Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón

Artículo 4 Concepto y objetivos

1. El aseguramiento de la calidad alimentaria estándar consiste en el conjunto de principios y de actuaciones de los operadores alimentarios y de las Administraciones públicas tendentes a garantizar la conformidad de los alimentos y de las materias o elementos alimentarios, así como la competencia leal de las transacciones comerciales de los operadores alimentarios. Estos principios y actuaciones se regulan en este título.

2. El aseguramiento de la calidad estándar se extiende a todas las etapas de la producción, transformación y comercialización de alimentos, materias y elementos alimentarios

Artículo 5 Ambito de aplicación

1. Se excluyen del ámbito de aplicación de este título los aspectos de los alimentos regulados por normas de salud pública, sanidad y bienestar animal; las cuestiones relativas a la seguridad física de las personas, y, en particular, las relacionadas con la salud, el control microbiológico, la inspección veterinaria, el control de puntos críticos, el control de residuos en animales y sus productos y en vegetales, y con la normativa sobre sustancias peligrosas y medio ambiente.

2. Asimismo se excluyen del ámbito de aplicación de este título los animales vivos no destinados al consumo directo y las plantas antes de la recolección.

3. Este título se aplicará a todas las actuaciones de control que, en materia de conformidad y calidad estándar de la producción, transformación y comercialización alimentarias, se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Artículo 6 Obligaciones de los operadores alimentarios

1. Los operadores alimentarios deben cumplir con todos los requisitos que marque la normativa vigente en la materia para la conformidad de los alimentos que produzcan, transformen o comercialicen en Aragón, así como para la transparencia en las relaciones comerciales, ofreciendo un alimento que se ajuste fielmente a las normas obligatorias aplicables en materia de etiquetado, presentación y publicidad de alimentos o materias y elementos alimentarios.

2. Como instrumentos para asegurar la conformidad de los alimentos, se establecen las siguientes obligaciones para los operadores que produzcan, transformen o comercialicen alimentos en Aragón:

• a) Inscripción habilitante en los registros administrativos cuando lo exija una norma de rango legal, una norma comunitaria o un tratado internacional, y notificación de los datos necesarios para su alta en dichos registros cuando reglamentariamente se exija.LE0000568013_20230402 Letra a) del número 2 del artículo 6 redactada por el artículo 43.uno de la Ley [ARAGÓN] 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 3 febrero).Vigencia: 4 febrero 2016
• b) Establecimiento de un sistema de autocontrol que incluya un sistema de documentación que permita definir las fases del proceso de elaboración y garantizar su control y un plan de control de calidad que contemple al menos los procedimientos, la periodicidad y la frecuencia de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de los productos en caso de que no se ajusten a la normativa.
• c) Sistema de reclamaciones, localización y retirada rápida de productos no conformes que se hallen en el circuito de distribución o comercialización. El sistema habrá de permitir conocer con exactitud el destino de los productos que tengan que ser retirados, y antes de una nueva puesta en circulación de los mismos habrán de ser evaluados nuevamente por el control de calidad del operador.

Artículo 7 Trazabilidad

1. Los operadores alimentarios deberán establecer un sistema que asegure la trazabilidad de los alimentos, materias y elementos alimentarios en todas las etapas de la producción, transformación y comercialización alimentarias. Este sistema debe permitir conocer en todo momento la identidad y localización de los suministradores y receptores de los lotes o partidas de alimentos, materias y elementos alimentarios con que trabajen, así como las informaciones relativas a dichos productos.

2. Las informaciones que no puedan ser verificadas ni contrastadas por el propio operador alimentario y por los servicios de inspección y control no podrán ser incluidas en los sistemas y procedimientos de aseguramiento de la trazabilidad.

3. Los operadores alimentarios habrán de tener a disposición de los servicios de inspección y control toda la información relativa al sistema y a los procedimientos de aseguramiento de la trazabilidad, así como los datos que contengan.

4. El sistema de aseguramiento de la trazabilidad contendrá, sin perjuicio de lo establecido en normas generales o sectoriales que sean de aplicación, al menos los elementos siguientes:

• a) La identificación de los productos.
• b) Los registros de los productos.
• c) La documentación que acompaña al transporte de los productos.

Artículo 8 Identificación de productos

1. Los alimentos o las materias y elementos alimentarios acabados, susceptibles de ser comercializados con destino al receptor o consumidor final, habrán de estar convenientemente identificados mediante el etiquetado reglamentario.

2. En el supuesto de productos a granel, los operadores alimentarios están obligados a la utilización de dispositivos físicos para identificar tanto los depósitos, silos, contenedores o cualquier clase de envases que contengan alimentos, materias o elementos alimentarios como su contenido. La identificación se hará de forma clara mediante una rotulación o marcado único, indeleble e inequívoco y habrá de quedar registrada y en correlación con los registros a que hace referencia el artículo siguiente y, en su caso, con la documentación descriptiva de los productos.

3. Está prohibido el depósito o almacenamiento en cualquier instalación o medio de transporte de productos no identificados.

4. Cuando no conste claramente el destino de los alimentos o materias y elementos alimentarios acabados en depósito o almacenamiento, se presumirá siempre que son para su venta, salvo que pueda demostrarse un destino o finalidad distinta.

Artículo 9 Registros de alimentos

1. Los operadores alimentarios habrán de tener actualizado un sistema de registros para la conservación de la información o la contabilidad material de los alimentos, las materias y los elementos alimentarios que utilicen.

2. Los registros habrán de ser suficientes y adecuados para que en todo momento pueda disponerse de la información necesaria para poder correlacionar la identificación de los productos que hay en las instalaciones con las características principales de estos productos, y particularmente la identificación y el domicilio del suministrador o receptor, su naturaleza, origen, composición, características esenciales y cualitativas, designación y cantidad.

3. En los registros deberán constar las entradas y salidas de alimentos y de materias y elementos alimentarios de cada instalación, así como las manipulaciones, tratamientos y prácticas que han soportado.

4. El registro de productos que procedan de otras instalaciones reproducirá fielmente los datos relativos a su identificación y a sus características de calidad que consten en el documento que acompaña su transporte o en la documentación comercial.

5. Los registros de todas las operaciones realizadas habrán de conservarse durante cinco años a disposición de los servicios de inspección y control.

Artículo 10 Documentos de acompañamiento

1. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos deberán conservarse durante un periodo de cinco años a disposición de los servicios de inspección y control.

2. Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas de identificación y codificación de los productos que sustituyan a los documentos de acompañamiento de los productos durante su transporte y circulación.

3. En caso de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulación de productos alimentarios o materias y elementos alimentarios habrá de ir siempre acompañado de un documento en el cual constarán los datos necesarios para que el receptor o consumidor de la mercancía tenga la adecuada y suficiente información.

Artículo 11 Prohibición de productos no conformes

1. Los alimentos, materias o elementos alimentarios que no cumplan lo establecido, en esta ley o en normas específicas, respecto a la calidad estándar tendrán la consideración de no conformes y, en consecuencia, no podrán utilizarse ni comercializarse dentro del sector alimentario. Los productos no conformes serán objeto, si procede, de una inmediata regularización o bien serán, de forma controlada, destinados a otros sectores, reexpedidos a su origen o destruidos.

2. En el supuesto de que un alimento o una materia o elemento alimentarios que pertenezca a un lote, partida o remesa concreta no sean conformes, todos los productos del mismo lote, partida o remesa tendrán también la consideración de no conformes, a no ser que el operador alimentario acredite lo contrario.

3. Los productos no conformes se identificarán debidamente con etiquetas o rótulos que hagan referencia a su falta de conformidad y estarán almacenados de manera separada y delimitada para evitar la confusión con los productos conformes.

4. Las existencias, entradas y salidas de productos no conformes se reflejarán en los registros a los que se refiere el artículo 9.

5. En los documentos de acompañamiento de los productos no conformes se hará constar expresamente esta condición.

Artículo 12 Obligaciones específicas

Sin perjuicio de los requisitos específicos que establezcan disposiciones de ámbito sectorial, las normas de desarrollo de esta ley podrán determinar para cada producto, sector o tipo de operador el nivel de las obligaciones que se establecen en este capítulo, particularmente en función de la naturaleza y del riesgo especial de los productos o actividades, de la complejidad de los procesos de transformación, de la dimensión del operador y del volumen y la frecuencia de los intercambios de productos. En particular, serán objeto de regulación específica las obligaciones de los titulares de explotaciones del sector primario.

Artículo 13 La inspección de calidad alimentaria

1. Sin perjuicio de los controles relativos a disciplina de mercado y defensa de consumidores y usuarios que correspondan a otros Departamentos o Administraciones públicas, el Departamento de Agricultura y Alimentación desarrollará actuaciones de inspección y control oficial sobre los alimentos y las materias y elementos alimentarios con el fin de comprobar su adecuación a la normativa vigente en materia de producción y comercialización alimentarias.

2. Las actuaciones de inspección tendrán como objetivo preferente el control de:

• a) La conformidad, etiquetado y publicidad de los alimentos y las materias y elementos alimentarios.
• b) La lealtad de las transacciones comerciales en materia de producción y comercialización alimentarias.
• c) La identidad y actividad de los operadores alimentarios.
• d) La trazabilidad de los alimentos o materias y elementos alimentarios, tanto comunitarios como extracomunitarios.

3. Sin perjuicio de la práctica de inspecciones derivadas de planes de ámbito comunitario o estatal, la actuación inspectora se llevará a cabo con las siguientes prioridades:

• a) En desarrollo de planes o campañas de inspección aprobados por el Departamento de Agricultura y Alimentación.
• b) En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad dentro del sector alimentario.
• c) En desarrollo de campañas o actuaciones concretas derivadas de posibles situaciones detectadas con motivo de denuncia, reclamación, queja, alerta, o a iniciativa de la Administración de la Comunidad Autónoma.

4. Las actuaciones inspectoras podrán realizarse en cualquier etapa de la producción, transformación y comercialización de alimentos. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de coordinación con otras autoridades también competentes para la inspección de alimentos, materias y elementos alimentarios.

Artículo 14 Objeto de la inspección

1. Estarán sometidos a la inspección los alimentos y las materias y elementos alimentarios. La inspección podrá extenderse a:

• a) Los terrenos, locales, oficinas, instalaciones y su entorno, medios de transporte, equipos y materiales, en las diferentes etapas a las que se refiere el último apartado del artículo anterior.
• b) Los productos semiacabados y los productos acabados dispuestos para la venta.
• c) Las materias primas, ingredientes, auxiliares tecnológicos y demás materias y elementos alimentarios.
• d) Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
• e) Los procedimientos utilizados para la fabricación, elaboración, tratamiento o conservación de los alimentos.
• f) El etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos.
• g) La documentación o registros derivados de la actividad del operador alimentario.

2. Reglamentariamente se establecerán los sistemas de control y el procedimiento de actuación de la inspección.

Artículo 15 Facultades de los inspectores

1. En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Administración Pública que realiza funciones inspectoras tiene la consideración de agente de la autoridad y podrá recabar la colaboración de cualquier Administración Pública, organizaciones profesionales y organizaciones de consumidores. Asimismo, podrá recabar la ayuda que precise de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. La actuación inspectora consistirá, entre otras, en una o varias de las operaciones siguientes:

• a) Inspección.
• b) Toma de muestras y análisis.
• c) Examen del material escrito y documental.
• d) Examen de los sistemas de autocontrol aplicados por los inspeccionados y de los resultados que se desprendan de los mismos.

3. Los inspectores podrán acceder directamente a la documentación industrial, mercantil y contable de los operadores alimentarios que inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones.

4. Asimismo, los inspectores podrán hacer copias o extractos del material escrito, informático y documental sometido a su examen.

5. Las operaciones mencionadas en los apartados anteriores podrán completarse en caso necesario:

• a) Con las manifestaciones del responsable de la empresa inspeccionada y de las personas que trabajan por cuenta de dicha empresa.
• b) Con la lectura de los valores registrados por los instrumentos de medida utilizados por la empresa.
• c) Con los controles, realizados por el inspector con sus propios instrumentos, de las mediciones efectuadas con los instrumentos instalados por la empresa.

Artículo 16 Obligaciones y acreditación del personal inspector

1. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el deber de secreto profesional. El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

2. Antes de comenzar su actuación, los inspectores deberán identificarse, mostrando su acreditación al responsable de la empresa en la que vaya a realizarse la inspección.

3. Una vez realizadas todas las averiguaciones que estimen oportunas, los inspectores levantarán acta, haciendo una relación pormenorizada de las conductas y hechos resultado de la inspección, y facilitarán una copia de la misma al responsable de la empresa objeto de inspección, informándole de las deficiencias subsanables que hayan detectado en el curso de la inspección.

4. Los hechos constatados por los inspectores debidamente acreditados que se formalicen en acta tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar o aportar los propios administrados en defensa de sus respectivos derechos o intereses.

5. Las funciones inspectoras serán realizadas por el personal que con esa consideración conste en la relación de puestos de trabajo del Departamento de Agricultura y Alimentación, así como, transitoriamente y en circunstancias debidamente motivadas, por el personal del mismo o distintos Departamentos que, reuniendo los requisitos de titulación necesarios, determine el órgano competente.

6. Excepcionalmente, el Departamento de Agricultura y Alimentación podrá acreditar temporalmente, para la realización de funciones inspectoras, a personal que no tenga la condición de funcionario y que esté en posesión de la titulación académica necesaria. Dicha acreditación, no definitiva, les conferirá el carácter de agentes de la autoridad, y finalizará al desaparecer la situación excepcional que la motivó. En ningún caso, el desempeño de dichas funciones dará derecho a la adquisición del carácter de funcionario de carrera.

7. Mediante orden del Departamento de Agricultura y Alimentación se regulará el sistema de acreditación de los inspectores que controlen la calidad alimentaria.

Véase la O [ARAGÓN] 4 diciembre 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se regula el sistema de acreditación y habilitación de los inspectores que controlen la calidad alimentaria («B.O.A.» 24 diciembre).LE0000253307_20071225

Artículo 17 Obligaciones de los inspeccionados

1. Los titulares de los establecimientos, así como los responsables de los mismos en el momento de la inspección, están obligados a:

• a) Consentir y facilitar las visitas de inspección.
• b) Suministrar toda clase de información sobre los sistemas de producción, transformación o comercialización y las instalaciones, productos, equipos o servicios, y particularmente sobre las autorizaciones, permisos y licencias necesarias para el ejercicio de la actividad, y permitir que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.
• c) Exhibir la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas, albaranes y demás documentos exigidos legalmente, así como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.
• d) Facilitar la obtención de copia o reproducción de la documentación exhibida.
• e) Permitir que se practique la oportuna toma de muestras o se efectúe cualquier tipo de control o ensayo sobre los productos y bienes en cualquier fase de producción, elaboración, envasado, transporte, almacenamiento o comercialización.
• f) Justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos alimentarios.

2. Las personas físicas o jurídicas que hayan mantenido relaciones comerciales con algún operador alimentario inspeccionado deberán suministrar la información relativa a tales relaciones que resulte necesaria para el buen fin de la inspección.

Artículo 18 Derechos de los inspeccionados

1. Los operadores alimentarios inspeccionados tendrán los derechos establecidos en los artículos 35 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los operadores inspeccionados tienen derecho a recurrir a un contraperitaje de las pruebas o muestras tomadas en la inspección, dentro del plazo y con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se determine.

3. Los operadores inspeccionados podrán exigir la acreditación del inspector en el momento de la inspección, efectuar alegaciones en el mismo acto y obtener una copia del acta.

4. Los operadores tendrán derecho a ser informados de las deficiencias subsanables detectadas en el curso de las actuaciones de inspección.

Artículo 19 Supuestos de adopción

1. En aquellos supuestos en que existan claros indicios de infracción en materia de conformidad y calidad estándar de la producción y comercialización alimentarias, se podrán adoptar motivadamente las medidas cautelares o preventivas que resulten adecuadas. En particular, las medidas cautelares podrán adoptarse en los supuestos siguientes:

• a) Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y sociales del sector alimentario.
• b) Cuando se utilicen inadecuadamente indicaciones que no correspondan al producto o induzcan a confusión.
• c) Cuando exista fraude, adulteración o prácticas no permitidas en los alimentos o las materias y elementos alimentarios.
• d) Si se comprueba que se transportan o comercializan alimentos o materias y elementos alimentarios sin el preceptivo documento de acompañamiento o que el mismo contiene indicaciones falsas, erróneas o incompletas.
• e) Cuando existan indicios de riesgo para la salud y seguridad de las personas. En este último caso se dará inmediato conocimiento a las autoridades sanitarias.

2. En casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, las medidas cautelares podrán ser adoptadas por el inspector, que las hará constar en el acta correspondiente, así como los motivos de su adopción. En la notificación de su adopción se fijará un plazo máximo de audiencia al interesado de tres días hábiles. Dichas medidas habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas, dentro de los quince días siguientes a su adopción, por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, quedando sin efecto si no se inicia el procedimiento en el citado plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. Los órganos competentes para instruir o resolver el procedimiento sancionador podrán acordar motivadamente la adopción, modificación o levantamiento de medidas cautelares.

4. En los supuestos previstos en el apartado 1 en los que no proceda la iniciación de procedimiento sancionador, la adopción de medidas cautelares o, en su caso, la decisión sobre las mismas corresponderá al director del Servicio Provincial de Agricultura y Alimentación competente por razón del lugar en que deban aplicarse.

5. Si en el curso de una inspección de calidad estándar se detectasen claros indicios de infracción en materia de calidad diferenciada, podrán imponerse medidas cautelares por los mismos órganos establecidos en los apartados anteriores.

Artículo 20 Tipos de medidas cautelares

1. En cualquier caso, las medidas cautelares habrán de ser proporcionadas a la irregularidad detectada y mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización de las diligencias oportunas o, en caso de que la falta de conformidad sea subsanable, el tiempo necesario para la eliminación del hecho que motivó su adopción.

2. Las medidas cautelares consistirán en una o varias de las actuaciones siguientes:

• a) La inmovilización de alimentos o materias o elementos alimentarios.
• b) El control previo de los productos que se pretenden comercializar.
• c) La paralización de los vehículos en que se transportan alimentos, materias o elementos alimentarios.
• d) La retirada del mercado de alimentos, materias o elementos alimentarios.
• e) La suspensión temporal del funcionamiento de un área, elemento o actividad del establecimiento inspeccionado.
• f) La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de alimentos, materias o elementos alimentarios.

3. Las medidas cautelares adoptadas se adaptarán a las características específicas de los alimentos perecederos o de difícil conservación.

4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un órgano de control, podrá acordarse la suspensión cautelar del citado órgano y se establecerá el sistema de control aplicable en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Las medidas cautelares podrán ser objeto de los recursos que en cada caso proceda.

6. Los gastos generados por la adopción de las medidas cautelares serán de cuenta del responsable o titular de derechos sobre la mercancía.

Artículo 21 Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar

1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador adopta una inmovilización cautelar o confirma la ya adoptada, comunicará en el acuerdo de incoación al responsable o titular de derechos sobre las mercancías inmovilizadas que dispone de un plazo de 30 días para optar por alguna de las operaciones siguientes, en función de los supuestos que motivaron la adopción de la medida cautelar:

• a) Regularizar y subsanar la falta de conformidad de las mercancías, adaptándolas a la normativa mediante la aplicación de prácticas o tratamientos autorizados o bien adaptando su etiquetado y presentación a la normativa de aplicación.
• b) Destinar las mercancías a otros sectores, particularmente para uso industrial.
• c) Reexpedir o retornar las mercancías a su lugar de origen. Cuando por razón del lugar de origen de las mercancías no puedan garantizarse adecuadamente el seguimiento y control de la operación de reexpedición o retorno, o del procedimiento sancionador que, en su caso, pudiera corresponder, será necesaria la previa constitución por el responsable de una fianza suficiente que cubra la responsabilidad civil y la posible sanción.
• d) Destruir las mercancías o mantenerlas en depósito, en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador.

2. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, el responsable o titular de derechos sobre las mercancías inmovilizadas podrá solicitar del órgano competente para iniciar el procedimiento que le comunique las opciones a las que tiene derecho respecto a las mismas. El órgano competente, mediante resolución motivada, comunicará las opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1 de este artículo.

3. En la resolución motivada a la que se refiere el apartado anterior o en el acuerdo de incoación, en su caso, el órgano competente decidirá subsidiariamente el destino de las mercancías inmovilizadas para el supuesto de que el responsable o titular de las mismas no opte, en el plazo otorgado al efecto, por alguna de las especificadas singularmente.

4. La ejecución de las opciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 habrá de ser verificada por el personal inspector del Departamento de Agricultura y Alimentación.

5. El órgano competente para incoar, o el instructor una vez iniciada la tramitación del procedimiento sancionador, ordenará el levantamiento de la medida cautelar si se constata que las mercancías inmovilizadas han sido regularizadas o se les ha dado uno de los destinos especificados singularmente, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder en su caso.

6. Los gastos generados por estas operaciones correrán a cargo del responsable o titular de derechos sobre las mercancías.

Artículo 22 Multas coercitivas

En el supuesto de que el operador alimentario no realice las actividades ordenadas por la inspección o no aplique las medidas cautelares que se le impongan, el órgano competente para confirmar la medida cautelar podrá imponer una multa coercitiva de hasta 3.000 euros. Transcurrido el nuevo plazo concedido para la realización de las actividades ordenadas o la aplicación de medidas cautelares sin que ello se produzca, se podrá reiterar la imposición de multas coercitivas, cada una de ellas con importe máximo de 3.000 euros con una periodicidad de tres meses, hasta el cumplimiento total de las obligaciones impuestas.