Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios

Artículo 19 Prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios

Los establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios están sujetos al régimen de intervención administrativa en prevención y seguridad en materia de incendios, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y la normativa sectorial aplicable.

Artículo 20 intervención municipal

1. Las administraciones municipales a las que corresponda tramitar las licencias de obras, en ejercicio de su competencia municipal en materia de prevención de incendios y sin perjuicio de las demás actuaciones que lleven a cabo de acuerdo con lo que establezca la normativa de régimen local, antes de dictar la correspondiente resolución deben verificar, en los casos en que lo determinen la normativa técnica, la normativa reguladora de dichas licencias o la normativa municipal dictada a tal fin, que los proyectos técnicos aportados por los solicitantes, que deben estar firmados por un técnico o técnica competente, se ajustan a la normativa vigente de prevención y seguridad en materia de incendios. En los supuestos detallados en el anexo 1, dicha verificación debe realizarse por la Administración de la Generalidad de acuerdo con el artículo 22, y el acto de comprobación debe realizarse de acuerdo con las condiciones que establece el artículo 25.

2. Los establecimientos o actividades sujetos a comunicación, de acuerdo con su regulación específica o de acuerdo con la Ley de facilitación de la actividad económica, que no estén incluidos en el anexo 1 no requieren la verificación de las condiciones de prevención y seguridad en materia de incendios previamente a la puesta en funcionamiento. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de dicha Ley de facilitación, tanto para los supuestos en los que la comunicación de datos debe ir acompañada con el certificado acreditativo de la adecuación del establecimiento, firmado por el técnico o técnica competente, como para los supuestos en los que la comunicación de datos debe ir también acompañada con un proyecto técnico firmado por el técnico o técnica competente, este certificado debe acreditar asimismo el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad en materia de incendios, de acuerdo con la reglamentación técnica aplicable.

3. Los establecimientos o actividades sujetos a declaración responsable, de acuerdo con su regulación específica, que no estén incluidos en el anexo 1 no requieren la verificación de las condiciones de prevención y seguridad en materia de incendios previamente a la puesta en funcionamiento. La declaración responsable debe contener la aseveración de que el titular dispone de un certificado técnico, firmado por un técnico o técnica competente, relativo al cumplimiento de las condiciones técnicas exigibles al establecimiento o la actividad, incluidas las relativas a la prevención y la seguridad en materia de incendios, y debe incorporar los datos identificativos del técnico o técnica competente.

4. Los establecimientos o actividades incluidos en el anexo 1 que se consideran de riesgo importante y que no requieren licencia de obras y no están sujetos a licencia municipal para establecimientos abiertos al público están sujetos al informe previo por riesgo de incendio emitido por la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, previa presentación a la correspondiente administración municipal del proyecto técnico descriptivo y justificativo del cumplimiento de la reglamentación técnica aplicable en materia de incendios. Sobre estos establecimientos debe realizarse el acto de comprobación de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 25.

5. Los establecimientos o actividades incluidos en el anexo 1 que se consideran de riesgo importante y que están sujetos a un régimen de licencia municipal quedan sujetos al régimen de intervención administrativa en materia de incendios por parte de la Administración de la Generalidad, el cual se integra en los procesos de obtención de dicha licencia.

6. Los actos de comprobación previa a la puesta en funcionamiento, la revisión o el control periódico de una actividad sólo puede ser establecidos por una norma con rango de ley.

7. Las administraciones municipales pueden ejercer la acción inspectora y, en su caso, el régimen sancionador que corresponda sobre los establecimientos, las actividades y los edificios posteriormente a la puesta en funcionamiento u ocupación, y pueden establecer planes y programas de inspección. A tales efectos, las administraciones municipales pueden adaptar la organización, en la medida que sea conveniente, a los procedimientos y las condiciones que establecen la sección cuarta, referida a la inspección, y la sección quinta, referida al régimen sancionador, del capítulo III del título IV, complementariamente a los procedimientos y normas de régimen local.

LE0000685116_20210120Artículo 20 redactado por el número 1 de la disposición final tercera de la Ley 18/2020, 28 diciembre, de facilitación de la actividad económica («D.O.G.C.» 31 diciembre); Corrección de erratas («D.O.G.C.» 10 marzo 2021).Vigencia: 20 enero 2021

Artículo 21 Intervención de la Administración de la Generalidad

1. El régimen de intervención administrativa de la Administración de la Generalidad tiene la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en caso de incendio establecidas por la normativa vigente, en los supuestos y de la forma que establece la presente ley.

2. A los efectos de lo que determina el apartado 1, se establecen las siguientes intervenciones:

• a) Intervención previa. La intervención administrativa previa consiste en un control preventivo que tiene la finalidad de determinar, a la vista de los correspondientes proyectos técnicos, que el establecimiento, la infraestructura o el edificio proyectados cumplen las medidas de seguridad en caso de incendio establecidas por la normativa aplicable. La intervención previa puede realizarse antes del inicio de la actividad o de la construcción o de la modificación significativa del establecimiento, la infraestructura o el edificio correspondientes.
• b) Intervención de comprobación. La intervención administrativa de comprobación se realiza inmediatamente antes del inicio de una actividad, de la puesta en funcionamiento de un establecimiento o una infraestructura, de la ocupación de un edificio o de una modificación significativa de los mismos, y consiste en un acto de comprobación, efectuado in situ en los términos establecidos por la presente ley y como requisito indispensable para el inicio de la actividad, que tiene la finalidad de garantizar que se cumplen todas las prescripciones establecidas por la legislación sectorial aplicable en prevención y seguridad en materia de incendios y, específicamente, las establecidas por la licencia o autorización de la modificación solicitada.
• c) Intervención posterior al inicio de la actividad. La intervención administrativa posterior al inicio de la actividad, a la puesta en funcionamiento del establecimiento o la infraestructura o a la construcción y ocupación del edificio consiste en inspecciones de control y, si procede, a la aplicación del correspondiente régimen sancionador, para que los establecimientos y edificios existentes cumplan la normativa que les es aplicable en materia de seguridad en caso de incendio.

Artículo 22 Control preventivo

1. El control preventivo de la Administración de la Generalidad se realiza mediante la emisión de los informes de prevención de incendios correspondientes, los cuales deben ser solicitados preceptivamente por la administración responsable de tramitar la licencia de obras o de actividades, según proceda, o la autorización de las correspondientes modificaciones significativas, tan pronto como esta administración disponga de la correspondiente solicitud de licencia o autorización.

2. Corresponde realizar el control preventivo al que se refiere el apartado 1 a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, mediante los órganos que sean determinados por reglamento y, si procede, mediante las entidades colaboradoras de la Administración previamente autorizadas en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios.

3. En los casos en que, de acuerdo con el apartado 5, el control preventivo de la Administración de la Generalidad sea preceptivo, los solicitantes de la licencia deben presentar a la Administración responsable de tramitarla el correspondiente proyecto técnico de obras o actividades firmado por un técnico o técnica competente. Dicho proyecto técnico, sin perjuicio de lo que establezca la normativa que le sea aplicable, debe contener la documentación que se establezca por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios.

4. El control preventivo regulado por el presente artículo se realiza después de haber visto la documentación presentada con motivo de la solicitud de licencia o de la autorización de las correspondientes modificaciones significativas, la cual debe incluir el proyecto técnico al que se refiere el apartado 3. Como resultado de esta revisión técnica se emite el informe de prevención, que tiene carácter vinculante para la Administración solicitante.

5. El control preventivo debe solicitarse preceptivamente en todos los supuestos que se detallan en el anexo 1.

6. La Administración tiene la obligación de emitir el informe de prevención en el plazo de dos meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud de informe al registro de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios.

7. En el caso de que, una vez transcurrido el plazo establecido por el apartado 6, no se haya emitido el informe de prevención, se entiende que el informe es favorable.

8. En el caso de obras o infraestructuras que no estén sometidas a los trámites de licencia establecidos por el apartado 1, la Administración, el organismo o la entidad responsable, según proceda, debe solicitar preceptivamente el informe de prevención de incendios con carácter previo a la aprobación del proyecto constructivo o proyecto básico por parte del órgano competente.

9. El control preventivo regulado por el presente artículo debe ser efectuado exclusivamente por los órganos que se determinen de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios. Con esta finalidad, el órgano promotor en la fase de redacción del proyecto básico o constructivo debe pedir informe a dicha dirección general y debe tomar en consideración los requerimientos de prevención y seguridad que esta establezca en la aprobación definitiva del proyecto.

Artículo 22 bis Informe preceptivo por riesgo de incendio

1. Para el ejercicio de actividades sujetas a control preventivo de la Generalidad, de acuerdo con la presente ley, que no requieren licencia de obras ni licencia por establecimientos abiertos al público, es necesaria la obtención de un informe preceptivo por riesgo de incendio.

2. El interesado debe solicitar la emisión del informe previo presentando el documento de solicitud, acompañado de la documentación establecida por el artículo 22, al ayuntamiento donde debe ejercerse la actividad donde se encontrará la instalación o el establecimiento.

3. Los servicios municipales deben remitir la documentación a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, la cual debe analizar la documentación presentada y emitir el informe, que tiene carácter vinculante. La dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, una vez emitido el informe, debe remitirlo al ayuntamiento correspondiente, para que lo notifique al interesado.

LE0000557059_20210120 Artículo 22 bis introducido por el apartado 2 del artículo 21 de la Ley [CATALUÑA] 16/2015, 21 julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica («D.O.G.C.» 24 julio).Vigencia: 13 agosto 2015

Artículo 23 Régimen de intervención administrativa en actividades de carácter esporádico o puntual

1. En las actividades que, por su naturaleza puntual o esporádica, se sujeten a otros trámites municipales o de la Administración de la Generalidad pero que, dadas sus características especiales, son actividades de importante riesgo, la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios debe emitir informe preceptivo y vinculante a la autorización que tenga que concederse.

2. El informe al que se refiere el apartado 1 debe solicitarse en los siguientes supuestos:

• a) Actividades de carácter esporádico con un aforo superior a 500 personas en establecimientos cerrados o a 1.000 personas en espacios abiertos.
• b) Estructuras desmontables e itinerantes, como carpas, entoldados o toldos, entre otras, con un aforo superior a 1.000 personas.

3. En los casos establecidos por el apartado 2, y en los que puedan establecerse por reglamento, la Administración a la que corresponda autorizar la actividad correspondiente debe solicitar a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios el informe de prevención con la antelación que se determine por reglamento, con un mínimo de quince días hábiles de antelación a la realización del acto.

4. Una vez transcurrido el plazo establecido por reglamento, si no se ha emitido el informe de prevención, se entiende que el informe es favorable.

Artículo 24 Intervención administrativa en otros supuestos

Quedan sujetos a informe de prevención de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios, además de los supuestos establecidos por la presente ley, los demás supuestos en que lo establezcan otras disposiciones normativas. En tal caso, el procedimiento y la naturaleza del informe son los que establezca la normativa correspondiente.

Artículo 25 Acto de comprobación

1. La intervención administrativa de la Administración de la Generalidad inmediatamente anterior al inicio de una actividad, a la puesta en funcionamiento de un establecimiento o de una infraestructura o a la ocupación de un edificio, o a una modificación significativa de los mismos, se efectúa, con carácter general y sin perjuicio de lo establecido por el apartado 5, en los supuestos sujetos al control preventivo de la Administración de la Generalidad, de acuerdo con la sección segunda.

2. En los casos establecidos por el apartado 1, los titulares del establecimiento, la actividad, la infraestructura o el edificio deben solicitar a una entidad colaboradora de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios que efectúe un acto de comprobación para verificar que el establecimiento, la actividad, la infraestructura o el edificio cumplen todas las prescripciones establecidas por la legislación sectorial aplicable en prevención y seguridad en materia de incendios y, específicamente, las establecidas por la autorización o licencia solicitada.

3. La entidad colaboradora debe expedir el certificado del acto de comprobación en formato digital y enviarlo electrónicamente, mediante los canales habilitados por la Ventanilla Única Empresarial, en el plazo de un mes a contar desde la solicitud, a fin de que sea remitido a las administraciones competentes sobre dicha actividad o establecimiento, así como a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios.

4. Para iniciar la correspondiente actividad u ocupación, se requiere la previa obtención del certificado de acto de comprobación favorable expedido por una entidad colaboradora de la Administración en el ámbito de la prevención y la seguridad en materia de incendios, además de cumplir los otros requisitos para el inicio de la actividad económica establecidos en las demás normas de aplicación.

5. Pueden determinarse, por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios, los supuestos que se exceptúan del acto de comprobación, de entre los establecidos en el anexo 1.

6. El contenido del certificado acreditativo del acto de comprobación debe establecerse por orden del consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios.

7. En el caso de infraestructuras promovidas por una administración pública, el acto de comprobación debe ser efectuado por personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad o por personal técnico adscrito a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios facultado para el desempeño de dicha función.

8. La emisión de un certificado de acto de comprobación favorable es un requisito necesario para la puesta en marcha de la correspondiente infraestructura.

LE0000685116_20210120Artículo 25 redactado por el número 2 de la disposición final tercera de la Ley 18/2020, 28 diciembre, de facilitación de la actividad económica («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 20 enero 2021

Artículo 26 Personal inspector

1. La función inspectora de la Generalidad en prevención y seguridad en materia de incendios en cualquier establecimiento, actividad, infraestructura o edificio corresponde al departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios, que la ejerce mediante el personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad, adscrito a la dirección general competente.

2. También pueden ejercer las funciones de inspección a las que se refiere el apartado 1 los funcionarios técnicos facultados para realizar dicha función adscritos a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios.

Artículo 27 Deber de colaboración

Los titulares de los establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios objeto de inspección deben prestar la máxima colaboración para llevar a cabo las tareas de inspección. A tal efecto, deben facilitar el acceso del personal inspector al establecimiento, la infraestructura o el edificio, y deben poner a su disposición la información o documentación que les sea requerida.

Artículo 28 Actos de inspección

1. Debe levantarse acta de cada inspección, con el siguiente contenido mínimo:

• a) La identificación de la empresa.
• b) La identificación del establecimiento, la actividad, la infraestructura o el edificio.
• c) La referencia a la autorización o licencia otorgada al establecimiento, la actividad, la infraestructura o el edificio, con la especificación de las determinaciones que contiene sobre el ámbito de la inspección.
• d) La identificación del día y la hora de la actuación de inspección, de las personas que la efectúan y de las que asisten a la misma en representación del establecimiento, la actividad, la infraestructura o el edificio inspeccionados.
• e) La especificación o el detalle de los aparatos de medición y análisis que, en su caso, se utilizan en la actuación de inspección.
• f) La descripción de todas las actuaciones efectuadas.
• g) La descripción de las modificaciones respecto del proyecto autorizado que, en su caso, se hayan observado en las instalaciones o en los procesos y que afecten a la prevención y la seguridad en materia de incendios.
• h) Las incidencias que, en su caso, se hayan producido durante la actuación de inspección.
• i) La duración de la actuación y la firma de los asistentes.
• j) La determinación, en su caso, de las medidas correctoras aplicables y el plazo para llevarlas a cabo.

2. La persona o las personas que actúen en representación del establecimiento, la actividad, la infraestructura o el edificio en el momento de la inspección tienen derecho a estar presentes en todas las tareas de inspección, a firmar y hacer constar las observaciones que estimen pertinentes en el acta correspondiente y a recibir una copia de dicha acta.

Artículo 29 Valor probatorio de las actas de inspección

Los resultados de las actuaciones inspectoras recogidos en el acta o en los informes complementarios que elaboren los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad y los técnicos adscritos a la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios previamente facultados para desarrollar dichas funciones, tienen presunción de certeza, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportarse.

Artículo 30 Corrección de los incumplimientos y medidas cautelares

1. Si del resultado de las inspecciones efectuadas resulta el incumplimiento de la normativa en prevención y seguridad en materia de incendios, debe concederse un plazo para enmendar el incumplimiento detectado. Dicho plazo puede hacerse constar en la propia acta o, en caso contrario, debe comunicarse a los interesados en el plazo de un mes.

2. No obstante lo establecido por el apartado 1, si del resultado de las inspecciones resulta un riesgo importante para la seguridad de las personas, pueden adoptarse directamente las medidas cautelares pertinentes, al margen de la incoación del procedimiento sancionador. Dichas medidas cautelares deben estar motivadas y han de adoptarse con criterios de proporcionalidad respecto del riesgo detectado y de la afectación al interés general.

3. Las medidas cautelares a las que se refiere el apartado 2 no tienen carácter de sanción y pueden comprender cualquier medida adecuada para evitar o minimizar el riesgo detectado, entre otras la clausura temporal total o parcial del establecimiento, el precinto total o parcial de las instalaciones o la inutilización de maquinaria. Dichas medidas deben tener una duración igual al plazo concedido para corregir el incumplimiento que motiva su adopción.

4. En los casos de incumplimientos leves, pueden llevarse a cabo actuaciones de advertencia, sin necesidad de iniciar un procedimiento sancionador. La autoridad competente debe motivar la medida de advertencia.

5. Si, una vez transcurrido el plazo de corrección, no se han enmendado los incumplimientos detectados, debe aplicarse lo establecido por la sección quinta.

Artículo 31 Régimen sancionador

El incumplimiento de lo establecido por la normativa vigente en materia de prevención y seguridad en materia de incendios puede constituir alguna de las infracciones tipificadas por la presente ley, sin perjuicio del régimen sancionador establecido por otras normas de carácter sectorial.

Artículo 32 Responsables

1. Son responsables del incumplimiento de la normativa en materia de prevención y seguridad en materia de incendios las personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos, o de las actividades que se ejercen en los mismos, en que se haya detectado el incumplimiento.

2. Son responsables solidarios del pago de las sanciones impuestas las personas físicas o jurídicas que en el transcurso de la tramitación de un procedimiento sancionador sucedan, por cualquier concepto, a los titulares de los establecimientos o de las actividades.

Artículo 33 Infracciones

1. Las infracciones por incumplimiento de la normativa en materia de prevención y seguridad en materia de incendios pueden constituir faltas muy graves, graves o leves.

2. Son faltas muy graves:

• a) El incumplimiento, una vez iniciada la actividad o la ocupación correspondiente, de cualquier medida de seguridad en caso de incendio establecida por el proyecto técnico presentado para obtener la licencia o la autorización preceptivas de modificación significativa, o impuesta por las correspondientes licencia o autorización, cuando afecte a las condiciones de evacuación, si ello conlleva un riesgo para la seguridad de las personas.
• b) El bloqueo o mal funcionamiento de la apertura de cualquier elemento de evacuación durante la permanencia de personal o público en los establecimientos o edificios.
• c) La negativa a permitir al personal que ejerce sus funciones de inspección el acceso a los establecimientos, actividades o edificios y la negativa a facilitar la función de inspección.
• d) El incumplimiento de cualquier norma, resolución o requerimiento sobre seguridad en caso de incendio de los establecimientos, actividades, infraestructuras o edificios que signifique un riesgo grave para la seguridad de las personas.

3. Son faltas graves:

• a) El incumplimiento, una vez iniciada la actividad o la ocupación correspondiente, de cualquier medida de seguridad en caso de incendio establecida por el proyecto técnico presentado para obtener la licencia o la autorización de modificación significativa preceptivas, o impuesta por la licencia o la autorización correspondientes, cuando afecte a las condiciones de evacuación, si no conlleva riesgo para la seguridad de las personas.
• b) El incumplimiento, una vez iniciada la actividad o la ocupación correspondiente, de cualquier medida de seguridad en caso de incendio establecida por el proyecto técnico presentado para obtener la licencia o la autorización de modificación significativa preceptivas, o impuesta por la licencia o la autorización correspondientes, cuando afecte a las condiciones de sectorización interior, de sectorización respecto a los vecinos, de resistencia al fuego de la estructura o de las instalaciones de protección en caso de incendio.
• c) La existencia de materiales combustibles por encima del nivel de riesgo de incendio autorizado.
• d) La obstaculización, la falta de mantenimiento, la incorrecta señalización o el mal funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios.
• e) La resistencia u obstaculización al hecho de que el personal competente ejerza sus funciones de inspección.
• f) El incumplimiento de cualquier norma, resolución o requerimiento sobre seguridad en caso de incendio de los establecimientos, actividades, infraestructuras o edificios que no implique un riesgo grave para la seguridad de las personas.

4. Es una falta leve cualquier incumplimiento de la normativa de prevención y seguridad en materia de incendios no tipificado como falta grave o muy grave.

Artículo 34 Sanciones

1. Las faltas muy graves pueden ser sancionadas con las siguientes sanciones:

• a) Una multa entre 100.001 y 1.000.000 de euros.
• b) La clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento.
• c) La clausura provisional, total o parcial, del establecimiento, por un período máximo de treinta y seis meses.

2. Las faltas graves pueden ser sancionadas con las siguientes sanciones:

• a) Una multa entre 10.001 y 100.000 euros.
• b) La clausura provisional, total o parcial, del establecimiento, por un período máximo de veinticuatro meses.

3. Las faltas leves pueden ser sancionadas con multas de hasta 10.000 euros.

4. Las sanciones establecidas para las faltas graves y muy graves, respectivamente, pueden ser impuestas conjuntamente si el riesgo para las personas o los bienes lo exige.

Artículo 35 Graduación de sanciones

1. Para graduar las sanciones, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

• a) La intencionalidad.
• b) La reincidencia.
• c) El riesgo creado para personas y bienes.
• d) Los daños o perjuicios causados a personas y bienes.
• e) La afectación en la actuación de los servicios de extinción de incendios.

2. A los efectos de la presente sección, se considera reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, siempre que haya sido declarada por resolución firme.

Artículo 36 Plazo de corrección

1. Con independencia de la sanción que se imponga, salvo la clausura definitiva del establecimiento, la resolución sancionadora debe conceder a los infractores un plazo determinado para que corrijan el hecho sancionado. Dicho plazo debe ser establecido en función del incumplimiento o la deficiencia acreditados.

2. Si, una vez transcurrido el plazo al que se refiere el apartado 1, no se ha dado cuenta de la corrección completa al órgano sancionador, este puede imponer multas coercitivas periódicamente hasta que el cumplimiento de la normativa de prevención y seguridad en materia de incendios sea efectivo.

3. Las multas coercitivas deben imponerse con una periodicidad igual al plazo concedido para corregir las deficiencias o los incumplimientos detectados.

4. El importe de las multas coercitivas debe ser el siguiente:

• a) Para las faltas muy graves, un importe igual a una tercera parte de la sanción principal impuesta.
• b) Para las faltas graves, un importe igual a una quinta parte de la sanción principal impuesta.
• c) Para las faltas leves, un importe igual a una décima parte de la sanción principal impuesta.

Artículo 37 Procedimiento administrativo sancionador

1. Para tramitar el procedimiento sancionador regulado por la presente sección, debe seguirse lo que disponga la normativa vigente en materia de procedimiento sancionador de la Administración de la Generalidad.

2. En cualquier momento del procedimiento el órgano que ha incoado el procedimiento puede adoptar, por sí solo o a propuesta del instructor o instructora, las medidas cautelares que estime pertinentes para suprimir o minimizar el riesgo para personas y bienes. Entre otras medidas, puede adoptar la clausura provisional, total o parcial, del establecimiento, la cual puede prolongarse durante el plazo de tramitación del procedimiento sancionador.

Artículo 38 Órganos competentes para tramitar y resolver el procedimiento

1. Corresponde a la persona titular de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios incoar los procedimientos sancionadores.

2. Corresponde a la persona titular de la dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios imponer las sanciones correspondientes a las faltas leves y graves y, si procede, acordar el archivo de las actuaciones.

3. Corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de prevención y extinción de incendios imponer las sanciones correspondientes a las faltas muy graves.

Artículo 39 Coordinación interadministrativa

La dirección general competente en materia de prevención y extinción de incendios debe informar a los ayuntamientos de la tramitación y el resultado de los procedimientos sancionadores instruidos respecto de los establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios que estén ubicados en su término municipal.