Sumario

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Arag髇, y ordeno se publique en el 獴olet韓 Oficial de Arag髇� y en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 20.1 del Estatuto de Autonom韆.

PRE罬BULO

La presente Ley de Medidas Fiscales y Administrativas en Materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 tiene dos elementos esenciales 韓timamente ligados y que constituyen la clave interna de comprensi髇 global de las medidas adoptadas: por un lado, el alivio de la carga impositiva que determinados colectivos -familia numerosa, j髒enes, mayores, discapacitados- soportan en distintas figuras impositivas y, por otro, el uso de la pol韙ica tributaria para la protecci髇 del medio natural y territorial, v韆 deducciones en la imposici髇 personal, establecimiento de impuestos medioambientales, tasas de car醕ter ecol骻ico en defensa del medio natural, forestal, agr韈ola, de los montes y de las v韆s pecuarias, as� como medidas actualizadoras del canon para el saneamiento y depuraci髇 de las aguas.

Estos dos objetivos, que constituyen un claro ejemplo de decisiones propias de la actividad pol韙ica, tienen tambi閚 un significado financiero que, habiendo sido programado y publicitado en ejercicios anteriores, debe materializarse ahora a trav閟 del instrumento legal adecuado. En consecuencia, el dise駉 de las medidas garantiza, desde una perspectiva general, que la carga tributaria soportada por los ciudadanos aragoneses siga manteni閚dose en t閞minos similares respecto de a駉s anteriores e, incluso, en supuestos concretos, en niveles sensiblemente inferiores.

I. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS

El nuevo sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑, de aplicaci髇 desde el 1 de enero de 2002, supuso una notable ampliaci髇 de las competencias normativas de las Comunidades Aut髇omas en relaci髇 con los tributos cedidos. As�, el art韈ulo 19.2 de la Ley Org醤ica de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, en su vigente redacci髇 dada por la Ley Org醤ica 7/2001, de 27 de diciembre, incluy�, por lo que respecta a determinados impuestos -sobre la renta de las personas f韘icas, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados, y tributos sobre el juego-, amplias competencias para regular y modular aspectos concretos de los elementos esenciales de dichos tributos. La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑, estableci�, para cada impuesto, el alcance de dichas competencias normativas. Por su parte, la Ley 25/2002, de 1 de julio, del R間imen de Cesi髇 de Tributos del Estado a la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, mantiene la referencia que hac韆n sus predecesoras sobre la atribuci髇 a la comunidad aragonesa de 玪a facultad de dictar para s� misma normas legislativas�, en los casos y en las condiciones de la citada Ley de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑, en cuyo art韈ulo 19 se establece cu醠 es la normativa aplicable a los tributos cedidos, incluyendo las normas emanadas de la Comunidad Aut髇oma competente, seg鷑 el alcance y los puntos de conexi髇 establecidos en la propia Ley.

A. Impuesto sobre la renta de las personas f韘icas.

De conformidad con la letra b), apartado 1, del art韈ulo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas de r間imen com鷑 y Ciudades con Estatuto de Autonom韆, las Comunidades Aut髇omas podr醤 asumir competencias normativas sobre deducciones por circunstancias personales y familiares en relaci髇 con el impuesto sobre la renta de las personas f韘icas. Estas competencias ya han sido ejercidas por nuestra comunidad en ejercicios anteriores a trav閟 de diversas medidas tributarias que hoy se integran en el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Arag髇, como son las deducciones por nacimiento o adopci髇 del tercer hijo o sucesivos y en atenci髇 al grado de discapacidad del segundo.

As�, continuando en la pol韙ica de beneficios fiscales dirigidos a la protecci髇 de la familia, y en consideraci髇 a los programas prioritarios de acci髇 social que tienen como protagonistas a las personas mayores o discapacitadas, la presente Ley incorpora al citado texto refundido una deducci髇 en la cuota 韓tegra auton髆ica del impuesto sobre la renta de las personas f韘icas a favor de los contribuyentes con quienes convivan personas dependientes, ascendientes mayores de 75 a駉s o ascendientes o descendientes con un grado de minusval韆 igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su edad.

Por otro lado, y siempre conforme al art韈ulo citado anteriormente, la Comunidad Aut髇oma puede ejercer competencias normativas tambi閚 para establecer deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas f韘icas en atenci髇 a la realizaci髇 de inversiones no empresariales. Con esta habilitaci髇 y con la finalidad de reforzar los objetivos medioambientales que persigue la presente Ley, se incorpora asimismo al citado texto refundido una deducci髇 por donaciones dinerarias, puras y simples, a favor de cualquier ente p鷅lico de la Administraci髇 auton髆ica o de las entidades sin fines lucrativos que cuentan con un r間imen fiscal especial, siempre que los mismos tengan como finalidad principal la defensa y conservaci髇 del medio ambiente.

B. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jur韉icos documentados.

Seg鷑 la letra a), apartado 1, del art韈ulo 41 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Aut髇omas podr醤 asumir competencias normativas sobre tipos de gravamen en la transmisi髇 de bienes inmuebles, en relaci髇 con la modalidad 玹ransmisiones patrimoniales onerosas�, y de los documentos notariales en relaci髇 con la modalidad 玜ctos jur韉icos documentados�. As�, la Ley recoge la aplicaci髇 de sendos tipos reducidos del 3 por 100 y del 0,3 por 100, respectivamente, en los conceptos 玹ransmisiones patrimoniales onerosas� y 玜ctos jur韉icos documentados� del impuesto, respectivamente, tratando de favorecer el acceso a viviendas de mayor superficie 鷗il, adaptadas a sus nuevas necesidades, por parte de las familias numerosas.

Tras el tiempo de vigencia transcurrido, se ha constatado que alguno de los requisitos exigidos para la aplicaci髇 de los tipos reducidos, como el plazo para comprar la vivienda, ha motivado que s髄o un escaso n鷐ero de familias numerosas haya podido acogerse al citado beneficio fiscal, ya que la necesidad de una nueva vivienda se plantea generalmente con posterioridad a los tres a駉s del nacimiento del hijo, por lo que parece conveniente desligar el plazo para la adquisici髇 de la nueva vivienda de la fecha de nacimiento o adopci髇 de cada hijo. Por otra parte, el requisito de obligaci髇 de vender la vivienda anterior ha de tener una excepci髇 cuando se adquiera una vivienda contigua para ampliar aqu閘la. Por 鷏timo, el requisito de ingresos ha de actualizarse y establecer una ponderaci髇 en funci髇 del tama駉 de la familia numerosa, al tiempo que se precisa el alcance de la magnitud fiscal a considerar en relaci髇 con el requisito de ingresos para evitar dudas de interpretaci髇.

C. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Conforme a la letra a), apartado 1, del art韈ulo 40 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, las Comunidades Aut髇omas podr醤 ejercer competencias normativas sobre reducciones, tanto para las transmisiones mortis causa como para las 韓ter vivos, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones que respondan a circunstancias de car醕ter econ髆ico o social propias de la Comunidad Aut髇oma. Estas competencias ya han sido ejercidas por nuestra comunidad en ejercicios anteriores a trav閟 de diversas medidas tributarias que hoy se integran en el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 en materia de tributos cedidos, como son, entre otras, las reducciones del 100 por 100 previstas para las adquisiciones hereditarias por hijos del causante menores de edad o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

Desde siempre, el impuesto que grava las sucesiones por causa de muerte ha sido una de las figuras tributarias que mayor debate ha suscitado en el mundo del Derecho. En la actualidad, el debate se ha centrado en la manipulaci髇 de diversas hip髏esis sobre su incremento, mantenimiento, atenuaci髇, supresi髇 e, incluso, sobre su sustituci髇 por otros impuestos alternativos sobre las transmisiones gratuitas de riqueza en forma de herencia o donaci髇. Pero, para ello, no deben manejarse solamente argumentos de oportunidad de la pol韙ica tributaria, sino que deben tenerse muy presentes los efectos presupuestarios de cualquier medida. As�, dado que este impuesto se encuentra cedido a las Comunidades Aut髇omas y que son 閟tas las competentes para establecer diferencias territoriales en su tratamiento, cualquier modificaci髇 del mismo debe hacerse con una perspectiva global que permita conjugar la autonom韆 financiera de las Comunidades Aut髇omas con el principio de igualdad de los ciudadanos y con la construcci髇 de un ordenamiento tributario respetuoso de los principios constitucionales de progresividad y de consideraci髇 a la capacidad contributiva de cada contribuyente.

Dadas las implicaciones personales, familiares y emocionales que presenta este singular impuesto, tan ligado a un hecho trascendental como es el fallecimiento de una persona y que, por lo general, provoca una transmisi髇 entre familiares con v韓culos de proximidad y cercan韆, el legislador auton髆ico ya estableci� las reducciones anteriormente citadas en consideraci髇 a determinadas causas y limitaciones de edad o capacidad. Ahora, continuando progresivamente con el objetivo de modificar el impuesto y adaptarlo a las nuevas circunstancias de 韓dole social que rigen nuestro sistema tributario, la Ley contempla una reducci髇 del 100 por 100 de la base imponible en la adquisici髇 mortis causa por el c髇yuge y los hijos del causante. Si bien la reducci髇 no podr� exceder de 125.000 euros, la bondad de este l韒ite permitir� liberar a la gran mayor韆 de los viudos o viudas y de los descendientes del pago del impuesto.

La otra reducci髇 prevista en esta Ley se refiere a la transmisi髇 韓ter vivos mediante la donaci髇 a hijos y descendientes de dinero destinado a la adquisici髇 de su primera vivienda habitual, la cual, con el l韒ite de 50.000 euros, o de 100.000 euros para los contribuyentes discapacitados, otorga al donatario el derecho a una reducci髇 del 95 por 100 de la base imponible del impuesto. Una vez m醩, como en el caso anterior, el legislador contempla una situaci髇 habitual entre familiares cercanos, asumiendo simult醤eamente la dificultad de acceso al mercado inmobiliario para los j髒enes menores de 35 a駉s, en el marco de aquella acci髇 social, a la que ninguna pol韙ica tributaria puede renunciar entre sus objetivos, que tiene como 鷏tima finalidad salvaguardar los intereses econ髆icos en el seno de la familia aragonesa.

II. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS: IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

La presente Ley es, en buena medida, una Ley reguladora de una nueva figura tributaria como son los impuestos medioambientales, pues tiene por objeto la creaci髇 de los citados tributos auton髆icos, propios de la comunidad aragonesa, de car醕ter real, finalidad extrafiscal y afectados al medio ambiente, as� como la regulaci髇 de todos sus elementos esenciales o sustanciales, cuyo efecto principal es el de gravar el da駉 medioambiental causado en los recursos naturales y territoriales de la Comunidad Aut髇oma por determinadas actividades contaminantes como son las instalaciones de transporte por cable, la emisi髇 de sustancias contaminantes a la atm髎fera o el establecimiento comercial con grandes 醨eas de venta, las cuales producen, de forma mediata o inmediata, pero efectivamente, el menoscabo o deterioro del medio ambiente en t閞minos de explotaci髇 selectiva, lesiva, degradatoria, abusiva y expoliadora de sus recursos, y cuyo coste genera una carga desproporcionada para la sociedad e hipoteca el futuro desarrollo, sostenido y equilibrado, de la comunidad.

Para ello, la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 dispone de su propia potestad tributaria, reconocida constitucional y estatutariamente (art韈ulos 133.2 y 157.1.b) CE; 4.1.b), 6 y 9, LOFCA; 16.l, 45, 47.1 y 58.1.a) EAA), por un lado, y de competencia compartida con el Estado para el desarrollo legislativo y ejecuci髇 en materia de protecci髇 del medio ambiente, as� como de una competencia adicional dotada de plena capacidad normativa para establecer disposiciones protectoras m醩 intensas o rigurosas (art韈ulo 37.3 EAA). Sobre el juego de ambos t韙ulos competenciales se superpone la doctrina constitucional sobre la transversalidad de las competencias medioambientales, pues las mismas se despliegan o afectan a las m醩 diversas actividades humanas y a los m醩 variados sectores del ordenamiento jur韉ico, provocando, por tanto, una relativa complejidad en el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Aut髇omas, cuya soluci髇, no obstante, se solventa con la posibilidad de actuaci髇 concurrente de las Administraciones implicadas en la necesidad de defensa medioambiental en un mismo espacio f韘ico, natural o territorial.

Resulta, pues, evidente la intencionalidad de los llamados tributos ecol骻icos, categor韆 en la que seguramente la doctrina encuadrar� estos impuestos medioambientales, en orden a la protecci髇, conservaci髇, restauraci髇 y, en general, mejora del medio ambiente. En definitiva, se busca la correcci髇 de las deseconom韆s externas o externalidades, puesto que los costes sociales y ambientales que los individuos o las empresas que ejercen determinadas actividades contaminantes imponen o trasladan a la sociedad en general no son internalizados por sus causantes ni por el normal funcionamiento del mercado.

En efecto, el Tribunal Constitucional ha admitido que las Comunidades Aut髇omas 玡stablezcan impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad econ髆ica o de pago, respondan principalmente a criterios econ髆icos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacci髇 de intereses p鷅licos que la Constituci髇 preconiza o garantiza�. Y es manifiesto que el medio ambiente es uno de esos intereses p鷅licos protegibles. Basta, adem醩, 玵ue dicha capacidad econ髆ica exista, como riqueza real o potencial�, bien entendido que tal capacidad contributiva 玱bliga a buscar la riqueza all� donde la riqueza se encuentra�.

Pues bien, los impuestos medioambientales responden a este principio de capacidad contributiva, y ello es as� en un doble sentido: en primer lugar, porque en las conductas contaminantes hay una efectiva capacidad econ髆ica, que se refleja en los ahorros que provocan los d閒icits de capitalizaci髇 necesaria para atenuar la producci髇 cuando el bien p鷅lico perturbado no se repone a su estado natural, con el agravante de que ese reflejo de capacidad de pago a馻dida no puede ser bien captado por los impuestos generales sobre la renta, que s髄o apreciar醤 los menores costes de producci髇 industrial o de servicios, pero no los mayores gastos necesarios para la provisi髇 de ciertos bienes p鷅licos que provocan las externalidades derivadas de las conductas perturbadoras del medio natural, y en segundo lugar, porque la dimensi髇 econ髆ica del hecho imponible en estas categor韆s tributarias se alcanza, 鷑icamente, mediante la combinaci髇 de postulados propios del principio de capacidad contributiva con la m醲ima, de inspiraci髇 y tradici髇 eurocomunitaria, del conocido 玵uien contamina, paga�, lo cual conduce hacia la equivalencia fiscal para someter a tributaci髇 s髄o a quienes, como postula el Tribunal Constitucional, muestran capacidad de afectar como modalidad de capacidad de pago mediante conductas que lesionan el medio natural.

Pero es que, al mismo tiempo, los impuestos medioambientales gozan de una naturaleza h韇rida que, adem醩 de compartir los principios constitucionales del ordenamiento tributario, tales como los de capacidad econ髆ica, igualdad, generalidad, progresividad, equidad distributiva y no confiscatoriedad, los configura como un tributo auton髆ico con finalidad extrafiscal y afectado al cumplimiento de los deberes p鷅licos inherentes a toda pol韙ica ambiental, caracteres que le otorgan una tipicidad diferencial no justificada en postulados fundamentalmente recaudatorios.

Es precisamente en esta dimensi髇 en la que los impuestos medioambientales aparecen como un instrumento motivador de conductas. El tributo exterioriza y manifiesta constantemente los elementos suasorios -persuasivos o disuasorios- que refuerzan sus fines ecol骻icos y no predominantemente fiscales. Tanto su estructura externa -su justificaci髇 鷏tima- como interna -su articulaci髇 extrafiscal y afectaci髇 medioambiental- persiguen, por un lado, motivar conductas acordes con la protecci髇 del medio natural, estimulando la cesaci髇 o disminuci髇 de la actividad contaminante y, por otro, contemplar el obligado destino de los recursos generados por la recaudaci髇 en la adopci髇 de medidas preventivas, correctoras o restauradoras del medio ambiente contaminado, degradado o lesionado. De ah� que el propio Tribunal Constitucional mantenga que 玞onstitucionalmente, nada cabe objetar a que, en general, a los tributos pueda asign醨seles una finalidad extrafiscal y a que, ya m醩 en particular, las Comunidades Aut髇omas puedan establecer impuestos con ese car醕ter�.

En este incipiente ordenamiento tributario con fines ecol骻icos que las Comunidades Aut髇omas comienzan a construir, act鷄n, no obstante, los l韒ites de los apartados 2 y 3 del art韈ulo 6 de la Ley Org醤ica de Financiaci髇 de las Comunidades Aut髇omas, de cuya interpretaci髇 constitucional se deduce, sint閠icamente, que los tributos auton髆icos no pueden coincidir, por un lado, sobre hechos imponibles gravados por el Estado -se proh韇e estrictamente la duplicidad de hechos imponibles- ni, por otro, recaer sobre las materias imponibles reservadas a las Corporaciones Locales -se proh韇e aqu� cualquier solapamiento entre la fuente de riqueza gravada por un tributo local y por un nuevo impuesto auton髆ico-. L韒ites que no exceden ni invaden los nuevos impuestos, cuyo hecho imponible, en general, es el da駉 medioambiental causado por diversas actividades contaminantes que no asumen ni internalizan en sus procesos productivos los costes derivados de su necesaria correcci髇 o reparaci髇, pero que no grava el ejercicio de la propia actividad ni la titularidad o el uso de los elementos o activos patrimoniales afectos a dicha actividad, ni tampoco sujeta a gravamen otras magnitudes fiscales como la producci髇, el consumo o los beneficios obtenidos por aqu閘las.

Esta singular naturaleza de los impuestos medioambientales tiene su correspondiente manifestaci髇 en la virtud -de la que extrae, desde luego, y entre otras causas, su legitimidad- para vincular el hecho con la base imponible, esto es, en su capacidad para aportar la medida del da駉 medioambiental sujeto a gravamen. En efecto, ya nadie cuestiona que la base imponible debe cumplir no s髄o la funci髇 de determinar el importe de la cuota tributaria del impuesto, sino tambi閚 la trascendental misi髇 de medici髇 de los elementos del hecho imponible que lo definen y que exteriorizan, al mismo tiempo, la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Y esto es lo que los impuestos medioambientales encarnan con la novedosa regulaci髇 de las unidades contaminantes de determinaci髇 y medida del da駉 medioambiental, cuyo objetivo es la cuantificaci髇 b醩ica por referencia a los valores, magnitudes o elementos en general que integran el volumen o carga contaminante de la actividad.

Precisamente, por esos fines explicitados por la norma en orden a la defensa p鷅lica del inter閟 medioambiental, as� como por la debida coherencia de su finalidad con la articulaci髇 interna de los impuestos, la Ley ha contemplado, sin duda, de una manera ejemplar y protagonista, la importante posibilidad de deducci髇, respecto a la cuota tributaria, de todas aquellas inversiones efectuadas por los sujetos pasivos y destinadas a la cesaci髇, disminuci髇 o reparaci髇 de sus efectos contaminantes. El impuesto grava el da駉 medioambiental en funci髇 de la cantidad o volumen de la carga contaminante; en congruencia, por tanto, el tributo tambi閚 prescinde de su relativizado objetivo recaudatorio cuando el contribuyente aparece voluntariamente como agente colaborador de la Administraci髇 p鷅lica, coadyuvando con la misma a la financiaci髇 de la pol韙ica auton髆ica medioambiental y, en consecuencia, a la minoraci髇 del da駉 medioambiental provocado por 閘 mismo.

A. Impuesto sobre el da駉 medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable.

El objeto imponible de este impuesto responde a la necesaria asunci髇 de un coste por parte de las empresas que, al emplear en su actividad transportes mediante l韓eas o tendidos de cable, da馻n el medio ambiente. Es, en primer lugar, un elemento perturbador del paisaje, y, por esa misma artificialidad, incide negativamente tanto en la flora como en la fauna del territorio aragon閟. Adem醩, esas instalaciones pueden originar situaciones de riesgo para la salud humana o suponen, tanto en el caso de telef閞icos como de instalaciones en el medio forestal, un impacto negativo sobre un medio (la monta馻 y el bosque aragoneses) objeto de especial tutela y atenci髇.

El sujeto pasivo del impuesto no es el consumidor o usuario, en el caso de las pistas de esqu�, sino el titular de la explotaci髇 de la correspondiente estaci髇 alpina. Esto es, que no se grava la pr醕tica del esqu� ni la actividad que la propicia, sino el perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores (territorio, paisaje, flora, fauna) que deben ser protegidos y, en su caso, restaurados. En consecuencia, junto a su intencionalidad extrafiscal, se da una presencia clara de capacidad contributiva en los sujetos pasivos. El empleo de las instalaciones que suponen el elemento objetivo del hecho imponible pone de manifiesto una capacidad de intervenci髇 en el mercado de producci髇 o distribuci髇 de servicios.

Por todo ello, el impuesto grava el da駉 medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable, sean 閟tas en su modalidad de transporte de personas en las instalaciones de funiculares, telef閞icos y remonta-pendientes de las estaciones de esqu� (que pueden ser telecabinas, telesillas y telesqu�) o sean de transporte de mercanc韆s o materiales en las instalaciones de remonte utilizadas en el medio forestal. Y, en consecuencia, el hecho imponible se configura por referencia a ese da駉 ambiental causado por dichas instalaciones, agravado, en el supuesto de instalaciones de estaciones alpinas, por la utilizaci髇 de las pistas con otros fines tolerados y permitidos (tur韘ticos, deportivos), pero que implican mayores concentraciones humanas, desplazamientos masivos de autom髒iles o deforestaci髇, entre otros efectos contaminantes o degradantes negativos. Y dicho da駉 se entiende producido aun cuando dichas instalaciones se encontraran en desuso o no hubieran entrado en funcionamiento.

El hecho imponible se ajusta al objeto de gravamen, pero cuando la instalaci髇 del transporte por cable est� afecta a la utilizaci髇 de pistas de esqu� alpino, el n鷆leo central del hecho imponible -la existencia de un da駉 medioambiental- se ve incrementado. Por eso mismo, se adapta la estructura de la deuda tributaria a un m醩 intenso da駉 medioambiental: las estaciones de esqu� afectan al medio forestal, atraen masivamente la presencia de personas, perturban el ecosistema y la fauna propia e inciden sobre la calidad del agua que atesoran las monta馻s en invierno. Es, pues, el sentido extrafiscal del impuesto -a un cualitativamente mayor da駉 ambiental, mayor gravamen- el que exige un incremento de la deuda tributaria en este concreto supuesto.

Finalmente, se ha utilizado una unidad contaminante de medida del da駉 medioambiental acorde y coherente con ese perjuicio, como son el n鷐ero y la longitud de las instalaciones de transporte por cable, incrementada por unos coeficientes en el caso de las pistas de esqu� -por ese impacto a馻dido, que no concurre en el supuesto de los remontes forestales- en atenci髇 al uso tur韘tico y deportivo de las pistas para la pr醕tica del esqu� alpino, que agravan el efecto degradante y contaminante.

B. Impuesto sobre el da駉 medioambiental causado por la emisi髇 de contaminantes a la atm髎fera.

El impuesto tiene por objeto gravar la concreta capacidad econ髆ica que se manifiesta en la realizaci髇 de determinadas actividades que producen graves situaciones de contaminaci髇 atmosf閞ica, como consecuencia de su incidencia negativa en el medio natural, humano, animal y vegetal de la Comunidad Aut髇oma.

Las consecuencias de la contaminaci髇 atmosf閞ica tienen un campo de aplicaci髇 muy vasto, pues afectan tanto al elemento humano como a la fauna, a la flora e, incluso, al equilibrio clim醫ico. En cuanto a los efectos de la contaminaci髇 atmosf閞ica sobre la salud humana, hoy sabemos los efectos perniciosos, a veces incluso mortales, de ciertos contaminantes, que provocan la aparici髇 de enfermedades o la complicaci髇 y agravaci髇 de otras. En el mundo animal y el vegetal, la contaminaci髇 afecta directamente, como a los humanos, a trav閟 de la inhalaci髇 de gases o de part韈ulas contaminantes, o indirectamente, por ingesti髇 de agua o plantas contaminadas, alterando todo el equilibrio del ecosistema, por no mencionar tambi閚 la incidencia de los contaminantes del aire en la conservaci髇 de edificios singulares de valor hist髍ico o art韘tico, en este caso afectados por la proximidad de los grandes centros industriales. Finalmente, los compuestos qu韒icos m醩 contaminantes (carbono, azufre y nitr骻eno), derivados, principalmente, de combustiones, fundiciones, refinados y otros procesos industriales, provocan unas complejas reacciones de la atm髎fera y causan, entre otros, fen髆enos como las precipitaciones por v韆 seca o h鷐eda -la conocida 玪luvia 醕ida�- de estos 醕idos en el agua y en los distintos ecosistemas.

As� pues, el hecho imponible de este concepto impositivo se refiere al da駉 medioambiental causado por la emisi髇 a la atm髎fera de las sustancias m醩 contaminantes que se encuentren clasificadas como tales por la legislaci髇 sobre protecci髇 atmosf閞ica. Los sujetos pasivos del impuesto ser醤 los titulares de las actividades que causan el da駉 medioambiental, y las instalaciones en que se desarrollan estas actividades, principalmente de car醕ter industrial o energ閠ico, tendr醤 la consideraci髇 de focos emisores de sustancias contaminantes a la atm髎fera.

Por su parte, la base imponible se constituye por la suma de las cantidades emitidas sistem醫icamente a la atm髎fera de cada una de las sustancias contaminantes y por cada foco emisor durante todo el per韔do impositivo. Por ello, la base imponible debe tener en cuenta magnitudes ecol骻icas y, concretamente, unidades de contaminaci髇, de modo que la reducci髇 del da駉 medioambiental por el sujeto pasivo redunde en una disminuci髇 de su carga tributaria. Es, por tanto, un gravamen que presenta la distinci髇 de permitir cumplir una finalidad extrafiscal adicional. En efecto, mediante el gravamen de las actividades que contaminan la atm髎fera, se est� propiciando el desincentivar determinados usos o procedimientos industriales y la b鷖queda de una operatoria empresarial m醩 arm髇ica con el medio ambiente.

Por tanto, la base imponible debe medir el da駉 medioambiental causado mediante la cuantificaci髇 de las sustancias degradantes emitidas que constituyen el objeto del impuesto y que aparecen recogidas en la definici髇 del hecho imponible. Naturalmente, la configuraci髇 de la base imponible como la suma de las cantidades emitidas de cada una de las sustancias contaminantes por un mismo foco emisor se encuentra en perfecta correspondencia con el hecho imponible que el legislador quiere gravar para atender a su finalidad medioambiental.

C. Impuesto sobre el da駉 medioambiental causado por las grandes 醨eas de venta.

El hecho imponible de este impuesto no se construye por referencia a la instalaci髇 del establecimiento comercial ni a la actividad econ髆ica ejercida en el mismo ni a su titularidad patrimonial ni a la mera utilizaci髇 del mismo, sino al da駉 medioambiental que produce la actividad y el tr醘ico comercial desarrollado en estos establecimientos, que, por contar con grandes 醨eas de venta al p鷅lico, ejercen una especial atracci髇 al consumo y provocan un desplazamiento masivo de veh韈ulos particulares, con la negativa incidencia que ello tiene para el medio ambiente y la ordenaci髇 del territorio. Para ello, la Ley considera grandes 醨eas de venta aquellas que superan los 500 m?, definici髇 en la que entran establecimientos de muy diverso tipo y consideraci髇, pero cuya sujeci髇 al gravamen se modular� no s髄o con un comprensivo m韓imo exento, sino tambi閚 en atenci髇 a las superficies dedicadas a aparcamiento y a otros usos.

Los supuestos de no sujeci髇 al impuesto no re鷑en los elementos definidos en el hecho imponible o, mejor, definen o delimitan negativamente el hecho imponible. En consecuencia, la Ley incluye como supuestos no sujetos a los establecimientos cuya actividad comercial principal y habitual tenga car醕ter mayorista, que se trate de mercados o establecimientos equivalentes dedicados a la alimentaci髇 o cooperativas de consumidores o usuarios, siempre que su oferta no vaya dirigida al p鷅lico en general. La Ley entiende que no nos encontramos ante una afluencia masiva de consumidores por no tratarse de consumidores finales o estar limitada a socios cooperativistas, o bien porque responde a una evidente necesidad social de abastecimiento de bienes o necesidades primarias como son los alimentos, que, adem醩, es funci髇 propia de las Corporaciones Locales. El da駉 medioambiental, raz髇 primordial de la existencia del tributo, no existe en estos casos.

El impuesto grava, como sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, a los titulares de la actividad y el tr醘ico comercial que causa el da駉 medioambiental a trav閟 de su desarrollo econ髆ico en grandes 醨eas de venta. No queda gravado directamente, pues, el titular de la instalaci髇 o de los elementos afectos, sino el explotador, en r間imen de propiedad o arrendamiento, lo cual es indiferente al impuesto, de la actividad que genera el impacto negativo en el medio natural y territorial. No persigue gravar la titularidad de los bienes, sino el da駉 medioambiental que conlleva impl韈ito su utilizaci髇 y el desarrollo de la actividad comercial, y que, en 鷏timo t閞mino, se dirige a la internalizaci髇 de los costes derivados de esa actividad contaminante o degradatoria de los bienes jur韉icos protegidos.

La base imponible constituye la medida del hecho imponible o de alguno de sus elementos y, por esa cualidad de medida, la base imponible constituye la concreci髇 o cuantificaci髇 -en distinto grado o con distinta intensidad- de la capacidad econ髆ica que denota el presupuesto de hecho del tributo. Por ello, la base imponible hab韆 de configurarse en funci髇 de un par醡etro que sea lo m醩 representativo posible del objeto del tributo, como, a su vez, tambi閚 ha de ser una dimensi髇 de alg鷑 componente material del hecho imponible. En este sentido, la superficie (esto es, los metros cuadrados del establecimiento comercial) no s髄o constituye una dimensi髇 de un componente material del hecho imponible, impl韈ita en la objetivaci髇 del gravamen, sino tambi閚 el par醡etro m醩 id髇eo y el m醩 transparente de los posibles para poder inferir objetivamente ese beneficio impropio que se obtiene al no asumir los costes medioambientales y territoriales ocasionados. Pero debe retenerse que la utilizaci髇 de esta referencia para medir la magnitud del da駉 medioambiental est� orientada a gravar el impacto que produce una determinada forma de ejercer la actividad comercial, pero que no va dirigida a gravar los propios bienes inmuebles empleados para tal fin.

En s韓tesis, la medici髇 del impacto lesivo en funci髇 de las magnitudes referidas a las distintas superficies involucradas en el proceso y en la actividad comercial no se ha configurado de forma aleatoria, sino premeditada: la superficie de venta revela una mayor capacidad de oferta de productos (cualitativa y cuantitativa) y, por tanto, una mayor capacidad y afluencia de consumidores; la superficie destinada a otros usos (por ejemplo, para almacenamiento) revela tambi閚 unas mayores posibilidades de reposici髇 de los productos y de inmediatez para ponerlos a la venta al p鷅lico, y la superficie de aparcamiento denota, en fin, la capacidad del establecimiento para atraer y acoger el tr醘ico automovil韘tico que, en la pr醕tica, genera el principal efecto contaminante. Esta es la verdadera raz髇 de inclusi髇 de la superficie de aparcamiento en la base imponible: a mayor capacidad o n鷐ero de plazas de aparcamiento, mayores est韒ulos y posibilidades de afluencia masiva de consumidores y usuarios, pues la inexistencia de aparcamiento o su escasa capacidad operan en la pr醕tica como un elemento disuasorio para el ciudadano, que, finalmente, optar韆 por acudir a otros establecimientos donde este problema se encuentre solucionado de forma 髉tima y c髆oda para el mismo.

Por su parte, la Ley no distingue entre la superficie de venta construida en una extensi髇 horizontal o edificada por plantas, al objeto de no vulnerar la neutralidad del impuesto ni condicionar la forma de instalarse de estos establecimientos comerciales. El c髆puto de la superficie es uniforme, cualquiera que sea el tipo de construcci髇 o edificaci髇, pues el impacto ecol骻ico es homologable en ambos casos.

Finalmente, el impacto a馻dido sobre el medio urban韘tico y territorial, que agrava considerablemente el da駉 producido, es considerado por la Ley atendiendo a la mayor variaci髇 en la tipolog韆 territorial en que estas actividades comerciales pueden llevarse a cabo. La Ley Urban韘tica de Arag髇 ofrece diferentes clases y tipolog韆s de suelo en funci髇 de su finalidad y su propensi髇 a la transformaci髇 y desarrollo urbanizador que se considera necesario preservar. A la vista de esta clasificaci髇, parece claro que la incidencia sobre el medio ambiente, desde un punto de vista territorial, ser� considerablemente diferente en funci髇 de que la actividad a desarrollar se ubique en un suelo perfectamente integrado en el proceso urbanizador o se ubique en un tipo de suelo en el que concurran ciertos valores que es necesario proteger. Un gran establecimiento comercial ubicado en suelo urbano, asimilado en su entorno y su paisaje urban韘tico, en el que existe posibilidad de acceso peatonal, que se encuentra integrado en el 醨ea operativa de la red de transportes p鷅licos y que, en fin, vertebra una determinada zona comercial, de ocio y de servicios en la ciudad, no produce el mismo impacto ambiental y territorial que otro establecimiento instalado en otro tipo de suelo, ubicado en la periferia de los contornos urbanos y fuera del alcance de los transportes p鷅licos. En atenci髇 a estas consideraciones, el impuesto ha previsto la aplicaci髇 de unos coeficientes correctores sobre la cuota tributaria, distinguiendo si se trata de suelo urbano, urbanizable, delimitado y no delimitado, con anterioridad o posterioridad a la aprobaci髇 del Plan Parcial, no urbanizable gen閞ico y no urbanizable especial.

III. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS: TASAS

A. Modificaci髇 de tasas.

La presente Ley opera diversas modificaciones del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Arag髇. As�, se modifica la Tasa 17, por servicios facultativos en materia de montes, aprovechamientos forestales y v韆s pecuarias, distinguiendo entre el sistema de liquidaci髇 por la Administraci髇 y el de autoliquidaci髇 por los sujetos pasivos en funci髇 de las tarifas. Tambi閚 se modifican las escalas de gravamen de algunas tarifas de la tasa y se ampl韆n los supuestos de exenci髇.

Por otro lado, se modifica la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protecci髇 del medio ambiente, introduciendo en su hecho imponible una enumeraci髇 exhaustiva de los distintos conceptos que integran la materia imponible objeto de gravamen y que constituyen aut閚ticos supuestos del 醡bito tradicional reservado a las tasas, tales como autorizaciones, inscripciones, certificaciones y diligenciados.

Finalmente, la Ley incorpora la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protecci髇 del medio ambiente; la Tasa 29, por servicios administrativos en materia de conservaci髇 de la biodiversidad; la Tasa 30, por inscripciones en el Registro de organismos modificados gen閠icamente; y la Tasa 31, por servicios prestados por el Comit� Aragon閟 de Agricultura Ecol骻ica, creadas por la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, a su norma natural de encuadramiento, el Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, aprovechando para introducir peque馻s precisiones.

B. Creaci髇 de tasas.

En primer lugar, se crea la Tasa 32, por actuaciones administrativas relativas al servicio de radiodifusi髇 sonora y televisi髇 digital, cuyo hecho imponible es la realizaci髇 por la Administraci髇 de diversas actuaciones administrativas en el 醡bito de los servicios p鷅licos de radiodifusi髇 sonora en ondas m閠ricas con modulaci髇 de frecuencia, de radiodifusi髇 digital terrestre y de televisi髇 digital terrestre, de gesti髇 indirecta.

En segundo lugar, se crea la Tasa 33, por ocupaci髇 temporal de v韆s pecuarias y montes de titularidad de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇. Se trata de una tasa espec韋ica que contempla supuestos muy heterog閚eos (tendidos a閞eos el閏tricos o telef髇icos, parques e髄icos, antenas, carteles y se馻les, balsas de regulaci髇 de agua, dep髎itos de construcci髇, estacionamiento de maquinaria, usos recreativos privativos, cultivos agr韈olas, canteras y pr閟tamos), pero que tienen en com鷑 la ocupaci髇 temporal de bienes de dominio p鷅lico, como son los montes de titularidad auton髆ica y las v韆s pecuarias -a cuya protecci髇, conservaci髇 y mejora se afecta la recaudaci髇 que se obtenga-, as� como la protecci髇 de los valores medioambientales.

IV. MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TRIBUTOS PROPIOS: CANON DE SANEAMIENTO

La Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenaci髇 y Participaci髇 en la Gesti髇 del Agua en Arag髇, establece, entre las funciones a desarrollar por el Instituto Aragon閟 del Agua, la de ejecutar las obras de saneamiento y depuraci髇 que la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma determine, as� como aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades Locales u otros organismos derivadas de convenios con los mismos. Ante la proliferaci髇 de nuevos desarrollos urban韘ticos, se da la circunstancia de numerosas solicitudes que viene recibiendo el Instituto Aragon閟 del Agua, por parte de los agentes urbanizadores y ayuntamientos, para conectar a los sistemas p鷅licos de saneamiento y depuraci髇 con el fin de dotar a sus actuaciones urban韘ticas del preceptivo tratamiento de aguas residuales, lo cual implica para el Instituto Aragon閟 del Agua la ampliaci髇 y refuerzo de las redes e infraestructuras, con el correspondiente coste econ髆ico. Ello ha motivado la modificaci髇 del actual art韈ulo 30 de la citada Ley, para el establecimiento de un sistema de cargas urban韘ticas que determine la asunci髇 de tales obligaciones por parte de los propietarios del suelo.

Asimismo, se introducen modificaciones en la exenci髇 prevista en el art韈ulo 51.2.d) y en la bonificaci髇 prevista en el apartado 2 de la disposici髇 transitoria primera. En ambos casos se trata de simplificar el r間imen vigente, vinculando ambos beneficios fiscales 鷑icamente a la situaci髇 de disponer o carecer de estaci髇 depuradora de aguas residuales, con distinci髇 entre depuradoras en funcionamiento y depuradoras respecto de las que se hayan iniciado las actuaciones administrativas preparatorias para la contrataci髇 de su construcci髇.

Por otra parte, se modifica el art韈ulo 60 de la Ley de referencia para adaptarlo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en dos aspectos fundamentales: por un lado, se tipifican como infracci髇 diversas conductas que tienen un encaje dif韈il en el conjunto de las conductas tipificadas como infracciones en la Ley tributaria, lo que hac韆 imposible sancionar determinados incumplimientos de los obligados tributarios; por otro, se separa el ejercicio de la potestad sancionadora que deriva de un procedimiento de gesti髇 tributaria -que corresponder� a los 髍ganos de gesti髇, es decir, al Instituto Aragon閟 del Agua- del que deriva de un procedimiento de inspecci髇 tributaria -que corresponder� a los 髍ganos de inspecci髇 de la Direcci髇 General de Tributos-.

En cuanto a la inspecci髇 en materia de vertidos, se refuerzan las facultades de actuaci髇 del personal del Instituto Aragon閟 del Agua que deba desempe馻r estas funciones (art韈ulo 68.2 de la citada Ley). Y en cuanto al r間imen sancionador, se mejora sensiblemente un aspecto b醩ico, como es el de la tipificaci髇 de las infracciones (art韈ulo 70 de la citada Ley). La modificaci髇 que se propone pretende completar el conjunto de conductas que deben ser calificadas como infracciones.

V. MEDIDAS DE T蒀NICA LEGISLATIVA

Por 鷏timo, la presente Ley se enmarca en un proceso normativo singular que significa un intento de racionalizaci髇 y tecnificaci髇 de la actividad legislativa en el 醡bito tributario. En plena era de la 玠escodificaci髇 legislativa�, en la que la propia complejidad y dinamicidad de la producci髇 normativa impulsa la proliferaci髇 y la dispersi髇 de las disposiciones legislativas, que son r醦idamente modificadas o sustituidas, todo intento de refundir o codificar, con el 醤imo de otorgar durabilidad a las leyes y cristalizar as� un determinado sector jur韉ico, se convierte en una tarea inasequible para el legislador. Y ello se hace especialmente patente en un sector como el tributario, condicionado por los constantes cambios propiciados por las pol韙icas fiscales, sociales o medioambientales, a los que tiene que adaptarse necesariamente, utilizando para ello instrumentos legales cuya permanencia en el tiempo se encuentra gravemente hipotecada por la sucesi髇 de leyes especiales y sectoriales que se modifican, se suprimen y se superponen, en un dif韈il juego de vigencias y derogaciones que hacen in鷗il cualquier interpretaci髇 l骻ica y jur韉ica de cu醠 deba ser el derecho positivo aplicable en cada momento.

Por todo ello, y para paliar, en la medida de lo posible, estos efectos desestabilizadores del ordenamiento jur韉ico-tributario aragon閟, la presente Ley inaugura una medida de t閏nica legislativa, in閐ita en nuestra comunidad, que consiste en incorporar como Anexo I una versi髇 韓tegra y actualizada, incluyendo las nuevas modificaciones operadas en esta Ley, respecto del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Aut髇oma de Arag髇 en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Arag髇. Asimismo, y con la misma finalidad, se incluye en otro Anexo II una nueva versi髇 韓tegra y actualizada del Texto Refundido de las Tasas de la Comunidad Aut髇oma de Arag髇, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Arag髇. Dichas versiones actualizadas, que se incorporan como anexos a la presente Ley, carecen de car醕ter normativo, desplegando exclusivamente unos efectos informativos que pretenden garantizar la seguridad jur韉ica de los operadores en el ordenamiento tributario.