Anúnciate en Noticias Jurídicas Newsletter Colabora con nosotros

TIENDA LA LEY

LA LEY. Librería Jurídica Online Profesional

TIENDA LIBROS FORMACIÓN BASES DE DATOS REVISTAS SOFTWARE DE GESTIÓN OBRAS ACTUALIZABLES

Base de Datos de Legislaci髇

Ley 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ficha:
  • 觬ganoPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
  • Publicado en DOCM n鷐. 234 de 19 de Noviembre de 2020 y BOE n鷐. 47 de 24 de Febrero de 2021
  • Vigencia desde 19 de Febrero de 2021
Versiones/revisiones:

Sumario

Las Cortes de Castilla-La Mancha, han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

I

El Patrimonio de la Junta de Comunidades es una de las instituciones jur韉icas previstas en el Estatuto de Autonom韆 de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Org醤ica 9/1982, de 10 de agosto. En este sentido, el art韈ulo 43.1 establece que el patrimonio de la Comunidad Aut髇oma estar integrado por el patrimonio de la Junta de Comunidades en el momento de aprobarse el Estatuto, los bienes afectos a los servicios traspasados y los bienes adquiridos por la Junta de Comunidades por cualquier t韙ulo jur韉ico v醠ido. El apartado 2 de este mismo precepto contin鷄 diciendo que 玡l r間imen jur韉ico del patrimonio, su administraci髇, defensa y conservaci髇 ser醤 regulados por una ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el marco de la legislaci髇 b醩ica del Estado.

Por otro lado, el art韈ulo 39 del Estatuto, en redacci髇 dada por la Ley Org醤ica 3/1997, de 3 de julio, despu閟 de proclamar en el apartado 2 que 玡n el ejercicio de sus competencias, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha gozar de las potestades y privilegios propios de la Administraci髇 del Estado, relacionando algunas de estas potestades, prosigue en el apartado 3 afirmando que, 玜simismo, en el ejercicio de la competencia de organizaci髇, r間imen y funcionamiento prevista en el art韈ulo 31.1.1 del presente Estatuto y, de acuerdo con la legislaci髇 del Estado, corresponde a la Comunidad Aut髇oma, entre otras materias, …la regulaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut髇oma, ….

En cumplimiento del mandato estatutario recogido en el art韈ulo 43.2, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, que fue objeto de desarrollo al a駉 siguiente por medio del Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, por el que se aprob el Reglamento para su aplicaci髇.

La Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, cuyos objetivos fundamentales (seg鷑 su exposici髇 de motivos) eran 玪a defensa de los bienes de la Regi髇 y su gesti髇 adecuada, tanto en el 醡bito jur韉ico como en el financiero, ha sido el instrumento fundamental en el que se ha sustentado la gesti髇 y administraci髇 del patrimonio general hasta la fecha, si bien, en todo este periodo se han producido multitud de cambios y circunstancias que han ido ocasionando el paulatino desfase y desajuste del texto, sobreviniendo insuficiente para dar soluci髇 a las necesidades actuales. Estos cambios y circunstancias se predican tanto de la propia Instituci髇 auton髆ica como de la materia objeto de regulaci髇 de la ley.

En cuanto a la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, su realidad institucional, organizativa y competencial, y por tanto patrimonial, es de mucha mayor entidad y complejidad que en el a駉 1985, bastando aludir aqu a las importantes competencias y servicios p鷅licos que ha asumido en este periodo, como han sido, entre otras, la educaci髇 (1999) y la sanidad (2001), esencialmente, o la gesti髇 del Instituto Nacional de Empleo en el 醡bito del trabajo, el empleo y la formaci髇 (2002) o las funciones y servicios de la Seguridad Social (1995) en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales, con el correspondiente traspaso por parte del Estado de los medios materiales, es decir, de los bienes y derechos afectos a dichas funciones.

Respecto a la propia materia objeto de regulaci髇, es decir, la gesti髇 del patrimonio p鷅lico, tambi閚 ha sufrido un gran desarrollo y evoluci髇 en todo este tiempo, sirviendo de par醡etro a estos efectos el nuevo bloque normativo dictado por el Estado, constituido por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. Estas normas, fundamentalmente la Ley (aunque tambi閚 el Reglamento), contienen preceptos b醩icos, aparte de otros que son de aplicaci髇 general, y vienen a sustituir a la vetusta legislaci髇 anterior que proced韆 de los a駉s 60, esto es, a la Ley del Patrimonio del Estado, cuyo texto articulado fue aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y el Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprobaba el Reglamento para la aplicaci髇 de la Ley del Patrimonio del Estado.

Algunas de las carencias de la Ley 6/1985 se han intentado paliar a trav閟 de modificaciones legislativas, habi閚dose tramitado hasta nueve modificaciones del texto, siendo todas ellas de car醕ter puntual, no suficientes para actualizar la norma en su consideraci髇 global, como ahora se pretende.

II

El punto de partida de la ley no puede ser otro que las normas b醩icas y de aplicaci髇 general del Estado. As, en la disposici髇 final segunda de la Ley de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas se especifican los preceptos de la misma que tienen car醕ter b醩ico (apartado 5), dictados en ejercicio de la competencia atribuida al Estado por el art韈ulo 149.1.18 de la Constituci髇, as como aquellos otros que son de aplicaci髇 general (apartados 1, 2, 3 y 4), dictados al amparo de los t韙ulos competenciales atribuidos al Estado con car醕ter exclusivo en el mismo art韈ulo 149 de la Constituci髇 en las materias relativas a legislaci髇 mercantil, penal, penitenciaria y procesal, legislaci髇 civil, r間imen econ髆ico de la Seguridad Social y legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa. Estas disposiciones son de aplicaci髇 directa a las Comunidades Aut髇omas (art韈ulo 2.2 de la ley).

El resto del articulado de la Ley de Patrimonio de las Administraciones es de aplicaci髇 directa 鷑icamente a la Administraci髇 General del Estado y a sus organismos e instituciones dependientes, siendo aplicable a las Comunidades Aut髇omas s髄o de forma supletoria. Esta supletoriedad del derecho estatal ha sido de mucha utilidad para la Administraci髇 de la Junta de Comunidades, dadas las lagunas de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha. Hay que destacar aqu que en estas disposiciones no b醩icas ni de aplicaci髇 general de la Ley de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas se reconocen multitud de privilegios y prerrogativas, que en principio s髄o se predican para la Administraci髇 estatal, estando vedadas para las Comunidades Aut髇omas, salvo que puedan recurrir a las mismas por la mencionada v韆 de la supletoriedad, seg鷑 cada caso. En el supuesto de esta Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, el art韈ulo 39.2 del Estatuto de Autonom韆 proclama que 玡n el ejercicio de sus competencias, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gozar de las potestades y privilegios propios de la Administraci髇 del Estado, previsi髇 que ha sido tenida en cuenta en la regulaci髇 operada por la presente ley.

Con estos antecedentes, el objetivo de esta iniciativa legislativa ser dotar a la Comunidad Aut髇oma de un nuevo marco normativo en materia patrimonial m醩 completo, totalmente renovado y actualizado a las circunstancias actuales, adaptado a la legislaci髇 b醩ica y de aplicaci髇 general del Estado, y que sea el instrumento id髇eo para una gesti髇 eficaz del patrimonio regional, abordando suficientemente todos los aspectos integrantes de la citada gesti髇: desde la protecci髇, defensa y conservaci髇 del patrimonio, en tanto que soporte material de los fines de uso general, los servicios p鷅licos u otras funciones p鷅licas; pasando por las normas relativas a la utilizaci髇 y administraci髇 de los bienes y derechos por la Administraci髇 (en particular de los edificios de uso administrativo) y los ciudadanos; y abordando sin ambages los negocios jur韉icos patrimoniales, es decir, todas aquellas cuestiones de derecho p鷅lico relativas a la adquisici髇 y enajenaci髇 de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades, estableciendo las debidas garant韆s para la seguridad jur韉ica y la defensa de los derechos e intereses de la misma en el tr醘ico jur韉ico; o la necesidad de hacer frente a las especialidades de las empresas p鷅licas de Castilla-La Mancha, como medio de ejecuci髇 de las funciones de su competencia; asumiendo con plenitud todas las facultades y prerrogativas administrativas en materia patrimonial.

La ley tiene una nueva estructura, que intenta no alejarse de la establecida en la ley estatal b醩ica para facilitar la interconexi髇 e interpretaci髇 conjunta de ambos textos, y consta de 138 art韈ulos, diez disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro finales, superando el contenido de la ley anterior e incorporando multitud de novedades, en los t閞minos que se recoge en la exposici髇 resumida de cada uno de los t韙ulos que sigue a continuaci髇.

III

La ley comienza con un t韙ulo I que versa sobre las disposiciones generales, que se clasifica, a su vez, en dos cap韙ulos.

El cap韙ulo I trata del objeto de la ley, que no puede ser otro que establecer el r間imen jur韉ico aplicable al Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que estar integrado por todos los bienes y derechos que pertenezcan a las Cortes regionales, a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y a sus organismos p鷅licos y dem醩 entidades de derecho p鷅lico vinculadas o dependientes, quedando as fijado el 醡bito objetivo y subjetivo de la ley.

Tambi閚 se recoge la tradicional clasificaci髇 entre los bienes y derechos de dominio p鷅lico o demaniales y de dominio privado o patrimoniales, as como el sistema de fuentes aplicable al patrimonio, destacando el car醕ter subsidiario de la ley respecto de aquellos bienes y derechos que tengan legislaci髇 especial, como es el caso de los montes, las v韆s pecuarias, las carreteras y caminos, el patrimonio cultural o el patrimonio afecto a la pol韙ica de vivienda y suelo. Esta cuesti髇 viene a matizar el objeto y alcance de la ley, puesto que, siendo cierto que se aplica a todos los bienes y derechos integrantes del Patrimonio de la Junta de Comunidades, s髄o una parte de este patrimonio, que podemos nominar como patrimonio general, estar regulado de forma directa por esta ley, siendo supletoria para ese otro conjunto patrimonial integrado por los bienes y derechos sujetos a legislaci髇 espec韋ica (las denominadas propiedades administrativas especiales).

El cap韙ulo II se ocupa de las competencias en materia patrimonial, distinguiendo las del Consejo de Gobierno, las propias de las consejer韆s, y las de los organismos y entidades de derecho p鷅lico, dotando de especial protagonismo a la consejer韆 competente en materia de hacienda, a la que se instituye como m醲imo responsable del Patrimonio de la Junta de Comunidades, al asumir el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la titularidad de los bienes y derechos, salvo que est閚 espec韋icamente atribuidas, delegadas o desconcentradas en otros 髍ganos, ostentando tambi閚 dicha consejer韆 la representaci髇 extrajudicial.

Por 鷏timo, se alude en este cap韙ulo a las especialidades del patrimonio de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde destaca el principio de autonom韆 de gesti髇.

IV

El t韙ulo II regula la protecci髇 y defensa del patrimonio, y consta de ocho cap韙ulos en los que se van desgranando las distintas facultades y prerrogativas de la Administraci髇 en esta materia.

El cap韙ulo I aborda cuestiones generales, como las obligaciones y deberes de la propia Administraci髇 a trav閟 de sus 髍ganos y agentes, lo que se hace extensivo a los concesionarios y dem醩 usuarios de los bienes, as como el deber de colaboraci髇 de los ciudadanos en general, o la obligaci髇 de los registros y los archivos p鷅licos de suministrar informaci髇 a la Comunidad Aut髇oma cuando se requiera para la adecuada protecci髇 y defensa de sus bienes y derechos.

Los cap韙ulos II y III prev閚, respectivamente, el Inventario General y el r間imen registral. El Inventario se configura como un instrumento al servicio de la gesti髇 patrimonial, en toda su extensi髇, y se regulan aspectos como su contenido, las competencias en cuanto a su direcci髇, gesti髇 y control, su relaci髇 con otros cat醠ogos o registros administrativos internos y su naturaleza jur韉ica. En relaci髇 al r間imen registral, adem醩 de la ya cl醩ica obligaci髇 de inscribir los bienes y derechos, se incorporan en la ley la facultad para instar, cuando concurran los supuestos que se especifican, la cancelaci髇 y rectificaci髇 de determinadas inscripciones.

Los cap韙ulos IV a VII est醤 dedicados a las 玣acultades y prerrogativas de las Administraciones P鷅licas 玴ara la defensa de su patrimonio previstas en la legislaci髇 b醩ica del Estado, que son las tradicionales facultades de investigaci髇 (cap韙ulo IV), deslinde (cap韙ulo V) y recuperaci髇 de la posesi髇 (cap韙ulo VI), a las que se une, como novedad para nuestro 醡bito auton髆ico, el desahucio administrativo respecto de los bienes demaniales (cap韙ulo VII).

La regulaci髇 de las prerrogativas de investigaci髇, deslinde y recuperaci髇 de la posesi髇 es m醩 amplia y precisa que la recogida en la anterior Ley de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de 1985, puesto que esta se limitaba, pr醕ticamente, a reconocer dichas t閏nicas, y no siempre de forma afortunada, puesto que, a t韙ulo de ejemplo, restring韆 las facultades de investigaci髇 y deslinde a los bienes patrimoniales, lo que no se coordinaba adecuadamente con la concepci髇 del dominio p鷅lico. En la presente ley, por el contrario, se prev閚 los aspectos esenciales del r間imen jur韉ico de las prerrogativas de investigaci髇, deslinde y recuperaci髇 de la posesi髇, siguiendo un esquema semejante en los tres casos, que comienza con la definici髇 depurada de cada una de las facultades y la atribuci髇 de las competencias para instruir y resolver los procedimientos, tanto en el caso de la Administraci髇 auton髆ica, que corresponder醤 a la consejer韆 competente en materia de hacienda, como en el supuesto de los organismos y entidades p鷅licas, quienes tambi閚 dispondr醤 de estas facultades; luego se sigue con los aspectos fundamentales de cada procedimiento administrativo, adaptados ya a la regulaci髇 operada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas; y por 鷏timo, se aborda la terminaci髇 del expediente y la ejecuci髇 de la resoluci髇, en su caso.

Como se ha dicho, y con independencia de lo que pueda establecerse en la legislaci髇 especial para otras categor韆s de bienes de naturaleza patrimonial, se incorpora como novedad para nuestro 醡bito auton髆ico una cuarta prerrogativa, el desahucio administrativo, que se proyecta s髄o sobre los bienes de dominio p鷅lico, y cuya finalidad es posibilitar a la Administraci髇 para que pueda recuperar en v韆 administrativa la posesi髇 indebidamente perdida de sus bienes demaniales cuando se extinga o decaiga el t韙ulo que legitimaba la citada ocupaci髇, pudiendo acudir a los medios que tiene reconocidos para la ejecuci髇 forzosa del lanzamiento.

El 鷏timo bloque normativo del t韙ulo II, que constituye el cap韙ulo VIII, se reserva para la potestad sancionadora en materia patrimonial, y en el mismo se contienen, con la debida clasificaci髇 en muy graves, graves y leves, un cuadro de infracciones totalmente renovado, adem醩 de las correspondientes sanciones y las normas de competencia y procedimiento.

V

El t韙ulo III tiene por objeto el destino de los bienes y derechos en el 醡bito de la propia Comunidad Aut髇oma desde una doble vertiente, la finalista, es decir, la funci髇 o servicio a que se destinar醤 (la afectaci髇), y la subjetiva u org醤ica, esto es, los 髍ganos, organismos o entidades de la Comunidad a los que se asignar醤 para la ejecuci髇 de sus competencias (la adscripci髇).

El cap韙ulo I se dedica a la afectaci髇, la desafectaci髇 y la mutaci髇 demanial. Junto a la afectaci髇 expresa se contempla, como novedad, la afectaci髇 t醕ita y presunta, para as poder extender los efectos de la demanialidad a aquellos bienes y derechos que est閚, de facto, vinculados al uso general o a los servicios p鷅licos. Asimismo, se importa la figura de la mutaci髇 demanial subjetiva, reconocida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas y acogida por las Comunidades Aut髇omas que han legislado con posterioridad a dicha ley, por cuya virtud se admitir la afectaci髇 de bienes y derechos del patrimonio regional a otras Administraciones P鷅licas para el cumplimiento de sus fines y competencias, sin que ello incida en la naturaleza y titularidad del bien. No obstante, esta figura no es completamente nueva en nuestra legislaci髇, puesto que la Ley de Patrimonio de 1985 preve韆 en el art韈ulo 44 la cesi髇 de uso de bienes demaniales, cuyo perfil ten韆 muchas analog韆s y similitudes con la mutaci髇 demanial subjetiva. De la regulaci髇 que hace la ley de esta mutaci髇 demanial vamos a destacar que, a diferencia del Estado y la mayor韆 de las Comunidades Aut髇omas, no se exige reciprocidad, como manifestaci髇 de la voluntad de la Junta de Comunidades de dar cumplimiento en esta materia, sin ninguna reticencia, a los principios de colaboraci髇 y cooperaci髇 que rigen las relaciones entre las Administraciones P鷅licas.

La adscripci髇 de los bienes y derechos se afronta en el cap韙ulo II, y se mantiene en t閞minos muy parecidos a la regulaci髇 anterior, con algunas innovaciones, como la adscripci髇 de los bienes y derechos demaniales que estar limitada o reservada a las instituciones, organismos o entidades de naturaleza p鷅lica de la Junta de Comunidades, o la inclusi髇 de las adscripciones motivadas por reorganizaciones administrativas y el supuesto de las adscripciones compartidas.

El cap韙ulo III aborda una cuesti髇 sobre la que la Ley de 1985 tambi閚 guardaba silencio, y es la incorporaci髇 al patrimonio de la Administraci髇 regional de los bienes y derechos que sean de titularidad de sus organismos y entidades p鷅licas, cuando les resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines, o en los supuestos de supresi髇 del organismo o entidad p鷅lica de que se trate.

VI

El siguiente t韙ulo de la ley, el IV, aborda el r間imen de uso y aprovechamiento de los bienes y derechos demaniales (cap韙ulos I a III) y patrimoniales (cap韙ulo IV).

El r間imen jur韉ico que se establece es pr醕ticamente nuevo, puesto que la regulaci髇 de la Ley de Patrimonio de 1985 sobre el uso y aprovechamiento de los bienes y derechos era muy sumaria, siendo el Reglamento para la aplicaci髇 de la Ley, aprobado por Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, el que establec韆 una regulaci髇 m醩 desarrollada, aunque insuficiente y ya desfasada ante las circunstancias actuales, toda vez que, entre otros factores, nos encontramos ante una materia muy intervenida por la legislaci髇 b醩ica del Estado aprobada por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Esta 鷏tima circunstancia relativa a la extensi髇 de la normativa b醩ica ha exigido una minuciosa labor de integraci髇 de ambos textos, con remisiones frecuentes a la Ley estatal, cuya finalidad 鷏tima ha sido intentar ofrecer al operador jur韉ico una regulaci髇 unitaria, completa y ordenada de esta materia, huyendo, en lo posible, de la reproducci髇 de aquellos contenidos ya previstos en la legislaci髇 b醩ica.

El cap韙ulo I trata de la utilizaci髇 de los bienes destinados al uso general, distinguiendo los distintos tipos de uso, que clasifica en uso com鷑, uso especial y uso privativo, mientras que el cap韙ulo II se dedica a los bienes destinados a los servicios p鷅licos, determinando el r間imen jur韉ico general aplicable a los mismos y su excepcional ocupaci髇 por terceros. Como corolario, el cap韙ulo III establece de forma pormenorizada el r間imen de las autorizaciones y concesiones demaniales, donde destaca el plazo de duraci髇 m醲ima, que se fija en diez a駉s para las autorizaciones y setenta y cinco para las concesiones (sustituyendo a los actuales plazos de treinta y cincuenta a駉s, respectivamente), y la novedosa reglamentaci髇 de los procedimientos de adjudicaci髇 de autorizaciones y concesiones.

Este t韙ulo finaliza con el cap韙ulo IV, que trata del aprovechamiento y explotaci髇 de los bienes y derechos de derecho privado o patrimoniales.

VII

El t韙ulo V se ocupa, por primera vez en nuestro ordenamiento patrimonial, de los edificios de uso administrativo, que ser醤 aquellas edificaciones, locales o espacios que se destinen a las sedes, oficinas, servicios administrativos y dependencias auxiliares de las consejer韆s, organismos y dem醩 entidades p鷅licas de la Junta de Comunidades.

Entre las cuestiones que se afrontan destaca el establecimiento de unas reglas de uso de los edificios administrativos, la planificaci髇 para optimizar su utilizaci髇 en su consideraci髇 global, donde los planes aprobados ser醤 de ejecuci髇 obligatoria, la previsi髇 de un 髍gano de coordinaci髇 y control, que es la consejer韆 competente en materia de hacienda, y un 髍gano no permanente de consulta y asesoramiento, que se denomina Comisi髇 Consultiva de Gesti髇 de Edificios Administrativos.

Tambi閚 se contempla la gesti髇 y administraci髇 de los edificios administrativos compartidos por varias consejer韆s, organismos o entidades de la Comunidad Aut髇oma.

VIII

El t韙ulo VI es el m醩 extenso de la ley, constituyendo una de las razones o fundamentaciones principales de esta iniciativa legislativa. Su contenido son los negocios jur韉icos patrimoniales, abordando todas las cuestiones de derecho p鷅lico relativas a la adquisici髇, enajenaci髇 y gravamen de los bienes y derechos patrimoniales por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Antes de proceder al desarrollo del contenido del t韙ulo es conveniente apuntar que se trata, una vez m醩, de una regulaci髇 pr醕ticamente nueva, sin apenas antecedentes en nuestro ordenamiento regional, de ah su trascendencia, ya que la Ley de Patrimonio de 1985, dado el contexto en el que fue aprobada, se limitaba a reconocer las facultades para adquirir, arrendar, enajenar, gravar o permutar y a establecer los 髍ganos competentes, omitiendo la mayor parte de las cuestiones relativas al r間imen y tramitaci髇 de los distintos contratos patrimoniales; as, nada dec韆 sobre el modo de proceder en las enajenaciones onerosas o ventas, salvo una mera remisi髇 (art韈ulo 65) a 玪as disposiciones aplicables de la legislaci髇 de contratos del Estado y dem醩 disposiciones espec韋icas, y lo mismo puede decirse de las adquisiciones, al establecer (art韈ulo 47) que 玪a adquisici髇 de todo tipo de bienes se realizar seg鷑 lo previsto en la legislaci髇 de contrataci髇 administrativa, aspecto ya superado, sobre todo por las diferencias que hay entre ambas contrataciones, como lo atestigua el hecho de que la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico vigente excluye de su 醡bito de aplicaci髇 a los contratos de compraventa, donaci髇, permuta, arrendamiento y dem醩 negocios jur韉icos an醠ogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales.

En cuanto al contenido de este t韙ulo, el cap韙ulo I recoge unas disposiciones generales aplicables a todos los contratos y negocios patrimoniales, cuyo punto de partida ser el reconocimiento de la potestad negocial y la proclamaci髇 de la libertad de pacto, as como el r間imen jur韉ico aplicable a los negocios patrimoniales, acogiendo la cl醩ica doctrina de los actos separables. En este cap韙ulo destaca tambi閚 el establecimiento de unas normas comunes para la preparaci髇 y adjudicaci髇 de los contratos patrimoniales y su formalizaci髇.

Las particularidades de cada tipolog韆 se van desarrollando en los sucesivos cap韙ulos, que clasifica en 玭egocios jur韉icos de adquisici髇 (cap韙ulo II), 玭egocios jur韉icos de enajenaci髇 (cap韙ulo III), incluida la constituci髇 de cargas y grav醡enes, la 玴ermuta de bienes y derechos (cap韙ulo IV) y el 玜rrendamiento de inmuebles (cap韙ulo V).

IX

El 鷏timo t韙ulo de la ley, el VII, contiene la regulaci髇 del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que tiene especial protagonismo el r間imen de las empresas p鷅licas, dando cumplimiento al mandato recogido en el art韈ulo 53.2 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Aut髇oma, cuando dice que 獿a Junta de Comunidades podr constituir empresas p鷅licas como medio de ejecuci髇 de las funciones que sean de su competencia, seg鷑 lo establecido en el presente Estatuto.

El cap韙ulo I contempla las cuestiones de car醕ter general, aplicable a todo el patrimonio empresarial, como su 醡bito, los procedimientos de adquisici髇 y enajenaci髇 de acciones, participaciones y dem醩 t韙ulos o valores representativos del capital de sociedades mercantiles, la representaci髇 de la Administraci髇 regional en los 髍ganos soberanos de las sociedades en las que participe o la prerrogativa de reordenaci髇 o reestructuraci髇 interna del patrimonio empresarial.

Las especialidades de las empresas p鷅licas se recogen en el cap韙ulo II, en el que se aborda su definici髇 y r間imen jur韉ico, los requisitos para su constituci髇, que deber ser autorizada por el Consejo de Gobierno mediante Decreto, se regula tambi閚 el alcance de la tutela funcional, que se ejercer por la consejer韆 que se determine por el Consejo de Gobierno, o el sometimiento a la autorizaci髇 de dicho 髍gano de determinados acuerdos societarios, como las modificaciones estatutarias que afecten al objeto social, el capital o los aspectos org醤icos, las modificaciones estructurales, la disoluci髇 voluntaria o la constituci髇 de otras empresas p鷅licas.

La regulaci髇 de las empresas p鷅licas finaliza con las particularidades de las denominadas 玡mpresas p鷅licas 韓tegramente participadas de Castilla-La Mancha.

X

En cuanto a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, destaca la disposici髇 relativa a los patrimonios de gesti髇 separada, siendo tambi閚 de especial inter閟 la disposici髇 que aborda los convenios en materia patrimonial o la relativa a las actuaciones de ejecuci髇 del planeamiento en las que participe la Junta de Comunidades como titular de bienes o derechos afectados.

Finalmente, la ley contiene las reglas de derecho transitorio que ser醤 aplicables a los procedimientos que est閚 en tr醡ite en el momento de la entrada vigor de la misma, y recoge la habilitaci髇 correspondiente para que se pueda proceder a su desarrollo reglamentario.

T蚑ULO I
Disposiciones generales

CAP蚑ULO I
Objeto, clasificaci髇 y r間imen jur韉ico

Art韈ulo 1 Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el r間imen jur韉ico del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, as como su administraci髇, defensa y conservaci髇, de conformidad con la legislaci髇 b醩ica y las disposiciones de aplicaci髇 general del Estado.

Art韈ulo 2 El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

1. El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha est constituido por todos los bienes y derechos de los que sean titulares las Cortes de Castilla-La Mancha e instituciones dependientes, la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, y los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la misma.

No se entender醤 incluidos en dicho patrimonio el dinero, los valores, los cr閐itos y los dem醩 recursos financieros de su hacienda, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 3.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

2. Los bienes y derechos pueden ser de dominio p鷅lico o demaniales y de dominio privado o patrimoniales.

Art韈ulo 3 Los bienes y derechos de dominio p鷅lico o demaniales

1. Son bienes y derechos de dominio p鷅lico los previstos en el art韈ulo 2.1 que se encuentren afectados al uso general o al servicio p鷅lico, as como aquellos otros a los que una ley les otorgue expresamente dicho car醕ter.

2. En todo caso, tendr醤 la consideraci髇 de demaniales los bienes inmuebles de titularidad de las instituciones y 髍ganos de la Junta de Comunidades previstos en el art韈ulo 2.1, en los que se alojen sus sedes, servicios, oficinas y dependencias.

3. El dominio p鷅lico es inalienable, inembargable e imprescriptible.

Art韈ulo 4 Los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales

1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los previstos en el art韈ulo 2.1 que no tengan la condici髇 de demaniales.

2. En todo caso, tendr醤 la consideraci髇 de patrimoniales los siguientes:

  • a) Los valores y t韙ulos representativos de acciones y participaciones del capital de sociedades mercantiles o de las obligaciones emitidas por las mismas, as como los contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente est constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles.
  • b) Los derechos de arrendamiento.
  • c) Los derechos de propiedad incorporal.
  • d) Los derechos de contenido patrimonial derivados de la titularidad de los bienes y derechos de dominio privado.

Art韈ulo 5 R間imen jur韉ico

1. El Patrimonio de la Junta de Comunidades se regir por la legislaci髇 b醩ica y las disposiciones de aplicaci髇 general del Estado, por esta ley y su normativa de desarrollo. Con car醕ter supletorio se aplicar醤 las normas del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, los bienes y derechos que tengan legislaci髇 especial se regir醤 por dicha normativa con car醕ter preferente.

Art韈ulo 6 Principios de gesti髇 y administraci髇

La gesti髇 y administraci髇 de los bienes y derechos demaniales y patrimoniales se sujetar a los principios establecidos en la legislaci髇 b醩ica del Estado.

CAP蚑ULO II
觬ganos competentes

Art韈ulo 7 Facultades patrimoniales y de representaci髇 en general

1. El ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la titularidad de los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, as como su representaci髇 extrajudicial, corresponde a la consejer韆 competente en materia de hacienda, a trav閟 del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, salvo para aquellos supuestos en los que est閚 espec韋icamente atribuidas, delegadas o desconcentradas en otro 髍gano u organismo o entidad, y sin perjuicio de las facultades y obligaciones inherentes al acto de adscripci髇.

2. En relaci髇 a los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a un organismo o entidad distinta de la Administraci髇 regional, el ejercicio de las facultades, obligaciones y la representaci髇 extrajudicial previstas en el apartado anterior se desempe馻r醤 por el 髍gano que determinen sus normas o instrumentos de creaci髇, organizaci髇 o funcionamiento. A falta de atribuci髇 expresa, se ejercer醤 por sus presidentes o directores.

3. La representaci髇 en juicio en materia patrimonial se regir por la normativa de ordenaci髇 del servicio jur韉ico de la Junta de Comunidades.

Art韈ulo 8 Competencias

1. El Consejo de Gobierno ejercer las siguientes competencias:

  • a) Definir la pol韙ica en materia patrimonial y la aprobaci髇 de las normas reglamentarias de desarrollo de esta ley.
  • b) Establecer, de estimarlo conveniente, los criterios para la coordinaci髇 de la utilizaci髇, gesti髇 y administraci髇 de los bienes y derechos.
  • c) Determinar las directrices y la estrategia general sobre la gesti髇 del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades.
  • d) Acordar, aprobar o autorizar los actos de disposici髇, administraci髇 y gesti髇 que esta ley le atribuye.

2. Adem醩 de la competencia general del art韈ulo 7 y el resto de atribuciones recogidas en esta ley, corresponder a la consejer韆 competente en materia de hacienda:

  • a) Velar por el cumplimiento de la normativa y la pol韙ica patrimonial definida por el Consejo de Gobierno, a cuyo efecto podr dictar las circulares, instrucciones y 髍denes de servicio que estime oportuno.
  • b) Fijar los criterios para la coordinaci髇 de la utilizaci髇, gesti髇 y administraci髇 de los bienes y derechos, cuando no sean establecidos por el Consejo de Gobierno, y verificar su aplicaci髇, pudiendo dictar instrucciones y circulares a estos fines.

3. Las consejer韆s, a trav閟 de los 髍ganos que determinen sus normas de organizaci髇 y competencias, ejercer醤 las siguientes atribuciones:

  • a) La ejecuci髇 de la pol韙ica patrimonial en el 醡bito de su consejer韆, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno y la consejer韆 competente en materia de hacienda.
  • b) Prestar la colaboraci髇 que se solicite por la consejer韆 competente en materia de hacienda para la defensa, protecci髇 y gesti髇 del patrimonio.
  • c) La adquisici髇, custodia, protecci髇, uso, gesti髇 y enajenaci髇 de los bienes muebles y los derechos de propiedad incorporal que sean necesarios o vengan utilizando para el ejercicio de sus competencias.
  • d) Las facultades y obligaciones correspondientes a la adscripci髇 de los bienes inmuebles y los derechos reales y de arrendamiento que recaigan sobre los mismos.
  • e) Las dem醩 competencias y atribuciones establecidas por esta ley.

4. A los organismos p鷅licos y dem醩 entidades de derecho p鷅lico les corresponder醤 las competencias establecidas para las consejer韆s en el apartado anterior y las espec韋icamente atribuidas en esta ley.

Art韈ulo 9 El patrimonio de las Cortes de Castilla-La Mancha

Las Cortes Regionales tienen autonom韆 para la gesti髇 de su patrimonio, ostentando sobre los bienes y derechos que adquieran o se les adscriban las mismas competencias y facultades que esta ley atribuye al Consejo de Gobierno, a la consejer韆 competente en materia de hacienda y al resto de consejer韆s.

Cuando los bienes y derechos adscritos dejen de ser necesarios para el desarrollo de sus funciones, se comunicar esta circunstancia a la consejer韆 competente en materia de hacienda para que decida lo que proceda en cuanto a su nuevo destino o aplicaci髇.

Dentro del primer semestre de cada ejercicio, las Cortes remitir醤 al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio el Inventario de sus bienes y derechos, actualizado a 31 de diciembre del a駉 inmediatamente anterior.

T蚑ULO II
Protecci髇 y defensa

CAP蚑ULO I
Principios generales y prerrogativas

Art韈ulo 10 Obligaci髇 de protecci髇 y defensa y deber de colaboraci髇

1. En aplicaci髇 del deber de protecci髇 y defensa establecido en la legislaci髇 b醩ica, los 髍ganos y organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tengan a su cargo el ejercicio de las facultades y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la titularidad o la adscripci髇 de los bienes y derechos del patrimonio, deber醤 velar por su custodia, defensa, protecci髇 e integridad, de conformidad con lo dispuesto en este t韙ulo y la normativa que resulte aplicable.

El resto de organismos, entidades, 髍ganos y dem醩 unidades administrativas de la Junta de Comunidades, as como el personal a su servicio, cualquiera que sea la relaci髇 de empleo, estar醤 obligados a colaborar en la defensa y protecci髇 del patrimonio, debiendo facilitar a los 髍ganos competentes cuantos datos, informes o documentos les soliciten, prestando el auxilio o cooperaci髇 activa que se demande, y comunicando cualquier incidencia o circunstancia de la que tengan conocimiento que pueda afectar a la protecci髇 e integridad del patrimonio.

2. Los titulares de concesiones y otros derechos sobre los bienes de dominio p鷅lico o de dominio privado de esta Comunidad Aut髇oma estar醤 obligados a velar y colaborar en la protecci髇 y defensa de los bienes que utilicen, en los t閞minos previstos en el apartado anterior.

3. El personal al servicio de las Administraciones p鷅licas y los ciudadanos en general, estar醤 obligados a colaborar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la protecci髇 y defensa de los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, con el alcance y contenido establecidos en los art韈ulos 61 y 62 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 11 Limitaciones en cuanto a la disponibilidad de bienes y derechos

1. Ning鷑 juez o tribunal ni autoridad administrativa podr dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecuci髇 contra los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales cuando se hallen materialmente afectados a un servicio p鷅lico o a una funci髇 p鷅lica, o sus rendimientos o el producto de su enajenaci髇 est閚 legalmente afectados a fines determinados, o se trate de valores o t韙ulos representativos del capital de las sociedades del sector p鷅lico regional que ejecuten pol韙icas p鷅licas o presten servicios de inter閟 general para la Comunidad Aut髇oma.

2. No se podr transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ni someter a arbitraje los conflictos que se susciten sobre los mismos, salvo autorizaci髇 del Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda, previo informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. En las transacciones judiciales se recabar informe, adem醩, al Gabinete Jur韉ico.

3. Tampoco pueden gravarse los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades sino conforme con los principios que rigen su enajenaci髇 y siguiendo el procedimiento previsto en esta ley.

Art韈ulo 12 Remisi髇 de informaci髇 con incidencia patrimonial por parte de los registros y archivos p鷅licos

La Direcci髇 General del Catastro, los Registros de la Propiedad y los restantes registros y archivos p鷅licos suministrar醤 a los 髍ganos competentes para la administraci髇 del patrimonio de la Comunidad Aut髇oma la informaci髇 que, previa solicitud, dispongan sobre los bienes y derechos de la Junta de Comunidades y sobre aquellos otros cuya informaci髇 sea precisa o relevante para la instrucci髇 y resoluci髇 de los procedimientos de protecci髇 y defensa regulados en este t韙ulo, en los mismos t閞minos que vengan obligados respecto a la Administraci髇 General del Estado.

Art韈ulo 13 Prerrogativas administrativas

1. De conformidad con lo establecido en la legislaci髇 b醩ica del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ostenta las siguientes facultades y prerrogativas:

  • a) Investigar la situaci髇 de los bienes y derechos que puedan pertenecer a su patrimonio.
  • b) Deslindar en v韆 administrativa los inmuebles de su titularidad.
  • c) Recuperar de oficio la posesi髇 indebidamente perdida de sus bienes y derechos.
  • d) Desahuciar en v韆 administrativa a los poseedores de los bienes inmuebles demaniales una vez que se haya extinguido el t韙ulo que legitimaba dicha posesi髇.

2. Se reconoce la potestad sancionadora en materia patrimonial, que se ejercer en los t閞minos previstos en el cap韙ulo VIII de este t韙ulo.

CAP蚑ULO II
El Inventario General

Art韈ulo 14 El Inventario General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

1. El Inventario General estar conformado por el Inventario de la Administraci髇 regional, el Inventario de cada uno de los organismos y entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de aquella, y el Inventario de las Cortes de Castilla-La Mancha e instituciones dependientes.

2. El Inventario General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha incluir la totalidad de los bienes y derechos que integran su patrimonio, salvo los que se indican a continuaci髇:

  • a) Los bienes fungibles.
  • b) Los bienes muebles y derechos que tengan un valor individualizado inferior al importe que se determine mediante Orden de la consejer韆 competente en materia de hacienda.
  • c) Los bienes semovientes.
  • d) Los bienes adquiridos por los organismos y las entidades de derecho p鷅lico con el prop髎ito de devolverlos al tr醘ico jur韉ico de acuerdo con sus fines peculiares.

3. En relaci髇 a cada bien o derecho, en el Inventario se har醤 constar como m韓imo los datos o referencias necesarios para su identificaci髇 e individualizaci髇, su situaci髇 jur韉ica, su naturaleza demanial o patrimonial, su adscripci髇 y, en el caso de los bienes y derechos demaniales, la finalidad o uso al que se destina.

Adem醩, se incorporar醤 los datos o informaciones que se consideren necesarios para su protecci髇 y gesti髇, en los t閞minos que se determine reglamentariamente.

4. Los bienes y derechos integrantes del patrimonio que no deban formar parte del Inventario General por la aplicaci髇 de las reglas establecidas en este art韈ulo, ser醤 objeto de inscripci髇 o anotaci髇 en un registro o cat醠ogo interno de cada consejer韆 u organismo, a los efectos de llevar el control adecuado sobre dichos bienes y derechos.

5. La formaci髇, mantenimiento y actualizaci髇 del Inventario General ser independiente de los registros, cat醠ogos y dem醩 instrumentos de identificaci髇 o control previstos en la normativa espec韋ica reguladora de las propiedades y derechos especiales. En este sentido, la incorporaci髇 de un bien o derecho en los citados registros o cat醠ogos no eximir de la obligaci髇 de su anotaci髇 en el Inventario General, conforme a las normas y reglas previstas en este cap韙ulo.

Art韈ulo 15 Direcci髇, gesti髇 y control del Inventario General

1. La formaci髇 y actualizaci髇 del Inventario General se regir por lo dispuesto en esta ley, su normativa de desarrollo y las directrices que establezca el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

2. Los hechos, actos o negocios que afecten a la situaci髇 jur韉ica o f韘ica de los bienes y derechos se deber醤 hacer constar en el Inventario de forma inmediata.

3. No se podr醤 realizar actos de gesti髇 o disposici髇 sobre bienes y derechos inventariables si no se encuentran debidamente inscritos en el Inventario General.

4. El 髍gano directivo competente en materia de patrimonio velar por la correcci髇 y veracidad de la informaci髇 que consta en el Inventario General, pudiendo recabar cuantos datos o informaciones estime conveniente e impartir las 髍denes e instrucciones pertinentes a tal fin. Esta norma no podr servir para eximir o atemperar la responsabilidad de los 髍ganos competentes para la adecuada formaci髇 y actualizaci髇 de los inventarios.

Art韈ulo 16 觬ganos competentes para la gesti髇 de los inventarios

1. La formaci髇 y actualizaci髇 del Inventario de los bienes y derechos de las Cortes de Castilla-La Mancha corresponder al 髍gano que establezca su normativa espec韋ica.

2. La formaci髇 y actualizaci髇 del Inventario de los bienes y derechos de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades corresponder:

  • a) A la consejer韆 competente en materia de hacienda, a trav閟 del 髍gano directivo que ostente las competencias en materia de patrimonio, en relaci髇 a los siguientes bienes y derechos:
    • 1 Los bienes inmuebles.
    • 2 Los derechos reales y de arrendamiento sobre inmuebles, y dem醩 negocios o actos distintos de los anteriores por cuya virtud se adquiera el derecho de uso de bienes inmuebles.
    • 3 Los t韙ulos representativos de acciones y participaciones del capital de sociedades mercantiles y de las obligaciones emitidas por las mismas.
    • 4 Los veh韈ulos.
    • 5 Los derechos de reversi髇 respecto de los bienes inmuebles cedidos por razones de utilidad p鷅lica o inter閟 social.
    • 6 Cualesquiera bienes y derechos cuya obligaci髇 de inventario no se atribuya a otro 髍gano.
  • b) A las consejer韆s, a trav閟 de sus 髍ganos o unidades competentes en materia de patrimonio, sobre los bienes muebles y los derechos de propiedad incorporal que adquieran, utilicen o generen, y sobre cualesquiera derechos de contenido patrimonial que recaigan sobre los mismos.
  • c) A la consejer韆 competente en materia de vivienda, urbanismo y planificaci髇 territorial, en relaci髇 a los bienes y derechos previstos en el apartado 1 de la disposici髇 adicional primera de esta ley.

3. La formaci髇 y actualizaci髇 de los inventarios de los bienes y derechos de los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico, corresponder al 髍gano competente en materia de patrimonio que establezca su normativa o instrumento de autoorganizaci髇.

Art韈ulo 17 Naturaleza jur韉ica del Inventario General

1. El Inventario General es un instrumento interno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya finalidad es reflejar e informar sobre la situaci髇 y variaci髇 del patrimonio, dar soporte a la propia gesti髇 patrimonial, y ofrecer informaci髇 que pueda servir de apoyo a la planificaci髇 y ejecuci髇 de sus competencias.

2. El Inventario General no tiene la consideraci髇 de registro p鷅lico.

Los datos e informaciones que constan en el Inventario General no surtir醤 efectos frente a terceros, ni podr醤 ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Junta de Comunidades.

Art韈ulo 18 Acceso a la informaci髇 contenida en el Inventario General

La consulta por parte de los ciudadanos de los datos e informaciones del Inventario ser procedente cuando formen parte de un expediente, de conformidad con las normas generales de acceso a los mismos, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de transparencia.

Art韈ulo 19 Reflejo contable

Todos los hechos y operaciones que afecten a los bienes y derechos integrantes del Inventario General tendr醤 su reflejo contable, en los t閞minos que determine la normativa de contabilidad que resulte aplicable.

CAP蚑ULO III
Del r間imen registral

Art韈ulo 20 Obligatoriedad de la inscripci髇 en general

Los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades que sean susceptibles de inscripci髇 deber醤 inscribirse en los correspondientes registros p鷅licos, as como todos los actos y contratos referidos a aquellos que puedan tener acceso a dichos registros, de conformidad con su normativa reguladora. No obstante, la inscripci髇 de los derechos de arrendamiento sobre bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad ser potestativa, conforme a la legislaci髇 hipotecaria.

Art韈ulo 21 Cuestiones relacionadas con el r間imen registral de los bienes inmuebles

1. La inscripci髇 en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles y derechos que recaigan sobre los mismos, titularidad de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se llevar a cabo por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, salvo aquellos que sean adquiridos por expropiaci髇 forzosa y los integrantes de los patrimonios de gesti髇 separada a los que se refiere la disposici髇 adicional primera de esta ley.

En el caso de los bienes y derechos de titularidad de los organismos p鷅licos o las entidades de derecho p鷅lico, la inscripci髇 deber solicitarse por el 髍gano que se establezca en sus propias normas de creaci髇, organizaci髇 o funcionamiento, y en su defecto, por sus presidentes o directores.

2. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podr, mediante certificaci髇 administrativa emitida por el 髍gano competente, instar la cancelaci髇 o rectificaci髇 de las inscripciones a su favor en los siguientes casos, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci髇 hipotecaria:

  • a) Cuando quede acreditada la inexistencia actual o la imposibilidad de localizaci髇 f韘ica de un inmueble.
  • b) Cuando se reconozca la titularidad, mejor derecho o preferencia del t韙ulo de un tercero sobre un inmueble que est inscrito a nombre de la Junta de Comunidades o en caso de doble inmatriculaci髇. En estos supuestos, el expediente deber ser informado por el 髍gano o unidad que tenga atribuido el asesoramiento jur韉ico del 髍gano competente para la expedici髇 de la certificaci髇.

3. Las comunicaciones que los Registradores de la Propiedad deban efectuar a la Administraci髇 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante la tramitaci髇 de los procedimientos previstos en la legislaci髇 hipotecaria, se dirigir醤 al 髍gano o entidad que haya instado el correspondiente procedimiento, y en su defecto, a la consejer韆 competente en materia de hacienda.

CAP蚑ULO IV
Facultad de investigaci髇

Art韈ulo 22 Objeto y 髍ganos competentes

1. La facultad de investigaci髇 tiene por objeto acreditar que un bien o derecho pertenece al Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando no conste su titularidad de modo cierto.

2. En relaci髇 a los bienes inmuebles o derechos sobre los mismos que se presuman de titularidad de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades, la iniciaci髇 de los expedientes de investigaci髇 corresponder al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, as como su resoluci髇, previa instrucci髇 llevada a cabo por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

En el 醡bito de los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos se determinar conforme a las reglas establecidas en el art韈ulo 7.2 de esta ley.

Art韈ulo 23 Inicio e instrucci髇 del procedimiento

1. El procedimiento de investigaci髇 se iniciar de oficio, a iniciativa propia o de otros 髍ganos de la Junta de Comunidades u otras Administraciones, o como consecuencia de la denuncia de particulares.

El inicio del procedimiento se anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tabl髇 de edictos del ayuntamiento en cuyo t閞mino municipal se localice el inmueble, donde estar expuesto por un periodo de un mes.

Cualquier persona que entienda que el procedimiento de investigaci髇 afecta a sus derechos e intereses puede comparecer en el expediente, hacer alegaciones, aportar documentos y proponer pruebas.

2. El 髍gano instructor realizar cuantos actos y comprobaciones estime necesarios para el buen fin de la acci髇 investigadora, entre los que se encuentra la pr醕tica de pruebas.

Los sujetos contemplados en el art韈ulo 10.3 estar醤 obligados a colaborar con el 髍gano instructor, en los t閞minos previstos en dicho precepto.

3. Tendr醤 la consideraci髇 de interesados en el expediente aquellas personas que hubieren comparecido en el mismo justificando dicha condici髇 y aquellas otras a quienes, a juicio del 髍gano instructor, afecte la investigaci髇.

4. Ultimados los actos de investigaci髇 y comprobaci髇, se dar tr醡ite de audiencia a los interesados por un plazo de diez d韆s, procedi閚dose a continuaci髇 a la elaboraci髇 de la propuesta de resoluci髇 por parte del 髍gano instructor.

La propuesta de resoluci髇 deber ser informada por el 髍gano o unidad que tenga atribuido el asesoramiento jur韉ico del 髍gano competente para resolver el procedimiento.

Art韈ulo 24 Terminaci髇 del procedimiento

1. El procedimiento terminar por resoluci髇, que declarar la titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del bien o derecho, cuando as quedara acreditada, o el archivo del expediente, en el caso contrario.

2. La resoluci髇 se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se notificar a los interesados.

3. En el supuesto de que hubiera interesados en el procedimiento con derechos e intereses contradictorios o limitativos de los que pudiera corresponder a la Junta de Comunidades, el plazo para notificar la resoluci髇 ser de veinticuatro meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇. El incumplimiento de este plazo determinar la caducidad del procedimiento.

4. Cuando la resoluci髇 fuera declarativa de la titularidad del bien o derecho de la Junta de Comunidades, ordenar que se proceda a su tasaci髇, su anotaci髇 en el Inventario, su inscripci髇 registral, y la adopci髇 de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la plenitud y efectividad de sus derechos.

Art韈ulo 25 Premio por denuncia

1. Los particulares que promuevan mediante denuncia un procedimiento de investigaci髇 de bienes o derechos, cuyo resultado definitivo sea la declaraci髇 de la titularidad de la Comunidad Aut髇oma, tendr醤 derecho a un premio de car醕ter pecuniario.

En el caso de los bienes inmuebles, el nacimiento del derecho tendr lugar cuando se proceda a la inscripci髇 registral.

El derecho decaer si la declaraci髇 de titularidad es revocada o anulada con posterioridad.

2. Si los bienes o derechos son enajenados de forma onerosa, el premio tendr un importe l韖uido igual al diez por ciento obtenido por la enajenaci髇, y se reconocer de oficio por parte de la Administraci髇 en dicho procedimiento.

3. Si el bien o derecho no fuera enajenado dentro del plazo de cinco a駉s, el denunciante podr solicitar la concesi髇 del premio dentro del plazo de los tres a駉s siguientes, cuyo importe l韖uido ser del cinco por ciento del valor de tasaci髇 que tenga en el momento de la solicitud.

Este procedimiento se suspender si se encuentra pendiente un expediente de enajenaci髇 o un procedimiento administrativo o judicial del que pueda derivarse la revocaci髇 o anulaci髇 de la titularidad del bien o derecho.

La solicitud se tramitar y resolver por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

CAP蚑ULO V
Facultad de deslinde de inmuebles

Art韈ulo 26 Objeto y 髍ganos competentes

1. La facultad de deslinde tiene por objeto delimitar los bienes inmuebles de la Junta de Comunidades respecto de otros que pertenecen a terceros, cuando sus l韒ites se desconozcan o sean imprecisos, o existan indicios de usurpaci髇.

2. En relaci髇 a los bienes inmuebles de titularidad de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades, la iniciaci髇 de los expedientes corresponder al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, as como su resoluci髇, previa instrucci髇 llevada a cabo por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

En el 醡bito de los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos se determinar conforme a las reglas establecidas en el art韈ulo 7.2 de esta ley.

Art韈ulo 27 Iniciaci髇 e instrucci髇 del procedimiento

1. El procedimiento de deslinde se iniciar de oficio, a iniciativa propia o de otros 髍ganos, o como consecuencia de la petici髇 de cualquiera de los propietarios colindantes, siendo a su costa los gastos que se generen.

Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitaci髇, no podr instarse procedimiento judicial con igual pretensi髇.

2. El inicio del procedimiento se notificar a los propietarios de las fincas colindantes y a los titulares de otros derechos sobre las citadas fincas de los que se tenga conocimiento. Asimismo, el acuerdo de inicio se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tabl髇 de edictos del ayuntamiento en cuyo t閞mino municipal se localice el inmueble, donde estar expuesto durante un mes.

Cualquier persona que entienda que el procedimiento de deslinde afecta a sus derechos e intereses puede comparecer en el expediente para que, en su caso, sea considerado como interesado.

3. En el supuesto de que la finca objeto de deslinde estuviera inscrita, el acuerdo de iniciaci髇 se comunicar al Registro de la Propiedad para que tome raz髇 de dicha circunstancia.

4. Los interesados podr醤 presentar las alegaciones y los documentos que estimen conveniente para la defensa de sus derechos e intereses dentro del plazo establecido en la notificaci髇 o publicaci髇 del acuerdo de inicio del expediente.

Una vez transcurrido, como m韓imo, un plazo de dos meses desde la terminaci髇 del plazo para presentar alegaciones al que se refiere el p醨rafo anterior, se celebrar el acto del apeo en el lugar y fecha que se determine, con la finalidad de fijar los l韒ites de la finca. Este acto, al que se convocar a todos los interesados, ser dirigido por el 髍gano instructor o funcionario que designe al efecto. La Administraci髇 estar asistida por uno o varios facultativos nombrados por el 髍gano instructor y los interesados, por su parte, podr醤 ir acompa馻dos por peritos. De todas las actuaciones realizadas en el acto del apeo se levantar la oportuna acta.

5. Ultimados los actos anteriores, se dar tr醡ite de audiencia a los interesados por un plazo de diez d韆s, procedi閚dose a continuaci髇 a la elaboraci髇 de la propuesta de resoluci髇 por parte del 髍gano instructor.

La propuesta de resoluci髇 deber ser informada por el 髍gano o unidad que tenga atribuido el asesoramiento jur韉ico del 髍gano competente para resolver el procedimiento.

Art韈ulo 28 Terminaci髇 del procedimiento

1. El procedimiento terminar por resoluci髇 aprobatoria del deslinde, que se publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y se notificar a los interesados.

2. El plazo para notificar la resoluci髇 ser de veinticuatro meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇.

El incumplimiento de este plazo determinar la caducidad del procedimiento.

3. La resoluci髇 aprobatoria del deslinde, una vez sea firme, se anotar en el Inventario General, se proceder a su inscripci髇 en el Registro de la Propiedad, y habilitar para la ejecuci髇 del amojonamiento, con intervenci髇 de los interesados que as lo soliciten.

CAP蚑ULO VI
Recuperaci髇 de la posesi髇

Art韈ulo 29 Objeto y 髍ganos competentes

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede recuperar por s misma, y en cualquier momento, la posesi髇 indebidamente perdida de sus bienes y derechos de dominio p鷅lico.

2. En el caso de los bienes y derechos patrimoniales, la recuperaci髇 en v韆 administrativa de la posesi髇 indebidamente perdida exige que la iniciaci髇 del procedimiento haya sido notificada al presunto usurpador antes de que transcurra el plazo de un a駉, contado desde el d韆 siguiente al de la usurpaci髇. Vencido dicho plazo, la recuperaci髇 de la posesi髇 deber instarse ante la jurisdicci髇 civil.

3. En relaci髇 a los bienes inmuebles y dem醩 derechos que recaigan sobre los mismos de titularidad de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades, la iniciaci髇 de los expedientes de recuperaci髇 corresponder al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, as como su resoluci髇, previa instrucci髇 llevada a cabo por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

En el 醡bito de los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos se determinar conforme a las reglas establecidas en el art韈ulo 7.2 de esta ley.

Art韈ulo 30 Iniciaci髇 e instrucci髇 del procedimiento

1. El procedimiento se iniciar de oficio, a iniciativa propia o de otros 髍ganos de la Junta de Comunidades u otras Administraciones P鷅licas, o como consecuencia de la denuncia de particulares.

2. El 髍gano instructor realizar cuantos actos y comprobaciones estime necesarios para verificar el hecho de la usurpaci髇 y la fecha de su inicio. En todo caso, se comunicar el inicio del procedimiento al presunto usurpador, al que se ofrecer un plazo de diez d韆s, o un plazo inferior, si as se hubiera se馻lado motivadamente, para que pueda hacer las alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos para acreditar o justificar la posesi髇.

Los sujetos contemplados en el art韈ulo 10.3 estar醤 obligados a colaborar con el 髍gano instructor, en los t閞minos previstos en dicho precepto.

3. Ultimados los actos de investigaci髇 y comprobaci髇, se dar tr醡ite de audiencia a los interesados por un plazo de diez d韆s, salvo si con posterioridad al tr醡ite de alegaciones previsto en el apartado anterior no se hubiera desarrollado o incorporado al procedimiento otros actos o elementos que vayan a ser tenidos en cuenta para la decisi髇 del mismo.

La propuesta de resoluci髇 deber ser informada por el 髍gano o unidad que tenga atribuido el asesoramiento jur韉ico del 髍gano competente para resolver el procedimiento.

Art韈ulo 31 Terminaci髇 del procedimiento y ejecuci髇

1. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento declarar la posesi髇 como ileg韙ima, cuando hubiera quedado acreditado el hecho de la usurpaci髇, o el archivo del expediente, en el caso contrario.

El plazo para notificar la resoluci髇 ser de doce meses, que se computar醤 desde la fecha del acuerdo de iniciaci髇.

El incumplimiento de este plazo determinar la caducidad del expediente.

2. Cuando la resoluci髇 declare la posesi髇 como ileg韙ima, ordenar al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio que lleve a cabo las actuaciones conducentes a la devoluci髇 de la posesi髇 o desalojo del inmueble, conforme a las reglas siguientes:

  • a) Se notificar la resoluci髇 al usurpador u ocupante, concedi閚dole un plazo de diez d韆s para que cese voluntariamente en su actuaci髇, ocupaci髇 o tenencia.
  • b) En caso de resistencia, se adoptar醤 cuantas medidas estime conveniente para la ejecuci髇 forzosa de la resoluci髇 y consecuente recuperaci髇 de la posesi髇, en los t閞minos previstos en el cap韙ulo VII del t韙ulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.
  • c) Para el lanzamiento podr solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, as como, imponer multas coercitivas de hasta un cinco por ciento del valor de los bienes o derechos usurpados, reiteradas de forma sucesiva por periodos de diez d韆s.
  • d) En el caso de que el usurpador no cesara de forma voluntaria en su actuaci髇, ser醤 de su cuenta todos los gastos generados con ocasi髇 de la ejecuci髇 forzosa, que podr醤 hacerse efectivos a trav閟 de la v韆 de apremio.

Art韈ulo 32 Indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios

1. Una vez recuperada la posesi髇, el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio podr acordar, previa comprobaci髇 y audiencia al usurpador, la procedencia de una indemnizaci髇 con motivo de los da駉s causados en los bienes o derechos usurpados y los perjuicios resultantes del hecho o circunstancia de la ocupaci髇 ileg韙ima.

En esta resoluci髇, que en todo caso ser motivada, se determinar醤 los conceptos y las cuant韆s objeto de indemnizaci髇, cuya ejecuci髇 se podr llevar a cabo por la v韆 de apremio.

2. Este incidente ser independiente de la responsabilidad administrativa que, en su caso, pueda exigirse al usurpador por la aplicaci髇 de las normas previstas en el cap韙ulo VIII de este t韙ulo.

CAP蚑ULO VII
Desahucio administrativo

Art韈ulo 33 Objeto y ejercicio de la potestad

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podr recuperar en v韆 administrativa la posesi髇 de sus bienes demaniales, cuando se extinga o decaiga el t韙ulo que legitimaba la ocupaci髇 por terceros y estos no hubieran procedido a su adecuada devoluci髇 o restituci髇.

2. Para el ejercicio de esta potestad ser necesario que previamente se haya declarado la extinci髇 de la concesi髇, autorizaci髇 o t韙ulo de que se trate, con audiencia del interesado. Esta declaraci髇 corresponder al 髍gano que, conforme a las normas reguladoras del t韙ulo, sea el competente para acordar su extinci髇, y a falta de esta menci髇, al que lo sea para su otorgamiento, y en su defecto, a la consejer韆 u organismo que tenga a su cargo la adscripci髇 del bien.

Cuando la resoluci髇 declare la extinci髇 del t韙ulo, se conceder al poseedor u ocupante un plazo de diez d韆s para que cese voluntariamente en su actuaci髇, y se le advertir de que en el supuesto de que no proceda de dicho modo se instar su ejecuci髇 forzosa.

3. La ejecuci髇 forzosa del desahucio se llevar a cabo por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 31 para la recuperaci髇 de oficio de la posesi髇.

Respecto de los bienes que sean propiedad de los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico, la competencia se determinar conforme a las reglas establecidas en el art韈ulo 7.2 de esta ley.

4. Recuperada la posesi髇, podr exigirse la indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios en los supuestos y conforme se determina en el art韈ulo 32 de esta ley.

CAP蚑ULO VIII
R間imen sancionador

Art韈ulo 34 Infracciones

1. Ser infracci髇 muy grave la producci髇 de da駉s o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades por un valor superior a 300.000 euros.

2. Son infracciones graves:

  • a) La producci髇 de da駉s o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades, cuando el valor de aquellos sea superior a 10.000 euros y no exceda de 300.000 euros.
  • b) La usurpaci髇 de bienes de dominio p鷅lico.
  • c) La retenci髇 de bienes de dominio p鷅lico una vez declarada la ilegalidad de la ocupaci髇 en v韆 administrativa o despu閟 de extinguido el t韙ulo que legitimaba la misma.
  • d) La retenci髇 de los bienes patrimoniales una vez extinguido el t韙ulo que legitimaba su uso o explotaci髇.
  • e) El uso o aprovechamiento de los bienes demaniales o patrimoniales sin t韙ulo habilitante.
  • f) Las actuaciones sobre bienes destinados a un servicio p鷅lico que impidan o dificulten gravemente la normal prestaci髇 de aquel.
  • g) El incumplimiento de los deberes de custodia, defensa, protecci髇, integridad y colaboraci髇 previstos en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 10 de esta ley.
  • h) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley para los beneficiarios de las autorizaciones y concesiones demaniales, o para los destinatarios de las cesiones gratuitas de bienes y derechos patrimoniales, cuando se deriven perjuicios graves para la Comunidad Aut髇oma.

3. Son infracciones leves:

  • a) La producci髇 de da駉s o deterioros de cualquier tipo en los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades, cuando el valor de los mismos sea igual o inferior a 10.000 euros.
  • b) Las actuaciones sobre bienes afectos a un servicio p鷅lico que dificulten la normal prestaci髇 de aquel.
  • c) La falta de colaboraci髇 a la que se refiere el art韈ulo 10.3 de esta ley.
  • d) Los dem醩 incumplimientos de las obligaciones contempladas en esta ley.

4. Las infracciones muy graves prescribir醤 a los cinco a駉s, las graves a los tres a駉s y las leves al a駉.

Art韈ulo 35 Sanciones

1. Las infracciones ser醤 sancionadas con multa, cuyas cuant韆s ser醤 las siguientes:

  • a) Del tanto al duplo del valor de los da駉s o deterioros, en los supuestos de los apartados 1, 2.a) y 3.a) del art韈ulo anterior.
  • b) De 10.001 euros hasta un m醲imo de 60.000 euros, para el resto de infracciones graves.
  • c) De 600 euros hasta un m醲imo de 10.000 euros, para las sancionadas por el resto de faltas leves.

2. En la determinaci髇 de la cuant韆 de la multa se considerar el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, el valor o la entidad de los da駉s o perjuicios causados, la naturaleza de los bienes o derechos afectados, el beneficio obtenido, la continuidad o persistencia en la conducta infractora y la reincidencia.

Ser circunstancia atenuante la correcci髇 voluntaria de la situaci髇 creada con motivo de la infracci髇 dentro de los plazos que, en su caso, se fijen por la Administraci髇. En este supuesto, las sanciones se podr醤 reducir hasta la mitad cuando concurra dolo, o hasta en dos terceras partes en caso de culpa o negligencia.

3. Con independencia de la sanci髇 que pudiera imponerse, la persona infractora estar obligada a la restituci髇 o reposici髇 del bien, a la reparaci髇 del da駉 ocasionado, y a indemnizar por los da駉s irreparables y los perjuicios causados, en los t閞minos que se establezcan por el 髍gano competente para la imposici髇 de la sanci髇 o en el procedimiento complementario previsto en el art韈ulo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribir醤 a los tres a駉s, las impuestas por infracciones graves a los dos a駉s y las impuestas por faltas leves al a駉.

Art韈ulo 36 Competencia y procedimiento

1. Corresponder al Consejo de Gobierno resolver los procedimientos sancionadores en los que la presunta infracci髇 sea calificada como muy grave en la propuesta de resoluci髇, al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda cuando sea calificada como grave, y al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio cuando sea calificada como leve.

La ejecuci髇 de las sanciones ser competencia del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

2. Las responsabilidades previstas en este cap韙ulo, se sustanciar醤 y ejecutar醤 por las normas reguladoras del procedimiento administrativo que sea de aplicaci髇 general a la Administraci髇 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio de la potestad sancionadora.

3. Cuando el infractor no proceda a la restituci髇 o reposici髇 del bien o a la reparaci髇 del da駉 ocasionado, en los t閞minos previstos en el apartado 3 del art韈ulo anterior, el 髍gano competente podr acordar la imposici髇 de multas coercitivas de importe igual al cinco por ciento del valor del bien o del da駉, seg鷑 el caso, que podr醤 reiterarse por periodos no inferiores a treinta d韆s, hasta un m醲imo de cinco.

Art韈ulo 37 Indicios de il韈ito penal

Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracci髇 penal se proceder, previo informe jur韉ico, a dar traslado de los mismos a la jurisdicci髇 competente, dejando en suspenso la tramitaci髇 del procedimiento sancionador hasta que aquella se pronuncie.

T蚑ULO III
Destino de los bienes y derechos: afectaci髇 y adscripci髇

CAP蚑ULO I
Afectaci髇, desafectaci髇 y mutaci髇 demanial

Art韈ulo 38 La afectaci髇 y sus efectos

La afectaci髇 determina la vinculaci髇 de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio p鷅lico y su consiguiente integraci髇 en el dominio p鷅lico.

Art韈ulo 39 Forma de la afectaci髇

1. Salvo que derive de una norma con rango legal, la afectaci髇 deber hacerse de forma expresa, mediante resoluci髇 emitida por el 髍gano competente.

2. No obstante, surtir醤 los mismos efectos que la afectaci髇 expresa los hechos y circunstancias siguientes:

  • a) La utilizaci髇 p鷅lica, notoria y continuada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de bienes y derechos de su titularidad para el uso general o un servicio p鷅lico.
  • b) La adquisici髇 de bienes y derechos a t韙ulo oneroso sin el ejercicio de la potestad expropiatoria, para ser destinados a un uso general o la prestaci髇 de un servicio p鷅lico.
  • c) La adquisici髇 de bienes y derechos a t韙ulo gratuito con la condici髇 de destinarlos a un uso general o a un servicio p鷅lico.
  • d) La adquisici髇 de bienes y derechos reales por usucapi髇, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripci髇 adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o a un servicio p鷅lico, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre los mismos por otras personas al amparo de las normas de derecho privado.
  • e) La adquisici髇 de bienes y derechos por expropiaci髇 forzosa.
  • f) La aprobaci髇 por el Consejo de Gobierno de programas o planes de actuaci髇 general, o proyectos de obras o servicios, cuando de los mismos resulte la vinculaci髇 de bienes o derechos determinados a fines de uso general o de servicio p鷅lico.
  • g) La adquisici髇 de bienes muebles para el desenvolvimiento de los servicios p鷅licos o para la decoraci髇 de las dependencias.
  • h) Los inmuebles en construcci髇 que vayan a destinarse a un uso general o a un servicio p鷅lico.

3. En los supuestos de las letras a), b), c), d) y f) del apartado anterior que recaigan sobre bienes inmuebles en r間imen de propiedad, y en el de la letra h), la producci髇 de los efectos de la afectaci髇 no eximir a las consejer韆s, organismos y entidades conocedoras de dichas situaciones del deber de ponerlas en conocimiento del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio para que tramite el correspondiente procedimiento de afectaci髇. En el caso de la letra h), tambi閚 deber comunicarse la finalizaci髇 de la obra para su anotaci髇 en el Inventario General e inscripci髇 en los registros correspondientes, acompa馻ndo la documentaci髇 necesaria a tal efecto.

Art韈ulo 40 Afectaciones concurrentes y especiales

1. Los bienes y derechos de la Junta de Comunidades podr醤 ser afectados a m醩 de un uso general o servicio p鷅lico cuando los diversos fines sean compatibles entre s.

2. Podr acordarse la afectaci髇 de bienes y derechos que no vayan a destinarse a un uso general o servicio p鷅lico de forma inmediata, siempre que sea previsible dicha utilizaci髇 en un periodo de tiempo concreto o tras el cumplimiento de determinadas condiciones o circunstancias. La resoluci髇 que decida esta afectaci髇 deber hacer menci髇 al plazo o las condiciones y circunstancias que la justifican.

Art韈ulo 41 Competencia y procedimiento para la afectaci髇

1. La afectaci髇 de los bienes inmuebles y dem醩 derechos sobre los mismos corresponde al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, previa instrucci髇 del procedimiento por parte del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

2. El procedimiento se iniciar de oficio, a iniciativa propia o a propuesta motivada de las consejer韆s, organismos o entidades interesados en la afectaci髇.

En la tramitaci髇 del expediente, el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio podr solicitar las informaciones que precise y llevar a cabo todas las actuaciones que se estimen necesarias o convenientes para la depuraci髇 f韘ica y jur韉ica del bien o derecho y la mejor resoluci髇 del procedimiento. Asimismo, se dar audiencia a todas las consejer韆s, organismos y entidades que pudieran resultar afectados.

3. Cuando se acuerde la afectaci髇, la resoluci髇 deber indicar, al menos, el bien o derecho al que se refiere, el fin al que se destina y la circunstancia de quedar integrado en el dominio p鷅lico. Tambi閚 podr establecer, de estimarse oportuno, las condiciones o requisitos de uso o destino del bien o derecho.

La afectaci髇 se anotar en el Inventario General, momento en el que surtir sus efectos.

Art韈ulo 42 La desafectaci髇: efectos y forma

1. Por medio de la desafectaci髇 los bienes y derechos de dominio p鷅lico perder醤 esta cualidad, adquiriendo la de patrimoniales, por dejar de destinarse al uso general o a los servicios p鷅licos.

2. Salvo los supuestos previstos en esta ley u otras normas del ordenamiento jur韉ico, la desafectaci髇 deber realizarse de forma expresa, mediante resoluci髇 debidamente motivada del 髍gano competente.

Art韈ulo 43 Competencia y procedimiento para la desafectaci髇

1. La desafectaci髇 de los bienes inmuebles y dem醩 derechos sobre los mismos se tramitar por las mismas normas de competencia y procedimiento previstas en el art韈ulo 41 para la afectaci髇.

Cuando se acuerde la desafectaci髇, la resoluci髇 deber indicar, al menos, el bien o derecho al que se refiere, las razones que han determinado la p閞dida de la demanialidad, la declaraci髇 de que ha quedado integrado en el dominio privado de la Administraci髇, y su adscripci髇 a la consejer韆 competente en materia de hacienda, salvo que, por razones justificadas, se estime conveniente que su adscripci髇 como bien patrimonial se asigne a otra consejer韆, organismo o entidad p鷅lica.

2. La desafectaci髇 de los bienes muebles y dem醩 derechos que no recaigan sobre inmuebles corresponder a las consejer韆s, organismos o entidades que los viniesen utilizando.

Una vez perdida la demanialidad, estos bienes y derechos se seguir醤 gestionando por las consejer韆s, organismos o entidades respectivas, salvo que se acuerde el cambio de adscripci髇, en los t閞minos previstos en esta ley.

Art韈ulo 44 Mutaciones demaniales

1. La mutaci髇 demanial tiene por objeto la modificaci髇 de la afectaci髇 de un bien o derecho, que se articula a trav閟 de la desafectaci髇 de un uso general o servicio p鷅lico y su simult醤ea afectaci髇 a otro u otros, sin alteraci髇 en su calificaci髇 jur韉ica.

2. Con car醕ter general, la mutaci髇 demanial se acordar de forma expresa mediante resoluci髇.

No obstante, la utilizaci髇 del bien o derecho de forma p鷅lica, notoria y continuada a un fin de uso general o servicio p鷅lico distinto de aquel al que est afectado, producir los mismos efectos que la resoluci髇 aprobatoria de la mutaci髇 demanial. Cuando se trate de bienes inmuebles en r間imen de propiedad, la anterior circunstancia no eximir de la debida regularizaci髇 o declaraci髇 expresa de la mutaci髇, a cuyo efecto se instar e instruir el procedimiento correspondiente.

Art韈ulo 45 El procedimiento y competencia para la mutaci髇 demanial

Las competencias y el procedimiento a seguir para la mutaci髇 demanial se sujetar醤 a las reglas previstas en el art韈ulo 41 para la afectaci髇.

Art韈ulo 46 Las mutaciones demaniales subjetivas

1. Los bienes y derechos de dominio p鷅lico de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes podr醤 afectarse a otras Administraciones P鷅licas para que sean destinados a fines, usos o servicios p鷅licos de su competencia.

Esta mutaci髇 demanial no implicar transferencia de la titularidad ni alteraci髇 en la calificaci髇 jur韉ica del bien o derecho.

2. Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, la afectaci髇 a otras Administraciones P鷅licas deber ser acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda, previo informe de la consejer韆, organismo o entidad a la que estuviesen adscritos.

En el acuerdo se establecer, como m韓imo, la identificaci髇 del bien o derecho, la Administraci髇 P鷅lica beneficiaria de la afectaci髇, el fin al que han de destinarse y el plazo de duraci髇, que no exceder de setenta y cinco a駉s. Asimismo, se podr contemplar que todos los gastos y tributos, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se originen en los bienes y derechos durante el periodo de duraci髇 de la mutaci髇 demanial, ser醤 asumidos por la Administraci髇 destinataria de la misma.

La mutaci髇 demanial se formalizar en documento administrativo por el titular del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio y el titular del 髍gano que represente a la Administraci髇 P鷅lica de que se trate, momento en el que se entender entregada la posesi髇 y surtir todos sus efectos, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa.

3. Los bienes o derechos deber醤 ser destinados al uso o servicio p鷅lico acordado por el Consejo de Gobierno.

En caso de incumplimiento, la consejer韆 competente en materia de hacienda acordar la extinci髇 de la mutaci髇 y la reversi髇 de los bienes o derechos, con todas sus pertenencias y accesiones. Del inicio de este procedimiento se informar al Consejo de Gobierno.

4. Vencido el plazo establecido, la afectaci髇 se podr prorrogar cuando se mantengan las mismas circunstancias que motivaron su otorgamiento. El incidente de pr髍roga se resolver por la consejer韆 competente en materia de hacienda, que informar de su resultado al Consejo de Gobierno.

5. La afectaci髇 a otras Administraciones P鷅licas de bienes muebles o derechos que no recaigan sobre bienes inmuebles corresponder a la consejer韆, organismo o entidad que los tuviere adscritos.

CAP蚑ULO II
La adscripci髇 de bienes y derechos

Art韈ulo 47 Concepto y objeto

1. La adscripci髇 determina el 髍gano, organismo o entidad al que se asigna el uso y gesti髇 de un bien o derecho para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias.

2. Con independencia de las atribuciones reservadas por esta ley y su normativa de desarrollo a la consejer韆 competente en materia de hacienda o a otros 髍ganos, la adscripci髇 confiere las funciones, facultades y obligaciones relativas a la utilizaci髇 del bien o derecho, su custodia, administraci髇, conservaci髇, mantenimiento, aseguramiento y mejora.

3. La adscripci髇 se otorgar inicialmente al 髍gano, organismo o entidad interesada en la adquisici髇 del bien o derecho, y podr modificarse posteriormente en los supuestos previstos en los art韈ulos 50 y 51 de esta ley.

La adscripci髇 no alterar la propiedad de los bienes ni la titularidad de los derechos.

Art韈ulo 48 La adscripci髇 de bienes y derechos demaniales

Los bienes y derechos de naturaleza demanial se podr醤 adscribir a:

  • a) Las Cortes Regionales e instituciones dependientes.
  • b) Las consejer韆s y dem醩 髍ganos integrantes de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades.
  • c) Los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la Administraci髇 regional.

Art韈ulo 49 La adscripci髇 de bienes y derechos patrimoniales

1. Con car醕ter general, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos que tengan naturaleza patrimonial se adscribir醤 a la consejer韆 competente en materia de hacienda, y se gestionar醤 por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, salvo que por razones justificadas se acuerde su adscripci髇 a otro 髍gano, organismo o entidad p鷅lica.

2. Los derechos de arrendamiento sobre bienes inmuebles y los derechos de propiedad incorporal se adscribir醤 a los 髍ganos, organismos o entidades que vayan a hacer uso de los mismos.

3. Los bienes y derechos patrimoniales tambi閚 se podr醤 adscribir a las empresas de capital enteramente p鷅lico y a fundaciones 韓tegramente p鷅licas siempre que, en ambos casos, formen parte del sector p鷅lico regional. La p閞dida sobrevenida de los anteriores requisitos conllevar la revocaci髇 de la adscripci髇.

Art韈ulo 50 觬ganos competentes y procedimiento para el cambio de adscripci髇 de bienes y derechos

1. Las consejer韆s, organismos y dem醩 sujetos previstos en los dos art韈ulos precedentes que precisen bienes y derechos del patrimonio se dirigir醤, mediante solicitud motivada, a la consejer韆 competente en materia de hacienda.

En el expediente, que se instruir por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, se dar audiencia a todas las consejer韆s, organismos y entidades interesadas.

2. El procedimiento ser resuelto por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, salvo en los casos en que la solicitud de adscripci髇 vaya referida a bienes inmuebles o a derechos que recaigan sobre los mismos, donde el procedimiento ser resuelto por el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda.

3. Resuelto el cambio de adscripci髇, se formalizar la entrega del bien o derecho en un acta que deber醤 suscribir los 髍ganos u organismos afectados.

Del cambio de adscripci髇 se dejar constancia en el Inventario General de Bienes y Derechos.

Art韈ulo 51 Cambios de adscripci髇 motivados por reorganizaciones administrativas

1. La creaci髇, modificaci髇 o supresi髇 de las consejer韆s y dem醩 organismos p鷅licos e instituciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no implicar por s solo el cambio de adscripci髇 de los bienes y derechos, salvo que se disponga otra cosa en la norma o disposici髇 impulsora de la reestructuraci髇 org醤ica.

A falta de previsi髇 expresa, se entender que los bienes y derechos contin鷄n vinculados a los mismos fines y funciones, consider醤dose adscritos a las consejer韆s, organismos o entidades a los que se hayan atribuido las respectivas competencias.

Estas alteraciones se actualizar醤 de oficio en el Inventario General por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

2. Cuando la reestructuraci髇 org醤ica exija una distribuci髇 de bienes y derechos entre varias consejer韆s y organismos, los afectados remitir醤 propuesta conjunta para su actualizaci髇 en el Inventario General.

Si no hay acuerdo sobre la distribuci髇, cada consejer韆 u organismo remitir su propia propuesta, que deber estar motivada, correspondiendo al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio resolver definitivamente sobre el reparto de bienes y derechos.

Art韈ulo 52 Adscripciones compartidas

1. Los bienes inmuebles y los derechos que recaigan sobre los mismos podr醤 ser adscritos a dos o m醩 consejer韆s, organismos o entidades. La resoluci髇 que acuerde esta adscripci髇 deber determinar la parte que se asigna a cada consejer韆 u organismo o entidad y la distribuci髇 del espacio.

2. Las discrepancias que surjan sobre el ejercicio de las facultades y cumplimiento de las obligaciones comunes derivadas de la adscripci髇 compartida se resolver醤, previa audiencia de los interesados, por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, cuya decisi髇 ser vinculante.

CAP蚑ULO III
Incorporaci髇 al patrimonio de la Administraci髇 de Castilla-La Mancha de los bienes y derechos de sus organismos y entidades

Art韈ulo 53 Incorporaci髇 por innecesariedad

1. Los bienes y derechos de titularidad de los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la Administraci髇 regional que sean innecesarios para el cumplimiento de sus fines se podr醤 incorporar al patrimonio de esta 鷏tima.

La circunstancia de la innecesariedad se comunicar al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, quien decidir, previa consulta a los 髍ganos, organismos o entidades que estime puedan estar interesados en los bienes y derechos, la procedencia de la incorporaci髇 al patrimonio de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades o la autorizaci髇 para su enajenaci髇. Si se tratara de bienes inmuebles, la decisi髇 corresponder al titular de la consejer韆 que ostente las competencias en materia de hacienda.

Cuando la resoluci髇 acuerde la incorporaci髇 se pronunciar sobre la afectaci髇, en su caso, y la adscripci髇.

2. Las normas del apartado anterior no se aplicar醤 a aquellos bienes y derechos que los organismos adquieran con el prop髎ito de devolverlos, con o sin transformaci髇, al tr醘ico jur韉ico de acuerdo con sus fines o por tratarse de su actividad peculiar.

Art韈ulo 54 Incorporaci髇 por supresi髇 del organismo

1. Los bienes y derechos de los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico que sean objeto de supresi髇 se incorporar醤 al patrimonio de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades.

2. En cuanto a su afectaci髇 y adscripci髇, se estar a lo que establezca la disposici髇 que acuerde la extinci髇. En su defecto, la consejer韆 competente en materia de hacienda decidir lo que proceda sobre la afectaci髇, en su caso, y adscribir los bienes y derechos a la consejer韆 u organismo del que depend韆 o estaba vinculado el organismo o entidad objeto de extinci髇, salvo que de forma motivada acuerde otra cosa.

3. La inscripci髇 en el Registro de la Propiedad a favor de la Administraci髇 regional se practicar con la presentaci髇 de la disposici髇 por la que se hubiese producido la supresi髇 del organismo.

T蚑ULO IV
R間imen de uso y aprovechamiento de los bienes y derechos

CAP蚑ULO I
Utilizaci髇 de los bienes destinados al uso general

Art韈ulo 55 R間imen aplicable

La utilizaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico destinados al uso general se regir por la legislaci髇 especial reguladora de los mismos, aplic醤dose las disposiciones generales de la legislaci髇 b醩ica del Estado en materia patrimonial, esta ley y su normativa de desarrollo en defecto o insuficiencia de aquella.

Art韈ulo 56 Clases de usos y t韙ulos habilitantes

1. Los bienes de dominio p鷅lico destinados al uso general son susceptibles de las siguientes modalidades de uso:

  • a) Uso com鷑.
  • b) Uso especial.
  • c) Uso privativo.

2. El uso com鷑 es el que corresponde a todos los ciudadanos por igual y de forma indistinta, sin necesidad de reconocimiento expreso por parte de la Administraci髇, y sin m醩 restricciones que las siguientes:

  • a) Que no se impida o limite el uso de los dem醩 ciudadanos.
  • b) Que se haga un uso racional del bien, respetando su naturaleza y caracter韘ticas.
  • c) Las dem醩 limitaciones y condiciones derivadas de la normativa aplicable y del acto de su afectaci髇.

3. El uso especial es aquel que, siendo compatible con el uso com鷑, corresponde a todos los ciudadanos, si bien, por la concurrencia de diversas circunstancias singulares, como la peligrosidad, la intensidad de uso, la escasez, la protecci髇 del bien, la obtenci髇 de una rentabilidad u otras an醠ogas, se supedita su ejercicio a la previa autorizaci髇 o concesi髇 administrativa.

4. El uso privativo del dominio p鷅lico es el que podr corresponder a un interesado con limitaci髇 o exclusi髇 de los dem醩, previa obtenci髇 de la correspondiente autorizaci髇 o concesi髇, en los t閞minos previstos en el cap韙ulo III de este t韙ulo.

Art韈ulo 57 Reservas demaniales

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede reservarse el uso de bienes de dominio p鷅lico para la ejecuci髇 de sus fines y competencias, cuando existan razones de utilidad p鷅lica o inter閟 general que as lo justifiquen.

2. La reserva deber ser acordada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda e iniciativa de la consejer韆, organismo o entidad que tenga inter閟 en su adopci髇. El acuerdo determinar, al menos, los bienes que comprende, los fines y competencias para los que se declara y el plazo m醲imo, que no podr exceder del tiempo necesario para la ejecuci髇 o cumplimiento de las mencionadas competencias o fines que la justifican.

El acuerdo se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se inscribir en el Registro de la Propiedad.

3. La reserva prevalecer frente a otros posibles usos y llevar impl韈ita la declaraci髇 de utilidad p鷅lica y la necesidad de la ocupaci髇 para la expropiaci髇 de los derechos de uso preexistentes que sean incompatibles con la misma.

CAP蚑ULO II
Uso de los bienes destinados a los servicios p鷅licos y otras funciones administrativas

Art韈ulo 58 Bienes y derechos destinados a los servicios p鷅licos

1. La utilizaci髇 de los bienes y derechos destinados a la prestaci髇 de los servicios p鷅licos se efectuar de conformidad con la normativa reguladora del servicio p鷅lico de que se trate, aplic醤dose las disposiciones de esta ley y su normativa de desarrollo con car醕ter subsidiario.

2. A falta de normativa reguladora del servicio p鷅lico, los bienes y derechos se utilizar醤 de conformidad con su afectaci髇 y por lo establecido en esta ley y su normativa de desarrollo.

Art韈ulo 59 Ocupaci髇 de edificios y otros inmuebles por terceros

1. Con car醕ter excepcional, se podr admitir la ocupaci髇 de espacios en edificios y otros inmuebles p鷅licos por parte de terceros para su utilizaci髇 y aprovechamiento privativo, tanto con fines lucrativos como no lucrativos, siempre que dichos espacios no sean necesarios ni se menoscabe o entorpezca el adecuado funcionamiento de los servicios p鷅licos o administrativos instalados en aquellos.

2. Esta ocupaci髇 deber estar habilitada por la correspondiente autorizaci髇 o concesi髇 demanial, que deber ser otorgada conforme se establece en el cap韙ulo III de este t韙ulo.

No obstante, las solicitudes de uso por un plazo no superior a treinta d韆s, o que tengan por objeto la organizaci髇 de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, s髄o precisar醤 para su autorizaci髇 la resoluci髇 emitida por la consejer韆, organismo o entidad titular de la adscripci髇, en la que se establecer, al menos, las condiciones de utilizaci髇 del bien, la duraci髇 y la contraprestaci髇 a satisfacer, en su caso, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 63.

CAP蚑ULO III
Autorizaciones y concesiones demaniales

Art韈ulo 60 Exigencia de las autorizaciones y concesiones demaniales

1. Estar醤 sujetos a autorizaci髇, hasta un plazo m醲imo de diez a駉s, incluidas las pr髍rogas, los siguientes usos:

  • a) El uso especial.
  • b) El uso privativo del dominio p鷅lico con instalaciones no permanentes o desmontables o con bienes muebles.

2. El uso especial y el uso privativo del dominio p鷅lico con instalaciones no permanentes o desmontables o con bienes muebles por un plazo superior a diez a駉s, y en todo caso, la ocupaci髇 privativa de dominio p鷅lico con obras o instalaciones permanentes, estar醤 sometidos a concesi髇 demanial, hasta un plazo m醲imo de setenta y cinco a駉s, incluidas las pr髍rogas.

3. Las autorizaciones y concesiones que habiliten para la ocupaci髇 de bienes de dominio p鷅lico que sean necesarias para la ejecuci髇 de un contrato administrativo se considerar醤 accesorias de aquel, y estar醤 vinculadas a dicho contrato en cuanto a su otorgamiento, duraci髇, vigencia y transmisibilidad. No ser necesario obtener estas autorizaciones o concesiones cuando el contrato administrativo habilite para la ocupaci髇 de los bienes de dominio p鷅lico.

De la celebraci髇 de estos contratos se dar cuenta al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

Art韈ulo 61 Autorizaciones: otorgamiento, transmisibilidad y revocaci髇

La forma de otorgamiento, transmisibilidad y revocaci髇 de las autorizaciones demaniales se regir醤 por las disposiciones b醩icas de los apartados 1, 2 y 4 del art韈ulo 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 62 Concesiones: otorgamiento, formalizaci髇, transmisibilidad y rescate

1. El r間imen de otorgamiento y formalizaci髇 de las concesiones ser el establecido con car醕ter b醩ico en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

2. Las concesiones que habiliten para el uso privativo del dominio p鷅lico con instalaciones no permanentes o desmontables o con bienes muebles se podr醤 transmitir a tercero, previa conformidad del 髍gano competente, salvo que en su otorgamiento se hubieran tenido en cuenta circunstancias personales del concesionario o que dicha transmisi髇 estuviera prohibida expresamente en las condiciones reguladoras de la concesi髇.

3. La transmisi髇 de las concesiones que habiliten para la ocupaci髇 privativa de dominio p鷅lico con obras o instalaciones permanentes ejecutadas por el concesionario, se regir por las normas del art韈ulo 98.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

4. La Administraci髇 podr acordar el rescate de la concesi髇 antes de su vencimiento, cuando lo justifiquen razones sobrevenidas de inter閟 p鷅lico. En este caso, el concesionario deber ser resarcido de los da駉s y perjuicios que se le hayan producido, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 71.3 de esta ley.

Art韈ulo 63 R間imen econ髆ico de las autorizaciones y las concesiones

Las autorizaciones y concesiones se otorgar醤 con contraprestaci髇 o con condiciones, o con sujeci髇 a la tasa por utilizaci髇 privativa o especial de bienes de dominio p鷅lico que venga prevista en las leyes aplicables a la Comunidad Aut髇oma que regulen estos tributos.

No obstante lo anterior, no estar醤 sujetas a contraprestaci髇 o tasa cuando el uso de los bienes de dominio p鷅lico no lleve aparejada una utilidad econ髆ica o, aun existiendo, la utilizaci髇 o aprovechamiento conlleve condiciones u obligaciones para el beneficiario que la anulen o la hagan irrelevante.

Art韈ulo 64 Condiciones generales y particulares de las autorizaciones y las concesiones

1. El 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia o a instancia de las consejer韆s u organismos interesados, podr proponer al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda la aprobaci髇 de condiciones generales para el otorgamiento de determinadas categor韆s de autorizaciones y concesiones, que deber醤 ser publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Durante el tiempo de su vigencia, las condiciones generales ser醤 vinculantes para los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y concesiones que se encuentren dentro de su 醡bito de aplicaci髇.

2. Las cl醬sulas particulares de las autorizaciones y concesiones demaniales se establecer醤 en el pliego de condiciones, cuando resulte necesario o se estime conveniente hacer uso de este instrumento de conformidad con esta ley, y en la resoluci髇 por la que se otorgue la autorizaci髇 o concesi髇 demanial.

Art韈ulo 65 Contenido m韓imo del acto de otorgamiento

La resoluci髇 por la que se otorgue una autorizaci髇 o concesi髇 demanial tendr el siguiente contenido m韓imo:

  • a) Delimitaci髇 y descripci髇 del bien o porci髇 de dominio p鷅lico objeto de uso.
  • b) El r間imen de utilizaci髇, incluyendo, si procede, las obras o instalaciones que deban ejecutarse.
  • c) El compromiso de utilizar el bien seg鷑 su naturaleza y caracter韘ticas, y de entregarlo o devolverlo a la extinci髇 del t韙ulo en el estado en el que se recibe o en las condiciones que se especifiquen, en los t閞minos previstos en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 71.
  • d) El r間imen econ髆ico.
  • e) La exigencia de garant韆, de estimarse conveniente.

    Cuando se exija garant韆 se indicar su importe y forma de constituci髇, que deber tener lugar antes de la ocupaci髇 del inmueble, en el caso de la autorizaci髇, o de la formalizaci髇, en el caso de la concesi髇. La garant韆 responder del adecuado uso del bien, de su reposici髇 o reparaci髇, y del resto de las obligaciones establecidas.

    Cuando el importe de los gastos generados o da駉s y perjuicios causados a la Administraci髇 supere el importe de la garant韆, el exceso se podr hacer efectivo por el procedimiento de apremio.

  • f) La asunci髇 de los gastos de conservaci髇 y mantenimiento del inmueble, y de los tributos asociados al mismo.
  • g) La obligaci髇 del usuario o concesionario de la obtenci髇, a su costa, de cuantas licencias, autorizaciones o permisos se requieran para el uso o el ejercicio de la actividad.
  • h) La asunci髇 frente a la Administraci髇 o terceros de la responsabilidad que se derive de la ocupaci髇 o uso del inmueble, con menci髇, si se considera oportuno, de la obligatoriedad de formalizar una p髄iza de seguro, un aval bancario u otra garant韆 suficiente.
  • i) El plazo y r間imen de pr髍roga, que siempre deber ser expresa.
  • j) El r間imen relativo a la transmisibilidad de la autorizaci髇 o concesi髇.
  • k) La facultad de la Administraci髇 de inspeccionar el bien objeto de autorizaci髇 o concesi髇, para comprobar y garantizar que el mismo es utilizado de conformidad con los t閞minos de su otorgamiento.
  • l) Las causas de extinci髇.
  • m) En las autorizaciones, se incluir la aceptaci髇 por parte del beneficiario de la facultad de revocaci髇 unilateral de la Administraci髇 por razones de inter閟 p鷅lico, conforme se establece en el art韈ulo 92.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.
  • n) En las concesiones, por su parte, se indicar que su otorgamiento se entender hecha sin perjuicio de tercero.

Art韈ulo 66 觬ganos competentes

1. Las autorizaciones y concesiones se otorgar醤 por los titulares de las consejer韆s a las que estuvieren adscritos los bienes.

En el 醡bito de los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico, tanto para los bienes de su titularidad como los que tengan adscritos, la competencia corresponder a quien determinen sus normas de creaci髇, organizaci髇 o funcionamiento, y en su defecto, a sus presidentes o directores.

2. A los mismos 髍ganos corresponder el seguimiento y control, as como la modificaci髇, interpretaci髇, autorizaci髇 de la transmisi髇 y la extinci髇.

3. El otorgamiento de la autorizaci髇 y la formalizaci髇 de la concesi髇, as como su extinci髇, se deber醤 comunicar al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio para su anotaci髇 en el Inventario General.

Art韈ulo 67 Procedimiento para la adjudicaci髇 directa de autorizaciones y concesiones

1. Las solicitudes que tengan por objeto un uso especial o privativo de bienes de dominio p鷅lico se tramitar醤 por las reglas de este art韈ulo cuando proceda la adjudicaci髇 directa y por las normas del art韈ulo siguiente en el caso contrario.

2. Ser醤 causas de inadmisi髇, con archivo de la solicitud, las circunstancias siguientes:

  • a) La inadecuaci髇, inexistencia o insuficiencia del bien.
  • b) Cuando se ponga en riesgo su protecci髇, defensa o conservaci髇.
  • c) La incompatibilidad del uso solicitado con el destino del bien.
  • d) Cualquier otra raz髇 justificada de inter閟 p鷅lico.

3. Cuando se d tr醡ite a la solicitud, la propuesta de resoluci髇, que deber incorporar al menos el contenido previsto en el art韈ulo 65, se comunicar al interesado para que pueda hacer las alegaciones y consideraciones que estime oportunas en un plazo de diez d韆s.

4. Con car醕ter previo a la resoluci髇 que ponga fin al procedimiento, se dar traslado de todo lo actuado al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio para que emita informe preceptivo en un plazo de veinte d韆s.

5. El plazo para resolver el procedimiento y notificar la resoluci髇 ser de tres meses. En caso de silencio, los interesados podr醤 entender desestimada la solicitud.

Art韈ulo 68 Procedimiento de adjudicaci髇 en r間imen de concurrencia iniciado con motivo de la solicitud de un particular

Las solicitudes de autorizaciones o concesiones demaniales que no re鷑an los requisitos para ser otorgadas de forma directa, podr醤 motivar el inicio de oficio de un procedimiento de adjudicaci髇 en r間imen de concurrencia, conforme a las siguientes reglas:

  • a) Se publicar un anuncio gratuito en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha comprensivo de la solicitud presentada, de la posibilidad de que otros interesados presenten sus propias solicitudes alternativas en el plazo que se indique, que no podr ser inferior a veinte d韆s naturales para las autorizaciones y treinta para las concesiones, y de las condiciones m韓imas a las que quedar sometida la autorizaci髇 o concesi髇. Durante el plazo de presentaci髇 el solicitante inicial podr mejorar o complementar su propia solicitud.

    Con car醕ter previo a la publicaci髇 del anuncio, se dar traslado de todo lo actuado al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio para que emita informe preceptivo en un plazo de veinte d韆s.

  • b) La adjudicaci髇 se decidir en base a los criterios que se establezcan en el anuncio, entre los que se contemplar, de ser ello posible, la mayor utilidad p鷅lica o inter閟 social de los usos objeto de las solicitudes. Los criterios que establezca el anuncio deber醤 estar formulados de manera objetiva.

    En el caso de las autorizaciones, cuando no fuera procedente establecer criterios de selecci髇 la adjudicaci髇 podr efectuarse por sorteo p鷅lico, siempre que esta posibilidad se haya indicado en el anuncio.

  • c) El plazo para resolver el procedimiento y notificar la resoluci髇 ser de seis meses, que se computar醤 desde la publicaci髇 de la convocatoria.
  • d) La adjudicaci髇 ser objeto de publicaci髇 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Art韈ulo 69 Procedimiento de adjudicaci髇 en r間imen de concurrencia iniciado a instancia de la propia Administraci髇

1. El procedimiento para la adjudicaci髇 de autorizaciones y concesiones podr iniciarse de oficio por parte de los 髍ganos competentes para su otorgamiento, a iniciativa propia o a propuesta de otros 髍ganos, exponiendo las razones de utilidad p鷅lica o inter閟 social que lo justifican.

2. Antes de proceder a la publicaci髇 de la convocatoria, el 髍gano competente aprobar el pliego de condiciones, previo informe del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, que deber emitir en un plazo de veinte d韆s.

El pliego de condiciones regular, al menos, las cuestiones previstas en el art韈ulo 65, as como, los requisitos que deben reunir los potenciales aspirantes y los criterios que servir醤 para la valoraci髇 de las solicitudes, entre los que necesariamente se deber contemplar la mayor utilidad p鷅lica o inter閟 social de los usos objeto de aquellas, salvo en el caso de las autorizaciones en las que no fuera procedente establecer criterios de selecci髇, cuya adjudicaci髇 podr efectuarse por sorteo p鷅lico. Tanto los requisitos de los potenciales aspirantes como los criterios que servir醤 para la valoraci髇 de las solicitudes deber醤 estar formulados de manera objetiva.

3. La convocatoria se publicar de forma gratuita en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo para presentar solicitudes no podr ser inferior a veinte d韆s naturales para las autorizaciones y treinta para las concesiones.

4. El plazo para resolver el procedimiento y notificar la resoluci髇 ser de seis meses, que se computar醤 desde la publicaci髇 de la convocatoria.

5. La adjudicaci髇 recaer en favor de la solicitud que haya obtenido mejor valoraci髇, y se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Art韈ulo 70 Extinci髇 de las autorizaciones y concesiones demaniales

1. Las autorizaciones y concesiones demaniales se extinguir醤 por las causas previstas en las normas b醩icas de los art韈ulos 94 y 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, y por las dem醩 razones que se hubieran previsto en las condiciones y cl醬sulas reguladoras de cada autorizaci髇 o concesi髇.

2. En los supuestos de muerte del usuario o concesionario persona f韘ica o extinci髇 de la personalidad jur韉ica y caducidad por vencimiento del plazo, la extinci髇 se producir de forma autom醫ica.

La resoluci髇 por mutuo acuerdo s髄o podr tener lugar cuando no concurra otra causa de extinci髇 imputable al usuario o concesionario, y se formalizar en documento administrativo.

El resto de causas de resoluci髇 deber醤 ser acordadas por el 髍gano competente, previa audiencia a los interesados. Cuando se acuerde la extinci髇 se determinar醤 sus efectos, en los t閞minos previstos en el t韙ulo constitutivo, en esta ley y dem醩 normativa que sea aplicable.

Art韈ulo 71 Devoluci髇 del bien y otros efectos de la extinci髇

1. A la extinci髇 de la autorizaci髇 o concesi髇 el interesado deber abandonar o dejar libre el bien y hacer entrega de la posesi髇 a la Administraci髇 en las condiciones establecidas, y en su defecto, en el estado en el que se encontraba al inicio de la autorizaci髇 o concesi髇.

2. Cuando se extinga la concesi髇, las obras, construcciones e instalaciones fijas ejecutadas por el concesionario deber醤 ser demolidas, salvo que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el t韙ulo o el 髍gano administrativo competente as lo decidiera. En este caso, las obras, construcciones e instalaciones ser醤 adquiridas gratuitamente y libres de cargas y grav醡enes por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3. En el caso de rescate anticipado de la concesi髇, el titular ser indemnizado del perjuicio material surgido de la extinci髇 anticipada, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 101.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

4. Si la causa de extinci髇 de la autorizaci髇 o concesi髇 consistiere en la desafectaci髇 del bien, se proceder a la liquidaci髇 conforme se prev en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 102 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

El 髍gano competente para declarar la caducidad de las autorizaciones y concesiones ser, en los supuestos del art韈ulo 102.2.a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas, el que sea competente para su otorgamiento, y en los supuestos de la letra b) del apartado 2 del citado precepto, el titular de la adscripci髇.

No obstante, se podr acordar la expropiaci髇 de los derechos si se estimare que su mantenimiento durante el t閞mino de su vigencia perjudica el posterior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a los efectos de su potencial enajenaci髇.

Art韈ulo 72 Derecho de adquisici髇 preferente

Cuando se acuerde la enajenaci髇 onerosa de los bienes patrimoniales a los que se refiere el apartado 4 del art韈ulo anterior, los titulares de derechos vigentes sobre los mismos que deriven de concesiones otorgadas cuando ten韆n la condici髇 de demaniales, tendr醤 derecho de adquisici髇 preferente en los t閞minos previstos en los apartados 1 y 3 del art韈ulo 103 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

El derecho podr ser ejercitado dentro de los veinte d韆s naturales siguientes a aquel en que se les notifique la decisi髇 de enajenar el bien, con indicaci髇 del precio y las dem醩 condiciones esenciales de la enajenaci髇. A falta de notificaci髇, o cuando la enajenaci髇 se efect鷈 en condiciones distintas de las mencionadas en la comunicaci髇, el derecho podr ejercitarse desde la perfecci髇 de la venta hasta que trascurran treinta d韆s naturales posteriores a la inscripci髇 de la misma en el Registro de la Propiedad.

CAP蚑ULO IV
Aprovechamiento y explotaci髇 de los bienes y derechos patrimoniales

Art韈ulo 73 Explotaci髇 de bienes y derechos patrimoniales

La Junta de Comunidades podr explotar los bienes y derechos patrimoniales que sean susceptibles de un aprovechamiento rentable, a trav閟 de cualquier negocio jur韉ico, t韕ico o at韕ico, de acuerdo con criterios de m醲ima rentabilidad econ髆ica y social.

No obstante, la explotaci髇 de los bienes y derechos patrimoniales que se hallen materialmente afectados a un servicio p鷅lico o a una funci髇 p鷅lica, s髄o ser posible en la medida en que sea compatible con el servicio o funci髇 p鷅lica de que se trate.

Art韈ulo 74 觬ganos competentes

Los actos relativos al aprovechamiento o explotaci髇 de los bienes y derechos patrimoniales corresponder醤 a los titulares de las consejer韆s a los que est閚 adscritos, y en el caso de los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico, tanto para los bienes de su titularidad como los que tengan adscritos, a los 髍ganos que determinen sus normas de creaci髇, organizaci髇 o funcionamiento, y en su defecto, a sus presidentes o directores.

Art韈ulo 75 La adjudicaci髇 de la explotaci髇 a terceros

1. La adjudicaci髇 de los contratos para la explotaci髇 de los bienes y derechos patrimoniales por terceros se realizar en r間imen de concurrencia o de forma directa, en los t閞minos establecidos con car醕ter b醩ico en el art韈ulo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

La adjudicaci髇 deber publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. Antes de la convocatoria p鷅lica o de la adjudicaci髇 directa, seg鷑 se trate, el 髍gano competente aprobar, previo informe de los servicios jur韉icos, las condiciones relativas a la utilizaci髇 y explotaci髇 del bien o derecho, los criterios de selecci髇, en su caso, el plazo de duraci髇, la contraprestaci髇 a satisfacer por el adjudicatario, las causas de resoluci髇, y todas aquellas cuestiones que se estimen convenientes para la adecuada defensa de los derechos e intereses de la Junta de Comunidades.

3. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, las solicitudes de uso de bienes patrimoniales por un plazo no superior a treinta d韆s, o que tengan por objeto la organizaci髇 de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos, s髄o precisar醤 para su adjudicaci髇 la autorizaci髇 emitida por el 髍gano competente, en la que se establecer, al menos, las condiciones de utilizaci髇 y explotaci髇 del bien, la duraci髇 y la contraprestaci髇 a satisfacer.

Art韈ulo 76 Formalizaci髇 y subrogaci髇

1. Los contratos se formalizar醤 en documento administrativo, salvo que la normativa aplicable al negocio o el acceso al Registro de la Propiedad exijan otra forma distinta.

2. La subrogaci髇 de un tercero en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato s髄o ser posible cuando, estando prevista en las condiciones acordadas, sea autorizada expresamente por el 髍gano competente para la adjudicaci髇.

T蚑ULO V
De los edificios administrativos

Art韈ulo 77 Edificio administrativo

A los efectos de esta ley, se entiende por edificio de uso administrativo las edificaciones, locales y otros espacios que est閚 destinados a las sedes, oficinas, servicios administrativos y dependencias auxiliares de los 髍ganos e instituciones previstos en el art韈ulo 2.1.

Tambi閚 se considerar醤 edificios administrativos aquellos que por sus caracter韘ticas sean susceptibles de ser destinados a los fines indicados, con independencia del uso que se les estuviere dando.

Art韈ulo 78 Reglas b醩icas de utilizaci髇

Las consejer韆s, organismos p鷅licos y dem醩 entidades titulares de la adscripci髇 utilizar醤 y gestionar醤 los edificios administrativos con sujeci髇 a las siguientes reglas:

  • a) Seguridad y conservaci髇.
  • b) Uso racional y eficiente.
  • c) Accesibilidad, habitabilidad y funcionalidad, sin perjuicio de las consideraciones de car醕ter cultural o medioambiental que puedan o deban tenerse en cuenta.
  • d) Imagen institucional unificada e inspirada en los principios que rigen la organizaci髇 y funcionamiento de la Administraci髇 P鷅lica.
  • e) Adecuaci髇 a las actuaciones de planificaci髇, coordinaci髇 y control que se establecen en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 79 Los edificios administrativos compartidos

1. Las facultades y obligaciones comunes derivadas de la adscripci髇 compartida de un edificio administrativo se asignar醤 y ejercer醤 por las consejer韆s, organismos y entidades afectados, en los t閞minos que establezcan de com鷑 acuerdo en el correspondiente protocolo. A falta de acuerdo, la forma de gesti髇 del edificio se decidir por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

Las discrepancias que surjan sobre el ejercicio o interpretaci髇 de las facultades y obligaciones comunes establecidas se resolver醤 en los t閞minos previstos en el art韈ulo 52.2 de esta ley.

2. Mediante Orden de la consejer韆 competente en materia de hacienda se podr desarrollar el contenido m韓imo de los protocolos para la gesti髇 de un edificio administrativo compartido.

Art韈ulo 80 Planificaci髇 para la optimizaci髇 de los edificios administrativos

1. El titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda podr aprobar planes para la adecuada optimizaci髇 de los edificios administrativos.

Los planes tambi閚 podr醤 incluir medidas tendentes a la mejora de la seguridad y conservaci髇 de los edificios y para procurar un uso m醩 racional y eficiente.

2. El procedimiento de aprobaci髇 de los planes y su contenido se regular reglamentariamente.

3. Los planes ser醤 de obligado cumplimiento, correspondiendo su ejecuci髇 y financiaci髇 a las consejer韆s, organismos y entidades titulares de la adscripci髇 de los inmuebles, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Art韈ulo 81 觬gano de coordinaci髇 y control

1. La consejer韆 competente en materia de hacienda, a trav閟 del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, ejercer las siguientes funciones:

  • a) Coordinar la utilizaci髇 de los edificios administrativos.
  • b) Velar por el cumplimiento de las reglas b醩icas de utilizaci髇 de edificios administrativos establecidas en el art韈ulo 78.
  • c) Supervisar la ejecuci髇 de los planes de optimizaci髇.

2. Para el desarrollo de las anteriores funciones, el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio podr recabar los dict醡enes, informaciones y documentos que estime conveniente a las consejer韆s, organismos y dem醩 entidades de la Junta de Comunidades, realizar visitas de comprobaci髇 e inspecci髇 a los edificios, y dictar las instrucciones que considere necesarias.

Art韈ulo 82 Comisi髇 Consultiva de Gesti髇 de Edificios Administrativos

1. Se crea la Comisi髇 Consultiva de Gesti髇 de Edificios Administrativos, como 髍gano no permanente de consulta y asesoramiento en materia de utilizaci髇, coordinaci髇 y optimizaci髇 de los edificios administrativos.

2. La Comisi髇 Consultiva estar integrada por el titular del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, que la presidir, el titular del 髍gano directivo competente en materia de coordinaci髇 administrativa, que ejercer la vicepresidencia, el titular del 髍gano directivo competente en materia de presupuestos, y los titulares de las secretar韆s generales t閏nicas, o en su defecto, las secretar韆s generales, de las consejer韆s. El secretario de la Comisi髇 Consultiva ser un funcionario del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, con voz y sin voto.

La Comisi髇 podr solicitar informaci髇 y convocar a sus sesiones a aquellos 髍ganos o unidades, tanto centrales como perif閞icos, que se considere conveniente, en funci髇 de los temas a tratar. En todo caso, se convocar a un representante de los organismos y las entidades cuyos intereses pudieran resultar afectados.

3. La Comisi髇 Consultiva de Gesti髇 de Edificios Administrativos podr elaborar estudios y realizar propuestas o recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con la planificaci髇, la coordinaci髇 y la utilizaci髇 de los edificios administrativos, y emitir informe cuando as se requiera por la consejer韆 competente en materia de hacienda.

T蚑ULO VI
De los negocios jur韉icos patrimoniales

CAP蚑ULO I
Disposiciones generales

Art韈ulo 83 Reconocimiento de la potestad y principio de libertad de pacto

Para la consecuci髇 de sus fines y la defensa de sus intereses, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podr celebrar cualesquiera contratos, convenios y negocios jur韉icos patrimoniales, tanto t韕icos como at韕icos, y concertar los pactos, cl醬sulas y condiciones que se estimen por conveniente, siempre que no sean contrarios al inter閟 p鷅lico, al ordenamiento jur韉ico ni a los principios de buena administraci髇.

Art韈ulo 84 R間imen jur韉ico aplicable

1. La preparaci髇 y adjudicaci髇 de los contratos y dem醩 negocios jur韉icos patrimoniales se regir醤 por las normas directamente aplicables al Patrimonio de la Junta de Comunidades recogidas en el art韈ulo 5 de esta ley. Con car醕ter supletorio, se acudir a la normativa patrimonial del Estado no b醩ica, a la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico y a las restantes normas del derecho administrativo, y en su defecto, al derecho privado.

2. Los efectos y extinci髇 se regir醤 por las normas directamente aplicables previstas en el art韈ulo 5 y por el derecho privado.

3. Los negocios complejos, entendiendo por tales aquellos que incluyan prestaciones accesorias o correspondientes a distintos tipos de contratos o negocios patrimoniales, se tramitar醤 en expediente 鷑ico y se regir醤, en cuanto a la competencia y procedimiento, por las disposiciones reguladoras del negocio jur韉ico que sea la raz髇 principal de su celebraci髇.

Art韈ulo 85 Preparaci髇 del negocio patrimonial

1. La celebraci髇 de negocios patrimoniales requerir la tramitaci髇 de un expediente preparatorio, en el que deber quedar acreditado su necesidad o conveniencia.

2. En los contratos patrimoniales relativos a adquisiciones onerosas, ventas, permutas o arrendamientos, se incorporar al expediente el pliego de condiciones, que habr de recoger, como m韓imo, el objeto del contrato, su r間imen jur韉ico, los pactos y condiciones reguladoras de los derechos y obligaciones de las partes y las normas o reglas relativas a la adjudicaci髇 cuando esta vaya a tener lugar mediante concurso o subasta.

En el supuesto de adjudicaci髇 directa, el pliego de condiciones se podr sustituir por el proyecto de contrato.

El pliego de condiciones, o en su caso el proyecto de contrato, deber ser informado por el 髍gano o unidad que tenga atribuido el asesoramiento jur韉ico del 髍gano que haya de decidir sobre su aprobaci髇.

Completado el expediente, se proceder a la aprobaci髇 del mismo, del pliego de condiciones o del proyecto de contrato, en su caso, y la tasaci髇 pericial, y se dispondr la apertura del procedimiento de adjudicaci髇, si esta ha de llevarse a cabo mediante concurrencia p鷅lica, o la autorizaci髇 para que se proceda a la formalizaci髇, en el supuesto de adjudicaci髇 directa.

3. En los expedientes que tengan por objeto la adquisici髇 onerosa, venta, permuta o arrendamiento de bienes inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos de cuant韆 superior a 12.000 euros, una vez aprobado el expediente y de forma previa a la apertura del procedimiento de adjudicaci髇, en caso de concurrencia p鷅lica, o a la autorizaci髇 para que se proceda a la formalizaci髇, en caso de adjudicaci髇 directa, se deber publicar un anuncio del tr醡ite en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y toda la informaci髇 y documentaci髇 relevante en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.

Art韈ulo 86 Tasaciones periciales

1. En los contratos y dem醩 negocios patrimoniales relativos a adquisiciones onerosas, ventas, permutas, arrendamientos y todos aquellos otros en los que el valor del bien o el derecho sea relevante para su celebraci髇, se deber emitir el correspondiente informe de valoraci髇 o tasaci髇 pericial, para su consideraci髇 en la tramitaci髇 del procedimiento.

En el resto de contratos se podr醤 utilizar otras valoraciones que consten en el expediente, en el Inventario General o en registros oficiales, como las valoraciones catastrales.

2. Los informes de valoraci髇 y las tasaciones periciales se podr醤 elaborar por personal t閏nico dependiente de la consejer韆, organismo o entidad que tenga la adscripci髇 de los bienes o derechos o que haya interesado su adquisici髇 o arrendamiento, por t閏nicos facultativos de la consejer韆 competente en materia de hacienda o por t閏nicos de otras consejer韆s que se estimen m醩 apropiados en funci髇 del tipo de bien o derecho a valorar. De forma motivada, tambi閚 se podr solicitar estos trabajos a sociedades debidamente inscritas en el registro oficial de sociedades de tasaci髇 y a empresas legalmente habilitadas, previa celebraci髇 del correspondiente contrato, con arreglo a las normas de contrataci髇 del sector p鷅lico.

3. De forma motivada, se podr modificar la tasaci髇 cuando omita o no justifique adecuadamente la valoraci髇 de algunos elementos importantes, cuando razones de especial idoneidad del bien o derecho u otras circunstancias le otorguen un valor para la Administraci髇 distinto del valor de mercado, o cuando concurran hechos o circunstancias no apreciados en la tasaci髇. Como alternativa a la modificaci髇, se podr醤 recabar informes y tasaciones contradictorias.

4. La tasaci髇 deber ser aprobada por el 髍gano competente para aprobar el expediente. Cuando haya tasaciones discrepantes, la aprobaci髇 recaer sobre la que se considere m醩 ajustada al valor real del bien o derecho para el negocio de que se trate.

5. Las tasaciones tendr醤 una validez de un a駉, contado desde su aprobaci髇.

Art韈ulo 87 Procedimiento de adjudicaci髇

1. Con car醕ter general, los negocios jur韉icos patrimoniales se adjudicar醤 respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminaci髇, a trav閟 de los procedimientos de concurso o subasta.

En el concurso, la adjudicaci髇 recaer en el licitador que haga la oferta m醩 ventajosa en su conjunto, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de condiciones, sin atender exclusivamente al precio, y que deber醤 ser formulados de manera objetiva.

En la subasta, el pliego establecer un tipo base expresado en dinero, con adjudicaci髇 a la oferta m醩 ventajosa econ髆icamente.

En ambos casos, el 髍gano competente para resolver la adjudicaci髇 estar asistido por una mesa de contrataci髇 patrimonial, cuya composici髇 y funciones se determinar醤 reglamentariamente.

2. La adjudicaci髇 directa s髄o ser posible, previa justificaci髇 en el expediente, en los supuestos que se relacionan a continuaci髇:

  • a) Cuando el adjudicatario sea otra Administraci髇 p鷅lica, un organismo o entidad p鷅lica, o una entidad de derecho privado perteneciente al sector p鷅lico.
  • b) Cuando el concurso o la subasta hubieran sido declarados desiertos o cuando, habiendo sido adjudicados, no llegaran a formalizarse o resultaran fallidos por incumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, siempre que no hubiera transcurrido un plazo de quince meses desde la publicaci髇 de la convocatoria. En este caso, las condiciones de la adjudicaci髇 directa no podr醤 ser distintas de las que sirvieron de base para la adjudicaci髇 por concurso o subasta.
  • c) Por raz髇 de urgencia, derivada de hechos o circunstancias imprevistas.
  • d) En los casos en los que exista un derecho de adquisici髇 preferente reconocido por disposici髇 legal o en un contrato.
  • e) En los restantes supuestos previstos en esta ley para cada tipo de contrato o negocio.

3. La Administraci髇 podr suspender o desistir del procedimiento de adjudicaci髇 antes de la perfecci髇 del negocio patrimonial, cuando se modifiquen o desaparezcan las razones que justificaron su iniciaci髇 o sobrevengan otros motivos de inter閟 p鷅lico, sin que se genere derecho a indemnizaci髇 a favor de los licitadores. La resoluci髇 que acuerde el desistimiento ordenar la devoluci髇 de las garant韆s que hubieran sido constituidas.

4. La publicaci髇 de la adjudicaci髇 prevista en esta ley para los negocios y contratos patrimoniales que tengan por objeto la adquisici髇 onerosa, venta, permuta o arrendamiento de bienes inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos, contendr, al menos, el objeto y valor del negocio jur韉ico patrimonial, la persona o entidad adjudicataria, el tipo de procedimiento seguido para la adjudicaci髇 y los criterios que la han motivado. El expediente completo, incluida la resoluci髇 de adjudicaci髇, deber publicarse en el Portal de Transparencia de Castilla-La Mancha.

Art韈ulo 88 Capacidad para contratar con la Administraci髇

1. Podr醤 celebrar negocios jur韉icos patrimoniales con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las personas f韘icas y jur韉icas que tengan capacidad para contratar con arreglo a las normas civiles.

2. De forma motivada, el pliego de condiciones podr exigir requisitos adicionales en funci髇 del bien o derecho objeto del contrato o el inter閟 p鷅lico afectado.

3. En cualquier caso, y siempre que se trate de bienes inmuebles, no podr醤 adquirir a t韙ulo oneroso ni arrendar a la Junta de Comunidades, aquellas personas de naturaleza privada que incurran en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administraci髇 previstas en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico.

Art韈ulo 89 Formalizaci髇 de determinados negocios jur韉icos sobre inmuebles

1. Los negocios jur韉icos de adquisici髇, gravamen y enajenaci髇 que afecten a bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos se formalizar醤 en escritura p鷅lica, cuando esta forma sea requisito constitutivo del negocio o sea necesaria para la inscripci髇 en el Registro de la Propiedad.

2. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales que se realicen con otras Administraciones P鷅licas, organismos o entidades p鷅licas vinculadas o dependientes, se podr醤 formalizar en documento administrativo, que ser t韙ulo suficiente para su inscripci髇 en el Registro de la Propiedad.

3. En el otorgamiento de las escrituras y la formalizaci髇 de los documentos administrativos, ostentar la representaci髇 de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades el titular del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio o el titular del 髍gano o funcionario en quien delegue.

4. El arancel que deba satisfacer la Junta de Comunidades por la formalizaci髇 de los negocios jur韉icos patrimoniales se reducir en el porcentaje previsto en la normativa arancelaria notarial.

CAP蚑ULO II
Negocios jur韉icos de adquisici髇

SECCI覰 PRIMERA
Cuestiones generales

Art韈ulo 90 Modos de adquisici髇 y su car醕ter

1. La Junta de Comunidades podr adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jur韉ico.

2. Salvo disposici髇 legal en contrario, los bienes y derechos se entender醤 adquiridos con el car醕ter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectaci髇.

No obstante, los bienes y derechos transferidos por el Estado u otra Administraci髇 p鷅lica se integrar醤 en el patrimonio regional con el car醕ter que ostenten en el momento del traspaso.

Art韈ulo 91 Adquisiciones sometidas a legislaci髇 espec韋ica

Con independencia de lo establecido en el art韈ulo 84 sobre el r間imen jur韉ico aplicable a los negocios jur韉icos patrimoniales, se regir醤 por su normativa espec韋ica:

  • a) Las adquisiciones de bienes muebles u otros derechos patrimoniales que se encuentren dentro del 醡bito del contrato t韕ico de suministro o de cualquier otro de los regulados en la legislaci髇 de contrataci髇 del sector p鷅lico.
  • b) Las adquisiciones que provengan del ejercicio de la facultad de expropiaci髇 forzosa, as como su reversi髇.

    Los expedientes de expropiaci髇 forzosa se tramitar醤 por la consejer韆 competente por raz髇 de la materia. A la misma consejer韆 corresponder conocer de la reversi髇, aunque los bienes y derechos expropiados hubieran sido afectados a otros fines y adscritos a otra consejer韆, organismo o entidad de la Comunidad Aut髇oma.

    De las actas de pago y ocupaci髇, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, as como de la reversi髇, se dar cuenta al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio para su anotaci髇 en el Inventario General.

  • c) Las adjudicaciones de bienes y derechos en procedimientos de ejecuci髇 judiciales y administrativos.

En estos supuestos, el representante de la Junta de Comunidades en dichos procedimientos cursar comunicaci髇 al 髍gano que, conforme a las normas generales, sea el competente para su adquisici髇 onerosa, acompa馻ndo la informaci髇 relativa al inmueble que obre en el expediente. El 髍gano competente para su adquisici髇 onerosa ser el que decidir sobre la conveniencia de solicitar la adjudicaci髇.

De los bienes adjudicados se podr tomar posesi髇 en v韆 administrativa, ejercitando, de ser necesario, las prerrogativas previstas en la legislaci髇 b醩ica del Estado y en esta ley.

SECCI覰 SEGUNDA
Adquisiciones a t韙ulo oneroso de bienes inmuebles, derechos reales y propiedades incorporales

Art韈ulo 92 Adecuaci髇 al fin

La Junta de Comunidades podr adquirir bienes y derechos a t韙ulo oneroso siempre que los mismos sean id髇eos para los fines p鷅licos a los que se pretenden destinar. Se podr醤 admitir cargas y grav醡enes, siempre que sean compatibles con el fin o destino determinantes de su adquisici髇.

Art韈ulo 93 Competencia para la adquisici髇 de bienes inmuebles y derechos reales

1. La aprobaci髇 y adjudicaci髇 de los expedientes relativos a las adquisiciones de bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos por parte de la Administraci髇 auton髆ica se acordar醤 por el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda.

2. Cuando el importe que sirva de base para la licitaci髇 o la adquisici髇 en los supuestos de adjudicaci髇 directa sea superior a doce millones de euros, la aprobaci髇 del expediente precisar de la autorizaci髇 previa del Consejo de Gobierno.

Art韈ulo 94 Normas especiales para la preparaci髇 y aprobaci髇 de la adquisici髇

1. La iniciativa corresponder a la consejer韆, organismo o entidad interesada, a trav閟 de una propuesta de adquisici髇, a la que se deber acompa馻r:

  • a) Una memoria justificativa, comprensiva de la necesidad u oportunidad de la adquisici髇, los fines a los que se pretende destinar el bien o el derecho, la propuesta del procedimiento que haya de seguirse para su adjudicaci髇, y todos aquellos datos o informaciones que se estimen convenientes.
  • b) El certificado de existencia de cr閐ito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalizaci髇 previa efectuada por la intervenci髇 competente, en su caso, y la aprobaci髇 del gasto.
  • c) El informe de valoraci髇 o tasaci髇 que haya servido de base para la aprobaci髇 del gasto.
  • d) En el supuesto de que se proponga la adjudicaci髇 directa, se aportar la oferta del interesado.

2. La propuesta de adquisici髇 se dirigir al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, al que corresponder la tramitaci髇 del procedimiento preparatorio y su elevaci髇 al 髍gano que deba proceder a su aprobaci髇.

3. La consejer韆 competente en materia de hacienda podr instar el procedimiento a iniciativa propia, cuando lo estime conveniente para atender las necesidades existentes o futuras.

Art韈ulo 95 Adjudicaci髇

1. Con car醕ter general, los negocios jur韉icos de adquisici髇 se adjudicar醤 por concurso, cuya convocatoria se publicar gratuitamente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios de publicidad o difusi髇 adicionales.

2. Adem醩 de los supuestos previstos en el art韈ulo 87.2, estos negocios se podr醤 adjudicar de forma directa, previa justificaci髇 razonada, con motivo de las peculiaridades de las necesidades a satisfacer, las condiciones del mercado, o la especial idoneidad del bien o el derecho.

3. La adjudicaci髇 deber publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha cuando el precio de la misma sea superior a 12.000 euros.

Art韈ulo 96 Particularidades respecto del pago

1. El pago del precio podr ser objeto de aplazamiento, en los t閞minos previstos en el pliego o proyecto de contrato, y dentro de los l韒ites establecidos en la normativa presupuestaria.

2. El pago de parte del precio de las adquisiciones podr hacerse mediante la entrega de otros bienes o derechos.

Art韈ulo 97 Adquisiciones de derechos de propiedad incorporal

1. Las adquisiciones de derechos de propiedad incorporal corresponder a las consejer韆s, organismos y entidades interesados.

2. Estas adquisiciones se regir醤 por su normativa espec韋ica y, en su defecto, por las normas y tr醡ites aplicables a la adquisici髇 de bienes inmuebles que no sean incompatibles con la naturaleza de estos derechos.

SECCI覰 TERCERA
Adquisiciones a t韙ulo gratuito

Art韈ulo 98 觬ganos competentes

1. La aceptaci髇 de herencias, legados, donaciones y dem醩 disposiciones gratuitas corresponde al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, aunque se se馻le como beneficiario a otro 髍gano, organismo o entidad p鷅lica de la Junta de Comunidades.

2. Se except鷄n de la norma establecida en el apartado anterior los siguientes supuestos:

  • a) Las disposiciones gratuitas de bienes y derechos de inter閟 cultural, art韘tico o hist髍ico, donde se estar a lo que disponga su normativa espec韋ica. En su defecto, esta competencia se atribuye a la consejer韆 competente en materia de patrimonio cultural.
  • b) Las donaciones de bienes muebles en las que el donante indique el 髍gano o entidad o el fin a que deben destinarse, cuya aceptaci髇 ser competencia de la consejer韆, organismo o entidad correspondiente.
  • c) Las adquisiciones derivadas de transferencias de otras Administraciones p鷅licas, que se regir醤 por su normativa espec韋ica.

3. Los bienes y derechos aceptados pasar醤 a formar parte del patrimonio de la Administraci髇 regional, organismo o entidad p鷅lica a la que pertenezca el 髍gano competente para su aceptaci髇, con independencia de su posterior afectaci髇, en su caso, y adscripci髇 conforme a las normas de esta ley.

4. La renuncia corresponder al mismo 髍gano establecido en los apartados anteriores para la aceptaci髇.

Art韈ulo 99 Reglas generales para las adquisiciones a t韙ulo gratuito

1. Las adquisiciones a t韙ulo gratuito de bienes o derechos que lleven aparejados gastos o est閚 sometidos a alguna condici髇 o modo onerosos s髄o podr醤 aceptarse si el valor del gravamen establecido no excede del valor de lo que se adquiere.

Si los gastos, cargas y grav醡enes excediesen el valor del bien, la disposici髇 s髄o podr aceptarse si concurren razones de inter閟 p鷅lico apreciadas por el 髍gano competente para su aceptaci髇, previa autorizaci髇 del Consejo de Gobierno.

2. Si los bienes y derechos se hubieran adquirido bajo la condici髇 o modo de su afectaci髇 permanente a determinados fines o destinos, se entender cumplida y consumada cuando se hubieran destinado a dichos fines durante treinta a駉s, aunque despu閟 de este plazo dejasen de estarlo como consecuencia de su obsolescencia, deterioro provocado por el uso, u otras circunstancias sobrevenidas que as lo justificaran.

3. Cuando el disponente se馻le como beneficiario a alg鷑 髍gano, organismo o entidad, se respetar su voluntad en la correspondiente adscripci髇, salvo que ello no sea posible por razones justificadas, y sin perjuicio del debido cumplimiento de las condiciones o cargas modales previstas en el apartado anterior.

4. Quienes por raz髇 de su cargo o empleo p鷅lico tuvieren noticia de la existencia de alg鷑 testamento u oferta de donaci髇 a favor de la Junta de Comunidades o de alguno de sus 髍ganos, organismos o entidades, estar醤 obligados a ponerlo en conocimiento de la consejer韆 competente en materia de hacienda.

Art韈ulo 100 Normas espec韋icas para las adquisiciones hereditarias

1. Las disposiciones por causa de muerte realizadas a favor de 髍ganos, organismos o entidades ya suprimidos en la fecha en que se abra la sucesi髇, se entender醤 hechas a favor de los que hayan asumido sus funciones o atribuciones, y en su defecto, a favor de la Administraci髇 regional, lo que no afectar a la competencia para su aceptaci髇.

2. La aceptaci髇 de herencias se entender hecha siempre a beneficio de inventario.

CAP蚑ULO III
Negocios jur韉icos de enajenaci髇

SECCI覰 PRIMERA
Cuestiones generales

Art韈ulo 101 Bienes y derechos susceptibles de enajenaci髇

1. Los bienes y derechos patrimoniales podr醤 ser enajenados, previa declaraci髇 de alienabilidad, cuando sean innecesarios o inadecuados para el ejercicio de las competencias y el cumplimiento de los fines de la Junta de Comunidades, no haya previsi髇 para su posible utilizaci髇 futura y no se estime conveniente proceder a su aprovechamiento o explotaci髇.

2. Excepcionalmente, por razones justificadas de inter閟 p鷅lico, podr acordarse la enajenaci髇 de bienes con reserva de uso temporal. Esta contrataci髇, que se regir por las normas de competencia y procedimiento previstas para la enajenaci髇 onerosa, contemplar la simult醤ea utilizaci髇 temporal de los bienes objeto de enajenaci髇 mediante el correspondiente negocio jur韉ico que habilite para ello.

Con esta finalidad, podr acordarse la desafectaci髇 de los bienes previstos en el art韈ulo 3.2 de esta ley.

Art韈ulo 102 Negocios jur韉icos de enajenaci髇

1. La enajenaci髇 a t韙ulo oneroso de los bienes y derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades podr efectuarse en virtud de cualquier negocio jur韉ico traslativo, t韕ico o at韕ico.

2. La enajenaci髇 a t韙ulo gratuito s髄o ser posible en los supuestos previstos en las secciones tercera y cuarta de este cap韙ulo.

Art韈ulo 103 Pago del precio por parte de los adquirentes

1. El pago del precio de la venta deber efectuarse en la forma y plazo establecidos en el pliego de condiciones o proyecto de contrato, con car醕ter previo o simult醤eo a la entrega del bien o transmisi髇 del derecho.

2. El pliego de condiciones o el proyecto de contrato podr醤 admitir el pago aplazado de parte del precio hasta un m醲imo de diez a駉s, siempre que se respeten las siguientes reglas:

  • a) Que se establezca un pago inicial de, al menos, el diez por ciento del precio, que deber satisfacerse con car醕ter previo o simult醤eo a la entrega del bien o transmisi髇 del derecho.
  • b) Que se garantice suficientemente el precio aplazado, mediante condici髇 resolutoria expl韈ita, hipoteca, aval bancario, seguro de cauci髇 u otra garant韆 usual en el mercado.
  • c) Las cantidades aplazadas generar醤 el inter閟 legal del dinero, salvo que motivadamente se establezca otro superior.

3. El pago de parte del precio de las enajenaciones podr hacerse mediante la entrega de otros bienes o derechos, si as se hubiera contemplado en el pliego de condiciones o proyecto de contrato.

Art韈ulo 104 Cargas y grav醡enes

No podr醤 imponerse cargas y grav醡enes sobre los bienes o derechos del Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sino con los requisitos establecidos para su enajenaci髇 o en virtud de Ley.

SECCI覰 SEGUNDA
La enajenaci髇 onerosa de bienes inmuebles y derechos reales

Art韈ulo 105 Competencia

1. El 髍gano competente para aprobar y adjudicar los expedientes de venta y otras transmisiones onerosas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos ser el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda.

2. En el caso de los organismos p鷅licos y dem醩 entidades de derecho p鷅lico, se estar a lo que establezcan sus normas de creaci髇, organizaci髇 o funcionamiento, y en su defecto, ser醤 competentes sus presidentes o directores, previa autorizaci髇 de la consejer韆 que tenga las atribuciones en materia de hacienda, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 53.

3. Cuando el precio que sirva de base para la licitaci髇 o la venta directa sea superior a doce millones de euros, la aprobaci髇 del expediente requerir la previa autorizaci髇 del Consejo de Gobierno.

Art韈ulo 106 Preparaci髇 de la venta

1. El expediente de venta se iniciar de oficio por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, a iniciativa propia, a propuesta motivada de las consejer韆s, organismos o entidades que tengan adscritos los bienes o derechos, o a solicitud de un particular interesado. En este 鷏timo caso, se informar al solicitante sobre la decisi髇 que se haya tomado en relaci髇 a la iniciaci髇 del procedimiento.

2. Ser requisito para la venta la previa depuraci髇 f韘ica y jur韉ica del bien o derecho real, practic醤dose su deslinde, si fuera necesario, e inscribi閚dose en el Registro de la Propiedad, si todav韆 no lo estuviese.

No obstante, podr aprobarse la venta sin sujeci髇 a los requisitos establecidos en el p醨rafo anterior cuando se trate de bienes que vayan a segregarse de otros de titularidad de la Administraci髇, organismo o entidad enajenante, o que est閚 pendientes de deslinde, o pendientes de inscripci髇, o sujetos a cargas y grav醡enes, siempre que estas circunstancias se indiquen en el pliego de condiciones o, en el supuesto de adjudicaci髇 directa, se pongan en conocimiento del interesado y sean aceptadas por este.

3. Preparado el expediente, el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio declarar motivadamente la alienabilidad del bien y elevar propuesta al 髍gano competente para su aprobaci髇.

La motivaci髇 de la declaraci髇 de alienabilidad ser comprensiva, al menos, de las circunstancias previstas en el art韈ulo 101.

Art韈ulo 107 Adjudicaci髇 con concurrencia: subasta o concurso

1. La subasta ser el sistema ordinario de adjudicaci髇, y podr desarrollarse en acto p鷅lico, con la posibilidad de presentaci髇 inicial o definitiva de ofertas en sobre cerrado, o a trav閟 de sistemas de subasta electr髇ica, conforme se determine en el pliego de condiciones.

El concurso se podr utilizar para la venta de aquellos bienes que est閚 vinculados o sean adecuados para el desarrollo e implementaci髇 de las directrices u objetivos de las pol韙icas p鷅licas o la promoci髇 de actuaciones de utilidad p鷅lica o inter閟 social.

2. La convocatoria se publicar gratuitamente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tabl髇 de anuncios del ayuntamiento en cuyo t閞mino radique el bien, sin perjuicio de que se puedan utilizar otros medios de publicidad adicionales, en funci髇 de la naturaleza y caracter韘ticas del bien.

El plazo para presentar oferta ser como m韓imo de veinte d韆s h醔iles, que se computar醤 desde la publicaci髇 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

3. Para participar en el procedimiento de adjudicaci髇 ser necesario constituir una garant韆 del cinco por ciento del tipo establecido para la venta.

La garant韆 se podr constituir en cualquiera de los medios previstos en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico, se depositar en la caja de dep髎itos de la Administraci髇 de Castilla-La Mancha, y se acreditar ante la mesa de contrataci髇 patrimonial en los t閞minos que se establezca en el pliego de condiciones.

La garant韆 ser devuelta a los ofertantes tras la adjudicaci髇, excepto al adjudicatario, cuya devoluci髇 se producir una vez formalizado el contrato, salvo que la garant韆 se hubiere constituido en efectivo y su importe se aplique al precio de la venta.

4. La participaci髇 en el procedimiento supone la aceptaci髇 incondicionada de las cl醬sulas y estipulaciones recogidas en la convocatoria y el pliego de condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

5. El plazo de adjudicaci髇 ser el establecido en el pliego de condiciones, que no podr ser superior a tres meses en el caso de la subasta ni de seis meses en el de concurso, computados desde la publicaci髇 del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

6. La adjudicaci髇 deber publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha cuando el precio de la misma sea superior a 12.000 euros.

7. Si la subasta fuera declarada desierta, se podr醤 convocar hasta dos m醩 de forma sucesiva, con una reducci髇 m醲ima en cada una de ellas del quince por ciento respecto al tipo fijado para la anterior, siempre que no hubieran transcurrido m醩 de veinticuatro meses desde la convocatoria de la primera.

Como alternativa a lo establecido en el p醨rafo anterior, se puede acudir al procedimiento de adjudicaci髇 directa, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 87.2.b).

Art韈ulo 108 Adjudicaci髇 directa

1. Adem醩 de los supuestos previstos en el art韈ulo 87.2, la venta se podr adjudicar de forma directa en estos casos:

  • a) Cuando se trate de solares que por su forma o peque馻 extensi髇 resulten no edificables y la venta se efect鷈 a un propietario colindante.
  • b) En el caso de fincas r鷖ticas que no lleguen a constituir una superficie econ髆icamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se haga a favor de un propietario colindante.
  • c) Cuando el adquirente sea una entidad sin 醤imo de lucro, declarada de utilidad p鷅lica, o una iglesia, confesi髇 o comunidad religiosa legalmente reconocida.
  • d) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una funci髇 de servicio p鷅lico o la realizaci髇 de un fin de inter閟 general por persona distinta de las previstas en la letra anterior.
  • e) Cuando por razones excepcionales, debidamente justificas en el expediente, se estime conveniente efectuar la venta a favor del ocupante leg韙imo del inmueble.

2. En los supuestos de las letras a) y b) del apartado anterior en los que haya m醩 de un colindante interesado, la adjudicaci髇 recaer en el propietario del inmueble de menor superficie que, mediante su agrupaci髇 con el que pretende adquirir, llegue a constituir un solar edificable, o una superficie econ髆icamente explotable o susceptible de prestar una utilidad acorde con su naturaleza. Si ning鷑 propietario re鷑e dichas circunstancias, ser preferido el que lo sea del inmueble de mayor superficie.

3. En el procedimiento de adjudicaci髇 directa la exigencia de garant韆 ser potestativa.

4. La adjudicaci髇 se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha cuando el precio de la misma sea superior a 12.000 euros.

Art韈ulo 109 Enajenaci髇 de inmuebles litigiosos

1. Los bienes litigiosos se podr醤 enajenar siempre que en el pliego de condiciones o proyecto de contrato se haga menci髇 expresa a dicha circunstancia, con indicaci髇, al menos, del objeto, las partes y la referencia del pleito de que se trate, as como, de la plena asunci髇 por parte del adjudicatario de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio.

En caso de adjudicaci髇, la subrogaci髇 en los riesgos y consecuencias derivados del pleito se har醤 constar en la escritura p鷅lica en la que se formalice la venta.

2. Si el litigio se suscitase una vez iniciado el procedimiento de enajenaci髇 y este se encontrase en una fase en la que no fuera posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior, se retrotraer醤 las actuaciones al momento procedimental que permita dicho cumplimiento, salvo que se estime m醩 conveniente suspender el procedimiento o desistir de la venta.

SECCI覰 TERCERA
Cesi髇 gratuita de bienes inmuebles

Art韈ulo 110 Competencia y requisitos

A propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda, el Consejo de Gobierno podr ceder gratuitamente los bienes inmuebles y los derechos reales de dominio privado de la Junta de Comunidades cuya afectaci髇 o explotaci髇 no se juzgue previsible, a otras Administraciones P鷅licas y a fundaciones p鷅licas, para la realizaci髇 de fines de utilidad p鷅lica o inter閟 social de su competencia.

Art韈ulo 111 La solicitud y su tramitaci髇

1. El procedimiento se iniciar de oficio por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, a solicitud de alguna de las entidades previstas en el art韈ulo anterior, en la que se indicar el bien cuya cesi髇 se pide y el fin o fines concretos a los que se pretende destinar.

A la solicitud se acompa馻r la acreditaci髇 de la competencia o capacidad del peticionario, de la representaci髇, en su caso, y que se cuenta con los medios o recursos necesarios para el cumplimiento de la finalidad propuesta.

2. En el procedimiento se recabar informe a la consejer韆, organismo o entidad al que est adscrito el bien, se verificar la concurrencia de los requisitos necesarios para la cesi髇, as como la adecuaci髇 del bien o derecho para el fin que se solicita.

Comprobados los extremos anteriores, el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio elevar el expediente al titular de la consejer韆 para que, si as lo estima conveniente, someta la propuesta al Consejo de Gobierno. La elevaci髇 del expediente llevar impl韈ita la declaraci髇 de alienabilidad.

3. Ser醤 de aplicaci髇 a este procedimiento las disposiciones del art韈ulo 106.2 relativas a la depuraci髇 f韘ica y jur韉ica de los bienes o derechos.

Art韈ulo 112 El acuerdo de cesi髇

1. El acuerdo de cesi髇 establecer, al menos, el fin al que obligatoriamente deber ser destinado el bien o bienes por parte del cesionario, el plazo para el cumplimiento o efectividad inicial del citado destino, que no podr ser superior a cinco a駉s, y las causas de resoluci髇.

Adem醩, la transmisi髇 podr someterse al cumplimiento de otras obligaciones y sujetarse a condici髇, t閞mino o modo, con arreglo a lo dispuesto por la legislaci髇 civil.

2. La cesi髇 se formalizar en los t閞minos previstos en el art韈ulo 89, momento en el que surtir sus efectos, y se inscribir en el Registro de la Propiedad por parte del cesionario. En la inscripci髇 se har constar el fin al que deben destinarse los bienes y las dem醩 cargas y condiciones a las que queda sometida la cesi髇, y la advertencia de que el incumplimiento de las mismas dar lugar a su resoluci髇.

No obstante, el acuerdo de cesi髇 podr demorar los efectos a la inscripci髇 registral.

3. La cesi髇, una vez formalizada, se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Art韈ulo 113 Aplicaci髇 efectiva del bien al fin y su control

1. Los bienes y derechos deber醤 destinarse de modo permanente a los fines previstos en el acuerdo de cesi髇, en la forma y condiciones que se hubieran establecido.

2. El control de la aplicaci髇 efectiva de los bienes y derechos a los fines acordados y del cumplimiento de las dem醩 condiciones de la cesi髇, corresponder al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, para lo que podr adoptar cuantas medidas de comprobaci髇 estime oportunas.

3. Los cesionarios deber醤 remitir cada tres a駉s la certificaci髇 o documentaci髇 acreditativa del destino dado a los bienes, salvo que el acuerdo de cesi髇 establezca un plazo m醩 amplio o exonere de esta obligaci髇.

Art韈ulo 114 Extinci髇 y reversi髇

1. Cuando los bienes cedidos no fuesen destinados a los fines previstos en el plazo se馻lado en el acuerdo de cesi髇, o dejasen de serlo posteriormente, o se incumpliesen las obligaciones, cargas o condiciones impuestas al cesionario, se considerar resuelta la cesi髇.

Tambi閚 proceder la extinci髇 de la cesi髇 cuando concurran las causas de resoluci髇 que expresamente se hayan recogido en el acuerdo de cesi髇, por la renuncia del cesionario, y la caducidad por vencimiento del plazo o t閞mino establecidos, en su caso.

2. La extinci髇 de la cesi髇 conllevar la reversi髇 de los bienes a la Junta de Comunidades con todas las mejoras realizadas y la obligaci髇 del cesionario de hacerse cargo de la reparaci髇 de los detrimentos o deterioros que aquellos hubieren experimentado con motivo de su uso, protecci髇, mantenimiento o conservaci髇 inadecuados.

3. La extinci髇 se acordar por el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, previa instrucci髇 de un procedimiento en el que se dar audiencia al cesionario.

Cuando la resoluci髇 acuerde la extinci髇 de la cesi髇 declarar la causa que la motiva, y lo que proceda acerca de la reversi髇 de los bienes y la reparaci髇 de los deterioros sufridos, en su caso, por los mismos. Esta reparaci髇 podr consistir en el pago de una indemnizaci髇 de importe igual al valor de los detrimentos o deterioros, previa tasaci髇 pericial.

De la resoluci髇 de la cesi髇, cuya ejecuci髇 se llevar a cabo por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, se informar al Consejo de Gobierno.

4. La resoluci髇 por la que se acuerde la extinci髇 de la cesi髇 y la reversi髇 del bien al Patrimonio de la Junta de Comunidades ser t韙ulo suficiente para la inscripci髇 de dichos actos en el Registro de la Propiedad.

Art韈ulo 115 Cesi髇 gratuita de uso

Las cesiones gratuitas de uso de bienes inmuebles patrimoniales de la Junta de Comunidades, que s髄o podr醤 acordarse para la realizaci髇 de fines de utilidad p鷅lica o inter閟 social, se regir醤 por las normas previstas en esta secci髇 que no sean incompatibles con la naturaleza de este derecho, con las siguientes particularidades:

  • a) Adem醩 de los sujetos previstos en el art韈ulo 110 podr醤 ser destinatarios de estas cesiones las empresas p鷅licas regionales, las corporaciones de derecho p鷅lico, las fundaciones privadas y las asociaciones declaradas de utilidad p鷅lica.
  • b) En el acuerdo de cesi髇 se recoger醤 las cuestiones previstas en el art韈ulo 112.1, as como el r間imen de uso del bien, el plazo de duraci髇, que no exceder de setenta y cinco a駉s, comprendidas las pr髍rogas, y cualesquiera otras cl醬sulas que se estimen convenientes atendidas las circunstancias de cada caso, entre las que podr contemplarse la posibilidad de revocaci髇 unilateral por las causas o razones de inter閟 p鷅lico que se determinen, sin derecho a indemnizaci髇 para la cesionaria.
  • c) El cesionario asumir los gastos derivados de la conservaci髇, mantenimiento y uso del inmueble, salvo que otra cosa se disponga en el acuerdo de cesi髇. Adem醩, se podr contemplar que todos los tributos que se originen en los bienes durante el periodo de duraci髇 de la cesi髇 ser醤 asumidos por el cesionario, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

SECCI覰 CUARTA
La enajenaci髇 de bienes muebles y derechos de propiedad incorporal

Art韈ulo 116 Competencia

1. La enajenaci髇 de bienes muebles y derechos de propiedad incorporal corresponder a la consejer韆, organismo o entidad p鷅lica a los que est閚 adscritos o los viniera utilizando.

Reglamentariamente se podr atribuir esta competencia a un 髍gano distinto de los previstos en el p醨rafo anterior para determinadas categor韆s de bienes y derechos.

2. El acuerdo de enajenaci髇 llevar impl韈ita la desafectaci髇 del bien o derecho y la declaraci髇 de alienabilidad.

Art韈ulo 117 Adjudicaci髇

1. Con car醕ter general, la venta de bienes muebles y derechos de propiedad incorporal se efectuar mediante subasta p鷅lica, que se sustanciar por las reglas previstas para los bienes inmuebles que puedan resultar aplicables.

2. La adjudicaci髇 directa s髄o ser posible en los supuestos relacionados en el art韈ulo 87.2 y en los que se indican a continuaci髇:

  • a) Cuando el valor pericial de los bienes o derechos sea inferior a 1.500 euros.
  • b) Cuando se trate de bienes perecederos, obsoletos o deteriorados. A estos efectos, se considerar醤 obsoletos y deteriorados cuando en el momento de la enajenaci髇 su valor de tasaci髇 sea inferior al veinticinco por ciento respecto del de adquisici髇.
  • c) Cuando sean entregados como parte del precio de otros sustitutivos de la misma clase o especie que sean adquiridos, en los t閞minos previstos en la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico.
  • d) Cuando se trate de terminales, equipos o dispositivos tecnol骻icos, electr髇icos o de telecomunicaciones m髒iles o port醫iles, puestos a disposici髇 individual de las autoridades y los empleados p鷅licos de la Administraci髇 para el ejercicio de sus funciones, siempre que el bien tenga una antig黣dad m韓ima de seis meses y la venta se realice a la autoridad o empleado usuario del mismo por el valor de tasaci髇.

Si la venta de los bienes a los que se refieren las letras a) y b) no es factible y no hubiera solicitudes de entidades interesadas en su cesi髇 conforme se establece en el art韈ulo siguiente, se podr proceder a su retirada o eliminaci髇, a trav閟 de su entrega a un gestor autorizado para su recogida, destrucci髇 o reciclaje.

Art韈ulo 118 Cesi髇 gratuita de bienes muebles

Las consejer韆s, los organismos y las entidades de derecho p鷅lico podr醤 ceder de forma gratuita los bienes muebles que sean innecesarios, obsoletos o deteriorados, siempre que se haga en favor de otras Administraciones P鷅licas o instituciones sin 醤imo de lucro que sirvan a fines de utilidad p鷅lica o inter閟 social.

Los bienes cedidos deber醤 destinarse al fin establecido durante el plazo que se fije en el acuerdo de cesi髇, y en su defecto, durante un periodo de tres a駉s. Cumplidos estos requisitos, se entender consumada la condici髇.

CAP蚑ULO IV
Permuta de bienes y derechos

Art韈ulo 119 Requisitos

1. Los bienes y derechos patrimoniales podr醤 ser permutados por otros ajenos cuando concurran estos dos requisitos:

  • a) Que se justifique la conveniencia y oportunidad del negocio para los intereses p鷅licos de la Comunidad Aut髇oma.
  • b) Que la diferencia del valor entre los bienes o derechos que se trata de permutar no sea superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor, compens醤dose la diferencia en dinero u otros bienes y derechos.

Si la diferencia de valor fuese superior al cincuenta por cierto del que lo tenga mayor, el expediente se tramitar como una adquisici髇 o venta, seg鷑 el caso, con pago de parte del precio en especie.

2. La permuta de bienes del patrimonio regional por otros bienes futuros s髄o ser posible cuando estos 鷏timos sean determinados o susceptibles de determinaci髇 en el momento de perfeccionarse la permuta, sin necesidad de un nuevo contrato o acuerdo entre las partes. El pliego de condiciones o el proyecto de contrato deber醤 contemplar el plazo de entrega de la cosa futura y la obligaci髇 de garantizar el cumplimiento 韓tegro de su prestaci髇 mediante aval u otras garant韆s, tanto jur韉icas como econ髆icas, que se estimen suficientes por parte de la Administraci髇.

Los bienes futuros podr醤 consistir en edificaciones o construcciones a ejecutar por parte del permutante.

Art韈ulo 120 Competencia

1. Cuando los bienes y derechos que se dan en permuta tengan un valor igual o superior a los que se reciben, ser competente para aprobar y adjudicar la permuta el 髍gano que lo sea para la enajenaci髇 onerosa de aquellos.

2. Cuando los bienes o derechos que se entregan tengan una valoraci髇 inferior a los que se reciben ser competente el que lo fuere para la adquisici髇 onerosa de estos.

3. Cuando el valor de la permuta sea superior a doce millones de euros se requerir autorizaci髇 del Consejo de Gobierno.

Art韈ulo 121 Normas de procedimiento

La preparaci髇 y adjudicaci髇 del expediente de permuta se regir por las normas relativas a las adquisiciones a t韙ulo oneroso de bienes reguladas en este t韙ulo, acumulando los requisitos y tr醡ites previstos para las enajenaciones onerosas que sean compatibles.

CAP蚑ULO V
Arrendamiento de inmuebles

Art韈ulo 122 Competencia

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podr tomar en arrendamiento los inmuebles que necesite para el ejercicio de sus competencias.

La autorizaci髇 y adjudicaci髇 de estos contratos corresponde al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda. A este mismo 髍gano se atribuye la decisi髇 sobre la novaci髇, la pr髍roga, cuando tenga que acordarse de forma expresa, y la resoluci髇 anticipada del contrato.

Art韈ulo 123 Preparaci髇 del contrato de arrendamiento

La iniciativa corresponder a la consejer韆, organismo o entidad interesada en el arrendamiento, a trav閟 de una propuesta motivada que se remitir al 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, a la que deber acompa馻rse:

  • a) La memoria justificativa, comprensiva de la necesidad a satisfacer, la propuesta del procedimiento que haya de seguirse para la adjudicaci髇 del contrato y todas aquellas informaciones que se estimen convenientes para su tramitaci髇.
  • b) El certificado de existencia de cr閐ito o documento que legalmente le sustituya, la fiscalizaci髇 previa efectuada por la intervenci髇 competente, si procede, y la aprobaci髇 del gasto.
  • c) El informe de valoraci髇 o tasaci髇 que haya servido de base para la aprobaci髇 del gasto.
  • d) La oferta del arrendador, en el caso de que se proponga la adjudicaci髇 directa.

Art韈ulo 124 Adjudicaci髇

1. Los contratos de arrendamiento se adjudicar醤 por concurso p鷅lico con car醕ter general, cuya convocatoria se publicar gratuitamente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que puedan utilizarse otros medios de publicidad o difusi髇.

2. La adjudicaci髇 directa solo ser posible cuando, previa justificaci髇 razonada, concurra alguno de los supuestos previstos en el art韈ulo 87.2, o cuando las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario o la especial idoneidad del bien as lo hagan necesario o conveniente.

3. La adjudicaci髇 del arrendamiento se publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Art韈ulo 125 Formalizaci髇

Los contratos de arrendamiento se formalizar醤 en documento administrativo por el titular del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, o el titular del 髍gano o funcionario en quien delegue.

Cualquiera de las partes podr solicitar la formalizaci髇 en escritura p鷅lica, siendo a su costa los gastos correspondientes.

Art韈ulo 126 Adscripci髇

1. En el contrato de arrendamiento se deber indicar la consejer韆, organismo o entidad que lo utilizar inicialmente, lo que no impedir el cambio de adscripci髇 posterior por circunstancias sobrevenidas. Los cambios de adscripci髇 no afectar醤 a las condiciones y clausulado del contrato, y se comunicar醤 al arrendador para su debido conocimiento.

No obstante, de forma excepcional y por razones justificadas se podr acordar la utilizaci髇 exclusiva del inmueble por uno o varios 髍ganos u organismos de la Junta de Comunidades.

2. Salvo las atribuciones propias de la consejer韆 competente en materia de hacienda previstas en el art韈ulo 122, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario le corresponden a la consejer韆, organismo o entidad que tenga adscrito el arrendamiento, incluida la asunci髇 de las consecuencias econ髆icas que pudieran derivarse de la resoluci髇 anticipada del contrato.

Art韈ulo 127 Contratos mixtos de arrendamiento

Con independencia de lo establecido en el art韈ulo 84.3 para los negocios jur韉icos complejos, los contratos de arrendamiento con opci髇 de compra y dem醩 contratos mixtos de arrendamiento y adquisici髇 de bienes inmuebles se regir醤 por las normas de competencia y procedimiento establecidas para la adquisici髇 de bienes inmuebles.

T蚑ULO VII
El patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

CAP蚑ULO I
Disposiciones generales

Art韈ulo 128 羗bito

1. A los efectos de esta ley, forman parte del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha las acciones, participaciones y dem醩 valores representativos del capital de sociedades mercantiles, as como las obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, contratos de futuros y opciones, derechos de suscripci髇 preferente, cr閐itos participativos y dem醩 t韙ulos, valores o derechos an醠ogos a los anteriores, que sean representativos de derechos para la Administraci髇 regional, los organismos p鷅licos o las entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la misma.

2. El patrimonio empresarial se regir por el derecho privado, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que le resulte de aplicaci髇.

Art韈ulo 129 Adquisici髇

1. La adquisici髇 por suscripci髇 o compra de acciones, participaciones y dem醩 t韙ulos y valores representativos del capital de sociedades mercantiles por parte de la Administraci髇 auton髆ica se acordar por el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta de la consejer韆, organismo o entidad interesados, previa autorizaci髇 del Consejo de Gobierno. Si con motivo de la adquisici髇 la empresa pasara a ser p鷅lica en los t閞minos previstos en el art韈ulo 134, la autorizaci髇 adoptar la forma de Decreto.

En el expediente deber dejarse constancia de las razones de inter閟 p鷅lico regional que justifican la adquisici髇 y la valoraci髇 o tasaci髇 que haya servido de base para la determinaci髇 o aceptaci髇 del precio.

2. Las normas previstas en el apartado anterior ser醤 de aplicaci髇, en lo que sea compatible, a las adquisiciones de futuros y opciones, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de suscripci髇 preferente, cr閐itos participativos y otros t韙ulos, valores o derechos an醠ogos.

3. Los t韙ulos y los resguardos de dep髎itos correspondientes a los derechos que forman parte del patrimonio empresarial de la Administraci髇 regional se custodiar醤 por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

4. Los organismos p鷅licos y las entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la Administraci髇 auton髆ica s髄o podr醤 adquirir los t韙ulos y valores previstos en este art韈ulo cuando as se prevea en sus normas de creaci髇 u organizaci髇.

Art韈ulo 130 Aportaciones no dinerarias

1. El titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda podr acordar la aportaci髇 de bienes o derechos patrimoniales a las sociedades mercantiles, previa justificaci髇 razonada. Si el valor asignado a la aportaci髇 fuera superior a 300.000 euros o se tratara de bienes inmuebles, se precisar autorizaci髇 del Consejo de Gobierno.

2. El informe de expertos independientes al que se refiere el art韈ulo 67 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se podr sustituir por el informe de tasaci髇 previsto en el art韈ulo 86 de esta ley cuando la destinataria de la aportaci髇 sea alguna de las empresas p鷅licas 韓tegramente participadas por la Junta de Comunidades, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 182 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 131 Representaci髇 de la Administraci髇 regional

La representaci髇 de la Administraci髇 regional ante las sociedades mercantiles en las que participe de forma directa y el ejercicio de los derechos inherentes a su condici髇 de socio, corresponden al titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda. Estas facultades podr醤 ser objeto de delegaci髇, con el alcance y extensi髇 que se determine.

Art韈ulo 132 Enajenaci髇

1. La enajenaci髇 de acciones, participaciones y dem醩 t韙ulos y valores representativos del capital de sociedades mercantiles titularidad de la Administraci髇 regional, se podr realizar en mercados secundarios organizados o fuera de los mismos, por cualesquiera actos o negocios jur韉icos.

La enajenaci髇 se acordar por el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta de la consejer韆 u organismo interesado. La enajenaci髇 deber ser autorizada por el Consejo de Gobierno cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • a) En el caso de empresas p鷅licas, cuando la enajenaci髇 conlleve la p閞dida de la unipersonalidad, de la condici髇 de empresa p鷅lica totalmente participada por la Junta de Comunidades o de la propia condici髇 de empresa p鷅lica.
  • b) Cuando la enajenaci髇 afecte a toda la participaci髇 en la sociedad de que se trate.
  • c) Cuando el valor nominal de todas las acciones o participaciones objeto de enajenaci髇 sea igual o superior a 300.000 euros.
  • d) Cuando el importe total de la operaci髇 sea igual o superior a 600.000 euros.
  • e) Cuando la enajenaci髇 se efect鷈 de forma directa por razones excepcionales que as lo hagan conveniente.

Si los t韙ulos o valores representativos del capital fueran de titularidad de los organismos p鷅licos o entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la Administraci髇 regional, la enajenaci髇 corresponder al 髍gano que se indique en sus normas de creaci髇, organizaci髇 o funcionamiento, y en su defecto, a sus presidentes o directores, previo informe de la consejer韆 competente en materia de hacienda y autorizaci髇 del Consejo de Gobierno en los mismos supuestos relacionados anteriormente.

En el expediente deber dejarse constancia de las razones que justifican la enajenaci髇.

2. La enajenaci髇 se efectuar por subasta o concurso p鷅lico con car醕ter general, si bien se podr proceder a la adjudicaci髇 directa en los supuestos previstos en el art韈ulo 87.2, o cuando haya razones excepcionales que as lo hagan conveniente, o cuando la venta se realice a favor de la propia sociedad en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en la legislaci髇 mercantil. Al procedimiento deber incorporarse la valoraci髇 o tasaci髇 que haya servido de base para la determinaci髇 del tipo de licitaci髇 o del precio.

No obstante lo anterior, cuando los t韙ulos coticen en mercados organizados, la enajenaci髇 se ajustar a las disposiciones reguladoras de los mismos. En estos casos, de estimarse adecuado a los intereses de la Comunidad Aut髇oma, se podr encargar la enajenaci髇 a un intermediario financiero legalmente autorizado, cuyos honorarios se podr醤 deducir del resultado bruto de la operaci髇, ingres醤dose en la Tesorer韆 el rendimiento neto de la misma.

3. La enajenaci髇 de futuros y opciones, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, derechos de adquisici髇 preferente y dem醩 t韙ulos, valores o derechos an醠ogos se ajustar, en lo que sea compatible, a las normas establecidas en los apartados anteriores.

Art韈ulo 133 Reordenaci髇 interna del patrimonio empresarial

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda e informe de las consejer韆s afectadas, podr acordar la incorporaci髇 de las acciones y participaciones sociales de titularidad de la Administraci髇 regional a los organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes de la misma, si tienen reconocida la facultad para esta adquisici髇 en sus normas de creaci髇 u organizaci髇, y a las empresas p鷅licas 韓tegramente participadas por la Junta de Comunidades. Del mismo modo, se podr acordar la incorporaci髇 de las acciones y participaciones sociales de los organismos p鷅licos, entidades de derecho p鷅lico y empresas p鷅licas 韓tegramente participadas a favor de la Administraci髇 de la Junta de Comunidades.

La certificaci髇 del acuerdo ser t韙ulo suficiente para acreditar el cambio de titularidad y para la realizaci髇 de cualquier otra actuaci髇 de car醕ter administrativa, societaria o contable que sea necesaria o se derive de la misma.

2. Estas operaciones de cambio de titularidad y reordenaci髇 interna no estar醤 sujetas a la legislaci髇 del mercado de valores ni al r間imen de oferta p鷅lica de adquisici髇, no podr醤 dar lugar al ejercicio de derechos de tanteo, retracto o cualquier otro derecho de adquisici髇 preferente que pudieran ostentar los socios o terceras personas, ni podr醤 ser entendidas como causa de modificaci髇 o resoluci髇 de las relaciones jur韉icas que mantengan las sociedades afectadas.

3. Asimismo, las operaciones societarias, cambios de titularidad y actos derivados de la ejecuci髇 de este art韈ulo estar醤 exentos de cualquier tributo auton髆ico o local, y gozar醤 de los mismos privilegios que el Estado en lo relativo al pago de aranceles y honorarios de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

4. Las facultades previstas en este art韈ulo deber醤 ejercerse dentro de los l韒ites establecidos en el art韈ulo 168 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

CAP蚑ULO II
Las empresas p鷅licas

Art韈ulo 134 Concepto y r間imen jur韉ico

1. A los efectos de esta ley, son empresas p鷅licas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquellas sociedades mercantiles en las que la Administraci髇 regional y sus organismos p鷅licos y entidades de derecho p鷅lico tengan una participaci髇 directa o indirecta por medio de otras sociedades superior al cincuenta por ciento, o dispongan de la mayor韆 absoluta de los derechos de voto, o tengan la facultad de nombrar a m醩 de la mitad de los miembros del 髍gano de administraci髇.

2. Estas sociedades se regir醤 por el ordenamiento jur韉ico privado, sin perjuicio de las especialidades previstas en esta ley y la normativa de derecho p鷅lico que le sea de aplicaci髇 en materia presupuestaria, contable, personal, contrataci髇, subvenciones y control econ髆ico y financiero.

Art韈ulo 135 Constituci髇

1. La constituci髇 de empresas p鷅licas se acordar por el titular de la consejer韆 competente en materia de hacienda, a iniciativa propia o a propuesta motivada de la consejer韆 u organismo o entidad interesado, previa autorizaci髇 del Consejo de Gobierno mediante Decreto.

2. A la solicitud que se eleve al Consejo de Gobierno para su autorizaci髇 se acompa馻r, al menos, la memoria justificativa, un plan de actuaci髇, inversiones y financiaci髇, el proyecto de estatutos de la sociedad, la acreditaci髇 de existencia de cr閐ito adecuado y suficiente para hacer frente a la suscripci髇 dineraria fundacional o, en su caso, la propuesta de aportaci髇 en especie.

Art韈ulo 136 Tutela funcional

1. Las empresas p鷅licas de la Junta de Comunidades directamente participadas por la misma, y en todo caso, las 韓tegramente participadas a las que se refiere el art韈ulo 138, estar醤 sometidas a la tutela funcional de la consejer韆 que determine el Consejo de Gobierno.

2. Corresponder a la consejer韆 de tutela:

  • a) Fijar las l韓eas generales y estrat間icas de actuaci髇 de la sociedad, de conformidad con las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno.
  • b) La propuesta de nombramiento de la mitad, al menos, de las personas que deban formar parte del 髍gano de administraci髇, as como de su remoci髇, salvo que otra cosa se disponga en los estatutos de la sociedad. Las discrepancias entre la consejer韆 de tutela y la de hacienda sobre esta materia se resolver醤 por el Consejo de Gobierno.
  • c) El control funcional y de eficacia y el seguimiento de su actividad.
  • d) En general, la iniciativa, informe o propuesta respecto de aquellas decisiones relativas a la empresa p鷅lica que deban someterse a la consideraci髇 de la consejer韆 competente en materia de hacienda o el Consejo de Gobierno.

Art韈ulo 137 Acuerdos sociales sometidos a autorizaci髇 del Consejo de Gobierno

1. Las empresas p鷅licas necesitar醤 la autorizaci髇 previa del Consejo de Gobierno para la realizaci髇 de las siguientes operaciones societarias:

  • a) Las modificaciones estatutarias que afecten al objeto social, el capital y a los 髍ganos de la sociedad.
  • b) La transformaci髇, fusi髇, escisi髇 y dem醩 modificaciones estructurales previstas en la legislaci髇 mercantil.
  • c) La disoluci髇 voluntaria de la sociedad.
  • d) La constituci髇 de empresas p鷅licas regionales y la compra o enajenaci髇 de acciones o participaciones de otras sociedades que impliquen, respectivamente, la adquisici髇 o p閞dida de la condici髇 de empresa p鷅lica. Si la empresa objeto de creaci髇 o adquisici髇 fuera o pasara a tener el capital totalmente participado por la Junta de Comunidades, la autorizaci髇 deber adoptar la forma de Decreto.

2. En aquellas empresas p鷅licas que no sean de capital 韓tegramente participado por la Junta de Comunidades, la autorizaci髇 s髄o ser vinculante para los representantes de la misma en los correspondientes 髍ganos de la sociedad.

En los estatutos de las empresas p鷅licas se har constar expresamente que las operaciones previstas en el apartado anterior precisar醤 autorizaci髇 previa del Consejo de Gobierno, con el alcance previsto en este art韈ulo.

Art韈ulo 138 Especialidades de las empresas p鷅licas 韓tegramente participadas de Castilla-La Mancha

1. A los efectos de esta ley, se consideran empresas p鷅licas 韓tegramente participadas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquellas sociedades mercantiles en las que la totalidad de su capital social sea titularidad, de forma directa o indirecta a trav閟 de otras sociedades mercantiles, de la Administraci髇 regional, de sus organismos p鷅licos y de las entidades de derecho p鷅lico vinculados o dependientes.

2. De forma excepcional y por razones justificadas de inter閟 p鷅lico, la consejer韆 de tutela podr dar instrucciones espec韋icas a la empresa p鷅lica 韓tegramente participada con el objeto de que lleve a cabo determinados encargos o actuaciones concretas.

Los administradores a los que se encomiende la ejecuci髇 de las instrucciones deber醤 actuar de forma diligente para su debido cumplimiento, quedando exonerados de la responsabilidad prevista en el art韈ulo 236 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si de dicha actuaci髇 o cumplimiento se derivasen consecuencias lesivas, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 179 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

3. Los altos cargos y empleados p鷅licos de la Junta de Comunidades que formen parte del 髍gano de administraci髇 de empresas p鷅licas 韓tegramente participadas con forma de sociedad an髇ima, no resultar醤 afectados por la prohibici髇 establecida en el art韈ulo 213.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 180.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones P鷅licas.

4. Estas empresas p鷅licas podr醤 recibir bienes y derechos patrimoniales en adscripci髇, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 49 de esta ley.

Disposiciones adicionales

Disposici髇 adicional primera Competencias en relaci髇 a los patrimonios de gesti髇 separada

1. La adquisici髇, protecci髇, defensa, administraci髇, uso, enajenaci髇 y dem醩 actuaciones de car醕ter dispositivo y de gesti髇 relativas a las viviendas, los locales comerciales, las edificaciones, servicios complementarios de promoci髇 p鷅lica, el suelo adquirido para la construcci髇 de los citados bienes o en ejecuci髇 de planes urban韘ticos y dem醩 inmuebles y derechos reales que recaigan sobre los mismos, que est閚 o vayan a ser destinados a la ejecuci髇 de la pol韙ica de vivienda, urbanismo y planificaci髇 territorial, corresponder a la consejer韆 competente sobre dichas materias, con las mismas facultades y prerrogativas previstas en esta ley para la consejer韆 competente en materia de hacienda, salvo las atribuciones recogidas en el t韙ulo III, que seguir conservando esta 鷏tima.

A propuesta de la consejer韆 competente en materia de vivienda, urbanismo y planificaci髇 territorial, el Consejo de Gobierno podr, mediante Decreto, establecer las normas reguladoras del ejercicio de estas competencias, as como, las especialidades que se estimen necesarias o convenientes en orden a la adquisici髇, protecci髇, defensa, gesti髇, administraci髇, utilizaci髇, aprovechamiento, explotaci髇 y enajenaci髇 de este patrimonio.

2. La adquisici髇, protecci髇, defensa, administraci髇, uso, enajenaci髇 y dem醩 actuaciones de car醕ter dispositivo y de gesti髇 relativas a los bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos que recaigan sobre los montes, v韆s pecuarias, los bienes y derechos afectos al fomento y protecci髇 medioambiental y aquellos otros que sean susceptibles de un aprovechamiento cineg閠ico, forestal, agr韈ola, ganadero, pisc韈ola y del directamente relacionado con las actividades de experimentaci髇 o investigaci髇 sobre dichas materias, corresponder a las consejer韆s competentes en materia de agricultura y medio ambiente, con las mismas facultades y prerrogativas previstas en esta ley para la consejer韆 competente en materia de hacienda.

Disposici髇 adicional segunda Convenios de contenido patrimonial con otras entidades p鷅licas

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podr celebrar convenios con otras Administraciones P鷅licas y dem醩 entidades del sector p鷅lico con la finalidad de ordenar sus relaciones patrimoniales en un determinado 醡bito o para realizar las actuaciones comprendidas en esta ley.

Los convenios podr醤 tener un contenido o clausulado meramente orientativo de actuaciones futuras que s髄o comporten declaraciones de intenci髇, en cuyo caso se considerar醤 protocolos, o podr醤 recoger compromisos de operaciones concretas y determinadas, siendo en este caso inmediatamente ejecutivos y obligatorios para las partes, en los t閞minos que, en ambos supuestos, se prevea en los mismos.

2. Cuando se trate de convenios inmediatamente ejecutivos, la totalidad de las actuaciones previstas se considerar醤 integradas en un 鷑ico negocio jur韉ico complejo, cuya conclusi髇 requerir, adem醩 de la observancia de las normas que sean de aplicaci髇 en funci髇 de su naturaleza y contenido, el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley para las operaciones patrimoniales que contemple.

La celebraci髇 de los convenios corresponder al 髍gano que sea competente para decidir sobre las operaciones patrimoniales que constituyen su objeto, previo informe del 髍gano o unidad que tenga atribuido su asesoramiento jur韉ico y, cuando afecten a bienes inmuebles o derechos reales, informe del 髍gano directivo competente en materia de patrimonio.

Estos convenios constituir醤 t韙ulo suficiente para inscribir las operaciones que contengan en el Registro de la Propiedad y otros registros p鷅licos.

3. Los convenios urban韘ticos se regir醤 por su normativa espec韋ica.

Disposici髇 adicional tercera Participaci髇 en las actuaciones de ejecuci髇 del planeamiento

1. Las adquisiciones de bienes y derechos derivadas de la ejecuci髇 del planeamiento y otros instrumentos urban韘ticos se regir醤 por su normativa espec韋ica.

2. La participaci髇 de la Administraci髇 regional en los procedimientos y actuaciones de ejecuci髇 del planeamiento urban韘tico, con la aportaci髇 de bienes inmuebles o derechos, exigir la adhesi髇 expresa, manifestada por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, correspondiendo la realizaci髇 de los actos que requiera dicha participaci髇 a la consejer韆 u organismo de adscripci髇, salvo que motivadamente se atribuyan a otro 髍gano.

No obstante, cuando la totalidad o parte de los bienes inmuebles o derechos objeto de la aportaci髇 se encuentren dentro del 醡bito del apartado 1 de la disposici髇 adicional primera, el representante de la Junta de Comunidades en dichos procedimientos ser la consejer韆 competente en materia de vivienda, urbanismo y planificaci髇 territorial, si bien deber consultar a la consejer韆 competente en materia de hacienda sobre todas aquellas cuestiones que puedan afectar al patrimonio general.

Disposici髇 adicional cuarta R間imen patrimonial de los consorcios adscritos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

El patrimonio de los consorcios adscritos a la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha se regir por esta ley y su normativa de desarrollo, en los t閞minos previstos en el art韈ulo 122.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

Disposici髇 adicional quinta R間imen patrimonial del Ente P鷅lico de Radio-Televisi髇 de Castilla-La Mancha

La adquisici髇, protecci髇, defensa, gesti髇, administraci髇, explotaci髇 y enajenaci髇 de los bienes y derechos propios del Ente P鷅lico de Radio-Televisi髇 de Castilla-La Mancha se regir醤 por la Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Creaci髇 del Ente P鷅lico de Radio-Televisi髇 de Castilla-La Mancha y dem醩 normativa de rango legal o reglamentario reguladora de esta entidad, aplic醤dose con car醕ter subsidiario las disposiciones de esta ley que sean compatibles con la naturaleza y actividad del Ente.

Disposici髇 adicional sexta R間imen patrimonial de la Universidad de Castilla-La Mancha

1. La presente ley ser de aplicaci髇 al patrimonio de la Universidad de Castilla-La Mancha, en los t閞minos previstos en la normativa espec韋ica de universidades.

No obstante, las competencias contempladas en esta ley y su normativa de desarrollo para los distintos 髍ganos de la Administraci髇 regional se entender醤 atribuidas a los correspondientes 髍ganos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

2. La afectaci髇 de bienes del Patrimonio de la Junta de Comunidades a los fines de la Universidad de Castilla-La Mancha por cuya virtud se transmita su titularidad, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 80.2 de la Ley Org醤ica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, corresponder al Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejer韆 competente en materia de hacienda e iniciativa de la consejer韆 que ostente las competencias en materia educativa.

Cuando los bienes afectados dejen de ser necesarios para la prestaci髇 del servicio p鷅lico universitario o se empleen en funciones distintas de las propias de la Universidad, se comunicar dicha circunstancia a la consejer韆 competente en materia de hacienda, para que pueda ejercitar el derecho de reversi髇 previsto en dicha normativa, o bien, si ello no fuere posible, el reembolso de su valor al momento en que proced韆 la reversi髇.

Disposici髇 adicional s閜tima Gesti髇 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

La gesti髇 y ejecuci髇 del gasto correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se llevar centralizadamente por el 髍gano directivo competente en materia de patrimonio, salvo aquellos supuestos en los que el hecho imponible recaiga sobre bienes inmuebles que sean destinados a la ejecuci髇 de la pol韙ica de vivienda, urbanismo y planificaci髇 territorial a los que se refiere el apartado 1 de la disposici髇 adicional primera, que se gestionar醤 por la consejer韆 de adscripci髇.

Disposici髇 adicional octava Especialidades de gesti髇 de determinados grupos de bienes muebles y derechos

El Consejo de Gobierno podr establecer especialidades para la gesti髇 y administraci髇 de determinados grupos de bienes muebles o derechos, como la flota de veh韈ulos de la Junta de Comunidades, los equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la informaci髇, sus dispositivos y programas, y cualesquiera otros bienes y derechos inform醫icos.

Disposici髇 adicional novena Bienes semovientes

La gesti髇 y administraci髇 de los bienes semovientes se regir por su normativa espec韋ica, aplic醤dose de forma subsidiaria las normas previstas en esta ley para los bienes muebles, en lo que sea compatible con su naturaleza.

Disposici髇 adicional d閏ima Actualizaci髇 de cuant韆s

Las cuant韆s establecidas en esta ley se actualizar醤 por las leyes de presupuestos generales de Castilla-La Mancha.

Disposiciones transitorias

Disposici髇 transitoria primera Bienes y derechos de dominio p鷅lico adscritos a empresas y fundaciones p鷅licas bajo la vigencia de la normativa anterior

Las adscripciones de bienes y derechos de naturaleza demanial acordadas a favor de empresas p鷅licas y fundaciones p鷅licas bajo la vigencia de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, pasar醤 a considerarse autorizaciones demaniales, quedando sometidas a la regulaci髇 contenida en el t韙ulo IV de esta ley, salvo el plazo de duraci髇, que se regir por la normativa aplicable a las adscripciones por la citada Ley 6/1985, de 13 de noviembre.

Ser causa de resoluci髇 espec韋ica de estas autorizaciones la falta de uso de los bienes y derechos para los fines que motivaron la adscripci髇 originaria.

Disposici髇 transitoria segunda R間imen transitorio de los expedientes patrimoniales

Los expedientes patrimoniales que se encuentren en tramitaci髇 a la entrada en vigor de esta ley pasar醤 a regirse por la misma, conservando su validez los actos dictados bajo la vigencia de la legislaci髇 anterior que sean compatibles.

No obstante, se regir醤 por la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha y el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para su aplicaci髇, los siguientes expedientes:

  • a) Los expedientes de deslinde anunciados en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a la entrada en vigor de esta norma.
  • b) Los procedimientos que se vayan a adjudicar con concurrencia p鷅lica, cuando el anuncio de licitaci髇 se hubiera publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a la entrada en vigor de esta ley.
  • c) Los procedimientos adjudicados, con independencia de la forma de adjudicaci髇.

Disposiciones derogatorias

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en todo aquello que sean contrarias o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

2. En particular, se derogan expresamente las siguientes disposiciones normativas:

Disposiciones finales

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 1/2006, de 23 de marzo, de creaci髇 de la Empresa P鷅lica Gesti髇 Ambiental de Castilla-La Mancha

El art韈ulo 5 de la Ley 1/2006, de 23 de marzo, de creaci髇 de la Empresa P鷅lica Gesti髇 Ambiental de Castilla-La Mancha quedar redactado de la forma siguiente:

獳rt韈ulo 5 Patrimonio

El patrimonio de la Empresa P鷅lica 獹esti髇 Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A. estar integrado por los bienes y derechos que se le adscriban por parte de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma, en los t閞minos previstos en la normativa de patrimonio aplicable a la misma, y por aquellos otros que adquiera o se le atribuyan por cualquier persona y en virtud de cualquier t韙ulo.

LE0000228525_20210219Ir a Norma afectada

Disposici髇 final segunda Referencias normativas

Las referencias normativas que se contengan en otras normas de alcance sectorial o reguladoras de propiedades especiales a la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Aut髇oma de Castilla-La Mancha, se entender醤 hechas a la presente ley.

Disposici髇 final tercera Desarrollo reglamentario

Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo reglamentario y aplicaci髇 de esta ley.

Disposici髇 final cuarta Entrada en vigor

La presente ley entrar en vigor a los tres meses de su publicaci髇 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.