Sumario

Preámbulo

El artículo 9.25 del Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga a la Generalidad competencia exclusiva en materia de asistencia social. El proceso para hacer efectiva esta disposición estatutaria pasa por la redefinición de competencias de las administraciones que, como la provincial, venían ejerciendo competencias en materia de asistencia social.

El texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 1955 otorgaba a las diputaciones provinciales competencias en materia de asistencia social. Las diputaciones ejercen estas competencias de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Sin embargo, dicha Ley y la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, de 1987, establecen que las competencias de las diputaciones provinciales serán aquellas que bajo este concepto les atribuyan las leyes del Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en cualquier caso, las de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. La Disposición Transitoria de la Ley 26/1985, de Servicios Sociales, dispone que las diputaciones provinciales catalanas continuarán ejerciendo las competencias que ya tenían atribuidas en materia de servicios sociales, adaptándolas a las prescripciones de la Ley.

La Ley 5/1987, de 4 de abril, del Régimen Provisional de las Competencias de las Diputaciones Provinciales, establece que la distribución de aquellas competencias entre las comarcas y la Generalidad deberá hacerse mediante leyes del Parlamento de Cataluña, respetando el núcleo esencial de la autonomía provincial y teniendo en cuenta los principios de desconcentración y descentralización.

La Ley 26/1985 de Servicios Sociales, anterior a la citada Ley 5/1987 y a la Ley 6/1987, sobre la Organización Comarcal de Cataluña, ya prevé la distribución territorial de las competencias que regula y, en referencia a las entidades territoriales en que se estructure la Generalidad, efectúa una asignación de competencias sin perjuicio de las que posteriormente puedan ser desconcentradas o delegadas, posponiendo al hecho que se haya legislado específicamente sobre administración territorial de Cataluña la definición del contenido competencial de las diputaciones provinciales.

La presente Ley viene, pues, a completar la Ley 26/1985, de Servicios Sociales, que establece un Sistema que se caracteriza por una concepción global e integral de dichos servicios, con el objetivo de constituir un todo funcional bien coordinado y corregir la dispersión de fuerzas que existían en este campo, superando así antiguas concepciones basadas en la idea de beneficencia.

La presente Ley responde a la necesidad de completar la legislación sectorial y, al mismo tiempo, inicia un procedimiento que culminará en el acuerdo que se adopte en el seno de la Comisión Mixta determinada en la Ley 5/1987.