LEY 17/2020, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista

�2. Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende que incluyen a las ni馻s y las adolescentes, y, por lo tanto, tambi閚 a las mujeres, ni馻s y adolescentes transg閚ero.�

獳rt韈ulo 3 Definiciones

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

• a) Violencia machista: violaci髇 de los derechos humanos a trav閟 de la violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestaci髇 de la discriminaci髇 y de la situaci髇 de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, producida por medios f韘icos, econ髆icos o psicol骻icos, incluidas las amenazas, las intimidaciones y las coacciones, tiene como resultado un da駉 o sufrimiento f韘ico, sexual o psicol骻ico, tanto si se produce en el 醡bito p鷅lico como en el privado.
• b) Sensibilizaci髇: el conjunto de acciones educativas, pedag骻icas y comunicativas encaminadas a generar cambios y modificaciones en el imaginario social que permitan avanzar hacia la erradicaci髇 de la violencia machista.
• c) Prevenci髇: el conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la incidencia de la problem醫ica de la violencia machista mediante la reducci髇 de los factores de riesgo, e impedir as� su normalizaci髇, y las encaminadas a sensibilizar a la ciudadan韆 en el sentido de que ninguna forma ni manifestaci髇 de violencia es justificable ni tolerable.
• d) Detecci髇: la puesta en marcha de distintos instrumentos te髍icos y t閏nicos que permitan identificar y hacer visible la problem醫ica de la violencia machista, tanto si aparece de forma espor醖ica como de forma estable, y que permitan tambi閚 conocer las situaciones en las que debe intervenirse, para evitar su desarrollo y cronicidad.
• e) Atenci髇: el conjunto de acciones destinadas a una persona para que pueda superar las situaciones y consecuencias generadas por la violencia machista en los 醡bitos personal, familiar y social, garantizando su seguridad y facilit醤dole la informaci髇 necesaria sobre los recursos y procedimientos.
• f) Recuperaci髇: el proceso de desvictimizaci髇 en los 醡bitos afectados, realizado por las propias mujeres y sus hijos e hijas. Este proceso conlleva un ciclo vital personal y social de la mujer centrado en el restablecimiento de todos los 醡bitos da馻dos por la situaci髇 de violencia machista vivida.
• g) Reparaci髇: el conjunto de medidas jur韉icas, econ髆icas, sociales, laborales, sanitarias, educativas y similares, tomadas por los diversos organismos y agentes responsables de la intervenci髇 en el 醡bito de la violencia machista, que contribuyen al restablecimiento de todos los 醡bitos da馻dos por la situaci髇 vivida, garantizando el acompa馻miento y asesoramiento necesarios.
• h) Diligencia debida: la obligaci髇 de los poderes p鷅licos de adoptar medidas legislativas y de cualquier otro orden para actuar con la agilidad y eficiencia necesarias y asegurarse de que las autoridades, el personal, los agentes, las entidades p鷅licas y los dem醩 actores que act鷄n en nombre de estos poderes p鷅licos se comporten de acuerdo con esta obligaci髇, en orden a prevenir, investigar, perseguir, castigar y reparar adecuadamente los actos de violencia machista y proteger a las v韈timas.
• i) Victimizaci髇 secundaria o revictimizaci髇: el maltrato adicional ejercido contra las mujeres que se hallan en situaciones de violencia machista y sus hijos e hijas, como consecuencia directa o indirecta de los d閒icits cuantitativos y cualitativos de las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, as� como por las actuaciones desacertadas o negligentes provenientes de otros agentes implicados.
• j) Consentimiento sexual: la voluntad expresa, enmarcada en la libertad sexual y en la dignidad personal, que da paso al ejercicio de pr醕ticas sexuales y lo avala. La prestaci髇 del consentimiento sexual debe hacerse desde la libertad, debe permanecer vigente durante toda la pr醕tica sexual y est� acotada a una o varias personas, a unas determinadas pr醕ticas sexuales y a unas determinadas medidas de precauci髇, tanto ante un embarazo no deseado como ante infecciones de transmisi髇 sexual. No existe consentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprovecha de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una pr醕tica sexual sin contar con el consentimiento de la mujer.
• k) Interseccionalidad o intersecci髇 de opresiones: concurrencia de la violencia machista con otros ejes de discriminaci髇, como el origen, el color de la piel, el fenotipo, la etnia, la religi髇, la situaci髇 administrativa, la edad, la clase social, la precariedad econ髆ica, la diversidad funcional o ps韖uica, las adicciones, el estado serol骻ico, la privaci髇 de libertad o la diversidad sexual y de g閚ero, que hace que impacten de forma agravada y diferenciada. La interacci髇 de estas discriminaciones debe ser tenida en cuenta al abordar la violencia machista.
• l) Precariedad econ髆ica: la situaci髇 de una persona que percibe unos ingresos iguales o inferiores al indicador de renta de suficiencia de Catalu馻.�

獳rt韈ulo 4 Formas de violencia machista

1. La violencia machista viene configurada por una continuidad de situaciones en las que interact鷄n cada una de las formas de violencia machista con los diferentes 醡bitos en los que se producen.

2. La violencia machista puede ejercerse de manera puntual o reiterada de alguna de las siguientes formas:

• a) Violencia f韘ica: comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesi髇 f韘ica o un da駉.
• b) Violencia psicol骻ica: comprende toda conducta u omisi髇 que produce en una mujer una desvaloraci髇 o un sufrimiento, mediante amenazas, humillaci髇, vejaciones, menosprecio, desprecio, exigencia de obediencia o sumisi髇, coerci髇 verbal, insultos, aislamiento o cualquier otra limitaci髇 de su 醡bito de libertad. La violencia machista tambi閚 puede llevarse a cabo con la amenaza o la causaci髇 de violencia f韘ica o psicol骻ica contra el entorno afectivo de la mujer, especialmente los hijos e hijas u otros familiares que convivan o tengan una relaci髇 directa con ella, cuando se dirija a afligir a la mujer. Tambi閚 incluye la violencia ambiental, que se lleva a cabo a trav閟 del ejercicio de la violencia sobre bienes y propiedades de la mujer, con valor econ髆ico o sentimental, o sobre los animales con los que tiene un v韓culo de afecto, con el fin de afligirla o de crear un entorno intimidatorio.
• c) Violencia sexual: comprende cualquier acto que atente contra la libertad sexual y la dignidad personal de la mujer creando unas condiciones o aprovech醤dose de un contexto que, directa o indirectamente, impongan una pr醕tica sexual sin contar con el consentimiento ni la voluntad de la mujer, con independencia del v韓culo que exista entre la mujer y el agresor o agresores. Incluye el acceso corporal, la mutilaci髇 genital o el riesgo de sufrirla, los matrimonios forzados, la trata de mujeres con finalidad de explotaci髇 sexual, el acoso sexual y por raz髇 de sexo, la amenaza sexual, la exhibici髇, la observaci髇 y la imposici髇 de cualquier pr醕tica sexual, entre otras conductas.
• d) Violencia obst閠rica y vulneraci髇 de derechos sexuales y reproductivos: consiste en impedir o dificultar el acceso a una informaci髇 veraz, necesaria para la toma de decisiones aut髇omas e informadas. Puede afectar a los diferentes 醡bitos de la salud f韘ica y mental, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y puede impedir o dificultar a las mujeres tomar decisiones sobre sus pr醕ticas y preferencias sexuales, y sobre su reproducci髇 y las condiciones en que se lleva a cabo, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislaci髇 sectorial aplicable. Incluye la esterilizaci髇 forzada, el embarazo forzado, el impedimento de aborto en los supuestos legalmente establecidos y la dificultad para acceder a los m閠odos anticonceptivos, a los m閠odos de prevenci髇 de infecciones de transmisi髇 sexual y del VIH, y a los m閠odos de reproducci髇 asistida, as� como las pr醕ticas ginecol骻icas y obst閠ricas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer.
• e) Violencia econ髆ica: consiste en la privaci髇 intencionada y no justificada de recursos para el bienestar f韘ico o psicol骻ico de una mujer y, si procede, de sus hijos o hijas, en el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separaci髇 o divorcio, en el hecho de obstaculizar la disposici髇 de los recursos propios o compartidos en el 醡bito familiar o de pareja y en la apropiaci髇 ileg韙ima de bienes de la mujer.
• f) Violencia digital: consiste en aquellos actos de violencia machista y misoginia en l韓ea cometidos, instigados, amplificados o agravados, en parte o totalmente, mediante el uso de tecnolog韆s de la informaci髇 y de la comunicaci髇, plataformas de redes sociales, webs o foros, correo electr髇ico y sistemas de mensajer韆 instant醤ea y otros medios similares que afecten a la dignidad y los derechos de las mujeres. Estos actos causan da駉s psicol骻icos e incluso f韘icos; refuerzan estereotipos; da馻n la dignidad y la reputaci髇; atentan contra la privacidad y libertad de obrar de la mujer; le causan p閞didas econ髆icas, y plantean obst醕ulos a su participaci髇 pol韙ica y a su libertad de expresi髇.
• g) Violencia de segundo orden: consiste en la violencia f韘ica o psicol骻ica, las represalias, las humillaciones y la persecuci髇 ejercidas contra las personas que apoyan a las v韈timas de violencia machista. Incluye los actos que impiden la prevenci髇, la detecci髇, la atenci髇 y la recuperaci髇 de las mujeres en situaci髇 de violencia machista.
• h) Violencia vicaria: consiste en cualquier tipo de violencia ejercida contra los hijos e hijas con el fin de provocar da駉 psicol骻ico a la madre.

3. Se entiende que las diversas formas de violencia machista son tambi閚 violencia contra la mujer cuando se ejerzan con la amenaza o la causaci髇 de violencia f韘ica o psicol骻ica contra su entorno afectivo, especialmente contra los hijos e hijas u otros familiares, con la voluntad de afligir a la mujer.�

獳rt韈ulo 5 羗bitos de la violencia machista

La violencia machista puede manifestarse en algunos de los siguientes 醡bitos:

• Primero. Violencia en el 醡bito de la pareja: consiste en la violencia f韘ica, psicol骻ica, digital, sexual o econ髆ica ejercida contra una mujer y perpetrada por el hombre que es o ha sido su c髇yuge o por la persona que tiene o ha tenido relaciones similares de afectividad con ella.
• Segundo. Violencia en el 醡bito familiar: consiste en la violencia f韘ica, digital, sexual, psicol骻ica o econ髆ica ejercida contra las mujeres y los menores de edad en el seno de la familia y perpetrada por miembros de la misma familia o por miembros del n鷆leo de convivencia, en el marco de las relaciones afectivas y de los v韓culos del entorno familiar. Incluye los matrimonios forzados. No incluye la violencia ejercida en el 醡bito de la pareja.
• Tercero. Violencia en el 醡bito laboral: consiste en la violencia f韘ica, sexual, econ髆ica, digital o psicol骻ica que puede producirse en el 醡bito p鷅lico o privado durante la jornada de trabajo, o fuera del centro y del horario establecido si tiene relaci髇 con el trabajo. Puede adoptar los siguientes tipos:
  • a) Acoso por raz髇 de sexo: consiste en cualquier comportamiento no deseado, verbal o f韘ico relacionado con el sexo o g閚ero de la mujer, realizado con el prop髎ito o efecto de atentar contra la dignidad, la indemnidad o las condiciones de trabajo de las mujeres por el hecho de serlo, creando un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto que dificulte su promoci髇, ocupaci髇 de funciones, acceso a cargos decisorios, remuneraci髇 y reconocimiento profesional, en equidad con los hombres.
  • b) Acoso sexual: consiste en cualquier comportamiento verbal, no verbal o f韘ico no deseado de 韓dole sexual que tenga como objetivo o produzca el efecto de atentar contra la dignidad y la libertad de una mujer o de crearle un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.
  • c) Discriminaci髇 por embarazo o maternidad: consiste en todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, existente o potencial, que suponga una discriminaci髇 directa y una vulneraci髇 de los derechos fundamentales a la salud, a la integridad f韘ica y moral y al trabajo.
• Cuarto. Violencia en el 醡bito social o comunitario: comprende las siguientes manifestaciones:
  • a) Agresiones sexuales: uso de la violencia f韘ica y sexual contra las mujeres determinada por el uso premeditado del sexo como arma para demostrar poder y abusar de ellas.
  • b) Acoso sexual.
  • c) Tr醘ico de mujeres con fines de explotaci髇 sexual y con otros fines con dimensi髇 de g閚ero.
  • d) Mutilaci髇 genital femenina o riesgo de sufrirla: incluye cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una eliminaci髇 total o parcial de los genitales femeninos o que produzca lesiones en ellos, aunque conste el consentimiento expreso o t醕ito de la mujer.
  • e) Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de violencia contra las mujeres que se producen en estas situaciones, como el asesinato, la violaci髇, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilizaci髇 forzada, la infecci髇 intencionada de enfermedades, la tortura o los abusos sexuales.
  • f) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como los abortos selectivos y las esterilizaciones forzadas.
  • g) Feminicidios: los asesinatos y homicidios de mujeres por raz髇 de g閚ero, las inducciones al suicidio y los suicidios como consecuencia de la presi髇 y violencia ejercida hacia la mujer.
  • h) Agresiones por raz髇 de g閚ero.
  • i) Vejaciones, tratos degradantes, amenazas y coacciones en el espacio p鷅lico.
  • j) Restricciones o privaciones de libertad a las mujeres, o de acceso al espacio p鷅lico o a los espacios privados, o a actividades laborales, formativas, deportivas, religiosas o l鷇icas, as� como restricciones a la expresi髇 en libertad en cuanto a su orientaci髇 sexual o expresi髇 e identidad de g閚ero, o a su expresi髇 est閠ica, pol韙ica o religiosa.
  • k) Represalias por los discursos y expresiones individuales y colectivos de las mujeres que reclaman el respeto de sus derechos, as� como expresiones y discursos p鷅licos que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente la hostilidad, la discriminaci髇 o la violencia hacia las mujeres.
• Quinto. Violencia en el 醡bito digital: violencia machista que se produce en las redes de comunicaci髇 digitales, entendidas como nueva 醙ora de interacci髇, participaci髇 y gobernanza mediante las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇. Entre otras pr醕ticas, incluye el ciberacoso, la vigilancia y el seguimiento, la calumnia, los insultos o las expresiones discriminatorias o denigrantes, las amenazas, el acceso no autorizado a los equipos y cuentas de redes sociales, la vulneraci髇 de la privacidad, la manipulaci髇 de datos privados, la suplantaci髇 de identidad, la divulgaci髇 no consentida de informaci髇 personal o de contenidos 韓timos, el da駉 a los equipos o canales de expresi髇 de las mujeres y de los colectivos de mujeres, los discursos de incitaci髇 a la discriminaci髇 hacia las mujeres, el chantaje de car醕ter sexual por canales digitales y la publicaci髇 de informaci髇 personal con la intenci髇 de que otras personas agredan, localicen o acosen a una mujer.
• Sexto. Violencia en el 醡bito institucional: acciones y omisiones de las autoridades, el personal p鷅lico y los agentes de cualquier organismo o instituci髇 p鷅lica que tengan por finalidad retrasar, obstaculizar o impedir el acceso a las pol韙icas p鷅licas y al ejercicio de los derechos que reconoce la presente ley para asegurar una vida libre de violencia machista, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislaci髇 sectorial aplicable. La falta de diligencia debida, cuantitativa y cualitativa, en el abordaje de la violencia machista, si es conocida o promovida por las administraciones o deviene un patr髇 de discriminaci髇 reiterado y estructural, constituye una manifestaci髇 de violencia institucional. Esta violencia puede provenir de un solo acto o pr醕tica grave, de la reiteraci髇 de actos o pr醕ticas de menor alcance que generan un efecto acumulado, de la omisi髇 de actuar cuando se conozca la existencia de un peligro real o inminente, y de las pr醕ticas u omisiones revictimizadoras. La violencia institucional incluye la producci髇 legislativa y la interpretaci髇 y aplicaci髇 del derecho que tenga por objeto o provoque este mismo resultado. La utilizaci髇 del s韓drome de alienaci髇 parental tambi閚 es violencia institucional.
• S閜timo. Violencia en el 醡bito de la vida pol韙ica y la esfera p鷅lica de las mujeres: la violencia machista que se produce en espacios de la vida p鷅lica y pol韙ica, como las instituciones pol韙icas y las administraciones p鷅licas, los partidos pol韙icos, los medios de comunicaci髇 o las redes sociales. Cuando esta forma de violencia machista ocurre en las instituciones pol韙icas o las administraciones p鷅licas y es tolerada y no sancionada, se convierte tambi閚 en una forma de violencia institucional.
• Octavo. Violencia en el 醡bito educativo: cualquier tipo de violencia que se produce en el entorno educativo entre los miembros de la comunidad educativa. Puede producirse entre iguales, de mayor de edad a menor de edad o viceversa. Incluye el acoso, el abuso sexual y el maltrato f韘ico, sexual, ps韖uico o emocional. Entre estas violencias algunas se producen por raz髇 de g閚ero o de identidad sexual.
• Noveno. Cualesquiera otras formas an醠ogas que lesionen o puedan lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.�

獳rt韈ulo 6 Finalidades

Las medidas que la presente ley establece tienen como finalidades:

• a) Cumplir con la diligencia debida las obligaciones de sensibilizaci髇, prevenci髇, investigaci髇, atenci髇, protecci髇, recuperaci髇, reparaci髇 y sanci髇 de la violencia machista, as� como garantizar la no repetici髇 y la remoci髇 de las estructuras y pr醕ticas sociales que la originan y perpet鷄n, de acuerdo con las competencias otorgadas a las administraciones de Catalu馻.
• b) Reconocer los derechos de las mujeres que sufren violencia machista a la atenci髇, asistencia, protecci髇, recuperaci髇, reparaci髇 integral y garant韆 de no revictimizaci髇.
• c) Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la autonom韆 de las mujeres, y la libertad y efectividad de los derechos de las mujeres.
• d) Establecer mecanismos para realizar investigaci髇 sobre violencia machista y difundir sus resultados, as� como establecer mecanismos para la sensibilizaci髇 social y la informaci髇 destinada a las mujeres.
• e) Dotar los poderes p鷅licos de Catalu馻 de recursos suficientes y de instrumentos eficaces para erradicar la violencia machista en los 醡bitos preventivo, educativo, de salud, formativo, de justicia y ejecuci髇 penal, de participaci髇 pol韙ica, de los medios de comunicaci髇, digital, laboral, social y deportivo, y en la vida pol韙ica y la esfera p鷅lica de las mujeres.
• f) Establecer el cat醠ogo de derechos de las mujeres que se hallan en situaci髇 de violencia machista, exigibles ante las administraciones p鷅licas, as� como para sus hijos e hijas, adem醩 de asegurar el acceso gratuito de las mujeres a los servicios p鷅licos que se establezcan.
• g) Garantizar derechos econ髆icos para las mujeres que se hallan en situaci髇 de violencia machista, con el fin de facilitarles el proceso de recuperaci髇 y reparaci髇 integrales.
• h) Evaluar cada dos a駉s la red de atenci髇 y recuperaci髇 integral para las mujeres que sufren violencia machista, integrada por un conjunto de recursos y servicios p鷅licos para la atenci髇, asistencia, protecci髇, recuperaci髇 y reparaci髇 integrales.
• i) Establecer mecanismos para una intervenci髇 integral y coordinada contra la violencia machista, y crear mecanismos espec韋icos para abordar la violencia de segundo orden, mediante la colaboraci髇 de las administraciones p鷅licas de Catalu馻 y la participaci髇 de las entidades de mujeres, de profesionales y de organizaciones ciudadanas que act鷄n contra la violencia machista.
• j) Asegurar la formaci髇 especializada, obligatoria y peri骴ica de todos los colectivos profesionales que intervienen en la atenci髇, asistencia, protecci髇, recuperaci髇 y reparaci髇 destinadas a las mujeres que sufren violencia machista, a sus hijos e hijas y a su entorno familiar y comunitario, as� como espacios de reciclaje y supervisi髇.
• k) Garantizar el principio de adecuaci髇 de las medidas, a fin de que a la hora de aplicarlas se tengan en cuenta las necesidades y demandas espec韋icas de todas las mujeres que sufren la violencia machista. El dise駉 y aplicaci髇 de las medidas debe poner en el centro los derechos de las mujeres y debe fomentar su autonom韆 decisoria y la promoci髇 del empoderamiento personal.�

獳rt韈ulo 7 Principios orientadores en las intervenciones de los poderes p鷅licos

Los poderes p鷅licos de Catalu馻, para alcanzar las finalidades establecidas por el art韈ulo 6, deben seguir los siguientes criterios de actuaci髇:

• a) La obligatoriedad de asegurar la efectividad de los derechos de las mujeres y de asegurar que vivan una vida libre de violencias, considerando la dimensi髇 de los derechos humanos, de la calidad democr醫ica y de la vigencia del estado de derecho.
• b) El compromiso de no discriminaci髇 de las mujeres, evitando que los poderes p鷅licos las discriminen, depurando responsabilidades cuando quien pertenezca o trabaje para las administraciones ejerza actos de discriminaci髇 y protegi閚dolas frente a las discriminaciones que puedan causar terceros.
• c) La consideraci髇 del car醕ter estructural y de la naturaleza multicausal y multidimensional de la violencia machista, en especial en cuanto a la implicaci髇 de todos los agentes responsables de los sistemas de sensibilizaci髇, detecci髇, atenci髇 y reparaci髇.
• d) La consideraci髇 del impacto individual en la mujer que sufre la violencia machista directamente, as� como del impacto colectivo en las dem醩 personas que son conocedoras de ello y que asisten a la respuesta de las administraciones.
• e) La consideraci髇 del car醕ter integral de las medidas, que deben tener en cuenta todos los da駉s que las mujeres y sus hijos e hijas sufren como consecuencia de la violencia machista. Estos da駉s, que incluyen la utilizaci髇 del s韓drome de alienaci髇 parental, impactan en la esfera f韘ica, emocional, digital, econ髆ica, laboral, comunitaria y social.
• f) La transversalidad de las medidas, de tal modo que cada poder p鷅lico implicado debe definir acciones espec韋icas y coordinadas, desde su 醡bito de intervenci髇, de acuerdo con modelos de intervenci髇 globales, en el marco de los programas cuatrienales de intervenci髇 integral contra la violencia machista en Catalu馻.
• g) La consideraci髇 de la diversidad de las mujeres y de la interseccionalidad. La violencia machista provoca un impacto agravado y diferenciado cuando concurre con otros motivos de discriminaci髇, como el origen, el fenotipo, el grupo 閠nico, la religi髇, la situaci髇 migratoria, la edad, la clase social, la discapacidad f韘ica o intelectual, el estado serol骻ico, la toxicoman韆 o cualquier otra adicci髇, la privaci髇 de libertad, la orientaci髇 sexual o la identidad y expresi髇 de g閚ero.
• h) La consideraci髇 de que todas las medidas deben garantizar que se otorgue prioridad a las preocupaciones, los derechos, el empoderamiento y la seguridad de las mujeres, as� como a su participaci髇 efectiva y en condiciones de igualdad en la adopci髇 de decisiones.
• i) La proximidad y el equilibrio de las intervenciones en todo el territorio, asegurando una atenci髇 espec韋ica a las zonas rurales y a las mujeres con discapacidad de estas zonas.
• j) El compromiso de que la construcci髇 de las respuestas a la violencia machista debe hacerse poniendo los derechos de las mujeres en el centro y partiendo de las necesidades espec韋icas y las experiencias de las mujeres en situaciones de violencia, a partir de las metodolog韆s y pr醕ticas que la sociedad civil y acad閙ica y las organizaciones feministas, especialmente, han ido definiendo mediante la experiencia.
• k) La consideraci髇 de las vulneraciones que sufren mujeres de determinados colectivos en situaciones espec韋icas, de acuerdo con el cap韙ulo 5 del t韙ulo III.
• l) El compromiso activo de garantizar la protecci髇 de los datos de car醕ter personal de las mujeres en situaci髇 de violencia, as� como de las dem醩 personas implicadas o de los testigos, de acuerdo con la legislaci髇 aplicable. Debe garantizarse igualmente la protecci髇 de los datos de car醕ter personal de los profesionales de la red que est閚 implicados.
• m) El compromiso activo de evitar la victimizaci髇 secundaria y las violencias institucionales contra las mujeres y sus hijos e hijas y la adopci髇 de medidas que impidan la reproducci髇 o perpetuaci髇 de los estereotipos sobre las mujeres y la violencia machista.
• n) La formaci髇 obligatoria y peri骴ica sobre perspectiva de g閚ero, de infancia y de diversidad de los profesionales que atienden directa o indirectamente a las mujeres en situaciones de violencia, para trabajar prejuicios y estereotipos, as� como la evaluaci髇 continuada de esta a partir de espacios de supervisi髇 y reciclaje profesional. En el caso de las plazas p鷅licas, debe garantizarse su especializaci髇.
• o) El fomento de los instrumentos de colaboraci髇 y cooperaci髇 entre las administraciones p鷅licas para todas las pol韙icas p鷅licas de erradicaci髇 de la violencia machista y, en especial, el dise駉, el seguimiento, la evaluaci髇 y la rendici髇 de cuentas de las medidas y los recursos que deben aplicarse.
• p) El fomento de los instrumentos de participaci髇 y colaboraci髇 con las organizaciones sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de mujeres, el movimiento asociativo de las mujeres y los grupos de mujeres pertenecientes a movimientos sociales y sindicales, en el dise駉, el seguimiento y la evaluaci髇 de las pol韙icas p鷅licas para erradicar la violencia machista.
• q) La participaci髇 profesional y social, que implica contar con todos los profesionales de los diferentes 醡bitos que puedan atender la complejidad de las formas de violencia machista y con el criterio y participaci髇 de los colectivos afectados.
• r) La rendici髇 de cuentas anual de las administraciones que dise馻n y llevan a cabo las pol韙icas p鷅licas de erradicaci髇 de la violencia machista, que permita analizar su grado de aplicaci髇, su efectividad y la posibilidad de introducir mejoras.
• s) La creaci髇 peri骴ica de espacios de intercambio de informaci髇 y experiencias entre el sector profesional de los diferentes 醡bitos de atenci髇 a la violencia machista, el de las mujeres afectadas y el de los colectivos de mujeres que se dedican a su abordaje.
• t) La necesidad de velar por la celeridad de las intervenciones, con el fin de posibilitar una adecuada atenci髇 y evitar el incremento del riesgo o de la victimizaci髇.
• u) La prohibici髇 de la mediaci髇 si est� implicada una mujer que ha sufrido o sufre cualquier forma de violencia machista en el 醡bito de la pareja o en el 醡bito familiar.
• v) La vinculaci髇 del Gobierno y del conjunto de las administraciones catalanas con los derechos de las mujeres y el cumplimiento del principio de igualdad de todas las personas que viven en Catalu馻, de acuerdo con el art韈ulo 37 del Estatuto de autonom韆 y los tratados internacionales de derechos humanos.
• w) El hecho de que las violencias digitales puedan amplificar la violencia machista y causen un impacto grave, permanente y reiterado en las mujeres.
• x) El fomento de los instrumentos de sensibilizaci髇, prevenci髇 y colaboraci髇 en la formaci髇 de los profesionales, y de los futuros profesionales, de la comunicaci髇, informaci髇 y publicidad, sobre los principios rectores de la presente ley, las buenas pr醕ticas y los c骴igos deontol骻icos para contribuir a erradicar la violencia machista.�

�5. La adecuaci髇 del abordaje de la violencia machista requiere un an醠isis cuantitativo y cualitativo previo. La obligaci髇 en la obtenci髇 de datos estad韘ticos oficiales para la elaboraci髇 y evaluaci髇 de las pol韙icas p鷅licas sobre violencia machista debe llevarse a cabo dentro del marco de la legislaci髇 catalana en materia de estad韘tica, especialmente en cuanto a la regulaci髇 del secreto estad韘tico, en los t閞minos establecidos por la normativa catalana de estad韘tica, la normativa en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal y dem醩 normativa de aplicaci髇, sin perjuicio de las funciones del Observatorio de la Igualdad de G閚ero y del Centro de Estudios, Investigaci髇 y Capacitaci髇 sobre Violencia Machista.�

獳rt韈ulo 8 bis Investigaci髇 en violencia machista digital

La investigaci髇 en violencia machista digital debe orientarse a la tipolog韆 de mujeres que reciben esta violencia, el tipo de la violencia que reciben, su frecuencia, el tipo de perfiles que la protagonizan y que divulgan estos discursos, las plataformas donde los abusos y la violencia tienen lugar, el impacto de esta violencia individualmente y en cuanto a los derechos fundamentales de las mujeres y a los derechos humanos, la respuesta policial y judicial, el 韓dice de denuncias efectivamente presentadas respecto al n鷐ero de las que podr韆n y deber韆n haberse presentado, y las causas por las que no se llegan a presentar o son archivadas, el impacto en las personas que denuncian la violencia ejercida hacia la mujer y la respuesta institucional de protecci髇 de estas personas.�

獳rt韈ulo 8 ter Investigaci髇 y debate p鷅lico sobre la violencia machista en la vida pol韙ica

La investigaci髇 y la promoci髇 del debate p鷅lico deben orientarse al tipo de violencias recibidas por las mujeres en la vida pol韙ica, su frecuencia, las motivaciones de g閚ero, el impacto sobre su capacidad de influencia, incluyendo la retirada de la pol韙ica o la p閞dida de oportunidades para asumir un cargo, el impacto sobre el conjunto de mujeres de la poblaci髇, la respuesta de las instituciones pol韙icas y de los partidos, la respuesta policial y judicial, y las causas del bajo 韓dice de denuncias. La investigaci髇 debe prestar atenci髇 a la diversidad de las mujeres en pol韙ica, incluyendo la condici髇 racial o 閠nica, la edad, la orientaci髇 sexual, la expresi髇 e identidad de g閚ero y la diversidad funcional.�

�6. Las administraciones de Catalu馻 competentes en materia de educaci髇, comunicaci髇, participaci髇 y derechos de la ciudadan韆, el Consejo del Audiovisual de Catalu馻 y las dem醩 administraciones de Catalu馻 deben incorporar recursos formativos y pedag骻icos en ciudadan韆 digital, con el fin de proporcionar conocimientos t閏nicos, as� como una educaci髇 en valores, que fomenten un uso responsable, constructivo, respetuoso y cr韙ico de las tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme a los principios y valores de la presente ley.�

�3. Para combatir la violencia machista es esencial incorporar la coeducaci髇 y la educaci髇 afectivo-sexual haciendo un abordaje expl韈ito, transversal, riguroso y sistem醫ico de la perspectiva de g閚ero desde la educaci髇 infantil hasta, como m韓imo, la finalizaci髇 de la educaci髇 obligatoria.�

�3. Debe garantizarse la formaci髇 con perspectiva de g閚ero del profesorado desde el inicio de su proceso formativo y debe hacerse extensiva a todos los miembros de la comunidad educativa.�

獳rt韈ulo 17 羗bito de la ense馻nza universitaria

1. Las universidades, en el marco de su autonom韆, deben incluir contenidos formativos espec韋icos en materia de violencia machista en la propuesta curricular de las titulaciones de grado, m醩ter y doctorado, en los estudios que pueden tener m醩 impacto en el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

2. Las universidades deben velar por que se eliminen de la docencia de las titulaciones los textos y materiales con contenidos sexistas, violentos y discriminatorios hacia las mujeres que contribuyen a reforzar estereotipos y fomentan la desigualdad de g閚ero, excepto si el uso de estos textos y materiales tiene como objetivo debatirlos para promover el pensamiento cr韙ico del alumnado. De modo m醩 general, las universidades deben formar al profesorado sobre la erradicaci髇 del sexismo en las aulas.

3. Las universidades deben tener protocolos para la prevenci髇, detecci髇, atenci髇 y reparaci髇 de las situaciones de acoso sexual y de acoso por raz髇 de sexo, as� como de las dem醩 formas de violencia machista que puedan producirse entre miembros de la comunidad universitaria, y deben formar adecuadamente en perspectiva de g閚ero y no revictimizaci髇 a las personas que intervengan en los procedimientos y en la instrucci髇 de expedientes informativos o disciplinarios derivados de la aplicaci髇 del protocolo. Las universidades deben elaborar peri骴icamente un informe de evaluaci髇, que deben someter a las administraciones competentes en pol韙ica universitaria y en pol韙icas de igualdad de g閚ero, cumpliendo estrictamente la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

4. Las universidades deben dotar sus unidades u observatorios de igualdad de los recursos humanos y materiales adecuados para cumplir las funciones de prevenci髇, detecci髇, atenci髇 y reparaci髇, as� como para proporcionar, en el 醡bito de sus competencias, servicios de acompa馻miento a las mujeres de la comunidad universitaria que han sufrido o sufren violencia machista.

5. El Gobierno, como medida de reparaci髇 y en el marco de la normativa vigente, debe garantizar la gratuidad de la matr韈ula de las titulaciones de grado a las estudiantes que acrediten documentalmente la condici髇 de v韈tima de violencia machista en el 醡bito de la pareja, as� como a los hijos e hijas que dependan de ellas.

6. Las universidades, las autoridades y los organismos p鷅licos competentes en pol韙ica universitaria deben establecer mecanismos compensatorios en el c醠culo de la elegibilidad, de la duraci髇 de las ayudas de investigaci髇, las becas o los contratos, del tiempo l韒ite para la obtenci髇 de un t韙ulo o de los procesos de evaluaci髇 de m閞itos y de antig黣dad del conjunto del personal, para que los per韔dos en que se haya sufrido una situaci髇 de violencia machista no penalicen la trayectoria acad閙ica o profesional de las mujeres.

7. Las universidades deben adoptar mecanismos de cooperaci髇 interinstitucional para garantizar la coordinaci髇 de los respectivos protocolos de abordaje de la violencia machista en las situaciones en que la v韈tima y el agresor pertenezcan a dos universidades diferentes y para compartir la informaci髇.

8. Las universidades deben dotarse de mecanismos de cooperaci髇 institucional para facilitar el cambio gratuito de universidad a las estudiantes de grado v韈timas de violencia machista y a los hijos e hijas que dependan de ellas en casos de violencia en el 醡bito de la pareja, as� como a las estudiantes que han sufrido acoso sexual, por raz髇 de sexo, de orientaci髇 sexual, de identidad de g閚ero o de expresi髇 de g閚ero.�

獳rt韈ulo 19 Formaci髇 de profesionales

1. El Gobierno debe garantizar que se lleve a cabo la formaci髇 continua y especializada de capacitaci髇 de todos los profesionales que trabajan en la prevenci髇, detecci髇, atenci髇, asistencia, recuperaci髇 y reparaci髇 en situaciones de violencia machista.

2. El Gobierno debe promover la formaci髇 espec韋ica de especializaci髇 y capacitaci髇 del personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al servicio de la Administraci髇 de justicia, del personal de los cuerpos de seguridad, del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalu馻 adscrito a las unidades de valoraci髇 forense integral, del personal de todos los servicios de la Secretar韆 de Medidas Penales, Reinserci髇 y Atenci髇 a la V韈tima, y de la Fiscal韆 en Catalu馻 que intervengan en los procesos judiciales relacionados con la violencia machista. Debe garantizarse desde las primeras actuaciones en el procedimiento judicial la especializaci髇 de los m閐icos forenses, que deben formar parte de las unidades de valoraci髇 forense integral.

3. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y las administraciones p鷅licas competentes deben asegurar que la formaci髇 y la capacitaci髇 espec韋icas a que se refiere el presente art韈ulo se incorporen a los programas de formaci髇 correspondientes.

4. La formaci髇 debe incluir programas de apoyo y atenci髇 a los profesionales implicados en el tratamiento de la violencia machista para prevenir y evitar los riesgos laborales asociados a esta actividad profesional. Debe garantizarse a todos los profesionales con independencia del tipo de vinculaci髇 que tengan con la administraci髇 competente.

5. En los cursos de formaci髇 a que se refiere el presente art韈ulo deben incluirse la perspectiva de g閚ero, las causas estructurales y sociales de la violencia machista, sus caracter韘ticas, causas, efectos y consecuencias, y la intersecci髇 de otras identidades con la violencia machista.�

獳rt韈ulo 29 Subvenciones a empresas

1. Las bases de las subvenciones que tengan como beneficiarias empresas con una plantilla igual o superior a veinticinco personas deben incluir la obligaci髇, con el acuerdo de los agentes sociales, de indicar los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por raz髇 de sexo en sus centros de trabajo y para intervenir en estos casos, y deben tener protocolos de abordaje y prevenci髇 del acoso sexual y por raz髇 de sexo.

2. La falta de utilizaci髇 o la utilizaci髇 indebida de los medios a que se refiere el apartado 1 son una causa de no concesi髇 o, si procede, de revocaci髇 de la subvenci髇.�

獵ap韙ulo8
Partidos pol韙icos

獳rt韈ulo 29 bisPartidos pol韙icos

1. Los partidos pol韙icos deben tener un plan de igualdad interno y un protocolo para la prevenci髇, detecci髇 y actuaci髇 ante la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organizaci髇, afiliados o simpatizantes, o bien personas que sin estar afiliadas tengan un cargo de representaci髇 o hayan sido designadas para una funci髇 espec韋ica, con independencia del nivel jer醨quico o del cargo p鷅lico que ocupen.

2. Los partidos pol韙icos deben asegurar la independencia y la calidad de persona experta en violencia machista de las personas que conduzcan la investigaci髇, garantizar la diligencia debida, adoptar las medidas cautelares necesarias, proporcionar servicios de asesoramiento y de acompa馻miento a las v韈timas y prever las medidas de reparaci髇 adecuadas.

3. Los partidos pol韙icos deben incorporar la prohibici髇 de incurrir en actos de violencia machista en sus normas internas y en los programas de acogida de nuevas personas afiliadas, y deben adoptar las correspondientes medidas de suspensi髇 o expulsi髇 de la militancia por la comisi髇 de estos actos.

4. Los partidos pol韙icos deben difundir su protocolo para la prevenci髇, detecci髇 y actuaci髇 ante la violencia machista, realizar acciones de sensibilizaci髇 de sus miembros, y evaluar y revisar peri骴icamente el funcionamiento y la aplicaci髇 de los procedimientos establecidos en el protocolo.�

�4. El abordaje de la violencia machista debe procurar eliminar los factores psicol骻icos, jur韉icos, sociales, econ髆icos y comunitarios que obstaculizan la formulaci髇 de la denuncia de violencia machista.

5. La evaluaci髇 de riesgo por parte de la Polic韆 de la Generalidad - Mossos d’Esquadra debe ser individualizada y adaptada al tipo de violencia concreta. La evaluaci髇 de riesgo debe basarse en informaci髇 sobre la percepci髇 subjetiva de riesgo de la propia mujer; la relaci髇 de poder, afectiva, de dependencia emocional o econ髆ica entre esta y el agresor; la duraci髇 y el tipo de las violencias sufridas; el apoyo familiar y comunitario de la mujer; la existencia de procedimientos judiciales en curso entre ambos, y la existencia de factores de vulnerabilizaci髇 y de empoderamiento de la mujer. La evaluaci髇 de riesgo debe incluir el riesgo sufrido por los hijos e hijas de la mujer.

6. Cuando una mujer acuda a una comisar韆 para presentar una denuncia como consecuencia de haber vivido cualquiera de las manifestaciones de la violencia machista, los agentes de la Polic韆 de la Generalidad - Mossos d’Esquadra deben requerir al colegio de abogados la presencia de un letrado para garantizar la asistencia letrada desde el momento inicial de la denuncia.

7. Debe crearse un instrumento de evaluaci髇 de riesgos, incluido el riesgo

para los hijos e hijas de la mujer, para ser utilizado por los m閐icos forenses y por las unidades de valoraci髇 forense integral. En las unidades de valoraci髇 forense integral debe haber necesariamente profesionales del 醡bito de la familia que valoren los riesgos para los menores del r間imen de visitas y custodia que se establezca, incluso con car醕ter preventivo.�

• 玣) El informe del Instituto Catal醤 de las Mujeres. Adem醩, el Instituto Catal醤 de las Mujeres tambi閚 debe hacer p鷅lico de modo oficial, cada 31 de diciembre y 30 de junio, el n鷐ero de mujeres que son v韈timas de violencia machista y que deber韆n acceder al servicio de recuperaci髇 y reparaci髇. Estos datos deben ser los acumulados desde la misma fecha del a駉 anterior y son los que deben utilizarse para calcular el m韓imo importe de la partida presupuestaria a que se refiere el apartado 2 bis de la disposici髇 adicional primera.�

�4. A los efectos del acceso a los derechos de atenci髇 y recuperaci髇 de los ni駉s y adolescentes, a partir de los diecis閕s a駉s no es necesario el consentimiento de los progenitores o tutores legales.�

獳rt韈ulo 46 Renta garantizada de ciudadan韆, ayudas econ髆icas y dem醩 prestaciones

1. Para favorecer la autonom韆 de las mujeres que est閚 en situaciones de violencia machista y a efectos del derecho a percibir la renta garantizada de ciudadan韆, deben tenerse en cuenta exclusivamente los ingresos y las rentas individuales de cada mujer, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadan韆.

2. Para la determinaci髇 de la carencia de rentas para acceder a las ayudas econ髆icas establecidas por la presente ley, deben tenerse en cuenta exclusivamente los ingresos y las rentas individuales de cada mujer, y no computan los ingresos provenientes de prestaciones econ髆icas, p鷅licas o privadas, de urgencia por tener la condici髇 de v韈tima de violencia machista en los 醡bitos de la pareja o la familia, de acuerdo con los art韈ulos 7.e y 11.d del Decreto 55/2020, de 28 de abril.

3. Las mujeres v韈timas de violencia machista tienen, con respecto a las prestaciones de urgencia social, los derechos reconocidos por el art韈ulo 30 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de car醕ter econ髆ico.

4. El Gobierno puede conceder prestaciones econ髆icas extraordinarias a las mujeres que han sufrido violencia machista, identificada por cualquiera de los medios establecidos por el art韈ulo 33. Estas prestaciones deben destinarse a paliar situaciones de necesidad personal que sean evaluables y verificables, previo informe de los organismos competentes sobre la inexistencia o insuficiencia de las ayudas ordinarias para cubrir estos supuestos.�

�1. El servicio de atenci髇 telef髇ica especializada es un servicio universal gratuito de orientaci髇 y asesoramiento inmediato que proporciona atenci髇 e informaci髇 integrales sobre los recursos p鷅licos y privados al alcance de todas las personas a las que es de aplicaci髇 la presente ley.�

獳rt韈ulo 68 Mundo rural

Los servicios de atenci髇, asistencia y protecci髇 establecidos por el t韙ulo III deben facilitar el acceso de las mujeres provenientes del mundo rural y de zonas de dif韈il acceso a centros que pueden estar lejos de sus lugares de origen y residencia, aplicando criterios de m醲ima proximidad a su residencia y garantizando su anonimato.�

獳rt韈ulo 69 Vejez

El Gobierno debe promover estrategias eficaces de sensibilizaci髇 destinadas al colectivo de mujeres mayores, para que conozcan los recursos y las estrategias para afrontar las violencias contra las mujeres y puedan adoptar posiciones activas ante estas situaciones, para lo cual debe facilitar informaci髇 espec韋ica de violencia machista en mujeres mayores.�

獳rt韈ulo 70 Mujeres transg閚ero y diversidad de g閚ero

1. Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que la presente ley se馻la deben respetar la diversidad de g閚ero.

2. Las mujeres transg閚ero que no tienen la menci髇 de sexo registrada como mujer en la documentaci髇 oficial se equiparan, a los efectos de la presente ley, a las dem醩 mujeres que han sufrido violencia machista en la medida que se reconocen como mujeres.�

獳rt韈ulo 76 bis Responsabilidad de las administraciones derivada de la revictimizaci髇 y de las violencias institucionales

1. Los diferentes grados de responsabilidad de las administraciones derivada de la revictimizaci髇 y de las violencias institucionales dependen de la intensidad de la actuaci髇 de la Administraci髇 y del impacto negativo y los riesgos que provoque en los derechos fundamentales de las mujeres.

2. La responsabilidad por las actuaciones de las administraciones competentes comprende, adem醩 de su responsabilidad patrimonial, la responsabilidad disciplinaria del personal actuante, ya sea funcionarial o laboral, de acuerdo con lo establecido por la Ley del Estado 40/2015, de 1 de octubre, de r間imen jur韉ico del sector p鷅lico, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de r間imen jur韉ico y de procedimiento de las administraciones p鷅licas de Catalu馻.

3. En los procedimientos administrativos en los que sea preciso pronunciarse respecto de la responsabilidad de las administraciones por violencia institucional hacia una mujer o un grupo de mujeres, tienen la consideraci髇 de parte interesada las entidades, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoci髇 de los derechos de las mujeres, as� como los sindicatos y las asociaciones profesionales. Este reconocimiento queda sujeto al consentimiento de las mujeres afectadas, sin perjuicio de lo establecido por el art韈ulo 12.3 de la Ley org醤ica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, o por la norma que la sustituya, con relaci髇 a los litigios sobre acoso sexual y acoso por raz髇 de sexo que se produzcan.

4. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻 deben ofrecer apoyo a las mujeres que decidan iniciar un procedimiento de reclamaci髇 de responsabilidad.

5. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻 deben elaborar un modelo de atenci髇 que tenga como finalidad establecer el marco de su actuaci髇 para garantizar que no se lleva a cabo la victimizaci髇 secundaria de las mujeres. El modelo de atenci髇 debe desplegarse mediante un protocolo, que es el documento que recoge los aspectos t閏nicos y organizativos necesarios para su implantaci髇. La reparaci髇 por los actos de violencia institucional comprende la anulaci髇 del acto, siempre que sea posible y no revictimice a la mujer, y la revisi髇 de la pr醕tica que dio lugar a la violencia institucional.

6. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻 deben efectuar anualmente evaluaciones de victimizaci髇 de las mujeres y de sus hijos e hijas incluidos en los circuitos de abordaje de la violencia machista, que incluyen los procesos judiciales. El resultado de estas evaluaciones debe exponerse en el Parlamento de Catalu馻 y debe publicarse para que sea conocido por la sociedad civil. Asimismo, debe comunicarse al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal韆 General del Estado y el Ministerio de Justicia si las evaluaciones afectan a sus 醡bitos de competencia.�

獳rt韈ulo 76 ter Responsabilidad de las administraciones y de las instituciones pol韙icas derivada de la violencia contra las mujeres en pol韙ica

1. Todas las administraciones e instituciones pol韙icas deben incorporar como est醤dar de conducta la prohibici髇 de cualquier tipo de violencia machista, incluidos los discursos sexistas y mis骻inos, el lenguaje ofensivo hacia las mujeres y el acoso psicol骻ico o sexual, por raz髇 de sexo, de orientaci髇 sexual o de identidad o expresi髇 de g閚ero, y deben establecer las correspondientes sanciones en su r間imen disciplinario. Estas sanciones deben ser m醩 graves en caso de discriminaci髇 m鷏tiple.

2. Todas las administraciones e instituciones pol韙icas deben tener un protocolo para la prevenci髇, detecci髇 y actuaci髇 ante las situaciones de violencia machista. Este protocolo debe incluir las medidas cautelares y las medidas de reparaci髇 adecuadas. Debe asegurarse la independencia y la calidad de persona experta en violencia machista de las personas que conducen la investigaci髇 y deben proporcionarse servicios de asesoramiento y acompa馻miento a las v韈timas.

3. Todas las administraciones e instituciones pol韙icas deben impartir formaci髇 obligatoria en materia de igualdad de g閚ero y violencia machista, tanto a su personal como a las personas que ocupan cargos de elecci髇 p鷅lica o de designaci髇.�

�2 bis. La ley de presupuestos de la Generalidad debe consignar una partida presupuestaria espec韋ica para financiar la atenci髇, recuperaci髇 y reparaci髇 a las mujeres que han sufrido violencia machista. Esta partida debe prever, como m韓imo, los recursos suficientes para atender todos los casos, de acuerdo con el 鷏timo dato publicado por el Instituto Catal醤 de las Mujeres.�

DISPOSICIONES ADICIONALES

獶ecimotercera Convenio con las plataformas intermediarias de Internet

El Gobierno, con la participaci髇 e intervenci髇 del Consejo del Audiovisual de Catalu馻 en todo lo que afecte a los servicios de comunicaci髇 audiovisual y las plataformas de intercambio de v韉eos, debe impulsar un convenio con las principales plataformas intermediarias de Internet para establecer un v韓culo permanente entre el Departamento de Interior, el Instituto Catal醤 de las Mujeres y dem醩 organismos pertinentes para trabajar en el establecimiento de criterios y mecanismos 醙iles y urgentes de denuncia y retirada de contenidos relacionados con la violencia machista digital, la hostilidad y las discriminaciones hacia las mujeres, y el discurso de incitaci髇 al odio, as� como mecanismos 醙iles y urgentes de protecci髇 y de justicia restauradora para las v韈timas de violencia digital. El Consejo Nacional de las Mujeres de Catalu馻 debe ser consultado para el establecimiento de estos criterios.

Decimocuarta Consignaci髇 de recursos en los presupuestos de las administraciones

Los presupuestos de la Generalidad y de las administraciones locales catalanas deben consignar los recursos necesarios para garantizar los objetivos de la presente ley.�