los mismos. Se trata de medicamentos cuyos principios activos se encuentran incluidos en las listas oficiales de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, fuera de sus indicaciones terapéuticas autorizadas y con el propósito de incrementar el rendimiento deportivo, y de medicamentos incluidos en la Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional preparada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de conformidad con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que por no pertenecer a la Lista I no están sometidos a los requisitos del Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario, pero que también pueden desviarse al tráfico ilícito y son susceptibles de abuso. El riesgo que para la salud pública puede derivar del mal uso de estos medicamentos hace necesario establecer actuaciones adicionales en la dispensación por parte de la oficina de farmacia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, el proyecto de disposición se ha sometido a información pública y a trámite de audiencia.

La tramitación de la presente disposición se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Sanidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 13 de marzo de 2019,

DISPONGO

DISPOSICIONES FINALES