El Tribunal Supremo, en su sentencia del 9 de septiembre de 2026, establece que la indemnización reconocida a una trabajadora por los salarios dejados de percibir debido a su reincorporación tardía tras una excedencia voluntaria debe abonarse en su importe neto, una vez practicadas las retenciones fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social legalmente exigibles.
La controversia surgió después de que se reconociera a la trabajadora una indemnización equivalente a los salarios que habría percibido entre el 9 de junio de 2021 y el 1 de noviembre de 2022, por un importe de 50.747,30 euros brutos. La empresa defendía que la cantidad que debía entregarse era de 33.899,20 euros netos o, subsidiariamente, que se practicaran los descuentos correspondientes.
La indemnización se calculó sobre los salarios dejados de percibir
La Sala recuerda su jurisprudencia sobre la responsabilidad empresarial en los supuestos de excedencia voluntaria, conforme a la cual la reincorporación tardía puede generar una indemnización por daños y perjuicios, cuya cuantía se fija, en principio, por referencia a los salarios dejados de percibir.
En el caso examinado, la trabajadora había limitado su reclamación a dichos salarios, sin concretar daños adicionales ni acreditar perjuicios superiores, como los derivados de la incertidumbre sobre su situación laboral o de la necesidad de buscar otros ingresos.
Por tanto, la cuestión controvertida se centraba en determinar si la cantidad reconocida judicialmente debía entregarse íntegramente en bruto o si procedía aplicar las correspondientes retenciones y cotizaciones.
La sentencia recurrida había considerado que la suma reconocida tenía naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, no estaba sujeta a tributación ni cotización. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza esta interpretación.
El órgano judicial debe practicar las retenciones obligatorias
El Alto Tribunal explica que, cuando se ejecuta una sentencia y se ponen cantidades a disposición de una persona trabajadora, el órgano judicial actúa como pagador y debe respetar las obligaciones legales de ingreso ante Hacienda y la Seguridad Social.
Esta obligación resulta aplicable tanto a las cantidades consignadas para recurrir como a las depositadas para satisfacer la condena.
La Sala advierte de que entregar íntegramente el importe bruto, sin practicar los descuentos legalmente exigibles, supondría agravar la posición del deudor, que posteriormente tendría que ingresar las cantidades correspondientes ante Hacienda y la Seguridad Social, con los posibles recargos e intereses.
Al mismo tiempo, permitiría que la persona acreedora percibiera una cantidad superior a la que legalmente le corresponde, dando lugar a un enriquecimiento injustificado.
Por ello, el Supremo reafirma que, cuando la indemnización se cuantifica por equivalencia con los salarios dejados de percibir, deben aplicarse las reglas ordinarias de retenciones fiscales y cotizaciones sociales.
La trabajadora percibirá 33.899,20 euros netos
El Tribunal también señala que, al efectuarse las cotizaciones correspondientes al periodo controvertido, desaparece el perjuicio específico que las resoluciones anteriores habían apreciado por la falta de alta y cotización durante la prolongación indebida de la excedencia.
Todo ello, sin perjuicio de que la trabajadora pueda solicitar ante la Administración tributaria la devolución de las cantidades que considere indebidamente retenidas.
En consecuencia, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, casa y anula la sentencia del tribunal autonómico y revoca parcialmente la resolución de instancia.
De este modo, establece que la cantidad que debe entregarse a la trabajadora es de 33.899,20 euros netos, en lugar de los 50.747,30 euros brutos inicialmente reconocidos, una vez descontadas las retenciones a cuenta del IRPF y las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
Los restantes pronunciamientos de la sentencia se mantienen inalterados.
