Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud P鷅lica de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un r間imen sancionador espec韋ico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19

1. En situaciones de pandemia o de epidemia declaradas por las autoridades competentes, el Consejo de Gobierno puede adoptar medidas de limitaci髇 de la actividad, del desplazamiento de las personas y de la prestaci髇 de servicios en los siguientes t閞minos:

• a) La confiscaci髇 o la inmovilizaci髇 de productos.
• b) La suspensi髇 del ejercicio de actividades.
• c) El cierre de empresas o de sus instalaciones.
• d) La intervenci髇 de medios materiales o personales.
• e) Limitaciones de aforo.
• f) Limitaciones de horarios de apertura y/o cierre de establecimientos, lugares o actividades.
• g) El establecimiento de medidas de seguridad sanitaria e higiene en determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
• h) La obligaci髇 de elaborar protocolos o planes de contingencia en determinados lugares y/o para el desarrollo de actividades.
• i) El establecimiento de medidas de autoprotecci髇 individual, como por ejemplo el uso de mascarilla y otros elementos de protecci髇, y el mantenimiento de distancias de seguridad interpersonal o entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al p鷅lico y en las terrazas al aire libre.
• j) La intervenci髇 de centros de servicios sociales en los t閞minos previstos en el siguiente art韈ulo.
• k) La obligaci髇 de suministrar los datos necesarios para el control y la contenci髇 del riesgo para la salud p鷅lica de que se trate y el registro de los datos suministrados, especialmente de datos que permitan la identificaci髇 de personas procedentes de lugares o asistentes a actividades o establecimientos que presenten un riesgo de transmisi髇 de enfermedades infectocontagiosas, con el fin de que las autoridades sanitarias puedan realizar su labor de control y b鷖queda epidemiol骻ica de brotes o situaciones de especial riesgo para la salud de la poblaci髇. En todo caso, los datos registrados ser醤 los estrictamente indispensables para cumplir esta finalidad de control y contenci髇 del riesgo, y los datos de car醕ter personal ser醤 tratados con estricto respeto a la normativa en materia de protecci髇 de datos.
• l) Ordenar a los ciudadanos y a las ciudadanas la prestaci髇 de servicios personales, de acci髇 u omisi髇, siempre de forma proporcionada a la situaci髇 de necesidad.
• m) Cualesquier otras medidas ajustadas a la legalidad vigente y sanitariamente justificadas.

2. As� mismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, con el fin de proteger la salud p鷅lica y prevenir su p閞dida o deterioro, las autoridades sanitarias auton髆icas, dentro del 醡bito de sus competencias, cuando lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, pueden adoptar medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalizaci髇 o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la poblaci髇 debido a la situaci髇 sanitaria concreta de una persona o de un grupo de personas o por las condiciones sanitarias en las que se realice una actividad.

3. Para controlar las enfermedades transmisibles, adem醩 de realizar las acciones preventivas generales y de la posible adopci髇 de las medidas preventivas previstas en los apartados anteriores, pueden adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que est閚 o hayan estado en contacto con estas y del ambiente inmediato, as� como las que se estimen necesarias en caso de riesgo de car醕ter transmisible. En particular, se pueden adoptar las siguientes medidas preventivas:

• a) Medidas de control de las personas enfermas, cuando sea procedente, como el aislamiento en el domicilio, el internamiento en un centro hospitalario o el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para esta finalidad.
• b) Sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado.
• c) Medidas de control de las personas que est閚 o hayan estado en contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro lugar adecuado para esta finalidad. A tal efecto, se entiende por cuarentena la restricci髇 de las actividades y la separaci髇, de las otras personas que no est醤 enfermas, de una persona respecto a la que pueda tenerse razonablemente la sospecha de que haya estado o haya podido estar expuesta a un riesgo para la salud p鷅lica y sea una posible fuente de propagaci髇 adicional de enfermedades, de acuerdo con los principios cient韋icos, las pruebas cient韋icas o la informaci髇 disponible.
• d) Sometimiento a observaci髇 o a medidas de vigilancia del estado de salud, a examen m閐ico o a pruebas diagn髎ticas de personas que presenten s韓tomas compatibles con la enfermedad transmisible de que se trate o de personas respecto a las que existan otros indicios objetivos que puedan suponer un riesgo de transmisi髇 de la enfermedad. La observaci髇, el examen o las pruebas ser醤 lo menos intrusivos o invasivos posible para permitir conseguir el objetivo de salud p鷅lica consistente en prevenir o contener la propagaci髇 de la enfermedad.
• e) Sometimiento a medidas profil醕ticas de prevenci髇 de la enfermedad, incluida la vacunaci髇 para determinados colectivos o la inmunizaci髇, con informaci髇, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopci髇 o la no adopci髇 de estas medidas.
• f) Medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de las personas que est閚 o hayan estado en contacto con estas, as� como de las zonas afectadas. A tal efecto, se entiende por zona afectada aquellos lugares geogr醘icos en los que sean necesarias medidas sanitarias de control de la propagaci髇 de la enfermedad. La determinaci髇 de la zona afectada se efectuar� de acuerdo con los principios de precauci髇 y proporcionalidad, procurando, siempre que resulte posible y eficaz, actuar lo antes posible o con m醩 intensidad o medida sobre las zonas concretas en las que se produzca la mayor afecci髇, para evitar perjuicios innecesarios al resto de la poblaci髇. Entre otras, estas medidas podr醤 consistir en:
  • - Medidas que comporten la limitaci髇 o la restricci髇 de la circulaci髇 o la movilidad de las personas dentro de la zona o la isla o las islas afectadas o en determinados lugares y espacios dentro de esta zona o en determinadas franjas horarias.
  • - Medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, incluido el establecimiento de pruebas diagn髎ticas previas o posteriores.
  • - Medidas de control de las tarifas y los precios m醲imos que deben aplicar los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios y sociosanitarios, p鷅licos y privados, para la realizaci髇 de las pruebas diagn髎ticas.
  • - Restricciones a las agrupaciones de personas, incluidas las reuniones privadas entre no convivientes, especialmente en los lugares y los espacios o con ocasi髇 del desarrollo de actividades que comporten un mayor riesgo de propagaci髇 de la enfermedad; todo ello sin perjuicio de las competencias estatales en relaci髇 con las reuniones en lugares de tr醤sito p鷅lico y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el art韈ulo 21 de la Constituci髇 espa駉la.
  • - Medidas de cribado consistentes en la realizaci髇 de pruebas diagn髎ticas de determinados sectores o grupos de la poblaci髇 particularmente afectados o vulnerables.
  
  Las restricciones a los desplazamientos y a las agrupaciones de personas enumeradas anteriormente nunca pueden ser absolutas, tienen que expresar con claridad y precisi髇 los desplazamientos y las agrupaciones que se restringen, y deben actuar con preferencia sobre los desplazamientos y las agrupaciones por razones meramente recreativas y de ocio. Se deben admitir, en todo caso, los desplazamientos y las agrupaciones que se realicen por motivos esenciales o justificados compatibles con la protecci髇 de la salud, sin perjuicio, si procede, de los controles o las medidas de prevenci髇 adicionales que se puedan establecer.
• g) Las otras medidas sanitarias justificadas y necesarias que, de acuerdo con los riesgos y las circunstancias en cada caso concurrentes, se estimen adecuadas para impedir o controlar la propagaci髇 de la enfermedad, en funci髇 del estado de la ciencia y del conocimiento existente en cada momento, siempre con sujeci髇 a los criterios y a los principios establecidos en esta ley y, en particular, de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Estas medidas pueden ser las siguientes:
  • - Medidas de salud p鷅lica:
    • - Consejos generales de salud p鷅lica.
    • - Identificaci髇 de contactos.
    • - Pruebas diagn髎ticas a todas las personas que presenten s韓tomas.
    • - Pruebas de cribado colectivas.
    • - Aislamiento y cuarentena a las personas afectadas.
    • - Limitaciones de desplazamientos territoriales que protejan del riesgo de transmisi髇 y limitaci髇 de desplazamientos personales, manteniendo en todos los niveles de alerta los desplazamientos esenciales, siempre que se realicen de forma individual o con la unidad de convivencia y con todas las medidas de precauci髇 higi閚icas y de distanciamiento. Se incluye la limitaci髇 en horario nocturno.
    • - Limitaci髇 del n鷐ero de personas que se puede reunir, tanto en espacios p鷅licos como privados.
    • - Coordinaci髇 sobre la estrategia, las directrices y los planes de escalada del tipo de asistencia sanitaria en atenci髇 primaria, hospitalaria y servicios sociales.
    • - Restricciones de visitas en las instalaciones residenciales.
    • - Regulaci髇 de la situaci髇 de los espacios de trabajo en condiciones de espacio y medidas de higiene.
    • - Control de apertura del comercio (aforo, cita previa u otras modalidades) de espacios de trabajo.
    • - Priorizaci髇 de gesti髇 de horarios para promover y garantizar la conciliaci髇 familiar.
    • - Regulaci髇 de las condiciones de apertura, afluencia, personales, materiales y temporales de los centros educativos y de ocio y tiempo libre.
    • - Regulaci髇 del aforo en establecimientos de restauraci髇 y hoteleros, atendiendo a condiciones de espacio y medidas de higiene (mascarilla, lavado de manos) y regulaci髇 de las condiciones de apertura materiales y temporales.
    • - Regulaci髇 de las actividades deportivas tanto profesionales y federadas como no profesionales atendiendo al tipo de deporte, los aforos y el uso de las instalaciones.
    • - Otras de naturaleza an醠oga que resulten necesarias para la lucha contra la pandemia o la epidemia.

La adopci髇 de estas medidas tiene por objeto garantizar el control de contagios y proteger la salud de las personas, y adecuarse al principio de proporcionalidad. A estos efectos, requiere la emisi髇 de un informe por parte de la Direcci髇 General de Salud P鷅lica que acredite la situaci髇 de riesgo de contagio, la situaci髇 de control de la pandemia o la epidemia, la suficiencia de las medidas, y la propuesta de las medidas que se deben adoptar.

El acuerdo que establezca las medidas tiene que indicar su duraci髇, que en principio no debe ser superior a quince d韆s, excepto que se justifique la necesidad de establecer un plazo superior, sin perjuicio de que se pueda producir la pr髍roga, justificando el mantenimiento de las condiciones que determinaron su adopci髇.

El establecimiento de dichas medidas se debe realizar teniendo en cuenta siempre la menor afectaci髇 a los derechos de las personas, y, siempre que sea posible, se deben ajustar territorialmente al m韓imo 醡bito necesario para asegurar su efectividad.

4. Las medidas y las actuaciones previstas en los apartados anteriores que se ordenen con car醕ter obligatorio y de urgencia o necesidad se deben adaptar a los criterios expresados en el art韈ulo 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, y, si afectan a derechos fundamentales, requieren autorizaci髇 o ratificaci髇 judicial, en los t閞minos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci髇 Contencioso-administrativa.

1. En los casos de riesgo inminente y grave para la salud de la poblaci髇, como crisis sanitarias o epidemias, la autoridad sanitaria auton髆ica competente, en funci髇 de la situaci髇 epidemiol骻ica y asistencial de cada centro o del territorio concreto en que este se encuentre, y siempre en atenci髇 a los principios de necesidad y proporcionalidad y a la situaci髇 de vulnerabilidad de las personas mayores o con discapacidad u otras personas usuarias, puede intervenir los centros de servicios sociales de car醕ter residencial de personas mayores y personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de an醠oga naturaleza, de car醕ter p鷅lico o privado, y disponer una serie de actuaciones en estos, que pueden consistir en:

• a) Asumir o controlar la asistencia sanitaria de las personas residentes con el personal sanitario propio del centro.
• b) Ordenar, por motivos de salud p鷅lica justificados, el alta, la baja, la reubicaci髇 y el traslado de las personas residentes a otro centro residencial, con independencia de su car醕ter p鷅lico o privado. La adopci髇 de estas medidas requerir� la colaboraci髇 voluntaria de las personas afectadas o, a falta de esta, la necesaria garant韆 judicial.
• c) Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales o la modificaci髇 de la capacidad u organizaci髇 de los existentes.
• d) Supervisar y asesorar en las actuaciones que realice el personal sanitario y no sanitario, en su caso, del centro.
• e) Designar a una persona empleada p鷅lica para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros, que sustituir�, plena o parcialmente, al personal directivo del centro y que podr� disponer de los recursos materiales y humanos del centro residencial intervenido, as� como de los recursos vinculados a la actividad sanitaria asistencial que se preste de forma habitual a las personas residentes en este.
• f) Secundar puntualmente el centro con personal, si es necesario.
• g) Modificar el uso de los centros residenciales para utilizarlos como espacios para uso sanitario.

2. La intervenci髇, que se acordar� en los t閞minos previstos en el art韈ulo siguiente, tendr� car醕ter temporal, y su duraci髇 no podr� exceder de la duraci髇 necesaria para atender a la situaci髇 que la origin�. La autoridad sanitaria auton髆ica competente acordar�, de oficio o a petici髇 de la persona titular del centro, el cese de la intervenci髇 cuando resulte acreditada la desaparici髇 de las causas que la hayan motivado.

1. Las medidas preventivas previstas en los art韈ulos anteriores se deben adoptar con la urgencia que el caso requiera, sin necesidad de seguir un procedimiento administrativo espec韋ico y con independencia de las medidas provisionales que se puedan adoptar de acuerdo con la legislaci髇 vigente en el seno de un procedimiento administrativo o con anterioridad a su iniciaci髇.

2. Las medidas se deben adoptar motivadamente, despu閟 de evaluar los principios cient韋icos, las pruebas cient韋icas o la informaci髇 disponible en cada momento, y teniendo en cuenta el principio de precauci髇, que debe posibilitar la l韈ita adopci髇 para asegurar un nivel elevado de protecci髇 de la ciudadan韆 cuando, despu閟 de la evaluaci髇 indicada, se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la poblaci髇, aunque contin鷈 existiendo incertidumbre cient韋ica.

Adem醩, las medidas que se adopten se deben ajustar a los siguientes requisitos:

• a) Tienen que respetar, en todo caso, la dignidad de la persona. En particular, las medidas de posible adopci髇 en relaci髇 con las personas deben ser lo menos intrusivas e invasivas posible para conseguir el objetivo de protecci髇 de la salud p鷅lica, procurando reducir al m韓imo las molestias o las inquietudes que se asocian a estas. En los casos de medidas de aislamiento y cuarentena deben quedar garantizados el suministro de alimentos y de bienes de primera necesidad y la disponibilidad de medios para el mantenimiento de las comunicaciones necesarias. El coste de este suministro y disponibilidad 鷑icamente debe ser asumido por la Administraci髇 auton髆ica en caso de imposibilidad de sufragarlo el sujeto o sujetos afectados. Cuando las circunstancias impongan el cumplimiento de estas medidas fuera del domicilio de la persona o las personas afectadas, se deben poner a su disposici髇 instalaciones adecuadas, a costa de la Administraci髇 auton髆ica.
• b) Se tiene que procurar, siempre y preferentemente, la colaboraci髇 voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias.
• c) No se pueden ordenar medidas obligatorias que comporten riesgo para la vida.
• d) Se deben utilizar las medidas que menos perjudiquen a la libre circulaci髇 de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualquier otro derecho afectado.
• e) Las medidas deben ser proporcionadas al fin perseguido.

3. En caso de medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades p鷅licas, el requisito de proporcionalidad previsto en el apartado anterior exigir� que:

• 1.� Las medidas sean adecuadas, en el sentido de 鷗iles para conseguir la finalidad perseguida de protecci髇 de la salud p鷅lica.
• 2.� Las medidas sean necesarias, en el sentido de que no exista otra medida alternativa menos onerosa para la consecuci髇 de esta finalidad con la misma eficacia.
• 3.� Las medidas sean ponderadas o equilibradas por derivarse de estas m醩 beneficios o ventajas para el inter閟 general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto, en atenci髇 a la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales y las libertades p鷅licas y las circunstancias personales de quienes la sufren.

En la motivaci髇 de las medidas se debe justificar de forma expresa la proporcionalidad de estas en los t閞minos indicados. Adem醩, la adopci髇 de las medidas requiere la necesaria garant韆 judicial con arreglo a lo dispuesto en la legislaci髇 procesal aplicable.

4. Las medidas deben ser siempre temporales. La duraci髇 se tiene que fijar para cada caso, sin que excedan de lo que exija la situaci髇 de riesgo inminente y extraordinario que las justific�, y sin perjuicio de las pr髍rogas sucesivas acordadas mediante resoluciones motivadas.

5. Cuando las medidas afecten a una pluralidad indeterminada de personas, tienen que ser objeto de publicaci髇 en el Bolet韓 Oficial de las Illes Balears. Si la medida afecta a una o varias personas determinadas, se les tiene que dar audiencia con car醕ter previo a la adopci髇, siempre que esto sea posible. Si, debido a la urgencia, no resulta posible efectuar la audiencia previa, se debe realizar en el momento oportuno despu閟 de la adopci髇 y la aplicaci髇 de la medida.

6. La ejecuci髇 de las medidas puede incluir, cuando resulte necesario y proporcionado, la intervenci髇 directa sobre las cosas y la compulsi髇 directa sobre las personas, con independencia de las sanciones que, en su caso, se puedan imponer. A tal efecto, se tiene que recaudar la colaboraci髇 de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sea necesaria para la ejecuci髇 de las medidas.

7. Las autoridades sanitarias deben informar a la poblaci髇 potencialmente afectada, para proteger su salud y seguridad, por los medios en cada caso m醩 apropiados, de los riesgos existentes y de las medidas adoptadas, as� como de las precauciones procedentes tanto para que ella misma pueda protegerse del riesgo como para conseguir su colaboraci髇 en la eliminaci髇 de sus causas, y, a tal efecto, pueden formular las recomendaciones sanitarias apropiadas.

1. Las autoridades sanitarias deben potenciar el papel de las nuevas tecnolog韆s en la gesti髇 y el control de los riesgos para la salud p鷅lica.

2. A los efectos que prev� el apartado anterior, entre otras iniciativas, pueden desarrollar sistemas de informaci髇 y aplicaciones para dispositivos m髒iles que operen como medidas complementarias para la gesti髇 de crisis sanitarias derivadas de enfermedades de car醕ter transmisible.

Estos sistemas de informaci髇 y aplicaciones pueden tener, entre otras, las siguientes funcionalidades:

• a) Recepci髇, por parte de la persona usuaria, de informaci髇 o alertas relativas a consejos pr醕ticos y orientaciones de car醕ter general ante la enfermedad de que se trate, as� como recomendaciones respecto a acciones y medidas adecuadas que hay que seguir.
• b) Geolocalizaci髇 de recursos de inter閟 que puedan servir de apoyo a la ciudadan韆 para el seguimiento de las pautas de salud o movilidad u otras.
• c) Determinaci髇 del nivel de riesgo transmisor de la persona usuaria, en base a los datos que de la persona usuaria tenga el Servicio de Salud de las Illes Balears.
• d) Identificaci髇 de contactos de la persona usuaria que sean epidemiol骻icamente relevantes.
• e) Recepci髇, por la persona usuaria, de avisos sobre el riesgo efectivo en el que se encuentre por ser contacto epidemiol骻icamente relevante de una persona diagnosticada de la enfermedad transmisible.
• f) Proporcionar a la persona usuaria el apoyo digital de informaci髇 o documentaci髇 individual relativa a sus circunstancias laborales y de localizaci髇 geogr醘ica u otras, con el fin de facilitar la aplicaci髇 de las medidas que adopten las autoridades competentes en la gesti髇 de la crisis sanitaria, en la medida y en los t閞minos que lo permitan las disposiciones o los actos que disciplinen estas medidas.

Tanto en el desarrollo como en la puesta en marcha y en el funcionamiento de estos sistemas y aplicaciones y, posteriormente, en su desactivaci髇, se debe garantizar el respeto necesario a la normativa vigente en materia de protecci髇 de datos y confidencialidad de las comunicaciones.

1. En el ejercicio de las competencias propias, la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y los ayuntamientos se tienen que facilitar la informaci髇 que necesiten en materia de salud p鷅lica y se tienen que prestar rec韕rocamente la cooperaci髇 y la asistencia activa para el ejercicio eficaz de estas.

2. Los 髍ganos competentes de la Administraci髇 auton髆ica y de la local, en el marco de sus respectivas competencias, y de acuerdo con los principios de eficacia, coordinaci髇, colaboraci髇 y lealtad institucional, deben velar por la observancia de la normativa de salud p鷅lica y por el cumplimiento de las medidas de prevenci髇, ejerciendo las oportunas funciones de inspecci髇, control y sanci髇, en conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

3. Los ayuntamientos pueden recaudar la colaboraci髇 y el apoyo t閏nico que necesiten de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma y de los consejos insulares para el cumplimiento de esta ley. A tal efecto, se pueden subscribir los convenios de colaboraci髇 oportunos.

4. Cuando no se hayan subscrito los convenios a los que hace referencia el apartado anterior, la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma debe apoyar a los ayuntamientos en caso de que estos se lo soliciten expresamente, motivando la concurrencia de circunstancias de car醕ter extraordinario que puntualmente sobrepasen la capacidad municipal.

5. En particular, en los casos de crisis sanitarias o epidemias, la Administraci髇 auton髆ica puede asumir, en la forma establecida en el art韈ulo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, la realizaci髇 de actividades de car醕ter material o t閏nico de competencia de las autoridades sanitarias locales, especialmente la realizaci髇 de actividades auxiliares, previas, preparatorias o de colaboraci髇 material con los 髍ganos administrativos instructores de expedientes sancionadores, por razones de eficacia o cuando las autoridades sanitarias locales no posean los medios t閏nicos, personales o materiales id髇eos para su desempe駉, priorizando los casos de los municipios de menor poblaci髇 y medios.

• h) La comisi髇 de cualquiera de las infracciones graves previstas en el art韈ulo 4 siguiente en un territorio donde se haya declarado el m醲imo nivel de alerta sanitaria, porque comporta un riesgo muy alto o extremo, transmisi髇 comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario

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• g) La comisi髇 de cualquiera de las infracciones leves previstas en el art韈ulo 5 siguiente en un territorio donde se haya declarado el m醲imo nivel de alerta sanitaria, porque comporta un riesgo muy alto o extremo, transmisi髇 comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario.

• e) Incumplir la acreditaci髇 del resultado negativo de las pruebas diagn髎ticas que, en su caso, se establezcan, con car醕ter previo, como medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada en estas, o la negativa a someterse a estas pruebas con car醕ter posterior, salvo los supuestos en los que se acredite que se dispone del Certificado UE COVID-19 o de un documento an醠ogo admitido por las autoridades sanitarias espa駉las o europeas.