Artículo 16

Cláusula general de apoderamiento.

Las administraciones públicas de Cataluña pueden prestar, de acuerdo con

sus competencias, capacidad y recursos, cualquier tipo de servicio social de

nivel igual o superior a los que les atribuye la presente Ley, en las

condiciones que se establezcan en la legislación vigente y las que se

determinen por vía reglamentaria.

Artículo 17

Competencias del Gobierno de la Generalidad.

Corresponde al Gobierno de la Generalidad:

• a) Definir la política general de servicios sociales en Cataluña y en

  consecuencia, aprobar los instrumentos de planificación general en esta

  materia.

• b) Ejercer las funciones que le atribuye el artículo 8 de la Ley 26/1985,

de Servicios Sociales.

Artículo 18

1 Competencias del departamento competente en materia de

asistencia y servicios sociales.

1. Corresponde al departamento competente en materia de asistencia y

servicios sociales:

• a) El ejercicio de las funciones a que se refieren las letras a) y b) del

  artículo 15.

• b) El ejercicio de las funciones asignadas a los sectores regionales.
• c) El ejercicio de las funciones no asignadas a las comarcas

  correspondientes a sectores comarcales con población inferior a los 50.000

  habitantes.

• d) El fomento de la iniciativa social en materia de asistencia y servicios

sociales, sin perjuicio de las funciones que en esta materia corresponden a

otras administraciones públicas de Cataluña.

2. El departamento competente en materia de asistencia y servicios

sociales puede gestionar los servicios sociales sobre los cuales tenga la

competencia directamente con la participación de las comarcas, a través de

consorcios con entidades locales actuantes en la región o mediante cualquier

otra fórmula de gestión establecida por las leyes, informando de ello en

cualquier caso a los Consejos Comarcales.

3. El departamento competente en materia de asistencia y servicios

sociales, con la finalidad de racionalizar y mejorar la prestación de los

servicios sociales que le corresponden, desconcentrará, de acuerdo con el

despliegue normativo de la presente Ley, la gestión de las correspondientes

funciones en la escritura de los sectores regionales.

Artículo 19

Competencias del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios

Sociales.

Corresponde al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, bajo

la dirección, vigilancia y tutela del departamento al que está adscrito, la

titularidad de la gestión de las prestaciones económicas de asistencia

social, tanto las de la Generalidad como las provenientes de la Seguridad

Social, correspondiéndole asimismo ejercer las demás funciones que le asigne

el citado departamento de acuerdo con la normativa reguladora de este

Instituto.

Artículo 20 Competencias de los Consejos Comarcales

1. Corresponde a los Consejos Comarcales:

• a) Ejercer las funciones que se desarrollan en las áreas básicas de

  servicios sociales formadas por más de un municipio.

• b) Participar en la toma de decisiones y en la formulación de la

  planificación de los servicios sociales por lo que se refiere al ámbito

  territorial del sector regional de servicios sociales en el que esté

  adscrito, mediante el órgano paritario de colaboración a que se refiere el

  artículo 27.

• c) Colaborar, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, en la

  gestión de las prestaciones económicas y las subvenciones del Instituto

  Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.

• d) Ocuparse del asesoramiento y la formación de los recursos humanos en

  materia de servicios sociales y ejercer un primer nivel de supervisión y

  control, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras

  administraciones.

• e) Ejercer las funciones a que se refieren las letras c) y d) del artículo

  11, sin perjuicio de que, cuando justifiquen la capacidad para ejercer las

  funciones citadas en las letras a) y b) del mismo artículo 11, también

  puedan asumirlas voluntariamente.

• f) Proporcionar apoyo informativo y estadístico a las tareas de

  planificación y evaluación de la administración de la Generalidad.

• g) Las funciones que el Gobierno de la Generalidad o los municipios les

deleguen.

2. Los Consejos Comarcales de comarcas con una población de más de 50.000

habitantes, además de todas las funciones a que se refiere el apartado 1,

ejercen las que se citan en las letras a) y b) del artículo 11.

Artículo 21

Competencias de los Ayuntamientos.

Corresponde a los Ayuntamientos:

• a) Ejercer las funciones que se desarrollan en las áreas básicas de

  servicios sociales formadas por un municipio.

• b) Prestar y gestionar los servicios que hayan establecido de acuerdo con

  el artículo 16 y los que reciban por delegación en coordinación con la

  administración comarcal, de acuerdo con el artículo 11.c).

• c) A los Ayuntamientos de los municipios de población superior a 50.000

  habitantes y en base a lo dispuesto en el artículo 64.d) de la Ley 8/1987,

  de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña les corresponderá

  prestar y gestionar los servicios de transporte adaptado previstos en el

  artículo 4.b) de la presente Ley.

• d) Colaborar, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, en la

gestión de las prestaciones económicas y las subvenciones del Instituto

Catalán de Asistencia y Servicios Sociales.

Artículo 22

Las entidades de iniciativa social.

Las entidades de iniciativa social pueden gestionar servicios sociales

especializados así como proyectos concretos correspondientes a los servicios

sociales de atención primaria, de acuerdo con las administraciones

competentes, en las condiciones que se determinen por vía reglamentaria.

Artículo 23 Coordinación

1. Las medidas de coordinación que la presente Ley establece respetarán la

autonomía de los entes locales para la gestión de las competencias propias y

se regirán por los principios operativos del Sistema Catalán de Servicios

Sociales, que se establecen en el artículo 3 de la Ley 26/1985.

2. La Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña

ejercerán las competencias a que se refiere la presente Ley ajustando sus

relaciones interadministrativas a los deberes de información mutua,

cooperación, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales de las

demás administraciones.

3. Los entes locales ejercerán las competencias que les atribuye la

presente Ley con sujeción a los planes de actuación social y al resto de

normativa relativa a los servicios sociales. Con independencia de esta

obligación general, los entes locales sujetarán el régimen de ingreso y el

funcionamiento de los centros que gestionan a la normativa de la

Generalidad.

Artículo 24 Colaboración y cooperación interadministrativas

1. Sin perjuicio de los mecanismos de coordinación que la presente Ley

establece y de los criterios a que se refieren los artículos 18, 19 y 20 de

la Ley 26/1985, la Administración de la Generalidad, los Consejos Comarcales

y los Ayuntamientos establecerán convenios de cooperación, para extender de

forma progresiva la cobertura territorial de la Red Básica de Servicios

Sociales, de acuerdo con las determinaciones de los planes de actuación

social.

2. Los municipios que prestan servicios sociales pueden establecer

convenios de colaboración con la comarca respectiva, excepto en los casos en

que formen parte, con el mismo objeto, de los consorcios a que se refiere el

artículo 18.2

Artículo 25

Colaboración interdepartamental.

Las administraciones públicas de Cataluña para responder de forma integral

a las necesidades de la población, realizarán, según sus competencias,

programas interdepartamentales.

Artículo 26 Colaboración con la iniciativa privada

1. Las administraciones públicas promoverán e impulsarán las entidades de

iniciativa social, las cuales pueden recibir financiación pública y deben

sujetar su actividad en el campo de los servicios sociales a las

determinaciones del Plan de Actuación Social y al contenido de los convenios

formalizados.

2. Las administraciones públicas actuantes en el ámbito de la presente Ley

pueden concertar la gestión de servicios sobre los cuales tengan la

competencia, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la

gestión de los servicios públicos, con entidades privadas, preferentemente

de iniciativa social, debidamente acreditadas, las cuales quedarían

vinculadas a las determinaciones del Plan de Actuación Social y a los

requisitos que se fijen por la normativa y, en su caso, a los planes o

programas de la administración que promueva el concierto.

3. Corresponde a la administración concertante la función de control,

seguimiento y coordinación de los conciertos establecidos, sin perjuicio de

las competencias asignadas al Gobierno de la Generalidad en esta materia.

4. Las administraciones públicas actuantes en el ámbito de la presente Ley

pueden establecer convenios de colaboración con las entidades privadas.

Artículo 27 Consejos regionales

1. Cada sector regional de servicios sociales contará con un órgano

paritario colegiado de colaboración.

2. El órgano de colaboración a que se refiere el apartado 1 estará formado

por representantes de la Administración de la Generalidad y de las comarcas

integradas en el sector regional de servicios sociales y ajustará su

funcionamiento a lo dispuesto en la normativa administrativa para los

órganos colegiados.

3. El ámbito territorial del órgano de colaboración a que se refiere el

apartado 1 es el del correspondiente sector regional de servicios sociales.

En materia de asistencia y servicios sociales, dicho órgano tiene funciones

preceptivas de asesoramiento, de información y de propuesta de criterios y

medidas de coordinación, así como las que se determinen por vía

reglamentaria en el marco establecido por la legislación local.

Artículo 28

Financiación de la Administración de la Generalidad.

El departamento competente en materia de asistencia y servicios sociales y

el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales financiarán el coste

de los servicios que deben prestar con:

• a) Los recursos que pueden corresponderles por la participación de la

  Generalidad en los presupuestos de la Seguridad Social, afectos a servicios

  y prestaciones sociales. Estos recursos se reflejarán de forma diferenciada

  en los estados de ingresos en el presupuesto único de la Generalidad.

• b) Los recursos ajenos a la Seguridad Social que la Generalidad de

  Cataluña les asigne con cargo a sus presupuestos.

• c) Los ingresos ordinarios que estén autorizados a percibir de acuerdo con

  la normativa vigente.

• d) Las subvenciones, las donaciones, las herencias, los legados y

cualquier otra aportación voluntaria de entidades públicas y de entidades y

personas privadas.

Artículo 29 Financiación correspondiente a las administraciones locales

1. Los entes locales financiarán el coste de la prestación de los

servicios sociales correspondientes a las competencias que tienen atribuidas

como propias, de acuerdo con la legislación de régimen local y según su

capacidad presupuestaria.

2. Por lo que se refiere a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes,

esta financiación comprenderá los servicios sociales de su población

establecidos legalmente como obligatorios.

3. Por lo que se refiere a las comarcas, la financiación de los

correspondientes servicios sociales se efectuará de acuerdo con lo

establecido en la Ley 6/1987, de 4 de abril, de la Organización Comarcal de

Cataluña.

Artículo 30

1 Contribución de los usuarios al mantenimiento de los

servicios.

1. Los servicios sociales pueden sujetarse a precio público como

contraprestación de su coste cuando exista capacidad económica de los

beneficiarios, o de las personas obligadas para con ellos.

2. Nadie puede quedar excluido de la prestación de servicios por

insuficiencia o falta de recursos económicos.

3. Ni la calidad del servicio ni la prioridad en la atención de los casos

pueden venir determinadas por la existencia de contraprestación.

4. La creación y la modificación de los precios públicos a que se refiere

al apartado 1 se realizarán mediante decreto, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 24 de la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios

públicos de la Generalidad de Cataluña.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 33/1991, el

importe del precio público puede ser inferior al coste originado por la

prestación de los servicios o por la realización de las actividades

atendiendo a la naturaleza del servicio social que se reciba y a la

capacidad económica del usuario obligado al pago. En ningún caso este

importe puede superar los costes originados por la prestación del servicio o

la realización de la actividad.

Primera

La estructura territorial del Sistema Catalán de Servicios

Sociales se adecuará en cada momento a las modificaciones de la organización

territorial de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.

Segunda

1. Los traspasos de funciones que efectúa la presente Ley se

harán efectivos a través de una comisión paritaria compuesta por la

Generalidad y por cada uno de los Consejos Comarcales o Ayuntamientos de

municipios de más de 20.000 habitantes, que acordará el traspaso de la

gestión de los servicios y de los medios personales y económicos en el plazo

de dos años. Estos traspasos se realizarán de acuerdo con los criterios de

financiación y el nivel de cobertura vigentes en el momento de efectuarlos.

Los acuerdos con dichos Consejos Comarcales y Ayuntamientos se elevarán al

Gobierno, que los aprobará mediante decreto.

2. Durante el proceso de traspaso de los servicios y recursos sociales que

establece la Ley 26/1991, de 13 de diciembre, de transferencia de

competencias de las Diputaciones Provinciales a la Generalidad de Cataluña y

a los Consejos Comarcales en materia de servicios y asistencia social, los

servicios que todavía gestionen las Diputaciones Provinciales en esta

materia quedan supeditados a lo dispuesto en la presente Ley.

3. Los traspasos en la gestión de los servicios no implican un cambio de

titularidad patrimonial.

4. Todas las administraciones implicadas en el proceso de traspasos velarán por la continuidad en la prestación de los servicios mientras se efectúan los traspasos.

Tercera

Ninguna administración pública puede reducir el contenido

asistencial que está gestionando de acuerdo con las competencias que le

atribuye la legislación vigente en materia de servicios sociales, salvo que

sea para integrar sus servicios o establecimientos a través de un convenio

de cooperación interadministrativa, en otra administración.

Cuarta

Cuantas referencias a las comarcas se contienen en la presente

Ley se entienden hechas, en cuanto al ámbito territorial de la Vall d'Arán,

al Consejo General de la Vall d'Arán.

Quinta

El régimen de servicios sociales del municipio de Barcelona se

adecuará a la Ley especial de la ciudad a que se refiere el artículo 75 de

la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña,

cuando ésta se promulgue.

Sexta

De acuerdo con el artículo 15.b), los servicios de tratamiento y

reinserción de la delincuencia infantil y juvenil y los servicios sociales

penitenciarios se consideran servicios de necesaria existencia en la Red

Básica de Servicios Sociales a desarrollar en el ámbito territorial de

Cataluña. Corresponden al departamento competente en materia de justicia la

prestación y la gestión de estos servicios, sin perjuicio de lo establecido

en el artículo 25 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,

procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de

Cataluña.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan o contradigan lo

establecido en la presente Ley.

Primera

Se faculta al Gobierno de la Generalidad y al Consejero

competente en materia de asistencia y servicios sociales para dictar las

disposiciones y adoptar las medidas necesarias en relación al despliegue y

la ejecución de la presente Ley.

Segunda

El departamento competente en materia de asistencia y servicios

sociales actualizará en el plazo de dos meses la normativa sobre las

condiciones funcionales y la tipología de los servicios y los

establecimientos sociales y, en el plazo de tres meses desde la aprobación

de la citada normativa, fijará, mediante orden, en función de la misma, la

relación nominal de servicios y equipamientos que integran la Red Básica de

Servicios Sociales.

Tercera

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad de acuerdo con las

competencias de planificación y ordenación de los servicios sociales que le

otorga la Ley 26/1985, a adaptar, si procede la composición, la

delimitación, la sectorialización y la asignación funcional de la Red Básica

de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública que establece la presente

Ley a dictar las disposiciones necesarias para el despliegue de esta Red.

Cuarta

Se autoriza al Gobierno de la Generalidad a aprobar, en el plazo

de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, un Decreto

Legislativo de refundición con la Ley 12/1983, de 14 de julio, de

administración institucional de la sanidad y de la asistencia y los

servicios sociales de Cataluña y con la Ley 26/1985, de 27 de diciembre, de

servicios sociales, que clarifique y armonice los tres textos legales en

materia de servicios sociales y regularice su lenguaje.