• Expandir / Contraer índice sistemático
• Preámbulo
• Artículo 1 Objeto de la ley
• Artículo 2 Finalidad y tipos de prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 3 Características de las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 4 Carácter complementario y subsidiario de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 5 Titulares y beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 6 Unidad familiar
• Artículo 7 Requisitos para tener derecho a la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 8 Evaluación y acreditación del derecho del solicitante o la unidad familiar a la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 9 Determinación de la empleabilidad
• Artículo 10 Duración del derecho a percibir las prestaciones
• Artículo 11 Obligaciones de los destinatarios de la prestación económica
• Artículo 12 Modificación y revisión de la prestación
• Artículo 13 Suspensión de la prestación
• Artículo 14 Extinción del derecho a recibir la prestación
• Artículo 15 Datos personales
• Artículo 16 Integración de datos
• Artículo 17 Financiación de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 18 Cuantía de la prestación económica
• Artículo 19 Pago de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 20 Acuerdos de inclusión social y laboral
• Artículo 21 Administraciones públicas competentes
• Artículo 22 Órganos para gestionar la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 23 Órgano de seguimiento de la renta garantizada de ciudadanía
• Artículo 24 Coordinación de las actuaciones
• Artículo 25 Presentación de las solicitudes
• Artículo 26 Resolución administrativa de las solicitudes
• Artículo 27 Recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional primera No inclusión en el sistema de la seguridad social
  • Disposición adicional segunda Complementación de las prestaciones económicas de protección social de la Administración del Estado
  • Disposición adicional tercera Prestaciones complementarias
  • Disposición adicional cuarta Derecho de los refugiados a la renta garantizada de ciudadanía
  • Disposición adicional quinta Hogares con más de una unidad familiar
  • Disposición adicional sexta Informe general de evaluación
  • Disposición adicional séptima Informe de aplicación y efectividad
  • Disposición adicional octava Convenios con otras comunidades autónomas
  • Disposición adicional novena Medidas de desarrollo y cobertura
  • Disposición adicional décima
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria primera Titulares de la renta mínima de inserción regulada por la Ley 10/1997
  • Disposición transitoria segunda Plazo y efectos
  • Disposición transitoria tercera Desarrollo y cuantía de la prestación
  • Disposición transitoria cuarta Compatibilidades
  • Disposición transitoria quinta Solicitudes de la renta mínima de inserción pendientes de resolución o suspendidas
  • Disposición transitoria sexta Vigencia de las atribuciones de la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción y del órgano técnico
  • Disposición transitoria séptima Ausencias justificadas
  • Disposición transitoria octava
  • Disposición transitoria novena
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposición derogatoria
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final primera Desarrollo reglamentario
  • Disposición final segunda Partida presupuestaria
  • Disposición final tercera Entrada en vigor

Artículo 1 Objeto de la ley

El objeto de la presente ley es regular la renta garantizada de ciudadanía establecida por el artículo 24.3 del Estatuto de autonomía con la finalidad de asegurar los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, para promover su autonomía y participación activa en la sociedad.

Artículo 2 Finalidad y tipos de prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía

1. La renta garantizada de ciudadanía se una prestación social de naturaleza económica y percepción periódica que se configura como una prestación garantizada de derecho subjetivo y que tiene como finalidad desarrollar la promoción de la persona y su empoderamiento y superar las condiciones que le han llevado a necesitar esta prestación.

2. La renta garantizada de ciudadanía es un derecho subjetivo, en los términos establecidos por la ley, que consta de dos prestaciones económicas:

• a) Una prestación garantizada, no condicionada, sujeta a los requisitos establecidos por la presente ley.
• b) Una prestación complementaria de activación e inserción, condicionada al compromiso de elaborar, y, en su caso, seguir, un plan de inclusión social o de inserción laboral, que tiene la finalidad de superar las condiciones que han llevado a necesitar la prestación y, por lo tanto, dejar la renta garantizada de ciudadanía.

3. Los poderes públicos, especialmente la Generalidad, deben destinar los recursos necesarios para que se lleven a cabo las prestaciones de servicio en forma de políticas activas necesarias vinculadas a los planes de inserción y de inclusión. Estos recursos deben facilitar itinerarios, acciones y servicios de inclusión e integración social para las personas que necesitan acompañamiento y apoyo de carácter social, así como políticas activas de empleo que garanticen el derecho de las personas a ser empleables. Estas actuaciones se consideran, a todos los efectos, prestaciones de servicio.

Artículo 3 Características de las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía

1. La prestación garantizada, a la que se refiere el apartado 2.a del artículo 2, es una prestación económica periódica destinada a las personas y unidades familiares que no disponen de los ingresos que les garanticen los mínimos para una vida digna.

2. La prestación complementaria de activación e inserción, a la que se refiere el apartado 2.b del artículo 2, es una prestación económica periódica, de carácter temporal, y tiene como finalidad la inclusión social o laboral. Es evaluable periódicamente, de forma individualizada, y está vinculada a la voluntad explícita de los beneficiarios de realizar las actividades de su plan de trabajo.

3. La renta garantizada de ciudadanía, en atención al objeto y la finalidad de la prestación, no puede ser objeto de cesión, embargo o retención.

Artículo 4 Carácter complementario y subsidiario de la renta garantizada de ciudadanía

1. La renta garantizada de ciudadanía es compatible y complementaria con las rentas del trabajo a tiempo parcial, cuando los ingresos sean inferiores al umbral del indicador de renta de suficiencia de Cataluña. Inicialmente, solo es compatible para las familias monoparentales con hijos a cargo y la aplicación de la compatibilidad finaliza con la generalización de la compatibilidad de la renta garantizada de ciudadanía con todas las rentas del trabajo derivadas de contrato a tiempo parcial. En este caso, la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía es por el importe de la diferencia entre las rentas del trabajo y el importe de la prestación.

2. La renta garantizada de ciudadanía es subsidiaria de todas las ayudas, los subsidios, las prestaciones o las pensiones de cualquier administración a que puedan tener derecho los titulares o beneficiarios de la prestación, y la renta garantizada de ciudadanía constituye la última red de protección social.

3. La renta garantizada de ciudadanía es también subsidiaria de los ingresos de cualquier tipo a los que puedan tener derecho los titulares o beneficiarios de la prestación, a excepción de los ingresos de las prestaciones a las que se refiere el apartado 4.

4. Son compatibles con la percepción de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, y no computan como ingresos para determinar el umbral económico, las prestaciones económicas, públicas y privadas de dependencia, de becas escolares de comedor y transporte, de urgencia para evitar desahucios, de becas públicas para estudiar (de bachillerato o universitarias) y las que existan o se puedan establecer con la finalidad explícita de complementar la renta garantizada de ciudadanía. Tampoco se computan como ingresos para determinar el umbral económico las ayudas económicas no regulares y puntuales por parte de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inferiores a dos veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña, que se acrediten debidamente.

LE0000660175_20200221Número 4 del artículo 4 redactado por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 1/2020, 17 febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía («D.O.G.C.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2020

5. Los perceptores de ayudas y prestaciones estatales de desempleo y para el empleo y los perceptores de pensiones contributivas y no contributivas de la seguridad social no tienen derecho a la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, sin perjuicio de lo regulado por la disposición adicional tercera sobre los supuestos de complementariedad.

Artículo 5 Titulares y beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía

1. Tienen derecho a la renta garantizada de ciudadanía las personas que cumplan los requisitos regulados por la presente ley.

2. A los efectos de lo establecido por la presente ley, se entiende por:

• a) Titular: la persona en favor de la que se aprueba la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía y, en su caso, un plan individual de inserción laboral o de inclusión social.
• b) Beneficiarios: las personas que forman parte del mismo núcleo como miembros de la respectiva unidad familiar.
• c) Destinatarios: el titular y los beneficiarios.

3. En caso de que en una misma unidad familiar haya más de una persona con derecho a ser titular de la prestación, tiene preferencia para acceder a la misma la persona que no cuente con ningún tipo de ingreso económico o lo tenga más bajo, con preferencia, asimismo, por quien tenga la potestad parental.

4. Una unidad familiar solo puede dar derecho a un único expediente de prestación de la renta garantizada de ciudadanía.

5. Las mujeres que tienen legalmente reconocida la condición de víctima de violencia machista en el ámbito del hogar adquieren automáticamente la titularidad de la prestación, siempre que tengan derecho a la misma.

6. La titularidad del derecho a la renta garantizada de ciudadanía puede ser objeto de modificaciones como consecuencia de las circunstancias a las que se refieren las letras e y f del artículo 14.1.

Artículo 6 Unidad familiar

1. A los efectos de lo establecido por la presente ley se considera unidad familiar la formada por una o más personas que mantienen entre ellas un vínculo conyugal o de pareja estable, o vínculos familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como por adopción o acogimiento, o vínculos de convivencia asimilados a los vínculos mencionados, excluyendo los que sean de simple vecindad compartida. La relación de parentesco se cuenta a partir del titular.

2. Para la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía deben tenerse en cuenta los destinatarios de las prestaciones, tanto si viven solos como en calidad de miembros de una unidad familiar. En los casos en los que se justifique debidamente la necesidad, el órgano de gestión definido por el artículo 22 puede pronunciarse para autorizar motivadamente la consideración de miembros de la unidad familiar para personas con un grado de parentesco más alejado.

3. Para determinar el derecho a percibir la prestación se computan los ingresos de todas las personas que forman la unidad familiar.

Artículo 7 Requisitos para tener derecho a la renta garantizada de ciudadanía

1. Tienen derecho a la renta garantizada de ciudadanía, bajo la condición de titulares, las personas que cumplen los siguientes requisitos:

• a) Ser mayores de veintitrés años, o de dieciocho años si se encuentran en alguna de las situaciones siguientes:
  • – Tener a cargo menores o personas con discapacidad.
  • – Ser huérfanas de los dos progenitores.
  • – Haber sido víctimas de violencia machista en el ámbito del hogar.
  • – Cualquiera otra situación o circunstancia que se establezca por reglamento.
• b) Estar empadronado en un municipio y residir legalmente en Cataluña. Este requisito no se aplica a las mujeres que tienen permiso de residencia por reagrupamiento familiar y lo pierden como consecuencia de divorcio o separación, ni a los catalanes regresados.
• c) Tener residencia continuada y efectiva en Cataluña durante los veinticuatro meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 23.2.b. No se tienen en cuenta para el cómputo de este período las ausencias justificadas inferiores a un mes.
• d) No disponer de una cantidad de ingresos, rentas o recursos económicos considerada mínima para atender las necesidades básicas de una vida digna, de acuerdo con el importe correspondiente de la renta garantizada de ciudadanía en relación con el umbral de ingresos fijado por el indicador de renta de suficiencia de Cataluña. La situación de insuficiencia de ingresos y recursos debe darse, como mínimo, durante los dos meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de la renta garantizada de ciudadanía y debe continuar existiendo mientras se tramita el procedimiento de concesión y se percibe la prestación.
  LE0000660175_20200221Letra d) del número 1 del artículo 7 redactada por el artículo 2 de la Ley [CATALUÑA] 1/2020, 17 febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía («D.O.G.C.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2020
• e) No ser beneficiarias de una prestación pública o privada de servicio residencial permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario, y no estar internadas en un centro penitenciario en régimen ordinario o cerrado, bien entendido que el carácter de permanencia del servicio residencial viene determinado por la situación y las circunstancias personales de los destinatarios de la prestación y no por el tipo de servicio. En consecuencia, como excepción al requisito de acceso establecido por la presente letra, y siempre y cuando cumplan los demás requisitos exigidos por el presente artículo, pueden acceder a la renta garantizada de ciudadanía, si siguen un plan de trabajo vinculado a un proceso de emancipación y apoderamiento, con un pronóstico de salida en un plazo de no más de doce meses, de acuerdo con el correspondiente informe de los profesionales del trabajo social y de apoyo social al servicio residencial, las personas que se hallen en alguna de la siguientes circunstancias:
  • - Personas sin hogar.
  • - Mujeres víctimas de violencia machista.
  • - Personas beneficiarias de una prestación pública o privada de servicio residencial permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario.
  LE0000630504_20181026Letra e) del número 1 del artículo 7 redactada por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 3/2018, 23 octubre, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía («D.O.G.C.» 25 octubre). Téngase en cuenta que, conforme establece la disposición final de la ley de modificación: "bien entendido que el precepto modificado, en la medida en que suponga eventuales gastos con cargo a los presupuestos de la Generalidad, no producirá efectos hasta que esté vigente la ley de presupuestos correspondiente al ejercicio inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la presente ley".Vigencia: 26 octubre 2018

2. No tienen derecho a la renta garantizada de ciudadanía las personas que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias:

• a) Las personas que han cesado voluntariamente en su actividad laboral dentro de los doce meses anteriores a la solicitud de la prestación.
• b) Las personas afectadas por un despido o por otra situación análoga cuando tengan derecho a una indemnización o prestación equivalente. En cualquier caso, estas personas tienen derecho a la concesión provisional de la renta garantizada de ciudadanía hasta que perciban la indemnización laboral. Una vez percibida la indemnización, deben devolver las prestaciones de la renta garantizada de ciudadanía como máximo hasta el importe de la prestación que han percibido, sin perjuicio de actualizar la solicitud de acceso a la renta garantizada de ciudadanía si se cumplen los requisitos.
• c) Las personas que han percibido dentro de los últimos cinco años cualquier prestación pública declarada indebida por resolución administrativa firme, por causas que les son atribuibles. Para poder volver a solicitar la renta garantizada de ciudadanía en esta circunstancia debe haber transcurrido, como mínimo, un año desde la presentación de la solicitud denegada.
• d) Las personas que no han interpuesto una reclamación judicial en relación con una pensión de alimentos o compensatoria a la que tienen derecho pero que no perciben, a excepción de los casos determinados por reglamento.
• e) Las personas o unidades familiares que disponen de bienes muebles o inmuebles suficientes cuyo valor o rendimientos aseguran los mínimos de una vida digna según lo dispuesto por la presente ley, a excepción de la vivienda habitual.

3. Tienen derecho a la renta garantizada, excepcionalmente, las personas que no cumplen los requisitos establecidos pero en las que concurren circunstancias extraordinarias por las que se encuentran en una situación de especial necesidad. Estas excepciones deben establecerse por reglamento y requieren el informe técnico preceptivo y favorable de los servicios sociales públicos competentes y el órgano técnico de gestión de la renta garantizada de ciudadanía.

Artículo 8 Evaluación y acreditación del derecho del solicitante o la unidad familiar a la renta garantizada de ciudadanía

1. Los ingresos, las rentas y los recursos que se tienen en cuenta para evaluar el cumplimiento del requisito establecido por el artículo 7.1.d son los siguientes:

• a) Los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, las plusvalías, los incrementos patrimoniales y los rendimientos procedentes de cualquier actividad económica.
• b) El patrimonio, de cualquier tipo, a excepción de la vivienda habitual.
• c) Las ayudas, subvenciones y otras prestaciones económicas que se perciben de las administraciones públicas o de entidades públicas o privadas, que tienen el tratamiento establecido por el artículo 4 y que deben computarse de forma prorrateada por cada mes en que se perciben, independientemente de que se abonen de forma acumulada por períodos superiores.
  LE0000660175_20200221Letra c) del número 1 del artículo 8 redactada por el número 1 del artículo 3 de la Ley [CATALUÑA] 1/2020, 17 febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía («D.O.G.C.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2020

2. Los ingresos, las rentas y los recursos a los que se refiere el apartado 1 se acreditan con la siguiente documentación:

• a) La última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la del impuesto sobre el patrimonio, en su caso, y la certificación de datos fiscales expedido por la Administración tributaria.
• b) La certificación del saldo medio y extractos bancarios de los últimos dos meses de las cuentas corrientes, u otros depósitos bancarios, que figuran en la certificación de datos fiscales, así como de las nuevas cuentas bancarias que se han abierto con posterioridad a esta declaración o que no están declaradas en la misma.
  LE0000660175_20200221Letra b) del número 2 del artículo 8 redactada por el número 2 del artículo 3 de la Ley [CATALUÑA] 1/2020, 17 febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía («D.O.G.C.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2020
• c) El comprobante de inscripción como demandante de activación laboral en el órgano público competente en materia de empleo de la Generalidad.
• d) El certificado de vida laboral del solicitante y de los beneficiarios emitido por la Administración de la seguridad social.
• e) La certificación de los servicios de hacienda municipal o del correspondiente registro catastral en la que consten los bienes de titularidad del solicitante en el impuesto sobre bienes inmuebles y la situación tributaria.
• f) Otros documentos acreditativos que solicite el órgano gestor.

3. La solicitud de la renta garantizada de ciudadanía habilita a las administraciones competentes para comprobar, de oficio, los datos de las personas que integran la unidad familiar necesarios para tramitar y resolver el procedimiento.

Artículo 9 Determinación de la empleabilidad

1. En el momento de solicitar la prestación debe determinarse el grado de empleabilidad de todos los titulares y beneficiarios de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.

2. En función del perfil de empleabilidad que se determine, debe derivarse a la persona al ámbito de seguimiento que corresponda.

Artículo 10 Duración del derecho a percibir las prestaciones

1. Las personas tienen derecho a percibir la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía por todo el tiempo en el que se acredite la situación de necesidad y se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 7.

2. El derecho a percibir la prestación garantizada de ciudadanía debe renovarse, obligatoriamente, mediante una resolución de prórroga, cada dos años, sin perjuicio de la obligación permanente de la persona titular o beneficiaria de notificar cualquier modificación de la situación que ha generado el derecho y de la facultad de las administraciones públicas responsables de realizar las pertinentes comprobaciones en cualquier momento.

3. La prestación complementaria de activación e inserción se percibe desde el inicio del derecho a la prestación, junto con la prestación garantizada y no condicionada, con la suscripción del correspondiente compromiso. La prestación es objeto de revisión al cabo de doce meses y se determina su continuidad en función de los informes preceptivos.

4. El incumplimiento por parte de las administraciones públicas competentes de la obligación de proponer el correspondiente plan individual de inserción laboral o de inclusión social no puede conllevar la pérdida de la prestación económica por parte del titular o de los beneficiarios que puedan acceder a la misma. Si el incumplimiento es imputable al titular o beneficiario, se extingue esta prestación, sin perjuicio del derecho a volver a solicitarla al cabo de doce meses.

5. En caso de que un destinatario de la renta garantizada de ciudadanía acceda a un puesto de trabajo a jornada completa, continúa percibiendo la prestación complementaria de activación e inserción durante seis meses.

Artículo 11 Obligaciones de los destinatarios de la prestación económica

1. La concesión de la renta garantizada de ciudadanía implica que las personas destinatarias aceptan y cumplen las obligaciones generales y específicas establecidas por el presente artículo.

2. Los titulares y, en su caso, los beneficiarios de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía tienen las siguientes obligaciones:

• a) Comunicar a las entidades gestoras correspondientes, dentro del plazo de un mes desde que se produzcan, los cambios de situación patrimonial, personal o familiar que, de acuerdo con la presente ley puedan modificar, suspender o extinguir la prestación económica. Asimismo, deben comunicar, también dentro del plazo de un mes, el cambio de residencia habitual.
• b) Solicitar, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 4, cualquiera otra prestación económica, contributiva o no contributiva, a la que tengan derecho durante la percepción de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía.
• c) No renunciar, de modo voluntario, a otra prestación o ayuda que estén percibiendo en el momento de acceder al derecho a la renta garantizada de ciudadanía.
• d) Facilitar la tarea de las personas que deben evaluar su situación y colaborar con ellas proporcionando todos los datos necesarios y respondiendo a los requerimientos que realicen las administraciones competentes para acreditar que se mantiene la situación de necesidad que dio derecho al cobro de la prestación.
• e) Mantenerse inscritos en el Servicio Público de Empleo de Cataluña y no rechazar una oferta de trabajo adecuada, según la normativa reguladora de la prestación por desempleo.
• f) Residir de forma continuada y efectiva en Cataluña durante el tiempo en el que perciben la prestación económica. No computan como ausencias que interrumpen la continuidad de la residencia las salidas del territorio catalán, previamente comunicadas al órgano que realiza el seguimiento, que no superen un mes, en un período de doce meses. En casos excepcionales, la ausencia puede llegar a los dos meses, siempre y cuando sea por enfermedad grave o muerte de familiares. Estas ausencias excepcionales deben ser comunicadas previamente al órgano de gestión, que, en un plazo de diez días, debe resolver con la presentación previa de la documentación justificativa que se determine por reglamento.
• g) Reintegrar la prestación en caso de que se haya percibido indebidamente.

3. Los beneficiarios de la prestación complementaria de activación e inserción tienen, además de las establecidas por el apartado 2, las siguientes obligaciones:

• a) Firmar el compromiso de seguir, y cuando sea ofrecido, acordar, suscribir y cumplir, el plan individual de inserción laboral o de inclusión social.
• b) Encontrarse disponibles para trabajar, salvo:
  • – Las personas que tienen reconocida la condición de persona con discapacidad con un grado igual o superior al 65%.
  • – Las personas que, según el organismo encargado de la gestión de la prestación, en colaboración, si procede, con los servicios sociales municipales, y teniendo en cuenta el criterio de estos servicios, no se encuentran en situación de incorporarse al mercado laboral a corto o medio plazo.

La disponibilidad para el empleo conlleva la obligación de estar inscrito como demandante de empleo, de no rechazar una oferta de trabajo adecuada, de acuerdo con lo establecido por la normativa sobre la prestación por desempleo, de no causar baja voluntaria en un puesto de trabajo y de no solicitar la excedencia voluntaria.

4. El ente gestor puede excluir las obligaciones establecidas por la letra e del apartado 2, de acuerdo con lo establecido por reglamento, en los casos en que ya se disponga de servicios de apoyo adecuados que no sea necesario integrar en un plan individualizado de apoyo y actividades.

Artículo 12 Modificación y revisión de la prestación

1. El cambio en las circunstancias personales, económicas o patrimoniales de la persona titular de la renta garantizada de ciudadanía, o de alguno de los miembros de la unidad familiar, comporta la disminución o el aumento de la prestación económica garantizada y de la prestación complementaria de activación e inserción, mediante la revisión correspondiente por el órgano competente.

2. El órgano competente para la gestión de la renta garantizada debe realizar una revisión bienal, como mínimo, del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios de la prestación, sin perjuicio de la supervisión permanente y de las revisiones que se consideren oportunas.

3. La modificación de la cuantía de la prestación económica de la renta garantizada y de la prestación complementaria de activación e inserción a la que se refiere el apartado 1 tiene efectos económicos a contar desde el día 1 del mes siguiente al mes en que se ha producido el cambio de las circunstancias que la justifican. En caso de que se produzca una modificación de importe a la baja, el titular de la prestación económica debe devolver, si procede, la cantidad indebidamente percibida desde el día 1 del mes siguiente al mes en que se ha producido la variación. Si la modificación es al alza, el órgano competente debe abonar, como atraso, las diferencias pendientes de percibir desde el día 1 del mes siguiente al mes en que se ha producido la variación.

Artículo 13 Suspensión de la prestación

1. La percepción de la renta garantizada de ciudadanía se suspende por cualquiera de las siguientes causas:

• a) Por la obtención de un trabajo temporal a jornada completa, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 10.5.
• b) Por la percepción, con carácter temporal, de ingresos económicos, no salariales, por un importe igual o superior al indicador de renta de suficiencia de Cataluña aplicable en cada momento.
• c) Por el incumplimiento injustificado de los requerimientos del órgano competente para la gestión de la prestación cuando este órgano quiera comprobar si continúan existiendo los requisitos para tener derecho a la misma. En este caso, la duración máxima de la suspensión es de dos meses, transcurridos los cuales se declara la extinción del derecho si continúa el incumplimiento.
• d) Por no haber solicitado cualquier otra prestación o ayuda económica, contributiva o no contributiva, a que la persona tenga derecho, desde que le fue aprobada la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.

2. La prestación complementaria de activación e inserción se suspende por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidos por los apartados 2 y 3 del artículo 11, así como por el incumplimiento por parte del beneficiario del plan de inclusión social o de inserción laboral.

3. La suspensión del derecho a percibir la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía y de la prestación complementaria de activación e inserción tiene efectos económicos a contar desde el día 1 del mes siguiente al mes en que se dicta la resolución de suspensión. La suspensión se mantiene mientras continúan existiendo las circunstancias que han dado lugar a la misma, pero en ningún caso por un período continuado de más de doce meses, período después del cual se extingue la prestación y puede volverse a solicitar.

4. La percepción de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía se reanuda si desaparecen las circunstancias que han justificado su suspensión. La prestación económica se reanuda con efectos económicos del día 1 del mes siguiente al mes en que los destinatarios la han solicitado.

5. El órgano competente para la gestión de la renta garantizada de ciudadanía puede acordar la suspensión cautelar del pago de la prestación si tiene el conocimiento fundamentado de indicios claros de la existencia de alguna de las causas que establece el apartado 1, referida a la persona titular o a alguno de los miembros de la unidad familiar mientras se instruye el correspondiente expediente de comprobación, en que se debe requerir la documentación al titular. Si el titular no presenta la documentación en el plazo establecido, la prestación se entiende extinguida. La resolución definitiva sobre la suspensión debe adoptarse en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la suspensión cautelar. Si se han cumplido todos los trámites administrativos pertinentes y el titular ha presentado la documentación o alegación necesarias y no se notifica la resolución definitiva en el plazo establecido, se entiende que la suspensión se ha dejado sin efecto. Si se resuelve no suspender la prestación, sea de manera expresa o tácita, la persona titular tiene derecho al cobro de las cantidades que ha dejado de percibir durante el tiempo de la suspensión cautelar.

Artículo 14 Extinción del derecho a recibir la prestación

1. El derecho a percibir la prestación de la renta garantizada de ciudadanía y de la prestación complementaria de activación e inserción se extingue por las siguientes causas:

• a) La pérdida de cualquiera de los requisitos establecidos por el artículo 7 y que deben acreditarse para acceder a la misma, incluida la desaparición de la situación de necesidad que ha motivado la prestación.
• b) El incumplimiento de las obligaciones reguladas por el artículo 11.
• c) La no comunicación del cambio de cualquier circunstancia personal, familiar o laboral que implique la pérdida del derecho a la percepción de la prestación. En este caso, debe devolverse la cantidad indebidamente percibida.
• d) El engaño en los datos proporcionados para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación o para mantenerla.
• e) La muerte o la ausencia no justificada de la persona titular. A tales efectos, se entiende por ausencia la circunstancia que impide de algún modo la localización de los destinatarios una vez agotados los procedimientos de notificación establecidos por la normativa vigente. En los casos de muerte o ausencia del titular por abandono de su familia debe revisarse el expediente para traspasar su titularidad a otro miembro de la unidad familiar, si cumple los requisitos establecidos por la presente ley, y, en cualquier caso, deben tomarse las medidas adecuadas para que el resto de componentes no queden desprotegidos.
• f) La resolución judicial que conlleve la privación de libertad de la persona titular. En este caso, debe revisarse el expediente para traspasar su titularidad a otro miembro la unidad familiar, si cumple los requisitos establecidos por la presente ley.
• g) El traslado de la residencia habitual a un municipio de fuera del territorio de Cataluña.
• h) La renuncia de la persona titular, sin perjuicio de que el resto de beneficiarios puedan solicitar la prestación a la que pueden tener derecho.

2. En caso de que la prestación se extinga por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por las letras a o b del artículo 11.2, no puede volverse a solicitar la prestación hasta después de doce meses a contar desde la fecha de la extinción.

3. En caso de que la prestación se extinga por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por las letras e o f del artículo 11.2, no puede volverse a solicitar la prestación hasta después de veinticuatro meses a contar desde la fecha de la extinción.

4. En caso de que la prestación se extinga por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por las letras c o d del artículo 11.2, o por el engaño en la acreditación de los requisitos, no puede volverse a solicitar la prestación hasta después de treinta y seis meses a contar desde la fecha de la extinción.

5. Las prestaciones objeto de la presente ley se rigen, en lo que esta no establece, por el régimen de infracciones y sanciones establecido por la ley de servicios sociales.

6. Las cantidades percibidas indebidamente deben reintegrarse a la Administración pública y la deuda contraída tiene la consideración de deuda de derecho público.

Artículo 15 Datos personales

1. Los datos personales que constan en el expediente administrativo y los informes necesarios correspondientes deben ser solamente los imprescindibles para resolver la solicitud inicial de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía y realizar su seguimiento.

2. Las administraciones públicas deben garantizar la confidencialidad de los datos personales que constan en los expedientes instruidos para resolver las solicitudes de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente en materia de protección de datos personales y del derecho a la intimidad.

Artículo 16 Integración de datos

Se establecen, respetando los requisitos de confidencialidad y reserva determinados por el ordenamiento legal vigente, las condiciones para una integración efectiva de datos, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

• a) Las administraciones públicas competentes en cada caso deben ceder los datos de carácter personal necesarios para acreditar la residencia y la convivencia, para valorar la situación de necesidad y para acreditar las otras circunstancias que sean determinantes para acceder a cada prestación y para mantenerla, en el marco de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
• b) El ente o el órgano gestor de las prestaciones puede facilitar datos de carácter personal, necesarios para la gestión de los expedientes, a la Administración tributaria, a las entidades gestoras de la seguridad social y a otras entidades públicas, con finalidades fiscales y de control de las prestaciones.
• c) Debe crearse por reglamento un fichero único de datos personales de todas las prestaciones sociales de carácter económico, incluida la renta garantizada de ciudadanía.

Artículo 17 Financiación de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía

1. La prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía se finanza a cargo del presupuesto de la Generalidad, además de las aportaciones económicas que puedan hacer otras administraciones públicas. Para asegurar la cobertura suficiente de la prestación, los créditos tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con la legislación vigente.

2. La Generalidad, mediante los departamentos competentes, debe hacerse cargo de:

• a) El abono de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía y de la prestación complementaria de activación e inserción.
• b) Los gastos derivados de los planes individuales de inserción laboral y de inclusión social.

Artículo 18 Cuantía de la prestación económica

1. El importe máximo de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, y el umbral de ingresos para percibir la prestación, incluida la cantidad correspondiente a la prestación complementaria de activación e inserción, es, cuando se trate de una unidad familiar de un solo miembro, del 100% de la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

2. En el caso de que la unidad familiar del titular de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía conste de dos miembros, el importe máximo mensual, incluida la cantidad correspondiente a la prestación complementaria de activación e inserción, es del 150% de la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, salvo cuando el titular de la unidad familiar monoparental compatibiliza la prestación con el trabajo a tiempo parcial, en que el segundo miembro percibe, inicialmente, el importe fijado por el apartado 3.

3. En caso de que la unidad familiar del titular de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía conste de más de dos miembros, se incrementa el importe máximo mensual en cien euros por miembro, hasta el quinto miembro.

4. La prestación complementaria de activación e inserción tiene un importe mensual de ciento cincuenta euros, y se modifica en la misma proporción en que varíe el indicador de renta de suficiencia de Cataluña vigente en cada momento. Solo tienen derecho a esta cantidad los titulares y beneficiarios que suscriban el compromiso de seguir el plan de inserción laboral o de inclusión social y cumplan las actividades detalladas en el plan de trabajo. El cumplimiento del plan es evaluable periódicamente y de forma individualizada.

5. El importe total de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía no puede exceder en ningún caso del 182% del indicador de renta de suficiencia de Cataluña vigente en cada momento ni puede ser inferior al 10% de este indicador.

Artículo 19 Pago de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía

1. El pago de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía corresponde al departamento competente en esta materia. El pago debe hacerse en doce mensualidades mediante una transferencia bancaria en favor del titular o, excepcionalmente, de una tercera persona que legalmente lo represente o de la entidad que atienda al destinatario, cuando ello pueda asegurar su finalidad.

2. La prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía está exenta de tributación en los términos establecidos por la normativa fiscal.

Artículo 20 Acuerdos de inclusión social y laboral

1. Los titulares de la prestación complementaria de activación e inserción de la renta garantizada de ciudadanía deben acordar y suscribir un acuerdo de inclusión social o laboral que defina las acciones específicas adaptadas a las necesidades de cada miembro de la unidad familiar para prevenir el riesgo o la situación de exclusión.

2. El acuerdo debe determinarse para cada persona atendiendo a sus características, necesidades y posibilidades específicas, y debe evitarse incluir en el mismo actuaciones o medidas innecesarias a fin de fomentar la autonomía de los beneficiarios.

3. El acuerdo debe incluir medidas sociales, formativas, laborales, educativas, de salud o de vivienda, entre otras. Asimismo, puede contar con la participación de las entidades de iniciativa social para desarrollarlo.

4. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias en materia de formación y empleo, deben impulsar y aplicar medidas orientadas a favorecer y facilitar la incorporación al empleo de personas o grupos que, por sus características, no puedan o tengan dificultades para acceder al empleo en condiciones de igualdad, especialmente las personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía.

5. Los servicios de las administraciones públicas tienen la responsabilidad de asegurar el volumen y la calidad de los servicios asociados a los planes de inclusión en función de sus competencias.

Artículo 21 Administraciones públicas competentes

1. La Administración de la Generalidad es la responsable de la resolución del derecho a la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía. Pueden participar en la tramitación, gestión, ejecución y seguimiento de los planes de inserción laboral e inclusión social las administraciones locales y las entidades del tercer sector, debidamente acreditadas, de acuerdo con lo establecido por reglamento.

2. La Generalidad, mediante departamento competente en materia de prestaciones sociales, tiene la responsabilidad de resolver la solicitud presentada y, en su caso, pagar la prestación a los titulares de los expedientes.

3. Las administraciones y organizaciones afectadas deben establecer los oportunos mecanismos de coordinación, así como los criterios comunes de actuación necesarios para la efectividad de la presente ley.

Artículo 22 Órganos para gestionar la renta garantizada de ciudadanía

1. La recepción de las solicitudes de las prestaciones, la elaboración y el acuerdo del plan de inserción laboral y la orientación y el seguimiento de este plan corresponden al servicio público competente en materia de empleo.

2. La elaboración y el acuerdo del plan de inclusión social y la orientación y el seguimiento de este plan corresponden a los servicios públicos competentes en materia de servicios sociales.

3. La gestión económica y la administrativa, entre otras, y la resolución, suspensión, retirada y pago de la prestación corresponden al órgano correspondiente del departamento competente en materia de prestaciones sociales que determine el Gobierno.

4. La gestión de la planificación, la evaluación y la orientación se realiza mediante una comisión interdepartamental creada por el Gobierno.

5. El órgano técnico del departamento competente en materia de prestaciones sociales ejecuta los acuerdos de la comisión interdepartamental a la que se refieren el apartado 4 y la disposición transitoria sexta y actúa como órgano de apoyo de esta en el ejercicio de sus funciones de coordinación, gestión y seguimiento. Este órgano está dotado de un equipo técnico de carácter multidisciplinario con las siguientes funciones:

• a) Realizar el seguimiento y la valoración de los planes individuales y de la consecución de sus objetivos.
• b) Realizar el seguimiento y la valoración de las políticas activas y los servicios de inclusión ofrecidos a los receptores de la prestación.
• c) Actuar como equipo responsable de la coordinación y mejora funcional de las diferentes unidades que intervienen en la prestación.

Artículo 23 Órgano de seguimiento de la renta garantizada de ciudadanía

1. En el plazo de cinco meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley debe crearse por decreto una comisión de gobierno de la renta garantizada de ciudadanía integrada, de forma paritaria, por representantes de la Administración de la Generalidad y por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Cataluña, entidades del tercer sector, entidades representativas del trabajo social y entidades representativas del mundo local, con el voto de calidad de la persona titular del departamento competente en la materia. Esta comisión debe reunirse trimestralmente.

2. La comisión lleva a cabo funciones de evaluación y seguimiento de la aplicación y el funcionamiento de la renta garantizada de ciudadanía. Concretamente, las siguientes:

• a) Analizar la evolución de los expedientes, el comportamiento en la demanda y los efectos sobre el mercado de trabajo, y, específicamente, la compatibilidad de la renta garantizada de ciudadanía con las rentas del trabajo a tiempo parcial, para informar sobre el proceso de generalización con todas las rentas de trabajo derivadas de contratos a tiempo parcial.
• b) Evaluar el posible efecto llamada que se haya producido y, en su caso, constatar que ha habido un incremento de como mínimo un 10% de nuevas solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía de personas recién censadas en Cataluña. Si es así, informar favorablemente para que se amplíe el requisito de residencia previa hasta un total de treinta y seis meses. En este caso, se habilita al Gobierno para que por reglamento pueda ampliar el período de veinticuatro meses de residencia legal hasta treinta y seis meses, para tener derecho a la prestación.
• c) Evaluar la tasa de cobertura de la prestación sobre el conjunto de la población y su suficiencia económica.
• d) Revisar, a la vista del Mapa de prestaciones sociales de Cataluña, el conjunto de prestaciones económicas y de servicios existentes para realizar la necesaria racionalización y simplificación de las prestaciones existentes, y, en su caso, elaborar los informes que considere pertinentes.

Véase D [CATALUÑA] 78/2019, 2 abril, de creación y regulación de la Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada de Ciudadanía («D.O.G.C.» 4 abril).LE0000641752_20190405

Artículo 24 Coordinación de las actuaciones

1. Para coordinar y racionalizar todas las actuaciones que derivan de la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía en la atención social primaria pueden constituirse organismos de coordinación, de ámbito municipal, comarcal o regional, cuya composición y funcionamiento deben fijarse por reglamento. Estos organismos deben disponer de la información necesaria para gestionar adecuadamente la coordinación y para favorecer la racionalización de la renta garantizada de ciudadanía en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.

2. Las administraciones públicas deben facilitar a los órganos de gestión a los que se refiere el artículo 22, y otros que pueden determinarse por reglamento, la información necesaria para que en cualquier momento puedan realizarse las comprobaciones que el órgano considere convenientes, para verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidos para recibir la prestación económica. Las entidades de iniciativa social que llevan a cabo actuaciones de reinserción mediante un convenio tienen la misma obligación.

Artículo 25 Presentación de las solicitudes

1. Las solicitudes de prestación de la renta garantizada de ciudadanía pueden ser presentadas por el titular o por una tercera persona que legalmente lo represente.

2. En el momento de la solicitud, y en caso de que se desee acceder a la prestación complementaria de activación e inserción, debe firmarse un compromiso de seguir el plan individual de inclusión social o de inserción laboral.

3. Las solicitudes de prestaciones económicas solo deben ir acompañadas de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos que no haya sido elaborada por otra administración pública o que no se encuentre ya en poder de las administraciones públicas, si bien puede requerirse en este caso que se facilite información sobre el expediente, la actuación o el archivo en el que se encuentra el dato o documento.

4. El órgano gestor que tramita la solicitud debe comprobar de oficio cualquiera de los datos y solicitar la información necesaria para tramitar la solicitud o revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos para tener derecho a la renta garantizada de ciudadanía. Este órgano debe respetar en cualquier caso lo establecido por la legislación relativa a la protección de datos de carácter personal.

5. En el supuesto de que en el momento de la solicitud no se pueda aportar documentación que no esté en poder de la Administración y sea necesaria para acreditar los requisitos de acceso, la persona solicitante realizará una declaración responsable en que se obliga a presentar esta documentación durante la tramitación del procedimiento.

6. Si, con posterioridad a la solicitud, la persona solicitante no aportara la documentación a la que se obligó en la declaración responsable, con carácter previo a dictar una resolución, el órgano gestor la requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido este plazo no se presenta la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.

LE0000671569_20200723Números 5 y 6 del artículo 25 introducidos por el artículo 1 del D Ley 28/2020, 21 julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital («D.O.G.C.» 23 julio).Vigencia: 23 julio 2020

Artículo 26 Resolución administrativa de las solicitudes

1. La administración pública competente tiene que dictar una resolución expresa denegando u otorgando la prestación en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro.

En el supuesto de que a la unidad familiar se le haya denegado la prestación prevista en el Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, de manera excepcional, el plazo para dictar la resolución expresa es de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, por parte del solicitante al órgano técnico de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, de la resolución de denegación del ingreso mínimo vital , siempre y cuando la solicitud de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía se haya efectuado como máximo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud de la prestación estatal del ingreso mínimo vital.

LE0000671569_20200723Número 1 del artículo 26 redactado por el artículo 2 del D Ley 28/2020, 21 julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital («D.O.G.C.» 23 julio).Vigencia: 23 julio 2020

2. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado 1 sin que se haya notificado la resolución a la persona interesada, debe entenderse estimada la solicitud.

3. Lo establecido por los apartados 1 y 2 se aplica a la resolución administrativa de prórroga a la que se refiere el artículo 10.2.

4. El derecho de acceso a la renta garantizada de ciudadanía tiene efectos económicos desde la fecha de presentación de la solicitud.

5. En el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la resolución de otorgamiento de la prestación económica se debe proponer y acordar el correspondiente plan individual de inserción laboral o de inclusión social cuando ha sido solicitado el acceso a la prestación complementaria de activación e inserción.

Artículo 27 Recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones

1. El solicitante puede interponer recurso de alzada contra las resoluciones de aprobación, denegación, modificación, suspensión o extinción de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía. El recurso debe resolverse en el plazo de tres meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado resolución expresa, el recurso puede considerarse desestimado.

2. Contra las resoluciones administrativas que ponen fin al procedimiento administrativo puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Disposición adicional primera No inclusión en el sistema de la seguridad social

Las prestaciones económicas asistenciales establecidas por la presente ley, dada su naturaleza, no forman parte del sistema de la seguridad social y no están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE), núm. 883/2004, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Disposición adicional segunda Complementación de las prestaciones económicas de protección social de la Administración del Estado

Las prestaciones económicas, contributivas y no contributivas, de protección social de la Administración del Estado son complementadas por las prestaciones establecidas por la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, y el Decreto 123/2007, de 29 de mayo.

Disposición adicional tercera Prestaciones complementarias

1. Se modifica el artículo 21 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, que queda redactado del siguiente modo:

LE0000233782_20200723

2. Las prestaciones económicas complementarias reguladas por la presente disposición tienen efectos desde el 15 de septiembre de 2017.

3. Las solicitudes de las prestaciones económicas complementarias reguladas por la presente disposición, y, en su caso, los correspondientes pagos, se realizan de acuerdo con lo establecido por el Decreto 123/2007, de 29 de mayo.

Disposición adicional cuarta Derecho de los refugiados a la renta garantizada de ciudadanía

Para el acceso de los refugiados y de los demandantes de protección internacional al derecho a percibir la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, en cumplimiento de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el resto de normativas internacionales reguladoras de la condición de refugiado y de beneficiarios de protección internacional, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

• a) El requisito de residencia legal, continuada y efectiva en Cataluña de los refugiados debe acreditarse mediante el empadronamiento durante el período de tiempo en el que han sido beneficiarios de programas derivados del cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Ginebra o, en cualquier caso, durante un período mínimo de un año.
• b) Los ingresos económicos que han percibido los refugiados como beneficiarios de programas derivados del cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Ginebra no se tienen en cuenta para el cumplimiento del requisito de insuficiencia de ingresos y recursos durante los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta garantizada de ciudadanía.
  LE0000660175_20200221Letra b) de la disposición adicional cuarta redactada por el artículo 4 de la Ley [CATALUÑA] 1/2020, 17 febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de ciudadanía («D.O.G.C.» 20 febrero).Vigencia: 21 febrero 2020
• c) Las prestaciones establecidas por la presente ley están condicionadas al cumplimiento de un plan individual de actividades que, de común acuerdo con cada refugiado, es determinado por el ayuntamiento del municipio en el que reside esta persona en el momento de solicitar la percepción de la renta garantizada de ciudadanía, de acuerdo con las condiciones generales establecidas por el departamento competente en materia de prestaciones sociales.

Disposición adicional quinta Hogares con más de una unidad familiar

Deben regularse por reglamento los casos en que reside en un mismo hogar más de una unidad familiar destinataria de la renta garantizada de ciudadanía. Mientras no se realiza el desarrollo reglamentario, el órgano de gestión técnica de la renta garantizada de ciudadanía debe valorar las circunstancias de los casos de residencia de más de una unidad familiar en un mismo hogar.

Disposición adicional sexta Informe general de evaluación

La Administración de la Generalidad debe elaborar anualmente un informe general de evaluación de la aplicación de la presente ley. Este informe debe permitir la evaluación de la tasa de cobertura de la prestación y su suficiencia económica.

Disposición adicional séptima Informe de aplicación y efectividad

El Gobierno debe presentar al Parlamento de Cataluña, dentro del cuarto trimestre de 2018, un informe sobre la aplicación y la efectividad de la renta garantizada de ciudadanía durante los doce primeros meses de vigencia de la presente ley.

Disposición adicional octava Convenios con otras comunidades autónomas

El Gobierno, con el objetivo de favorecer la inclusión social y la inserción laboral, así como para facilitar los proyectos vitales de las personas perceptoras reales y potenciales de la renta garantizada de ciudadanía, puede establecer convenios con otras comunidades autónomas que permitan la movilidad de las personas entre las respectivas comunidades sin la pérdida del derecho a la garantía de unos recursos mínimos, en virtud del principio de reciprocidad.

Disposición adicional novena Medidas de desarrollo y cobertura

El Gobierno debe analizar, conjuntamente con las entidades municipalistas representativas del mundo local, las necesidades económicas, técnicas y humanas que se desprenden del pleno desarrollo de la presente ley y debe adoptar, de forma consensuada, las medidas políticas y presupuestarias, en su caso, necesarias para su cobertura.

Disposición adicional décima

1. Los beneficiarios de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía que pueden tener derecho al ingreso mínimo vital regulado en el Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, deben solicitar el acceso, atendiendo al carácter subsidiario de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía previsto en el artículo 4 de esta Ley.

De acuerdo con el apartado 10 de la disposición transitoria primera del Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, hasta el 31 de diciembre de 2020 el órgano técnico de la renta garantizada de ciudadanía comunicará al Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados a tal efecto, los datos necesarios de los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía para identificar las personas beneficiarias potenciales y verificar los requisitos de acceso a las prestaciones estatales a los efectos de su reconocimiento.

Visto el carácter compatible y complementario de la renta garantizada de ciudadanía con el ingreso mínimo vital, el reconocimiento de los efectos retroactivos de la prestación estatal, previsto en la disposición transitoria segunda del Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, será compatible y no deducible con la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, como máximo tres meses, a partir de la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital hasta la fecha de notificación, por parte de la persona beneficiaria, al órgano técnico de la renta garantizada de ciudadana de la resolución de otorgamiento de la prestación estatal.

A partir del reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital, la dirección general competente en materia de renta garantizada debe acordar, si procede, que la persona titular reintegre, total o parcialmente, las prestaciones que ha percibido indebidamente, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentaria y subsidiariamente por la normativa reguladora de los ingresos de derecho público.

2. A los efectos de la valoración de los requisitos de acceso del ingreso mínimo vital por parte del órgano competente, los datos de las personas destinatarias y solicitantes de la renta garantizada de ciudadanía se podrán comunicar, sin el consentimiento previo de los titulares, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4 del Real decreto 20/2020, de 29 de mayo, con la finalidad de facilitar la información estrictamente necesaria para el reconocimiento y el control de las prestaciones de cada administración pública competente. La información facilitada no puede ser utilizada para ninguna otra finalidad si no es con el consentimiento de la persona interesada. Todo eso en aplicación de los artículos 5.1.b), 5.1.c) y 6 del Reglamento (UE) núm. 2016/679, y del artículo 8 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. En estas condiciones se pueden comunicar las resoluciones de las prestaciones de renta garantizada de ciudadanía a otras administraciones públicas, para llevar a cabo las actividades que, en el marco de la colaboración y la cooperación, deban efectuar estas administraciones en materia de gestión y control de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital.

Asimismo, en los mismos términos, la dirección general competente en materia de renta garantizada de ciudadanía, mediante los órganos competentes, puede comunicar telemáticamente, sin el consentimiento previo del titular, los datos personales y la información que resulte necesaria sobre la prestación de la renta garantizada de ciudadanía a las instituciones y los organismos públicos que lo soliciten para que puedan efectuar, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones derivadas de la aplicación del ingreso mínimo vital o de la prestación de renta garantizada de ciudadanía.

LE0000671569_20200723Disposición adicional décima introducida por el artículo 3 del D Ley 28/2020, 21 julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital («D.O.G.C.» 23 julio).Vigencia: 23 julio 2020

Disposición transitoria primera Titulares de la renta mínima de inserción regulada por la Ley 10/1997

1. Los titulares de los derechos económicos en aplicación de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción, que estén percibiendo la prestación económica regulada en la misma pasan a percibir la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, sin perjuicio de la facultad de la administración competente de comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la nueva renta garantizada de ciudadanía.

2. A los beneficiarios de una renta mínima de inserción no se les reduce la cuantía que reciben por esta prestación con la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos para recibirla.

Disposición transitoria segunda Plazo y efectos

El plazo de resolución para las solicitudes que se presenten en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley es de cinco meses. La resolución estimatoria, expresa o tácita, del derecho a la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía tiene efectos desde el 15 de septiembre de 2017.

Disposición transitoria tercera Desarrollo y cuantía de la prestación

1. Las cuantías económicas de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía deben desarrollarse de modo gradual, entre la fecha de entrada en vigor de la presente ley y hasta su plena implantación el 1 de abril de 2020. El requisito de carencia de ingresos inferior es entre el 85% del principio (15 de septiembre de 2017) y el 100% del indicador de renta de suficiencia al final de este período.

2. Para cada uno de los períodos que se indican en la siguiente tabla son aplicables el umbral de pobreza y la cuantía de la prestación que se establece, en función de la persona o personas que forman parte de la unidad familiar y siempre en las cuantías que se deriven del tanto por ciento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña vigente en cada momento:

Disposición transitoria cuarta Compatibilidades

1. La compatibilidad de la renta garantizada de ciudadanía con las rentas del trabajo a tiempo parcial se produce de forma progresiva y gradual y finaliza con la generalización de la complementariedad con todas las rentas derivadas de contratos a tiempo parcial para todas las personas que no dispongan de una cantidad de ingresos, rentas o recursos económicos considerada mínima para atender las necesidades básicas de una vida digna, de acuerdo con el importe correspondiente de la renta garantizada de ciudadanía. A estas personas se les complementan los ingresos hasta llegar a ese importe.

2. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, la renta garantizada de ciudadanía es compatible con las rentas del trabajo a tiempo parcial en los siguientes casos:

• a) Familias monoparentales con hijos a cargo. En este caso, el importe de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía consiste en la diferencia entre las rentas del trabajo y el importe de la prestación, de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria tercera. También inicialmente, la segunda persona de la unidad familiar solamente tiene derecho a percibir, en concepto de hijos a cargo, el importe fijado para la tercera persona en la tabla de la disposición transitoria tercera, es decir, entre 75 y 100 euros mensuales, de acuerdo con el desarrollo previsto.
• b) Personas que hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley sean beneficiarias de la renta mínima de inserción y la estén compatibilizando con rentas de contratos de trabajo a tiempo parcial en los términos legalmente establecidos. En este caso, el importe de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía consiste en la diferencia entre las rentas del trabajo y el importe de la prestación, de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria tercera.
• c) Perceptores de la renta garantizada de ciudadanía que obtengan un contrato de trabajo a tiempo parcial con unos ingresos inferiores al importe correspondiente de la renta garantizada de ciudadanía. En este caso, el importe de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía consiste en la diferencia entre las rentas del trabajo y el importe de la prestación, de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria tercera, inicialmente durante seis meses.

3. La cuantía de la renta garantizada de ciudadanía no puede ser objeto de incremento como consecuencia de una reducción del tiempo de trabajo contratado mediante el contrato de trabajo a tiempo parcial, salvo que se produzca por razones acreditadas de carácter económico, técnico, organizativo o productivo.

Disposición transitoria quinta Solicitudes de la renta mínima de inserción pendientes de resolución o suspendidas

Las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción, que se encuentren pendientes de resolución o suspendidas en la fecha de entrada en vigor de la presente ley se resuelven con el sistema de protección establecido por esta última.

Disposición transitoria sexta Vigencia de las atribuciones de la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción y del órgano técnico

Mientras no se desarrolla reglamentariamente la comisión a la que se refiere el artículo 22.4 y el órgano al que se refiere el artículo 22.5, las funciones de esta comisión y de este órgano se atribuyen a la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción y al órgano técnico de la renta mínima de inserción establecidos por la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción.

Disposición transitoria séptima Ausencias justificadas

Mientras no se desarrolla reglamentariamente la presente ley, se consideran ausencias justificadas, al efecto de la aplicación de lo establecido por el artículo 7.1.c, las que establece la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción.

Disposición transitoria octava

Para los perceptores de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía vigente y reconocidos hasta el 15 de diciembre del 2020, en el caso de ser titulares del ingreso mínimo vital con posterioridad al reconocimiento de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, el reconocimiento de los efectos retroactivos de la prestación estatal previsto en la disposición transitoria segunda del Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, será compatible y no deducible con la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, como máximo cuatro meses, a partir de la fecha de la solicitud del ingreso mínimo vital hasta la fecha de notificación, por parte de la persona beneficiaria, al órgano técnico de la renta garantizada de ciudadanía de la resolución en la que se otorga la prestación estatal.

LE0000671569_20200723Disposición transitoria octava introducida por el artículo 4 del D Ley 28/2020, 21 julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital («D.O.G.C.» 23 julio).Vigencia: 23 julio 2020

Disposición transitoria novena

«1. El plazo de resolución para las solicitudes de la renta garantizada de ciudadanía que se encuentren pendientes de resolución en la fecha de entrada en vigor del Real decreto ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, de personas beneficiarias que podrían tener derecho a la prestación estatal, quedará suspendido hasta la resolución del ingreso mínimo vital.

2. En los supuestos establecidos en el apartado anterior, y una vez se haya dictado y notificado la resolución del ingreso mínimo vital, el plazo de resolución de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía es de 30 días hábiles a contar desde la notificación, por parte de la persona beneficiaria, al órgano técnico de la renta garantizada de ciudadanía de la resolución en la que se otorga o se deniega la prestación estatal del ingreso mínimo vital.

3. En cualquier caso, los efectos económicos de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía se aplican desde la fecha de la solicitud, independientemente de la modalidad de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía.

LE0000671569_20200723Disposición transitoria novena introducida por el artículo 5 del D Ley 28/2020, 21 julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital («D.O.G.C.» 23 julio).Vigencia: 23 julio 2020

Disposición derogatoria

Se deroga la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción, con las excepciones establecidas por las disposiciones transitorias de la presente ley.

LE0000010769_20170331

Disposición final primera Desarrollo reglamentario

El Gobierno, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación de la presente ley, debe iniciar los trámites del desarrollo reglamentario.

Véase D 55/2020, 28 abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y se modifica el D. 123/2007, de 29 de mayo, por el que se determina el régimen aplicable a la solicitud y concesión de las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo, y se concretan los requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones creadas, en desarrollo de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico («D.O.G.C.» 30 abril).LE0000664478_20200723

Disposición final segunda Partida presupuestaria

1. El Gobierno debe incluir en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad la partida presupuestaria necesaria para garantizar la efectividad de la presente ley.

2. La Ley de presupuestos de la Generalidad debe fijar anualmente la cuantía del indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Disposición final tercera Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor el 15 de septiembre de 2017.