Sumario

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, establece, en su artículo 10, que corresponden a la Consejería de Salud y Familias las competencias relativas a las drogodependencias y otras adicciones, atribuidas, hasta ese momento, a la extinta Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula, en el Título II, la organización de la Administración de la Junta de Andalucía, así como el régimen general de los órganos y unidades administrativas, definiendo su estructura central y territorial.

En el ejercicio de tales competencias se dictó el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, dotando a la Consejería, entre otros, como órgano directivo central, a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios. Igualmente establece, como órgano directivo del Servicio Andaluz de Salud, en adelante SAS, a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, que tiene como una de sus funciones, dispuesta en el artículo 13, la del desarrollo y coordinación de las políticas activas en materia de prevención, asistencia, tratamiento y reinserción de las personas en situación de drogodependencias y adicciones.

Una vez trascurrido un tiempo desde la puesta en marcha de la nueva estructura de la Consejería se ha detectado que sería más eficaz y eficiente para el desarrollo de las actuaciones que derivan del ejercicio de las competencias en materia de drogodependencias y otras adicciones, sobre todo en lo relacionado con la gestión económica, que la misma se atribuya a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios.

Igualmente, los puestos directivos y cargos intermedios del SAS son agentes claves en el logro de las metas de la organización, por ello ha de procurarse que la provisión de dichos puestos se realice con la mayor eficacia y agilidad posible, dentro del estricto cumplimiento de los principios y procedimientos vigentes. La experiencia acumulada en el desarrollo de estos procesos selectivos aconseja una nueva distribución de las atribuciones de cada centro directivo que participa en los mismos, de modo que la mayor parte de su ejecución recaiga sobre el órgano que, por su especialización, mejor puede contribuir a la eficacia y agilidad de estos, y al que en la práctica corresponden más gestiones dentro de ellos, por ello, se atribuyen a la Dirección General competente en materia de personal del SAS las funciones de convocatoria de sus puestos directivos y cargos intermedios, al tiempo que se descarga de ellas a la Dirección Gerencia.

En la elaboración y tramitación de este decreto se han observado los principios de buena regulación, a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La norma es respetuosa con los principios de necesidad y eficacia, puesto que con la misma va a mejorar el ejercicio de la competencia en materia de drogodependencias y otras adicciones, mediante la redistribución de la función propuesta entre el SAS y los Servicios Centrales de la Consejería, así como el ejercicio de la competencia en materia de provisión de puestos directivos e intermedios del SAS, mediante la redistribución de la función de la convocatoria de dichos puestos entre la Dirección Gerencia y la Dirección General de Personal.

Igualmente, cumple con el principio de proporcionalidad, ya que el presente decreto es el medio adecuado para cumplir con la finalidad establecida en el anterior apartado.

Por otro lado, el decreto garantiza el principio de seguridad jurídica, ya que se desarrolla de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y comunitario, lo que facilita la actuación y toma de decisiones.

Asimismo, respeta los principios de eficiencia y transparencia, por cuanto favorece la racionalización de la estructura organizativa y el funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, a la vez que permite su conocimiento por parte de la ciudadanía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 27.19 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de enero de 2020,

DISPONGO

DISPOSICIONES FINALES