Ley 2/2023, de 22 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la Red ecol骻ica europea Natura 2000 en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura

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Sumario

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

La Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 40.1 del Estatuto de Autonom韆, promulgo la siguiente ley.

Exposici髇 de motivos

I

La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres (Directiva de Aves), posteriormente derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, tiene por objeto la protecci髇, administraci髇 y regulaci髇 de los individuos y poblaciones de las especies de aves cuyo ciclo vital se desarrolla en territorio europeo.

A tal fin, la citada Directiva de Aves establec韆 en su art韈ulo 4 que los Estados miembros deb韆n clasificar en particular como Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves (ZEPA), los territorios m醩 adecuados en n鷐ero y en superficie para la conservaci髇 de las especies mencionadas en el Anexo I y las aves migratorias regulares dentro de la zona geogr醘ica mar韙ima y terrestre y, todo ello, a efectos de coordinaci髇 y de la creaci髇 de una red coherente a nivel europeo.

Ante la constataci髇 de la progresiva y grave p閞dida de biodiversidad en la Uni髇 Europea, por el impacto adverso de las actividades humanas, y la necesidad de actuar a escala comunitaria, se cre� en 1992 la Red Natura 2000, a trav閟 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva H醔itats), que integr� las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves (ZEPA) de la Directiva 79/409 de Aves.

La Red Natura 2000 es una red ecol骻ica de 醡bito europeo que tiene como objetivo garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservaci髇 favorable, de los tipos de h醔itats naturales y de los h醔itats de las especies de que se trate en su 醨ea de distribuci髇 natural. La red incluye las zonas especiales de conservaci髇 (ZEC), designadas a partir de los lugares de importancia comunitaria (LIC) propuestos por los estados miembros por albergar h醔itats y especies de fauna (no aves) y flora de inter閟 comunitario en aplicaci髇 del art韈ulo 4 de la Directiva H醔itats, y por las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves (ZEPA) propuestas para la conservaci髇 de las especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular en aplicaci髇 del art韈ulo 4 de la Directiva Aves.

La Red Natura 2000 es una red ecol骻ica de 醡bito europeo que tiene como objetivo garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservaci髇 favorable, de los tipos de h醔itats naturales y de los h醔itats de las especies de que se trate en su 醨ea de distribuci髇 natural. La red incluye las zonas especiales de conservaci髇 (ZEC), designadas a partir de los lugares de importancia comunitaria (LIC) propuestos por los estados miembros por albergar h醔itats y especies de fauna (no aves) y flora de inter閟 comunitario en aplicaci髇 del art韈ulo 4 de la Directiva H醔itats, y por las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves (ZEPA) propuestas para la conservaci髇 de las especies de aves silvestres y las aves migratorias de presencia regular en aplicaci髇 del art韈ulo 4 de la Directiva Aves.

Conforme al marco jur韉ico establecido por la Directiva de Aves y por la Directiva de H醔itats los Estados miembros no solo tienen, exclusivamente, la obligaci髇 de clasificar como Zonas de Especial Protecci髇 (ZEPA) los territorios m醩 adecuados en n鷐ero y en superficie, sino que para cumplir plenamente las exigencias de la Directiva sobre las Aves deben, adem醩, garantizar la protecci髇 jur韉ica de estas zonas.

En este sentido, aunque pudiera ser posible, la norma comunitaria no impone -de forma simult醤ea- la delimitaci髇 de los territorios de las ZEPA y la concreci髇 de su correspondiente r間imen de protecci髇. La Directiva comunitaria ha optado por un proceso evolutivo de previa delimitaci髇 de zonas, seguido de una posterior y sucesiva determinaci髇 del r間imen jur韉ico aplicable en la que ya s� se producir� una afecci髇 directa a los derechos e intereses y, por tanto, de car醕ter reglamentario.

II

La incorporaci髇 de Espa馻 a la Comunidad Econ髆ica Europea supuso la necesidad de desarrollar las obligaciones derivadas de las directivas europeas vigentes en ese momento y en lo que ahora interesa, lo concerniente a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres (Directiva de Aves).

Sin embargo, la trasposici髇 al derecho interno de las normas comunitarias relativas a la obligaci髇 de declarar y al procedimiento de declaraci髇 no se produce hasta la aprobaci髇 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, correspondiendo la competencia a las Comunidades Aut髇omas, sin perjuicio de las excepcionales competencias estatales en lo que respecta al mar territorial. De manera expresa se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre este concreto aspecto, se馻lando que el legislador b醩ico estatal pr醕ticamente ha reenviado a la legislaci髇 auton髆ica de desarrollo la 韓tegra definici髇 de las medidas de conservaci髇 a adoptar en las zonas especiales de conservaci髇 y las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves que conforman la Red Natura 2000 , para subrayar a continuaci髇 que la declaraci髇 de las referidas zonas corresponde a las propias Comunidades Aut髇omas � (STC 138/2013, de 6 de junio, FJ 9).

En el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, mediante la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservaci髇 de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura se trasponen al marco normativo auton髆ico, por primera vez, las figuras de la Red Ecol骻ica Europea Natura 2000 y se regula un procedimiento de declaraci髇 de las zonas de la Red Natura 2000 que incluye informaci髇 p鷅lica, consultas, tr醡ites de audiencia y Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente.

Con esta Ley se procede, adem醩, a otorgar a estas zonas un r間imen de protecci髇 y de conservaci髇 conforme el Derecho Comunitario, cumpliendo las obligaciones que le incumben a la Comunidad Aut髇oma. As�, el art韈ulo 56 ter establece que las zonas de la Red Natura 2000 podr醤 contar con Planes de Gesti髇, que se a馻dir醤 a las obligatorias medidas reglamentarias, administrativas o contractuales adoptadas y que deber醤 elaborarse teniendo en cuenta las caracter韘ticas espec韋icas de cada zona y todas las actividades previstas. En aplicaci髇 de esta disposici髇 se aprobaron planes de gesti髇 integrados por la parte dispositiva, el r間imen legal de protecci髇, la descripci髇 literal del l韒ite de la ZEPA y la cartograf韆, que se contiene en los Anexos de las respectivas disposiciones normativas, orden醤dose su publicaci髇.

Finalmente, el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecol骻ica europea Natura 2000 en Extremadura, ha desarrollado el r間imen jur韉ico de la red y aprobado muchos de sus planes de gesti髇.

III

La reciente constataci髇 de que 55 territorios de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, que se supon韆 que hab韆n sido declarados Zonas de Especial Protecci髇 de las Aves (ZEPA), nunca hab韆n llegado en realidad a ser declaradas como tales, hace indispensable dotar de seguridad jur韉ica la situaci髇 en que se encuentran dichos territorios nunca declarados por 髍gano competente ni por cualquier otro 髍gano, aunque careciera de tal competencia.

Se hace indispensable y necesario proceder a tal declaraci髇 para asegurar, en primer lugar, la protecci髇 ambiental que se ha venido dispensando desde el principio con el establecimiento efectivo de las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves, y, en segundo lugar, para dar cobertura a las actividades que a tal fin se han realizado hasta ahora.

Esa falta total y absoluta de declaraci髇 por parte de la Junta de Extremadura de las 55 ZEPA no ha impedido que en ocasiones el Consejo de Gobierno haya hecho referencia, dando por supuesta err髇eamente su existencia, a todas o alguna de las 55 ZEPA. Es el caso del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecol骻ica europea Natura 2000 en Extremadura.

Tales referencias sin expresa declaraci髇 previa de las ZEPA no bastan para dar seguridad jur韉ica a la situaci髇 generada al comprobar la inexistencia de tal declaraci髇.

La solicitud de revisi髇 de oficio del Decreto 110/2015 o el recurso extraordinario de revisi髇 presentado ante el Tribunal Supremo de determinadas sentencias reca韉as en relaci髇 con el embalse de Valdeca馻s hacen imposible no afrontar la situaci髇 y dar soluciones definitivas a dicha falta de declaraci髇.

Se trata, por tanto, de declarar formalmente, a fecha cierta a trav閟 de la presente norma la situaci髇 de las 55 ZEPA nunca declaradas, aunque establecidas de modo efectivo, pues son todas ellas las que precisan de una cobertura completa, manteniendo en todo caso los l韒ites territoriales de dichas 醨eas de modo que la Red Natura 2000 en nuestra Comunidad Aut髇oma no sufra disminuci髇 o detrimento en la superficie, grado y calidad de la protecci髇 ambiental.

Todo lo expuesto hasta ahora motiva la necesidad de dictar la presente norma con rango legal y de explicar, en primer t閞mino, qu� es lo que parece que ha sucedido para que 55 territorios que se ven韆n considerando como ZEPA nunca hayan sido en realidad declarados como tales.

En segundo lugar, se pretende declarar la vigencia del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, que sin declarar las ZEPA estableci� con car醕ter general el r間imen jur韉ico de las mismas y aprob� muchos de sus planes de gesti髇, suponi閚dolas err髇eamente ya declaradas.

En tercer lugar, se quiere dar absoluta seguridad jur韉ica a las normas o situaciones jur韉icas que afectan a las ZEPA que han quedado afectadas por sentencias judiciales diversas. En todos los casos se trata de decisiones judiciales dictadas bajo la hip髏esis de que los territorios respectivos hab韆n sido declarados como ZEPA, cuando en realidad no lo hab韆n sido nunca.

IV

Mientras que respecto de otros territorios s� existen actos expresos de declaraci髇 de los mismos como ZEPA - como en el caso de los comprendidos en el ANEXO I de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservaci髇 de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, y el de los declarados el a駉 2000 por el Consejo de Gobierno en su Decreto 232/2000, de 21 de noviembre -, no existe ninguna declaraci髇 expresa al respecto en los archivos de la Junta de Extremadura ni existe en el Diario Oficial de Extremadura ninguna publicaci髇 de tal supuesta declaraci髇 expresa para ninguno de los referidos 55 territorios.

Lo 鷑ico que existe son unas propuestas t閏nicas de zonas de especial protecci髇 para las aves que 髍ganos t閏nicos y 髍ganos directivos inferiores remitieron, pero como meras propuestas, al Departamento competente de la Administraci髇 del Estado para su env韔 a la Comisi髇 Europea. Pero dichos 髍ganos no eran competentes para hacer siquiera tal propuesta, ni tampoco la Comisi髇 ten韆 competencia para declarar las ZEPA.

Ese modo de proceder responde probablemente a un equ韛oco, al seguir, aunque tambi閚 de modo incompleto, un procedimiento que no es el previsto para la aprobaci髇 de las ZEPA sino el que la Directiva 92/43/CEE, de H醔itats, preve韆 para estos, se馻lando que los Estados miembros deben proponer una lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC propuestos) que tras su aprobaci髇 por parte de la Comisi髇 (LIC aprobados) deben ser declarados tambi閚 por los Estados, en un plazo de 6 a駉s como m醲imo, como Zona Especial de Conservaci髇 (ZEC); pero las ZEPA no tienen que ver con esas zonas de especial conservaci髇.

En todo caso, despu閟 de que la Comisi髇 las incluyera en sus listados (inclusi髇 que no equivale a aprobaci髇, pues esta corresponde solo a los Estados en el caso de las ZEC) ni siquiera la Junta de Extremadura aprob� esa propuesta, que no era, adem醩, para un LIC, sino para una ZEPA. Tampoco se llegaron a aprobar ni como ZEC, ni como ZEPA.

En todo caso, trat醤dose de ZEPA no existe ese tr醡ite previo de propuesta a la Comisi髇, sino que su declaraci髇 es competencia exclusiva de los Estados miembros. No se tuvo en cuenta as� el Derecho interno el de Extremadura y el estatal , en el que las previsiones del art韈ulo 33.1 de la redacci髇 original de la Ley 8/1998 dispon韆n que es la Junta de Extremadura quien aprueba los espacios naturales protegidos, que en esa redacci髇 original puede entenderse que comprend韆 todos, incluyendo las ZEPA que ya se hab韆n declarado en 1998, como es el caso de las que se recogen en el ANEXO I de la referida Ley, consideradas entonces como formando parte del g閚ero Zona Especial de Protecci髇 para Aves .

Sea como fuere, se dio por supuesto que las ZEPA propuestas hab韆n sido declaradas por la Comisi髇, por su mera propuesta de inclusi髇 t閏nica en unos listados de 閟ta, sin valor declarativo alguno y sin que tal declaraci髇 t閏nica fuera acordada, asumida o decidida por 髍gano competente de la Administraci髇 regional. Tal err髇ea suposici髇 podr韆 explicar el porqu� de una falsa creencia, pero no legitimar o dar valor a la falta de declaraci髇 como ZEPA de los 55 territorios a que se refiere esta norma con rango y fuerza de Ley.

V

El Decreto 110/2015, de 19 de mayo, tampoco declar� las 55 ZEPA, sino que, d醤dolas err髇eamente por declaradas, regul� con car醕ter general la Red ecol骻ica europea Natura 2000 en Extremadura, estableciendo el r間imen jur韉ico de la red, y aprob� muchos de sus planes de gesti髇.

La consecuencia es que, aunque por primera vez un 髍gano competente para declarar aquellas ZEPA aprob� una norma que se refer韆 a ellas, no hizo un pronunciamiento declarativo o de subsanaci髇 de la ausencia de declaraci髇.

La Junta de Extremadura no ten韆 la voluntad de declarar las 55 ZEPA cuando aprob� el referido Decreto, ni pod韆 imaginar que estuviera subsanando la ausencia de tal declaraci髇, pues las daba err髇eamente por aprobadas.

Tampoco durante el procedimiento de elaboraci髇 del citado Decreto 110/2015 pod韆 deducirse que lo que se somet韆 a informaci髇 p鷅lica era la declaraci髇 de las ZEPA o la subsanaci髇 de la ausencia de declaraci髇.

Son razones de seguridad jur韉ica, por tanto, las que exigen declarar de una vez, de forma expresa y v醠ida, y al m醲imo nivel, mediante esta norma con rango de Ley, las citadas Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves, dotar de plena eficacia real al mencionado Decreto 110/2015 y mantener inc髄umes las disposiciones, actos o situaciones jur韉icas firmes dictadas o resueltas al amparo de dicha norma.

La seguridad jur韉ica constituye un principio esencial del Estado de Derecho y una exigencia fundamental para el mantenimiento del ordenamiento jur韉ico, y, a trav閟 de 閘, de la estabilidad econ髆ica y social. No en vano la Constituci髇 Espa駉la reconoce este principio en su art韈ulo 9.3 y, en palabras del Tribunal Constitucional, es suma de certeza y legalidad, jerarqu韆 y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicci髇 de la arbitrariedad ( ), equilibrada de tal suerte que debe permitir promover, en el orden jur韉ico, la justicia y la igualdad, en libertad (STC 27/1981, de 20 de julio).

En este contexto, los poderes p鷅licos tienen asignada la responsabilidad, en el 醡bito de sus competencias, de adoptar una serie de medidas que contribuyan a mejorar el marco normativo vigente, porque como record� el Tribunal Constitucional en STC 46/1990, de 15 de marzo, La exigencia del art韈ulo 9.3 relativa al principio de seguridad jur韉ica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusi髇 normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jur韉icos y los ciudadanos a qu� atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas… .

El ordenamiento jur韉ico es un instrumento al servicio de la sociedad, y cuando su aplicaci髇 produce un perjuicio desproporcionado al inter閟 p鷅lico, que, adem醩, no es ponderado ni con el esp韗itu ni con la finalidad de las normas, el legislador debe hacer un esfuerzo de innovaci髇 para lograr una soluci髇 equilibrada, racional y justa.

VI

De acuerdo con el ordenamiento jur韉ico espa駉l, corresponde a las Comunidades Aut髇omas declarar las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves (ZEPA) que el Derecho de la Uni髇 Europea ha impuesto como obligaci髇 de los Estados miembros en el art韈ulo 4 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres, cuando dispon韆 que los Estados miembros clasificar醤 en particular como zonas de protecci髇 especial de los territorios m醩 adecuados en n鷐ero y en superficie para la conservaci髇 en estas 鷏timas dentro de la zona geogr醘ica mar韙ima y terrestre en que es aplicable la presente Directiva .

Ciertamente, la declaraci髇 de las referidas zonas de especial protecci髇 para las aves es una competencia ejecutiva en materia de medio ambiente que, como tal competencia ejecutiva, corresponde desarrollarla a las Comunidades Aut髇omas, sin perjuicio de las excepcionales competencias estatales en lo que respecta al mar territorial. Debe tenerse en cuenta, adem醩, que la existencia de una regulaci髇 europea no modifica la distribuci髇 interna de competencias que establecen la Constituci髇 y las normas estatutarias.

De manera expresa se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre este concreto aspecto, se馻lando que el legislador b醩ico estatal pr醕ticamente ha reenviado a la legislaci髇 auton髆ica de desarrollo la 韓tegra definici髇 de las medidas de conservaci髇 a adoptar en las zonas especiales de conservaci髇 y las zonas de especial protecci髇 para las aves que conforman la Red Natura 2000 , para subrayar a continuaci髇 que la declaraci髇 de las referidas zonas corresponde a las propias Comunidades Aut髇omas � (STC 138/2013, de 6 de junio, FJ 9).

De modo que la presente norma encuentra soporte constitucional y estatutario reconocido en el art韈ulo 149.1. 23� de la Constituci髇 - que reconoce la competencia del Estado en materia de legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente, pero, a馻de, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut髇omas de establecer normas adicionales de protecci髇 - y en el art韈ulo 10.1.2 del Estatuto de Autonom韆 de Extremadura - 1. La Comunidad Aut髇oma de Extremadura tiene competencias de desarrollo normativo y ejecuci髇 en las siguientes materias: [ ] 2. Medioambiente. Regulaci髇 y protecci髇 de la flora, la fauna y la biodiversidad. Prevenci髇 y correcci髇 de la generaci髇 de residuos y vertidos y de la contaminaci髇 ac鷖tica, atmosf閞ica, lum韓ica, del suelo y del subsuelo. Regulaci髇 del abastecimiento, saneamiento y depuraci髇 de las aguas. Montes, aprovechamientos forestales y v韆s pecuarias -.

VII

La urgencia de aprobar la presente Ley obedece, principalmente, a la ausencia constatada de declaraci髇 formal de determinadas ZEPA que permita articular todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de h醔itats para todas las especies de aves. Y hacerlo con indiscutible fuerza imperativa, con la especificidad, precisi髇 y claridad exigidas para cumplir la exigencia de seguridad jur韉ica.

La declaraci髇 urgente de las 55 ZEPA a trav閟 de esta Ley responde, pues, a la necesidad de mantener la protecci髇 de las aves, que debe continuar, y que constituye la raz髇 鷏tima de la declaraci髇, en l韓ea con la obligaci髇 de hacer efectivo el mandato constitucional del art韈ulo 45.2 de la norma suprema sobre la utilizaci髇 racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente .

Esta finalidad de protecci髇 justifica, por s� sola, la necesidad de la norma a fin de dotar de seguridad jur韉ica a la regulaci髇 de los territorios comprendidos en las 55 ZEPA nunca declaradas.

La necesidad de cerrar definitivamente los problemas derivados de la falta de declaraci髇 de estas ZEPA, y de las distintas actuaciones que se produjeron suponiendo tal declaraci髇, hace necesario atender las situaciones creadas por el efectivo establecimiento de zonas como si fueran ZEPA declaradas, con actuaciones de todo tipo que se han ido desarrollando para la protecci髇 de las aves en todos los casos y en algunos supuestos al amparo de normas y planes que posteriormente fueron anulados sobre la base de la existencia de tal declaraci髇.

Pero no solo desde esa perspectiva se reclama una regulaci髇 que sustente el principio de seguridad jur韉ica, sino tambi閚 desde el punto de vista de los intereses privados afectados por la declaraci髇 de zonas de especial protecci髇 para las aves.

Por tanto, es necesario afrontar la declaraci髇 y regulaci髇 de las ZEPA de manera urgente para evitar las consecuencias de todo tipo que se derivar韆n de no legalizar la situaci髇 de las 55 zonas presuntas.

En primer lugar, para garantizar la protecci髇 de las aves, que es el designio primero de cualesquiera zonas de protecci髇 de estas especies y, entre ellas, las que se recog韆n en el Inventario ornitol骻ico IBA 98 , publicado en 1998 y elaborado por iniciativa de la Sociedad Espa駉la de Ornitolog韆 ( SEO/Birdlife ).

El vac韔 normativo que provoca la inexistencia de una declaraci髇 formal pone en evidente riesgo la protecci髇 de los valores ambientales presentes en los 55 territorios considerados. De un lado, las medidas y actuaciones hasta ahora adoptadas pueden ser jur韉icamente cuestionadas por falta de cobertura suficiente. De otro lado, sin tal declaraci髇 no ser韆 leg韙imo adoptar otras a futuro, una vez conocida la inexistencia de aqu閘la.

Finalmente, tampoco podemos obviar la urgencia de legalizar aquellas actuaciones y actos firmes que se hayan realizado y que sean conformes con la declaraci髇, y lo hubieran sido con los instrumentos de ejecuci髇 de lo que se cre韆 eran ZEPA legalmente declaradas.

No olvidemos, por otro lado, que la urgencia que preside la necesidad de abordar en este momento la materia que es objeto de esta norma legal viene adem醩 reforzada por el hecho de que nos encontramos en el per韔do final de la d閏ima legislatura de la Asamblea de Extremadura, que habr� de disolverse en el mes de marzo de 2023, lo que supondr� que decaer醤 en esa fecha los proyectos o propuestas no aprobados.

En el caso que nos ocupa, una dilaci髇 en el tiempo en la tramitaci髇 y aprobaci髇 de esta norma, deriv醤dola a la siguiente legislatura, supondr韆 dejar sin adecuada y suficiente protecci髇 medioambiental, y en una indeseable inseguridad jur韉ica, las 醨eas consideradas como ZEPA en Extremadura y que sin embargo nunca fueron declaradas como tales, como hemos reiterado.

VIII

Por otro lado, la conclusi髇 tajante de que todos los terrenos Red Natura 2000 han de clasificarse como suelo no urbanizable especialmente protegido, incluso los terrenos de menor valor ambiental y mayor grado de antropizaci髇 por su inmediatez al suelo urbanizado y habitado, supone cercenar el crecimiento de municipios cuyo entero t閞mino municipal est� incluido en aquella Red. El derecho a una vivienda digna, el derecho a unos servicios p鷅licos, sanitarios y educativos, por ejemplo, adecuados y suficientemente dimensionados, el derecho al desarrollo socioecon髆ico, etc., no pueden ser postergados sin justificaci髇 en la interpretaci髇 de las normas.

Afirmar que todos esos terrenos han de ser clasificados como suelo no urbanizable supone un enorme condicionante no derivado directamente de la legislaci髇 medioambiental. Las 醨eas delimitadas en dicha Red engloban en la mayor韆 de los casos extensas superficies de terrenos, en los que la presencia de valores a proteger es muy diversa y han de ser los instrumentos de gesti髇 los que, particularizando en cada caso los distintos valores ambientales presentes y la necesidad de protecci髇 en cada zona, determinen el r間imen de usos y condicionen, consecuentemente, la clasificaci髇 urban韘tica. No debemos olvidar que los terrenos Red Natura 2000 (las ZEPA, en particular) pueden ser objeto de sectorizaci髇 o zonificaci髇 con regulaci髇 de usos en funci髇 de su relevancia en orden a la protecci髇 de los valores protegidos. La intensidad de los usos ha de variar en atenci髇 a ese criterio, sin perjuicio de que la integridad de los valores ambientales protegidos quede garantizada.

Recoge esta Ley, a este respecto, el sentir de los agentes sociales y la sociedad civil representada en el Consejo Econ髆ico y Social de Extremadura, expresado en su Dictamen 2/2022, de 4 de julio, sobre Manifiesto por la seguridad jur韉ica del planeamiento territorial y urban韘tico (disponible en http://instituciones.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/dictamenes/2022/Dictamen_2_2022.pdf),

en el que se dictamina favorablemente el impulso de reformas legislativas que doten de seguridad jur韉ica al 醡bito de la ordenaci髇 del territorio y el urbanismo, propiciando una adecuada interpretaci髇 y practica correcta de los principios que rigen un urbanismo responsable, sostenible social, econ髆ico y medioambientalmente equilibrado , compartiendo asimismo como Consejo Econ髆ico y Social de Extremadura que un urbanismo responsable con protecci髇 del territorio solo puede llevarse a cabo con el di醠ogo de toda la sociedad en su conjunto .

A este respecto ha de recordarse que, de conformidad con el art韈ulo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres, el art韈ulo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, obliga a la Administraci髇 General del Estado y a las Comunidades Aut髇omas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, a fijar las medidas de conservaci髇 necesarias, que respondan a las exigencias ecol骻icas de los tipos de h醔itats naturales y de las especies presentes en tales 醨eas, aprobando adecuados planes o instrumentos de gesti髇 . Y que estos planes deber醤 tener en especial consideraci髇 las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares, o con limitaciones singulares espec韋icas ligadas a la gesti髇 del lugar .

En definitiva, el r間imen de las ZEPA no es 鷑ico para todo el territorio comprendido en su 醡bito, sino que admite una gradaci髇 de las medidas de protecci髇 en funci髇 de las exigencias de protecci髇 de las aves, que permite una adecuaci髇 de 閟tas a la realidad de cada espacio dentro de la respectiva zona de especial protecci髇.

Esto conlleva que, all� donde se haya constatado que determinados planes, programas y proyectos y la ejecuci髇 de los mismos no ha causado - ni causa - perjuicio a la integridad del lugar, haya de posibilitarse su convalidaci髇 o legalizaci髇, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 46, apartados 4 y 5, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En el caso particular del Proyecto de Inter閟 Regional Marina Isla de Valdeca馻s ha quedado acreditado que su ejecuci髇 no ha causado perjuicio a la integridad del espacio en cuesti髇, como puso de manifiesto el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 30 de junio de 2020 (confirmado por otro de 21 de septiembre del mismo a駉), en el que, tras transcribir el art韈ulo 6 de la Directiva 92/43/CEE, se concluye que El mantenimiento de lo construido no causa perjuicio a la integridad de la ZEPA . Afirmaci髇 que se sostiene en una labor cuidada y meticulosa de valoraci髇 de la prueba, en especial el informe pericial emitido por la Estaci髇 Biol骻ica Do馻na (CSIC).

Por otro lado, el instrumento de gesti髇 de este 醡bito territorial, cuya vigencia se mantiene temporalmente, inclu韆 los terrenos donde se ejecuta el proyecto dentro de las zonas de uso general, en las que est� permitido este tipo de intervenci髇.

Nada se opone, pues, a la legalizaci髇 de lo construido y finalizado en la denominada Isla de Valdeca馻s .

Por otro lado, el art韈ulo 46.5 de la citada Ley 42/2007 - y, en consonancia con aqu閘, el art韈ulo 56 qu醫er de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservaci髇 de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura - faculta la aprobaci髇 de planes, programas o proyectos que, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluaci髇 de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, deban realizarse por razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden, incluidas razones de 韓dole social o econ髆ica, adoptando las Administraciones P鷅licas competentes cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quede protegida. Tal declaraci髇 acerca de la concurrencia de razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden podr� realizarse para cada supuesto concreto mediante una Ley.

Esta previsi髇 es reflejo de lo dispuesto en los art韈ulos 2 y 3 de la vigente Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservaci髇 de las aves silvestres, que impone obligaciones a los Estados en relaci髇 con las aves en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecol骻icas, cient韋icas y culturales, habida cuenta de las exigencias econ髆icas y recreativas . Y, asimismo, el reflejo exacto de las previsiones de los apartados 4 y 5 del art韈ulo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Desde este punto de vista, en el caso del Proyecto de Inter閟 Regional Marina Isla de Valdeca馻s el inter閟 general relevante que justifica la concurrencia de tales razones imperiosas viene constituido por el propio medioambiente surgido tras la ejecuci髇 del proyecto, mucho m醩 rico y diverso que el preexistente, que se ver韆 seriamente da馻do, no solo por la ejecuci髇 de las obras de demolici髇 sino tambi閚 por la reposici髇 de un estado ambiental gravemente deteriorado. No debemos olvidar, por otra parte, que la isla representa una superficie terrestre 韓fima respecto a la ZEPA del embalse de Valdeca馻s (dentro de las 8.181,74 hect醨eas de esta zona, hay 134,5 hect醨eas en el sitio conocido como Isla de Valdeca馻s - 1,63 % de la superficie total del territorio), cuya protecci髇 se fundamenta en la l醡ina de agua que es el espacio en que se desenvuelven las aves acu醫icas. De manera que no se compromete la integridad de la ZEPA.

En sendos autos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictados el 30 de junio y el 21 de septiembre de 2020, se ha reconocido que la situaci髇 ambiental actual es mejor que la precedente (en base a informes periciales) y que la restituci髇 de la situaci髇 originaria es perjudicial, no solo por ese motivo, sino porque la demolici髇 conlleva un perjuicio ambiental mayor que el mantenimiento de lo construido. Se afirma en dichas resoluciones que 6. Advertida que la ejecuci髇 de las sentencias en sus justos t閞minos era imposible materialmente, reiteramos, como as� reconoci� la hoy recurrente desde un primer momento, el mantenimiento de lo construido y en funcionamiento, la demolici髇 de lo no terminado ni en funcionamiento, unido a la revegetaci髇 y a la adopci髇 de medidas de protecci髇 adecuada y eficientes para minimizar posibles efectos de la edificaci髇 en funcionamiento y la puesta en funcionamiento del EDAR, es la soluci髇 o modo de ejecuci髇 (鷑ica existente) de sentencia que garantiza la debida protecci髇 el medioambiente, al no producir, reiteramos, efectos negativos ambientales ni en la Isla ni en la ZEPA, y resultar en cambio, que a los efectos negativos ambientales en la ZEPA y en la Isla que provocar韆 la demolici髇 total de lo edificado, se unir韆n los efectos o perjuicios de 韓dole econ髆ico, as� como el principio de seguridad jur韉ica, que obliga a considerar actos y disposiciones no afectados por las Sentencias, como son la licencias y el Plan de Gesti髇 de la ZEPA, as� como lo manifestado por el Tribunal Supremo en supuestos similares al aqu� enjuiciado y, finalmente, la necesidad de no eludir el tiempo transcurrido desde el inicio, 2007, hasta el momento en que se resuelve el incidente de ejecuci髇, 2020, y la distinta realidad existente en uno y otro momento .

En conclusi髇, la restituci髇 total afectar韆 severamente al medio ambiente, no solo en el proceso de demolici髇 sino tambi閚 porque la situaci髇 a la que habr韆 que reponer los terrenos es mucho peor que la existente en la actualidad, produciendo una regresi髇 en la situaci髇 material de los mismos.

Por otro lado, tambi閚 concurren simult醤eamente razones imperiosas de 韓dole social y econ髆ica, que se concretan en el favorecimiento del desarrollo econ髆ico y social de los pueblos incluidos en la ZEPA y m醩 all� de la ZEPA, as� como evitar el proceso de abandono de los mismos evitando los perjuicios sociales, econ髆icos e incluso ecol骻icos de lo que se ha venido llamando en los 鷏timos a駉s el fen髆eno de la Espa馻 vaciada - o la Espa馻 vac韆 -, que est� siendo el foco de atenci髇 de las pol韙icas p鷅licas tanto a nivel estatal como auton髆ico.

No debemos olvidar que Extremadura ha establecido un firme compromiso para fomentar la transici髇 ecol骻ica como elemento de creaci髇 de riqueza en el medio rural en la Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demogr醘ico y territorial. Norma en la que se conmina a la Junta de Extremadura a fortalecer el papel de los espacios naturales como activos socioecon髆icos y su implicaci髇 para promover, en cooperaci髇 con otras pol韙icas sectoriales y tejiendo alianzas con los actores del territorio, los procesos de dinamizaci髇 econ髆ica y territorial, potenciando las sinergias entre conservaci髇 y desarrollo para convertirlos en 醨eas din醡icas e innovadoras, contribuyendo al progreso en los territorios rurales donde se localizan.

Desde que se inici� la ejecuci髇 del proyecto de la Isla de Valdeca馻s se han podido constatar los efectos del mismo en el crecimiento de la poblaci髇 y de la actividad en los municipios que forman parte de dicha ZEPA sin contar la poblaci髇 misma de la Isla y m醩 all� de ella, lo que demostrar韆 que no s髄o la finalidad es de inter閟 general social y econ髆ico, sino tambi閚 id髇ea y adecuada.

La necesidad de contener el proceso de despoblaci髇 y vaciamiento de los n鷆leos de poblaci髇 rurales del entorno y de promover condiciones para asegurar a sus habitantes una mayor igualdad de expectativas similares de futuro de car醕ter econ髆ico y social a las que tienen los habitantes de las ciudades son determinantes de la declaraci髇 de concurrencia de razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden, incluso de car醕ter econ髆ico y social, en la realizaci髇 y mantenimiento de los bienes, actividades y servicios que se relacionan.

Es igualmente determinante el hecho de que, al satisfacer el derecho a la igualdad de posibilidades y expectativas, con dicho mantenimiento no solo se beneficia a la poblaci髇 de los municipios rurales concernidos sino al conjunto de Extremadura, evitando las externalidades provocadas por el proceso de despoblaci髇 y vaciamiento.

As� se deprende igualmente del Dictamen 3/2019, del Consejo Econ髆ico y Social de Extremadura, de 23 de abril, Sobre las consecuencias socioecon髆icas de la desinversi髇 en grandes proyectos e instalaciones de ocio en las que se incluyan segundas residencias , disponible en http://instituciones.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/dictamenes/2019/Dictamen_3_2019.pdf, en el que se concluye lo siguiente:

El proyecto Isla de Valdeca馻s ha tenido un impacto favorable en la zona tanto desde el punto de vista econ髆ico como de generaci髇 de empleo y de fijaci髇 de poblaci髇 en el territorio. El CES de Extremadura reconoce que el medio ambiente es un valor preservable, pero a la fecha actual y de la documentaci髇 consultada, no encontramos datos concluyentes que acrediten que la actuaci髇 urban韘tica ha incidido negativamente en la Isla de Valdeca馻s en relaci髇 a la situaci髇 medioambiental preexistente.

Asimismo, creemos que los valores medioambientales tambi閚 deben constituir un elemento de progreso econ髆ico y social y, por ello, defendemos la necesidad de mantener un equilibrio de la protecci髇 de los ecosistemas con el desarrollo del territorio. Hemos de tender, pues, a alcanzar un desarrollo sostenible en el que la ecolog韆 sea un aliado y no un adversario.

Es opini髇 de este Consejo que, de existir, la magnitud del da駉 medioambiental que conllev� la puesta en funcionamiento del Complejo Marina de Valdeca馻s resulta menor que la que puede producirse sobre la poblaci髇 de El Gordo, y que, aun considerando los valores medioambientales dignos de ser contemplados y protegidos, hasta el extremo de hacer girar en torno suyo la estrategia de desarrollo de nuestra regi髇, su defensa no puede hipotecar las posibilidades de las poblaciones que con su presencia y trabajo han posibilitado la evoluci髇 y el sostenimiento de los ecosistemas que deseamos proteger .

Todo ello se consigue incidiendo s髄o en el 1,63 % de la superficie de la ZEPA, en un lugar que - como se puso de manifiesto desde el principio y se ha ratificado en fase de ejecuci髇 de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 195 y 196, de 9 de marzo de 2011, por los informes periciales aportados en esa fase a instancias del Tribunal - estaba degradado y en el que no hab韆 constancia de la presencia de aves, ni de que fuera parte de su h醔itat ni lugar de nidificaci髇.

El hecho de que el proyecto fuera de iniciativa particular por una sociedad mercantil fue y sigue siendo, adem醩, otro factor positivo, pues pon韆 de relieve que esa promoci髇 del inter閟 general del desarrollo econ髆ico y social de los municipios y poblaciones de la zona suscitaba el inter閟 econ髆ico de inversores; era, en definitiva, garant韆 de viabilidad para el futuro.

Se trata de una de las modalidades de colaboraci髇 p鷅lico-privado no formalizadas en ning鷑 instrumento organizativo especial, pero de la que se derivan los beneficios que al poder p鷅lico m醩 le interesa, sin realizar, 閘 mismo, las inversiones, ni asumir riesgos econ髆icos, ni equivocarse en la evaluaci髇 del 閤ito en la atracci髇 de inversores y actividades generadoras de empleo, dinamismo econ髆ico, evitando la despoblaci髇 y fijando y aumentando la poblaci髇.

En conclusi髇, la Asamblea de Extremadura, integrada por los representantes del pueblo de Extremadura, declara, mediante esta Ley, de inter閟 p鷅lico regional el Proyecto de Inter閟 Regional del Embalse de Valdeca馻s, y as� mismo que concurren razones imperiosas de primer orden, incluidas razones de 韓dole social o econ髆ica en el citado proyecto, al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservaci髇 de los h醔itats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Proyecto que, por otra parte, resulta conforme con la regulaci髇 de estos instrumentos establecida en los art韈ulos 35 y siguientes de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenaci髇 territorial y urban韘tica sostenible de Extremadura, dado su inter閟 regional, debido a su particular utilidad p鷅lica o inter閟 social. El proyecto debe incluir las obras de urbanizaci髇 y conexi髇 que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones que sean su objeto. Justificada su compatibilidad con los valores ambientales del espacio -y constatada por los Tribunales - nada se opone a su desarrollo en suelo no urbanizable protegido.

IX

La presente norma se compone de siete art韈ulos, una disposici髇 adicional, una disposici髇 transitoria, una disposici髇 derogatoria y tres disposiciones finales.

El art韈ulo primero declara como zonas de especial protecci髇 para las aves los cincuenta y cinco territorios que se relacionan en el art韈ulo 2 de la propia norma y se detallan con precisi髇 en el ANEXO IV del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecol骻ica europea Natura 2000 en Extremadura, por no haber sido declaradas v醠idamente con anterioridad.

El art韈ulo segundo enumera los territorios que se declaran ZEPA por ministerio de la Ley.

Complementariamente, el art韈ulo tercero declara vigentes, con efectos desde la entrada en vigor de esta norma y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la misma o haya sido anulado judicialmente, el citado Decreto 110/2015, de 19 de mayo, as� como otras disposiciones de car醕ter general. Asimismo, aclara que la denominaci髇, extensi髇, localizaci髇 y delimitaci髇 cartogr醘ica de cada uno de los 55 territorios que se declaran Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves son los que constan en el mencionado Decreto y en sus planes de gesti髇.

Finalmente, dicho precepto dispone que cualquier alteraci髇 en la denominaci髇, extensi髇 y delimitaci髇 de cada una de las zonas que se declaran en la presente norma corresponder� al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, y podr� realizarse en los casos y con el procedimiento previsto en la normativa vigente, sin que la regulaci髇 de tales aspectos en esta norma, ni las referencias al Decreto 110/2015 o a los planes de gesti髇 de cada uno de los lugares que a ellos se hacen en la misma supongan, por tal mera referencia, elevaci髇 del rango de los instrumentos normativos referidos y sin perjuicio de las obligaciones que respecto de la Uni髇 Europea han de cumplirse en relaci髇 con tales alteraciones, de acuerdo con las Directivas europeas de aplicaci髇.

El art韈ulo cuarto, por su parte, clarifica el R間imen jur韉ico de las ZEPA que se declaran, determinando sus normas aplicables.

El art韈ulo quinto, en aras a preservar la seguridad jur韉ica, indica que se conservar醤 los n鷐eros actuales con los que constaban registrados los 55 territorios que se declaran, salvo que eventualmente el Consejo de Gobierno resuelva cambiarlos, de acuerdo en su caso con la normativa vigente.

El art韈ulo sexto, con la misma finalidad de otorgar seguridad jur韉ica a actos y disposiciones afectados por la ausencia de declaraci髇 expresa de las ZEPA anterior a esta norma, dispone que se mantienen las resoluciones firmes relativas a licencias y cualesquiera otros t韙ulos habilitantes otorgados, as� como sobre proyectos, planes e instrumentos de ordenaci髇 relativos al 醡bito de los territorios ahora declarados ZEPA, que no hayan sido anulados judicialmente.

Por 鷏timo, el art韈ulo siete establece que los usos del suelo y las transformaciones urban韘ticas que, a la entrada en vigor de la Ley, se hayan aprobado en el 醡bito territorial de los espacios declarados como ZEPA, quedan legalizados cuando sean compatibles con la protecci髇 de los valores que su correspondiente plan o programa de gesti髇 hubiera establecido con car醕ter previo.

La norma contiene, adem醩, en su disposici髇 adicional primera algunas modificaciones de la Ley 8/1998, que se consideran necesarias para aclarar la redacci髇 y superar algunas contradicciones en los principios que inspiran distintos cap韙ulos de la Ley que es conveniente superar, o de mejoras que aconseja la experiencia.

Se introduce una disposici髇 transitoria por la que, tras, la declaraci髇 de las 55 ZEPA por ministerio de esta Ley, seguir醤 su curso los procedimientos de redelimitaci髇 de algunas de ellas, conservando todos los tr醡ites ya realizados.

Y, mediante la disposici髇 derogatoria, se declara que quedan derogadas en el 醡bito de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la propia Ley.

Por 鷏timo, a trav閟 de tres disposiciones finales se dispone, en la primera, que el Consejo de Gobierno desarrollar� la norma reglamentariamente; en la segunda, que quedan legalizados las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdeca馻s y se declara la concurrencia de razones imperiosas de inter閟 p鷅lico de primer orden, incluidas razones de 韓dole social y econ髆ica, en la realizaci髇 y mantenimiento de las concretas obras, construcciones e instalaciones realizadas, as� como de sus correspondientes usos y servicios complementarios, del Proyecto de Inter閟 Regional Isla de Valdeca馻s; y finaliza la Ley con la disposici髇 final tercera que ordena la entrada en vigor de la norma el mismo d韆 de su publicaci髇 en el Diario Oficial de Extremadura .

Disposici髇 adicional 鷑ica Modificaciones de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservaci髇 de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura

Se modifican los siguientes art韈ulos de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservaci髇 de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura:

Uno. El art韈ulo 16 queda redactado como sigue:

Art韈ulo 16 Tipolog韆

1. En consideraci髇 a las caracter韘ticas particulares y valores de los recursos naturales de cada espacio natural, su protecci髇 se articular� a trav閟 de alguna de las siguientes categor韆s:

• a) Parques Naturales.
• b) Reservas Naturales.
• c) Monumentos Naturales.
• d) Paisajes Protegidos.
• e) Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves.
• f) Zonas Especiales de Conservaci髇.
• g) Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformaci髇 en Zonas Especiales de Conservaci髇.
• h) Corredores Ecol骻icos y de Biodiversidad.
• i) Parques Periurbanos de Conservaci髇 y Ocio.
• j) Lugares de Inter閟 Cient韋ico.
• k) 羠boles Singulares.
• l) Corredores Ecoculturales.

2. Las anteriores denominaciones podr醤 aplicarse 鷑icamente a los Espacios Naturales Protegidos que se declaren expresamente como tales con arreglo a lo previsto en esta Ley.

Dos. El art韈ulo 21 queda redactado como sigue:

Art韈ulo 21 Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves, Zonas Especiales de Conservaci髇 y los Lugares de Importancia Comunitaria hasta su transformaci髇 en Zonas Especiales de Conservaci髇

Son los lugares declarados como Zonas de la Red Natura 2000 a trav閟 de alguna de las categor韆s del art韈ulo 27 bis y que, por imperativo de esta Ley, se declaran tambi閚 Espacio Natural Protegido, al objeto de que les sea de aplicaci髇 el r間imen jur韉ico previsto para los mismos.

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Tres. El apartado 1 del art韈ulo 28 queda redactado como sigue:

1. Los espacios naturales protegidos declarados en Extremadura configurar醤 una red suficiente, eficaz, representativa de los principales sistemas y formaciones naturales de la regi髇 y dotada de los instrumentos adecuados de gesti髇 que asegure el mantenimiento, mejora y conservaci髇 de los principales recursos naturales y la biodiversidad de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura.

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Cuatro. El art韈ulo 31 queda redactado como sigue:

Art韈ulo 31 Descalificaci髇 de 羠eas Protegidas de Extremadura

1. Un 羠ea Protegida o una zona de la misma s髄o podr� ser descalificada, con la consiguiente exclusi髇 autom醫ica de la Red, en virtud de una norma de igual o superior rango a la necesaria para su declaraci髇, y de acuerdo con el procedimiento previsto para 閟ta. Dicho procedimiento incorporar� un tr醡ite de informaci髇 p鷅lica, previo a la remisi髇 de la propuesta a la Comisi髇 Europea, en el caso de 醨eas incluidas en la Red Natura 2000.

2. La descalificaci髇 s髄o podr� realizarse cuando as� lo justifiquen los cambios provocados en el 醨ea protegida o en la zona de la misma por la evoluci髇 natural, cient韋icamente demostrada, reflejados en los resultados del seguimiento que debe realizarse de acuerdo con los planes de gesti髇. La zona descalificada podr� ser excluida sin m醩 o ser tambi閚 declarada como Zona Perif閞ica de Protecci髇 o como 羠ea de influencia socioecon髆ica con las limitaciones que en la misma se establezcan.

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Cinco. El art韈ulo 33 queda redactado como sigue:

Art韈ulo 33 Declaraci髇 de los Espacios Naturales Protegidos

1. La competencia de declarar los Espacios Naturales Protegidos, salvo en el caso de los Parques Naturales, se atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, el cual la ejercer� mediante Decreto dictado a propuesta de la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente, a instancia propia o de otras entidades.

En el caso de las declaraciones de las Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves y de las Zonas Especiales de Conservaci髇, as� como en el de las propuestas que se realicen de lugares como de Importancia Comunitaria se estar� a lo previsto en el Cap韙ulo VI de la presente Ley sobre las Zonas de la Red Natura 2000.

2. Los Parques Naturales ser醤 declarados mediante Ley, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

3. En el procedimiento de declaraci髇, cuando no vaya precedido de la aprobaci髇 previa de un Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, deber� otorgarse un tr醡ite de audiencia por un plazo de treinta d韆s a los afectados, las entidades locales, asociaciones ecologistas y otras entidades interesadas. Uno de los aspectos de esa audiencia habr� de referirse a la propuesta de determinaci髇 inicial de, por una parte, las zona de uso restringido, de inter閟 prioritario o de alto inter閟, as� como, por otra parte, la zona de uso general del art韈ulo 11.1 al objeto de determinar eventualmente en la declaraci髇 final la ampliaci髇 o restricci髇 de las primeras zonas de uso restringido, prioritario y alto inter閟 con sus usos, as� como, respecto de las segundas zonas, la ampliaci髇 o restricci髇 de las de uso general con sus usos o eventualmente su exclusi髇 del futuro espacio natural protegido, sin perjuicio todo ello de las concreciones que de acuerdo con la declaraci髇 final correspondan al posterior Plan de gesti髇 de la zona.

4. Al declarar los Espacios Naturales Protegidos podr醤 establecerse zonas perif閞icas de protecci髇 exteriores al espacio que se declara con finalidades de protecci髇 y transici髇 que eviten impactos ecol骻icos o paisaj韘ticos procedentes del exterior, mediante el establecimiento de criterios, principios o limitaciones que fije la propia declaraci髇 remitiendo su desarrollo a los planes urban韘ticos, sin perjuicio de que tales zonas puedan establecerse posteriormente.

5. Al objeto de favorecer el desarrollo socioecon髆ico de las poblaciones locales de forma compatible con los objetivos de conservaci髇 del espacio, en las disposiciones reguladoras de los Espacios Naturales Protegidos podr醤 establecerse 羠eas de Influjo Socioecon髆ico de acuerdo con el art韈ulo 43 y con los objetivos y el modelo a que se refieren las letras f), g) y h) de los art韈ulos 9 y 28.2, todos ellos de esta Ley, en las que podr醤 integrarse en todo caso los t閞minos municipales del 醨ea natural y su zona perif閞ica de protecci髇.

6. En todos los casos la declaraci髇 de Espacios Naturales Protegidos requerir� el informe preceptivo del Consejo Asesor de Medio Ambiente, as� como un tr醡ite de informaci髇 p鷅lica por tiempo no inferior a un mes.

7. En el caso de los Parques Periurbanos de Conservaci髇 y Ocio que ser韆n declarados, en su caso, a instancia de las entidades locales, la Consejer韆 competente en materia de medio ambiente elevar� al Consejo de Gobierno las propuestas formuladas por los municipios con los preceptivos informes elaborados por la Direcci髇 General con competencias en materia de medio ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

8. La declaraci髇 de Parques Naturales y Reservas Naturales exigir� la previa elaboraci髇 y aprobaci髇 del correspondiente Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales de la zona susceptible de protecci髇.

9. Excepcionalmente, podr醤 declararse Parques Naturales y Reservas Naturales sin la previa aprobaci髇 del Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, cuando existan razones que lo justifiquen, concretadas en la puesta en peligro de sus valores naturales o culturales, las cuales se har醤 constar expresamente en la norma que los declare. En este caso deber� tramitarse en el plazo m醲imo de un a駉, a partir de la declaraci髇 del Parque Natural o Reserva Natural, el correspondiente Plan de Ordenaci髇.

10. En el plazo m醲imo de un a駉 a partir de la aprobaci髇 del Plan de Ordenaci髇 de los Recursos Naturales, en el caso de los Parques Naturales y las Reservas Naturales, o a partir de la declaraci髇 de cualquier otro espacio natural protegido que lo exija, deber� realizarse y aprobarse el Plan Rector de Uso y Gesti髇.

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Seis. Se a馻de un nuevo art韈ulo 56 quinquies:

Art韈ulo 56 quinquies Zonificaci髇 de la Red Natura 2000 en Extremadura

1. Cada uno de los lugares que integran la Red Natura 2000 en Extremadura se zonificar�, en su caso, de acuerdo con las siguientes categor韆s de Zonificaci髇:

• a) Zona de Inter閟 Prioritario (ZIP): territorio que incluye 醨eas cr韙icas para la conservaci髇 de los elementos clave de mayor inter閟 en la gesti髇 del espacio.
• b) Zona de Alto Inter閟 (ZAI): territorio que incluye otras zonas de importancia para la conservaci髇 de los elementos clave de mayor inter閟, as� como 醨eas cr韙icas y zonas de importancia para la conservaci髇 del resto de elementos clave.
• c) Zona de Inter閟 (ZI): territorio que, si bien contribuye a la conservaci髇 de las especies Natura 2000 y de los h醔itats de inter閟 comunitario, no incluye zonas de especial importancia para la conservaci髇 de los elementos clave.
• d) Zona de Uso General (ZUG): territorio que no presenta valores naturales significativos en cuanto a los h醔itats de inter閟 comunitario y de las especies Natura 2000. Con car醕ter general, en esta zona se podr醤 incluir:
  • - Las superficies con mayor grado de antropizaci髇.
  • - Las 醨eas clasificadas como suelo urbano y urbanizable, o 醨eas clasificadas como suelo r鷖tico lim韙rofes a estas.
  • - La red de carreteras y otras infraestructuras viarias que limiten y recorran los lugares de la Red Natura 2000, as� como las de nueva construcci髇.

2. En la zonificaci髇 de un lugar de la Red Natura 2000 podr醤 delimitarse, en base a sus caracter韘ticas espec韋icas, alguna o algunas de las categor韆s de zonificaci髇 indicadas en el apartado anterior. La delimitaci髇 de las distintas zonas debe ajustarse a los siguientes criterios:

• a) La presencia, estado de conservaci髇 y grado de amenaza de los h醔itats de inter閟 comunitario y de las especies Natura 2000 por los que se designa cada lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservaci髇 establecidos para los mismos. Para cada h醔itat de inter閟 comunitario y para cada especie Natura 2000 se deben adoptar una serie de criterios objetivos para determinar la categor韆 de zonificaci髇 en la que deben incluirse. De este modo, en cada lugar de Red Natura 2000 se tendr醤 en cuenta las 醨eas cr韙icas y/o las zonas de importancia de los elementos clave, valorando los siguientes aspectos:
  • - Superficie y estado de conservaci髇 de los h醔itats seleccionados como elemento clave.
  • - Zonas con presencia de h醔itats de inter閟 comunitario y de otros valores del ANEXO II de la Directiva de H醔itats o del anexo I de la Directiva de Aves.
  • - Especies con mayor grado de amenaza, es decir, aquellas designadas como prioritarias por la Directiva H醔itats y/o aquellas incluidas en alguna de las tres primeras categor韆s de amenaza del Cat醠ogo Regional de Especies Amenazadas.
  • - 羠eas de nidificaci髇 o reproducci髇, teniendo en cuenta el n鷐ero de ejemplares que acogen.
  • - Zonas de concentraci髇 en el caso de las especies Natura 2000 que presenten un comportamiento gregario o colonial (colonias de cr韆, concentraciones pre y postnupcial, etc.).
  • - Zonas de alimentaci髇, dispersi髇 o invernada de especies Natura 2000.
  • - L韒ite de distribuci髇 de especies Natura 2000.
  • - Zonas con presencia de varias especies Natura 2000.
  • - Zonas concretas en las que el estado de conservaci髇 de los h醔itats de inter閟 comunitario o especies Natura 2000 est� especialmente comprometido.
  
  Excepcionalmente, podr醤 tenerse en cuenta otros elementos ambientales que, aun no habiendo sido causa de designaci髇 del lugar, sean merecedores de una consideraci髇 especial debido a su singularidad, representatividad, estado de conservaci髇 o alto grado de amenaza.
• b) Los usos y aprovechamientos existentes en el territorio.
• c) Las exigencias econ髆icas, sociales y culturales, as� como las particularidades regionales y locales de cada lugar de la Red Natura 2000.

3. En aquellos espacios de la Red Natura 2000 que coincidan con alguna otra 羠ea Protegida que no pertenezca, a su vez, a la citada Red se mantendr� la zonificaci髇 establecida en su correspondiente instrumento de gesti髇, siempre que integre criterios relativos a la Red Natura 2000.

LE0000017101_20230324

Siete. Se a馻de una nueva disposici髇 adicional und閏ima con el siguiente contenido:

Disposici髇 adicional und閏ima

La expresi髇 zonas de inter閟 regional presente en los art韈ulos 11.2, 37.2, 38.2 y 49.2, as� como en la disposici髇 adicional quinta, se sustituye por la expresi髇 Zonas de Especial Protecci髇 para las Aves, Zonas Especiales de Conservaci髇 y Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformaci髇 en Zonas Especiales de Conservaci髇 .

LE0000017101_20230324

DISPOSICIONES FINALES

Por tanto, ordeno a quienes sea de aplicaci髇 esta ley, que cooperen a su cumplimiento y a los tribunales y autoridades que corresponda la hagan cumplir.