Sumario

--> Ley [ANDALUC虯] 7/1994, 18 mayo, derogada por la letra a) del n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley [ANDALUC虯] 7/2007, 9 julio, de Gesti髇 Integrada de la Calidad Ambiental (獴.O.J.A.� 20 julio), el 20 de enero de 2008. Las referencias a las 玤randes superficies comerciales� y a los 玥ipermercados� contenidas en la presente Ley se entender醤 realizadas a los 玤randes establecimientos comerciales� conforme establece la Disposici髇 Final 1.� de la Ley [ANDALUC虯] 6/2002, 16 diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andaluc韆, y se crea la tasa por tramitaci髇 de licencias comerciales (獴.O.J.A.� 28 diciembre).--> V閍se D [ANDALUC虯] 283/1995, 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Aut髇oma Andaluza (獴.O.J.A.� 19 diciembre).-->

Exposici髇 de Motivos

La protecci髇 del medio ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo de los ciudadanos. Las sociedades desarrolladas precisan instrumentos legales y operativos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y al mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales. A este fin, vinculado al desarrollo econ髆ico y al progreso social, la acci髇 decidida de los poderes p鷅licos establece el marco de tutela de los valores ambientales en relaci髇 al conjunto de actividades cuyo dise駉 y ejecuci髇 tiene incidencia potencial en la conservaci髇 del medio ambiente.

Adem醩, la efectiva protecci髇 del medio es un derecho de los ciudadanos que si bien no es s髄o salvaguardado por la Administraci髇 P鷅lica, precisa con frecuencia de un alto grado de intervenci髇 en la consideraci髇 preventiva de las actividades y en la correcci髇 de los factores y efectos de la contaminaci髇 y degradaci髇 ambientales. Esta determinaci髇 de procedimientos y t閏nicas para garantizar el m韓imo impacto ambiental as� como la fijaci髇 de objetivos para modificar la realidad ambiental tiene un doble fin: En primer lugar, el incremento de las garant韆s que la acci髇 humana debe fijar en relaci髇 al mantenimiento de un medio ambiente saludable y a la calidad de vida y, en segundo t閞mino, la configuraci髇 de un desarrollo sostenible que permita asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales y poner 閟tos al servicio de la satisfacci髇 de las necesidades de la sociedad.

La Ley de Protecci髇 Ambiental de Andaluc韆 responde a la doble componente de tutela ambiental y de asignaci髇 de objetivos de calidad del medio ambiente para el desarrollo econ髆ico y social de Andaluc韆. El texto legal configura, por tanto, un instrumento necesario para al acci髇 p鷅lica en la defensa de un bien colectivo del que dependen la mejora del sistema productivo mediante su adecuaci髇 a par醡etros de calidad ambiental, la equiparaci髇 del nivel de vida a las exigencias y requerimientos de una sociedad moderna, as� como la conservaci髇 de un patrimonio natural de inter閟 y valor tanto para las generaciones andaluzas actuales como para las futuras.

En defensa del medio ambiente como bien colectivo, la presente Ley establece la responsabilidad que la acci髇 inadecuada de la iniciativa p鷅lica y privada o de los ciudadanos pueda conllevar en la limitaci髇 de uso de los recursos naturales y en la calidad de vida de la sociedad andaluza.

Es, por tanto, un texto legal innovador en la perspectiva de atribuir a los poderes p鷅licos la funci髇 de tutela ambiental y garantizar su capacidad de intervenci髇 en la modificaci髇 de situaciones no deseables, y a la vez, establecer un marco de referencia de la responsabilidad que las actuaciones de las organizaciones colectivas y de los propios ciudadanos debe conllevar en la necesaria cooperaci髇 para conseguir un medio ambiente sano y adecuado a los intereses sociales.

La Ley de Protecci髇 Ambiental de Andaluc韆 potencia la gesti髇 ambiental de las Corporaciones Locales y constituye en este sentido un adecuado instrumento para la mejora del medio ambiente urbano, facultando a las Corporaciones Locales para una acci髇 m醩 actualizada y eficaz en defensa del medio ambiente.

La Ley de Protecci髇 Ambiental de Andaluc韆 se suma a otras normas y disposiciones legales vigentes en la Uni髇 Europea, el Estado espa駉l y la propia Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆, en las que el esfuerzo de protecci髇 e impulso de la acci髇 institucional en materia de medio ambiente es una constante. Es, por tanto, una Ley que se inserta en el marco legal existente y cuyo contenido se refiere a un abanico concreto de actividades en el que la Comunidad Aut髇oma andaluza se dota de instrumentos de acci髇 m醩 precisos y adecuados a la realidad propia. Tiene, en suma, una decidida voluntad de complementaci髇 y afirmaci髇 de procedimientos para una correcta evaluaci髇 anticipada de los efectos ambientales de las actividades humanas y responde a la definici髇 de objetivos en tres elementos concretos relativos a la contaminaci髇 y a la degradaci髇 ambientales.

A este respecto, la Ley garantiza la asignaci髇 competencial y la adecuada intervenci髇 tanto de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma como de las Corporaciones Locales en su 醡bito territorial, instituyendo los necesarios mecanismos de cooperaci髇 y de fomento en la consideraci髇 de los riesgos ambientales y en la prestaci髇 de servicios a los ciudadanos.

La Ley se estructura en cuatro t韙ulos relativos respectivamente a disposiciones generales, prevenci髇 ambiental, calidad ambiental y disciplina ambiental. El texto legal cuenta igualmente con una disposici髇 adicional, tres transitorias, cuatro finales y tres anexos.

Las disposiciones generales establecen los objetivos b醩icos de la Ley as� como las definiciones necesarias para su delimitaci髇 competencial y de contenido.

El t韙ulo segundo, correspondiente a la prevenci髇 ambiental, fija el r間imen de las actuaciones a desarrollar por las Administraciones p鷅licas andaluzas en la aplicaci髇 de procedimientos y t閏nicas que permitan una adecuada valoraci髇 anticipada de los efectos ambientales de un conjunto de actividades. La singularidad de esta norma legal se encuentra en la complementaci髇 de la directiva 85/337 del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de junio de 1985, del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre.

El t韙ulo segundo se estructura, en suma, en cuatro cap韙ulos y establece tres procedimientos para la consideraci髇 de los efectos ambientales de las actividades correspondientes a los tres anexos de la Ley: Evaluaci髇 de Impacto Ambiental, informe ambiental y calificaci髇 ambiental.

El t韙ulo tercero relativo a la calidad ambiental se refiere a la calidad del aire, a los residuos y a la calidad de las aguas litorales. Contiene los objetivos de gesti髇 para mejorar y corregir los factores y los efectos que alteran o modifican la situaci髇 medioambiental en los tres 醡bitos. Establece, en definitiva, los requisitos que las actividades deben cumplir para conservar y mejorar el medio ambiente. La calidad del aire regulada b醩icamente por la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protecci髇 del ambiente atmosf閞ico, precisa de una actualizaci髇 que responda a las variaciones que la evoluci髇 industrial y urbana ha generado en este campo.

Especial inter閟 tiene la regulaci髇 del ruido como agente contaminante en las ciudades y pueblos de Andaluc韆 y su consideraci髇 como un especial elemento perturbador de la tranquilidad y el sosiego ciudadanos.

Los residuos generados en las actividades urbanas e industriales constituyen en la actualidad y desde su producci髇 hasta su gesti髇 final un conjunto de incidencias sobre el que es preciso actuar. El texto legal establece las condiciones en que las distintas operaciones deben llevarse a cabo y articula la intervenci髇 de los poderes p鷅licos que debe unirse al esfuerzo ciudadano en la minimizaci髇 de su producci髇 y un comportamiento m醩 cuidadoso de los subproductos que genera la actividad de todos. La Ley fomentar� de igual manera el reciclaje de todo tipo de residuos y permitir� mediante su aplicaci髇 en este campo, un aumento de la conciencia, individual y colectiva, en el desarrollo de conductas m醩 adecuadas y respetuosas con el medio ambiente.

La presente Ley complementa a este respecto la regulaci髇 vigente en la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos s髄idos urbanos, y en la Ley 20/1986, de 14 de mayo, b醩ica de residuos t髕icos y peligrosos.

El texto legal establece, adem醩, la figura del Plan Director Territorial de Gesti髇 de Residuos en el que se integrar醤 los Planes Directores Provinciales y que permitir� mediante la cooperaci髇 institucional fomentar una gesti髇 adecuada de los residuos.

El objetivo de calidad de las aguas litorales constituye otro de los 醡bitos regulados por la presente Ley, que responde a este respecto a la regulaci髇 b醩ica establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Se articula el canon de vertido con car醕ter progresivo y finalista, permitiendo, por un lado, la asignaci髇 equitativa de cargas en raz髇 de la perturbaci髇 o el da駉 que en el agua del mar origina la recepci髇 de los afluentes y, por otro, su aplicaci髇 al objetivo de correcci髇 para el saneamiento y mejora de la calidad de las aguas del mar.

La protecci髇 del litoral, mediante el oportuno ejercicio de las atribuciones en el 醡bito de la mejora de la calidad de las aguas litorales, constituye sin duda un elemento esencial de la presente Ley. La mejora del espacio litoral es para la Comunidad Aut髇oma de Andaluc韆 un objetivo primordial de inter閟 econ髆ico y ambiental

El t韙ulo cuarto, relativo a la disciplina ambiental, establece el r間imen de infracciones y sanciones referido al conjunto de la Ley explicitando una pormenorizada relaci髇 del conjunto de acciones punibles y su tratamiento desde la consideraci髇 del il韈ito administrativo. Se estructura este t韙ulo en tres cap韙ulos relativos respectivamente a las disposiciones comunes, a la prevenci髇 ambiental y a la calidad ambiental, estableciendo una atribuci髇 adecuada de responsabilidad vinculada a la exigencia que los poderes p鷅licos har醤 en el cumplimiento de la presente Ley.

La contundencia del t韙ulo cuarto, relativo a la disciplina ambiental, es a todas luces un instrumento de garant韆 p鷅lica y de protecci髇 del medio ambiente en Andaluc韆. Su ejercicio responsable permitir� al conjunto de las Administraciones p鷅licas la intervenci髇 eficaz en defensa del patrimonio ambiental colectivo, la asignaci髇 de responsabilidad en la consideraci髇 de infracciones y, en definitiva, el uso de una potestad de claro significado demostrativo y ejemplificador.

Se completa la Ley con las disposiciones adicional, transitorias y finales y los anexos. En las primeras, el texto legal establece diversos preceptos en relaci髇 a su articulado y a la efectividad de la norma. En los anexos se relacionan los tres grupos de actividades sobre los que se extiende la regulaci髇 prevista en su contenido, tanto en lo que respecta a la prevenci髇 ambiental como en lo referido a la calidad ambiental.