Sumario

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, establece, con carácter básico, un nuevo régimen jurídico de los consorcios, profundizando en la reforma ya iniciada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. En dicho régimen se adscriben los consorcios a las Administraciones Públicas territoriales, conforme a los criterios establecidos en el artículo 120.

En aplicación de lo establecido en el mismo, diecinueve consorcios urbanísticos, figura prevista en el artículo 76 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, quedan adscritos esta Administración. No obstante, debido a los años transcurridos, así como a la pluralidad de municipios con los que se han constituido, se ha generado una gran diversidad de formas de gestión, configuración y determinación de la adscripción de los mismos.

En la actualidad, la adscripción de casi todos ellos, relacionados en el artículo 3.4 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, se realiza a través de la Consejería competente en materia de Urbanismo, hoy la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuya estructura orgánica está prevista en el Decreto 84/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, que es la que desarrolla las competencias de gestión sobre los mismos.

Esta adscripción implica el desarrollo de una actividad de gestión, tutela y control administrativo, patrimonial, financiero y contable de los consorcios. Asimismo, requiere gestionar el patrimonio resultante de los consorcios urbanísticos adjudicado a la Comunidad de Madrid y finalizar el desarrollo del ámbito de actuación urbanística de aquellos que se hayan disuelto como consecuencia del ejercicio del derecho de separación o por falta de viabilidad. Por último supone la gestión de las aportaciones de la Comunidad de Madrid a dichas entidades.

Con la presente modificación se pretende adecuar la gestión administrativa a la económica.

Por su parte, en la disposición adicional primera del Decreto 84/2018, de 5 de junio, Administración Institucional, se incluye como adscrita a la consejería, la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima GEDESMA.

No obstante, la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, en su disposición adicional vigesimosexta, relativa a la extinción de la empresa pública con forma de sociedad mercantil Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S. A. (GEDESMA), establece que, desde el 1 de enero de 2019, la Comunidad de Madrid asumirá la actividad de la empresa pública, integrándose en la Comunidad de Madrid el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que resulten de las cuentas rendidas a 31 de diciembre. Mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de diciembre de 2018, se autoriza la cesión de la totalidad del patrimonio social de dicha empresa y su adquisición por la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia de lo anterior, corresponde, por un lado, determinar la vinculación de una serie de consorcios urbanísticos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como Consejería competente en materia de Urbanismo y Suelo, así como eliminar la referencia a la empresa pública GEDESMA de la administración institucional adscrita a la misma, mediante la modificación de su decreto de estructura.

Este Decreto está compuesto por un artículo único, relativo a la modificación del Decreto 84/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y dos disposiciones finales.

Conforme a lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente Decreto se fundamenta en el principio de eficacia de la actuación administrativa, su contenido resulta proporcional a los objetivos previstos; de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, en su tramitación se ha respetado el procedimiento establecido; y contribuye a la clarificación de la organización de acuerdo con el principio de transparencia.

En la tramitación del decreto se ha seguido el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general previsto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como las instrucciones generales para la aplicación de dicho procedimiento, aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019, con las especialidades correspondientes al supuesto concreto que se refiere a una norma de carácter organizativo sin impactos en el ámbito económico, en particular en las pymes, no resultando preceptivo el cumplimiento del trámite de audiencia e información pública al tratarse de una norma de carácter organizativo.

A este respecto, se han recabado los informes preceptivos correspondientes a su carácter organizativo: calidad normativa, impacto en materia de género, infancia, adolescencia y familia y en materia de orientación sexual, identidad o expresión de género, consulta a las secretarías generales técnicas de todas las Consejerías. Asimismo, se ha recabado el informe de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos.

El artículo 21.u) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, determina que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar, a propuesta del consejero respectivo, previo dictamen preceptivo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la estructura orgánica de las diferentes Consejerías.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo de Gobierno, previa deliberación, en su reunión del día 9 de abril de 2019,

DISPONGO

DISPOSICIONES FINALES