Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia tur韘tica para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y econ髆ica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19

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Sumario

V閍se la Res. de 26 de noviembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del D. ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia tur韘tica para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y econ髆ica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19 (獴.O.I.C.� 14 diciembre).LE0000683098_20201214

Decreto ley 17/2020 de 29 de octubre, declarado expresamente vigente por el n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica del D. ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias (獴.O.I.C.� 6 septiembre).LE0000706699_20210906

El n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el r間imen jur韉ico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gesti髇 de la pandemia de COVID-19 en Canarias (獴.O.I.C.� 9 junio) declara que el DL 17/2020 de 29 de octubre, mantendr� su vigencia en su integridad.LE0000730516_20220609

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 47.1 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, promulgo y ordeno la publicaci髇 del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia tur韘tica para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y econ髆ica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19, ordenando a la ciudadan韆 y a las autoridades que lo cumplan y lo hagan cumplir.

I

La Constituci髇 Espa駉la, en su art韈ulo 51 exige a los poderes p鷅licos que garantice la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg韙imos intereses econ髆icos de los mismos. Por otro lado, establece en su art韈ulo 148.1.18�, que las Comunidades Aut髇omas puedan asumir competencias en materia de promoci髇 y ordenaci髇 del turismo en su 醡bito territorial. En este sentido, el art韈ulo 129 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias atribuye a la Comunidad Aut髇oma de Canarias la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, entre otros aspectos, la planificaci髇 y la ordenaci髇 del sector tur韘tico. Asimismo, el art韈ulo 141 del Estatuto de Autonom韆, atribuye a la Comunidad Aut髇oma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecuci髇 de la legislaci髇 estatal en materia de sanidad interior, que incluye, en todo caso, la de ordenaci髇 y la ejecuci髇 de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud p鷅lica en todos los 醡bitos. A este respecto, la habilitaci髇 para la adopci髇 de medidas por parte de las autoridades sanitarias en situaciones de riesgo para la salud de las personas se encuentra en Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, y en las Leyes 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud P鷅lica. Por su parte, el art韈ulo 37 del Estatuto reconoce como uno de los principios rectores que deben orientar las pol韙icas p鷅licas en Canarias el fomento de la actividad tur韘tica y su ordenaci髇, con el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio cultural canario y el territorio.

El turismo se ha convertido desde hace a駉s en una de las principales actividades generadoras de empleo y riqueza en Canarias, siendo un sector estrat間ico que impulsa el crecimiento econ髆ico en nuestra Comunidad.

El archipi閘ago registr� en 2019 una llegada de turistas de 15,11 millones. Este sector da empleo a pr醕ticamente 250.000 canarios. Ese a駉 los turistas extranjeros gastaron un total de 16.278 millones de euros en Canarias. Estas cifras vienen a poner de manifiesto la importancia del turismo como elemento para la cohesi髇 social y territorial de nuestra Comunidad Aut髇oma. Conforme a la tendencia de los 鷏timos a駉s, su peso en el PIB canario se sit鷄 en torno al 35% y este supone aproximadamente el 40% del empleo total regional.

La actividad tur韘tica en el archipi閘ago, sin embargo, se ha visto interrumpida por la irrupci髇 de la COVID-19 que, desde que el d韆 11 de marzo de 2020 fuera elevada a pandemia global por la Organizaci髇 Mundial de la Salud, origin� una situaci髇 de emergencia de salud p鷅lica y de crisis socioecon髆ica sin precedentes.

Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el pa韘 entr� en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes p鷅licos y las autoridades sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios.

En ese contexto se dictan, en el 醡bito estatal, entre otros, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevenci髇, contenci髇 y coordinaci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia y las declaraciones de actuaciones coordinadas en salud p鷅lica acordadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por la Comunidad Aut髇oma de Canarias, a su vez, se dicta el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 19 de junio, por el que se establecen medidas de prevenci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transici髇 hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma; la Orden conjunta de las Consejer韆s de Sanidad y de Turismo, Industria y Comercio de 4 de agosto de 2020, por la que se establece un protocolo de actuaci髇 para facilitar la elaboraci髇 de los planes de contingencia de medidas de prevenci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el 醡bito tur韘tico y comercial de la Comunidad Aut髇oma de Canarias; el Decreto ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el r間imen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevenci髇 y contenci髇 frente a la COVID-19 en la Comunidad Aut髇oma de Canarias y el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energ閠ico, tur韘tico y territorial de Canarias.

Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de riesgo, intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los servicios asistenciales y de salud p鷅lica, ha permitido, hasta ahora, ofrecer respuestas apropiadas y proporcionales en funci髇 de las distintas etapas de evoluci髇 de la onda epid閙ica en Canarias.

No obstante, en el momento actual, tanto en Espa馻 como en la mayor韆 de pa韘es europeos, se registra una tendencia ascendente en el n鷐ero de casos de SARS-CoV-2. Este incremento se ha traducido, salvo en las Islas Canarias, en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce d韆s, hasta situarse en Espa馻, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevenci髇 y Control de Enfermedades.

Por ese motivo, el Gobierno de la Naci髇, mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagaci髇 de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Con excepci髇 de esta Comunidad Aut髇oma, las actuales incidencias sit鷄n a todo el territorio en un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los est醤dares internacionales y a los nacionales establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisi髇 de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado d韆 22 de octubre de 2020.

En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores epidemiol骻icos y asistenciales, se deben considerar medidas de control de la transmisi髇 desde diferentes 醡bitos materiales que permitan reducir las incidencias actuales, mantener la tendencia descendente en el archipi閘ago y evitar alcanzar el nivel de estr閟 que experiment� el sistema sanitario canario durante el pasado mes de agosto.

En la gesti髇 para hacer frente a la crisis sanitaria, econ髆ica y social provocada por la COVID-19 se ha puesto de manifiesto, de manera recurrente, que es la suma de actuaciones y medidas en diferentes 醡bitos lo que permite un mayor control de la epidemia y, por ende, un mayor grado de 閤ito en la aplicaci髇 de las mismas. La efectividad de cualquier intervenci髇 aislada puede ser limitada, requiriendo la combinaci髇 de varias intervenciones para tener un impacto significativo en dicha gesti髇.

En este sentido, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado de difusi髇 geogr醘ica de la transmisi髇 del SARS-CoV-2 y que ello, a su vez, tiene un impacto directo en la actividad tur韘tica. El aislamiento geogr醘ico de Canarias, unido al mayor control de acceso a su territorio, derivado de su condici髇 insular, ha supuesto una ventaja latente en la referida difusi髇 cuyos efectos pueden ser un aliciente para el mantenimiento de la actividad tur韘tica en el archipi閘ago.

En este sentido, la experiencia de meses anteriores confirma c髆o la adopci髇 de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y actividades, no solamente tiene un impacto directo en la reducci髇 dr醩tica de los brotes epid閙icos y los casos asociados vinculados a tales contextos, sino que adem醩, ha ayudado a fortalecer la imagen de Canarias como destino tur韘tico garante de unos altos est醤dares de protecci髇 de la salud de sus visitantes.

Canarias presenta una evoluci髇 favorable de la epidemia con indicadores que la sit鷄n en niveles de riesgo medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, y sin perjuicio de la habilitaci髇 contenida en el referido Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se hace necesario incorporar a la regulaci髇 de la actividad tur韘tica alojativa los aspectos que garanticen, tambi閚 en este contexto, la debida protecci髇 de la salud de sus usuarios. Con ello se pretende evitar la situaci髇 de par醠isis vivida durante la vigencia del estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el gran impacto perjudicial que tuvo en la sociedad del archipi閘ago.

Y siendo el turismo una actividad din醡ica que se ve afectada por los cambios y tendencias que se producen en su entorno, especialmente sensible a una serie de condicionantes externos como la situaci髇 econ髆ica y medioambiental, la estabilidad y seguridad del destino o las condiciones de salud p鷅lica, la pandemia mundial del Coronavirus COVID-19 ha corroborado la especial vulnerabilidad del sector, al basarse en desplazamientos y el contacto entre personas, limitados por los gobiernos de todos los estados para evitar la propagaci髇 de dicha pandemia.

El descenso que se ha producido en el n鷐ero de turistas en las Islas Canarias es consecuencia directa de la reducci髇 experimentada en la llegada de estos provenientes de los principales pa韘es emisores, Alemania y Reino Unido, los cuales representan, conjuntamente, el 46,8% de la llegada de turistas al archipi閘ago. El 22 de octubre de 2020, los Gobiernos de dichos pa韘es permiten de nuevo los viajes a las Islas Canarias sin restricciones lo que justifica la urgencia en la entrada en vigor de las normas tur韘ticas que se exponen en este articulado, en la medida en se prev� un importante incremento del n鷐ero de turistas que llegar醤 a las islas desde dicha fecha.

La actividad tur韘tica, estrat間ica en Canarias, ha sufrido durante los primeros seis meses de 2020 un importante descenso, habiendo sido registrada una cifra de llegada de turistas internacionales de 2,7 millones, lo que supone una reducci髇 del 58,6% frente a las cifras registradas en 2019. Asimismo, se ha producido un descenso sin precedentes en el gasto tur韘tico semestral experimentado en el archipi閘ago al reducirse en un 99,8% respecto al primer semestre del a駉 pasado, poniendo m醩 de 50.000 puestos de trabajo en riesgo.

La recuperaci髇 no va a ser r醦ida y las expectativas apuntan que se puede perder una importante cantidad de los turistas recibidos y de los ingresos generados en el conjunto del a駉 y esto llevar韆 a reducir dr醩ticamente el PIB canario.

El cambio de modelo que est� experimentando y que experimentar� la actividad tur韘tica en toda su extensi髇 requiere la intervenci髇 decisiva de las pol韙icas p鷅licas en materia de turismo, con especial relevancia en nuestra Comunidad Aut髇oma por el se馻lado papel que la industria tur韘tica desempe馻 dentro de la econom韆 canaria.

La situaci髇 provocada por la evoluci髇 del virus desde que se procediera a su declaraci髇 como emergencia de salud p鷅lica de importancia internacional, ha generado la urgente necesidad de adoptar medidas extraordinarias en diversos 醡bitos para hacer frente a la misma, y proteger la salud p鷅lica.

En este sentido, el Gobierno canario ha manifestado su compromiso para mantener negocios y puestos de trabajo del sector tur韘tico ante las graves consecuencias que la pandemia del COVID-19 va a tener en la Comunidad Aut髇oma y la necesidad urgente de su reactivaci髇. Ello ha hecho imprescindible articular estrategias y mecanismos para el impulso de la actividad del sector tur韘tico tales como el Plan para la Reactivaci髇 Social y Econ髆ica de Canarias (Plan Reactiva Canarias); el Laboratorio Global de Seguridad Tur韘tica y el Proyecto Canarias Fortaleza que han sido el marco de referencia de los operadores para, a partir de la identificaci髇 de riesgos y la evaluaci髇 de situaciones de conflicto, llevar a cabo actuaciones de prevenci髇 y protecci髇 de la salud, y de implementaci髇 de las mejores pr醕ticas.

II

El presente Decreto ley se compone de un art韈ulo 鷑ico, una disposici髇 transitoria y cuatro disposiciones finales.

El art韈ulo 鷑ico establece un r間imen transitorio de condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias aplicable mientras subsista la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y hasta que la autoridad sanitaria competente declare su innecesaridad. Conforme a dicho r間imen, para acceder a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento ser� preciso demostrar la realizaci髇 del test de diagn髎tico de infecci髇 activa que establezcan las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario tur韘tico no ha dado positivo como transmisor de la COVID-19. De esta manera se promueve la realizaci髇 del test diagn髎tico en el lugar de procedencia de cada usuario, sin perjuicio de la posibilidad de someterse al referido test diagn髎tico en los espacios que, para tal fin, pongan a su disposici髇 las autoridades canarias con car醕ter previo a su entrada al establecimiento tur韘tico de alojamiento. La norma contempla una regulaci髇 espec韋ica para aquellas personas que acrediten la permanencia en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias en los 15 d韆s previos a su llegada al establecimiento, a los que se exige la acreditaci髇, mediante declaraci髇 responsable, de tal extremo, quedando esta a disposici髇 de las autoridades sanitarias. Este distinto tratamiento se sustenta en que dichas personas no suponen un riesgo potencial para la capacidad asistencial de los centros sanitarios canarios. No obstante, ante la incertidumbre que pudiera darse respecto a la evoluci髇 de la situaci髇 epidemiol骻ica, no solo en los territorios de origen de los usuarios tur韘ticos, sino tambi閚 en la propia Comunidad Aut髇oma de Canarias, se considera necesario habilitar al Consejo de Gobierno Auton髆ico, a propuesta de la Autoridad Sanitaria, para que pueda modificar lo regulado en esta norma acerca de la obligatoriedad o no de la realizaci髇 de test de diagn髎tico de infecci髇 activa.

La responsabilidad de los establecimientos tur韘ticos de alojamiento, de este modo, queda limitada a la verificaci髇 de los certificados que se aporten en el acceso a sus instalaciones, as� como al deber de facilitar la informaci髇 relativa a los lugares en los que los usuarios tur韘ticos pueden someterse a los test diagn髎ticos.

Se utiliza la denominaci髇 de test de diagn髎tico de infecci髇 activa, por ser el nombre gen閞ico de este tipo de pruebas diagn髎ticas utilizado oficialmente, dado lo cambiante que est� resultando la investigaci髇 en este campo para definir distintos tipos de pruebas de mayor fiabilidad diagn髎tica y facilidad en su realizaci髇.

El Decreto ley contiene una disposici髇 transitoria en la que se contempla el r間imen transitorio aplicable derivado de la aplicaci髇 de las medidas previstas con su entrada en vigor que, conforme a su disposici髇 final cuarta, tendr� lugar el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de Canarias.

En la disposici髇 final primera se aborda la modificaci髇 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenaci髇 del Turismo de Canarias, para introducir el derecho de los usuarios tur韘ticos a que se adopten medidas adecuadas para la protecci髇 de su salud. De igual forma se reflejan las potestades de intervenci髇 para la protecci髇 de la salud y la prevenci髇 de la enfermedad, que la legislaci髇 sectorial confiere a las autoridades sanitarias por raz髇 de salud p鷅lica. Potestades de intervenci髇 que, evidentemente, tienen su incidencia en la actividad tur韘tica alojativa como en cualquier otro sector y que, si bien no se reflejaban en la normativa tur韘tica, se ponen ahora de manifiesto por raz髇 de seguridad jur韉ica y de transparencia frente a los usuarios de dichos establecimientos.

Por otro lado, se define la forma en que los usuarios tur韘ticos pueden acceder y prestar el consentimiento respecto a la informaci髇 relativa a las medidas que, para la protecci髇 de su salud, puedan ser impuestas en su acceso o permanencia a los referidos establecimientos, as� como las obligaciones para su divulgaci髇.

La disposici髇 final segunda modifica la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espect醕ulos p鷅licos y otras medidas administrativas complementarias, con el fin de habilitar al Gobierno de Canarias a regular por decreto las condiciones objetivas en que puede ser ejercido el derecho de admisi髇, y recoger asimismo la posibilidad de establecer restricciones al acceso por las autoridades sanitarias, en el ejercicio de sus competencias, por razones de salud p鷅lica.

Las disposiciones finales tercera y cuarta, establecen, respectivamente, una habilitaci髇 para el desarrollo reglamentario y ejecuci髇 del Decreto ley, y su entrada en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de Canarias.

III

Con base en la previsi髇 contenida en el art韈ulo 46 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, el Decreto ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 de julio, F. 3), subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la correspondiente tramitaci髇 normativa que resulte de aplicaci髇.

La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (STC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 6) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades de actuaci髇 que la situaci髇 de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad n鷐. 2208-2019).

Como se馻la el Tribunal Constitucional, generalmente se ha venido admitiendo el uso del Decreto ley en situaciones que se han calificado como 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

En el presente caso, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia es el subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal, resultando incompatible acompasar el procedimiento legislativo com鷑 contemplado en T韙ulo VI del texto consolidado del Reglamento del Parlamento de Canarias, con la apremiante necesidad de aprobar las medidas de garant韆 de protecci髇 de la salud de los usuarios en el ejercicio de la actividad tur韘tica alojativa, de tal forma que la misma s髄o puede abordarse con la urgencia que la figura del Decreto ley permite.

Las previsiones contenidas en este Decreto ley, en concreto, responden al mandato constitucional de garant韆 de la seguridad, la salud y los leg韙imos intereses de consumidores y usuarios de su art韈ulo 51. El Tribunal Constitucional ha sentado que los poderes p鷅licos deben garantizar la eficacia en los procedimientos de protecci髇 de la seguridad y la salud de los consumidores y usuarios exigida por la Constituci髇 (STC 87/1985 del 16 de julio) y que el cumplimiento de este mandato corresponde al Estado o a las Comunidades Aut髇omas en funci髇 del reparto de competencias establecido en el T韙ulo VIII de la Constituci髇 y en los respectivos Estatutos de autonom韆 (SSTC 62/1991 y 202/1992).

En consonancia con lo expuesto, se puede asegurar que existe una conexi髇 directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella, teniendo en cuenta las medidas que ya han sido previamente adoptadas y que requieren ser complementadas de manera urgente. Estas medidas que se adoptan ahora no pueden esperar a una tramitaci髇 ordinaria dado el efecto gravoso que provocar韆 en la ciudadan韆 al perder su esperada eficacia en el fin 鷏timo de las mismas en la lucha contra la evoluci髇 del virus COVID-19 y el impacto de este en la econom韆.

Por 鷏timo, este Decreto ley cumple con los l韒ites fijados por las competencias auton髆icas para acometer una regulaci髇 legal en esta materia. Cuando concurre, como en este caso, una situaci髇 de extraordinaria y urgente necesidad todos los poderes p鷅licos que tengan asignadas facultades de legislaci髇 provisional y competencias sustantivas en el 醡bito material en que incide tal situaci髇 de necesidad pueden reaccionar normativamente para atender dicha situaci髇, siempre, claro est�, que lo hagan dentro de su espectro competencial. (STC 93/2015, de 14 de mayo FJ11).

Estas mismas razones que determinan la urgente necesidad son las que conducen a que el presente instrumento normativo se erija en el instrumento de que dispone este Gobierno para dar respuesta, en tiempo, a una situaci髇 que requiere de una actuaci髇 inmediata, dando con ello cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia en el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto ley no solo el instrumento m醩 adecuado sino el 鷑ico que puede garantizar su consecuci髇 y eficacia.

Del mismo modo, es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para conseguir su objetivo, limitando sus efectos a la concurrencia de la situaci髇 temporal y extraordinaria descrita. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jur韉ica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jur韉ico.

En cuanto al principio de transparencia, la norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica que no son aplicables a la tramitaci髇 y aprobaci髇 de decretos-leyes, sin perjuicio de la debida publicidad que se dar� al mismo a trav閟 de los boletines oficiales.

Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, y teniendo en cuenta la propia naturaleza de las medidas adoptadas este Decreto ley no impone carga administrativa alguna adicional.

Debe se馻larse tambi閚 que este Decreto ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen electoral, ni a las instituciones de la Comunidad Aut髇oma de Canarias.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por los art韈ulos 46 y 129 del Estatuto de Autonom韆 de Canarias, a propuesta conjunta de los Consejeros de Administraciones P鷅licas, Justicia y Seguridad y de Sanidad, y de la Consejera de Turismo, Industria y Comercio, y previa deliberaci髇 del Gobierno en su reuni髇 celebrada el d韆 29 de octubre de 2020,

DISPONGO:

Art韈ulo 鷑ico Condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19

1.- Para acceder a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias ser� preciso que los usuarios tur韘ticos mayores de seis a駉s, que no provengan del territorio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias demuestren la realizaci髇, en el plazo m醲imo de las 72 horas previas a su llegada, del test de diagn髎tico de infecci髇 activa que establezcan las autoridades sanitarias y que acredite que el usuario tur韘tico no ha dado positivo como transmisor de la COVID-19.

Se suspenden temporalmente las condiciones para acceder a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias por los usuarios tur韘ticos, establecidas en los apartados 1 y 3 del art韈ulo 鷑ico, por el apartado primero de la Res. de 14 de octubre de 2021, por la que se dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19 (獴.O.I.C.� 15 octubre). Prorrogada desde la 00:00 horas del d韆 1 de febrero de 2022 hasta las 24 horas del 31 de mayo de 2022 por Resoluci髇 de 27 de enero de 2022 (獴.O.I.C.� 28 enero).LE0000709611_20211015R Presidencia 14 Oct. 2021 CA Canarias (publicaci髇 del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19) LE0000717926_20220128R Presidencia 27 Ene. 2022 CA Canarias (Acuerdo por el que se prorroga el Acuerdo 14 Oct. 2021, modifica las condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento durante la pandemia COVID-19)

2.- Con car醕ter previo a la formalizaci髇 de la reserva o contrataci髇 de los servicios de alojamiento tur韘tico en cualquiera de los establecimientos tur韘ticos de Canarias, se informar� de que entre las condiciones de acceso al mismo se incluye la de acreditar la realizaci髇 del referido test diagn髎tico.

3.- No resultar� de aplicaci髇 la condici髇 de acceso a la que se refiere el p醨rafo primero a quien acredite la condici髇 de residente en Canarias, y declare bajo su responsabilidad que no ha abandonado el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias en los 15 d韆s previos a su llegada al establecimiento y que adem醩 en dicho per韔do no ha tenido s韓tomas compatibles con la COVID-19.

Tampoco ser� necesaria la demostraci髇 de la realizaci髇 del referido test diagn髎tico a los no residentes que acrediten mediante su documento de viaje haber permanecido en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Canarias los 15 d韆s previos a la fecha de acceso al establecimiento tur韘tico de alojamiento, y que adem醩 declaren bajo su responsabilidad que en dicho per韔do no ha tenido s韓tomas compatibles con la COVID-19.

4.- Las condiciones establecidas en los apartados 1 y 3 para los usuarios tur韘ticos, podr醤 modificarse mediante Acuerdo del Gobierno a propuesta de la Autoridad Sanitaria, en funci髇 de la evoluci髇 de la situaci髇 epidemiol骻ica en los territorios de origen o en la propia Comunidad Aut髇oma de Canarias.

5.- En el momento de formalizaci髇 de la reserva o contrataci髇 de los servicios de alojamiento tur韘tico cada cliente habr� de prestar su aceptaci髇 a la condici髇 de acceso que, conforme a los apartados anteriores, le resulte de aplicaci髇.

6.- El establecimiento tur韘tico de alojamiento denegar� el acceso a la persona que no cumpla las condiciones que le sean de aplicaci髇 conforme a los apartados 1 y 3. No obstante lo anterior, y cuando el motivo para denegar el acceso sea carecer del referido test diagn髎tico, deber� informar de los lugares pr髕imos al establecimiento en que podr韆 someterse a esa prueba, o bien ofrecer dicha posibilidad en el propio establecimiento a coste del usuario tur韘tico.

Excepcionalmente, en el supuesto de que el usuario tur韘tico no acredite su sometimiento al test diagn髎tico, pero demuestre su disponibilidad para realiz醨selo, podr� autorizarse su acceso y pernoctaci髇 el tiempo imprescindible para obtener los resultados. En este caso, el usuario tur韘tico no podr� abandonar la habitaci髇 salvo para realizar el test y recoger los resultados.

7.- Todo establecimiento tur韘tico de alojamiento deber� colocar en su recepci髇, al menos en cinco idiomas comunitarios, carteles indicativos e informativos relativos a las condiciones de acceso a las que se refiere este art韈ulo.

8.- El usuario tur韘tico podr� acreditar libremente la realizaci髇 de dicho test diagn髎tico en el plazo indicado mediante la aportaci髇 de certificado, telem醫ico o en soporte papel, en el que conste la fecha y hora de celebraci髇 del test, la identidad de la persona f韘ica sometida a la misma, el laboratorio responsable de su verificaci髇 y su naturaleza, as� como el resultado negativo.

9.- En el plazo m醲imo de las 48 horas previas a la salida del establecimiento de alojamiento los usuarios tur韘ticos cuyo lugar de destino exija para su retorno, bien una prueba negativa en COVID-19, o bien la realizaci髇 de una cuarentena, deber醤 ser informados por el propio establecimiento de los lugares en los que poder someterse a los test diagn髎ticos que cuenten con la homologaci髇 de las autoridades sanitarias seg鷑 exija el destino de retorno, en los que se expida certificaci髇 acreditativa de la realizaci髇 de dicha prueba, sus condiciones y el resultado.

10.- Los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias deber醤 conservar a disposici髇 del Servicio Canario de la Salud la informaci髇 contenida en las hojas de registro a que hace referencia la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, junto con la documentaci髇 acreditativa del cumplimiento por el cliente de las condiciones de acceso a al establecimiento a que hacen referencia los apartados anteriores.

El tratamiento de la informaci髇 de car醕ter personal que se realice como consecuencia del desarrollo y aplicaci髇 del presente art韈ulo se har� de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales, y en lo establecido en los art韈ulos ocho.1 y veintitr閟 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

El tratamiento tendr� por finalidad garantizar el derecho a la seguridad y protecci髇 de la salud del usuario tur韘tico en los t閞minos del art韈ulo 18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenaci髇 del Turismo de Canarias; atendiendo a razones de inter閟 p鷅lico esencial en el 醡bito espec韋ico del turismo, y para la protecci髇 de intereses vitales de los afectados y de otras personas f韘icas al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Cada establecimiento tur韘tico de alojamiento ser� responsable del tratamiento de los datos que recabe de las personas que hayan reservado o contratado sus servicios. Dichos establecimientos garantizar醤 la aplicaci髇 de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente an醠isis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a categor韆s especiales de datos.

11.- Con car醕ter previo a la formalizaci髇 de la reserva o contrataci髇 de los servicios de alojamiento tur韘tico en cualquiera de los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias, se informar� a los clientes de que deber醤 descargar y mantener activa durante su estancia en las islas, as� como los 15 d韆s inmediatamente posteriores a su regreso a su lugar de origen, la aplicaci髇 m髒il de alerta de contagios Radar Covid.

Todos los establecimientos deber醤 colocar en su recepci髇, al menos en cinco idiomas comunitarios, carteles indicativos e informativos al respecto.

12.- Las condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19 reguladas en este art韈ulo se mantendr醤 vigentes hasta que la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Canarias, en uso del art韈ulo 15.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenaci髇 del Turismo de Canarias, declare su innecesaridad y/o la sustituya por otro tipo de disposiciones.

V閍se la Res. de 1 de junio de 2021, por la que se dispone la publicaci髇 del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los establecimientos tur韘ticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19 (獴.O.I.C.� 2 junio).LE0000699258_20210603

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espect醕ulos p鷅licos y otras medidas administrativas complementarias

Se modifica la disposici髇 adicional tercera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espect醕ulos p鷅licos y otras medidas administrativas complementarias, que queda redactada en los siguientes t閞minos:

"Disposici髇 adicional tercera Protecci髇 del consumidor y del usuario

Sin perjuicio de lo establecido en la legislaci髇 vigente sobre disciplina de mercado y defensa del consumidor y del usuario, corresponder� al Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente, regular por decreto:

• a) Los libros y las hojas de reclamaciones, que deber醤 estar a disposici髇 del p鷅lico en los establecimientos o locales.
• b) Las condiciones de venta de las localidades o los billetes, y de los abonos.
• c) Las caracter韘ticas de la publicidad para que no distorsione la capacidad electiva del usuario o espectador.
• d) Las condiciones objetivas en que se podr� ejercer el derecho de admisi髇, que deber醤 ser publicadas y conocidas para que el derecho de acceso a los locales y establecimientos de p鷅lica concurrencia sometidos a la presente ley no pueda ser negado de manera arbitraria o improcedente.
  Dicha reglamentaci髇 deber� tener como criterio objetivo impedir el acceso a personas que manifiesten actitudes violentas que puedan producir peligro o molestias a otros espectadores o usuarios, o bien dificulten el desarrollo normal de un espect醕ulo o actividad recreativa.
  Asimismo, se podr醤 establecer restricciones al acceso por las autoridades sanitarias, en el ejercicio de sus competencias, por razones de salud p鷅lica.
• e) Los supuestos en que se impone la obligaci髇 de devoluci髇 del importe de las localidades, sin perjuicio de las reclamaciones a que se pueda tener derecho, de acuerdo con la legislaci髇 civil y mercantil."

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