Sumario

Pre醡bulo

I. Finalidad de la Ley

El Parlamento de Catalu馻, en sesi髇 plenaria celebrada el 29 de abril de 1981, dispuso la creaci髇, en el seno de la Comisi髇 de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana. de una ponencia conjunta, al objeto de elaborar una proposici髇 de ley de adecuaci髇 de la Compilaci髇 del derecho civil especial de Catalu馻 a la realidad actual.

La Ponencia estableci� un calendario de trabajo basado en el establecimiento de dos etapas bien definidas: la primera. dedicada a la adaptaci髇 de la Compilaci髇 a la Constituci髇 espa駉la de 1978, y la segunda, a la adecuaci髇 de este cuerpo legal a las necesidades actuales de la sociedad y a la realidad catalana de hoy.

El primer objetivo se cumpli� con la promulgaci髇 de la Ley 13/1984, de 20 de marzo, de modificaci髇 de la Compilaci髇 del derecho civil especial de Catalu馻. que, desde entonces, pas� a denominarse Compilaci髇 del derecho civil de Catalu馻, y con el Decreto legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprob� el texto refundido de este cuerpo legal.

Sin embargo, como expresamente se hac韆 constar en la exposici髇 de motivos de aquella Ley, la consecuci髇 del segundo objetivo requer韆 una tarea mucho m醩 compleja, que deb韆 completarse con una consideraci髇 profundizada de la incidencia del derecho civil catal醤 en el seno de nuestra sociedad.

El estudio de esta incidencia se llev� a cabo durante el Simposio de Derecho Civil de Catalu馻, convocado por el Departamento de Justicia, con motivo de la celebraci髇 de los veinticinco a駉s de la Compilaci髇. El Simposio, que cont� con la participaci髇 de todos los estamentos del mundo jur韉ico catal醤, tuvo lugar en los a駉s 1985 y 1986.

Despu閟, a partir de los anteproyectos de ley elaborados por el Departamento de Justicia y aprobados por el Gobierno, el Parlamento de Catalu馻 ha efectuado una intensa tarea legislativa para lograr aquel segundo objetivo de adecuaci髇 del derecho civil catal醤 a la realidad social catalana de hoy.

La Compilaci髇 del derecho civil de Catalu馻 dedicaba noventa y un art韈ulos al derecho de familia, divididos en cuatro t韙ulos: el primero, sobre la filiaci髇; el segundo, sobre la adopci髇 (un solo art韈ulo): el tercero, sobre el r間imen econ髆ico conyugal, y el 鷏timo, sobre los heredamientos, situados ahora, m醩 adecuadamente, en el seno del derecho sucesorio.

La insuficiencia de esta regulaci髇 no respond韆 a la riqueza del derecho que reg韆 en Catalu馻 eso s�, cada vez m醩 olvidado, sino a las circunstancias especiales en que se promulg� la Compilaci髇. Por ello, la reforma y desarrollo de este texto exigen un esfuerzo legislativo considerable, que se ha llevado a cabo seg鷑 la t閏nica de las leyes especiales, que, adem醩 de contar con el precedente de la obra legislativa del Parlamento catal醤 de la 閜oca de la Segunda Rep鷅lica, ha permitido resolver las situaciones que m醩 necesitaban una urgente reforma, sin ser sometidas a la demora inherente a toda empresa codificadora.

Es necesario tener presente que esta t閏nica ha sido utilizada siempre con el prop髎ito de que, llegado el momento oportuno, las leyes especiales aprobadas deber韆n ser refundidas en un texto codificado para cada una de las ramas capitales de nuestro derecho: el de familia, el de sucesiones y el patrimonial, comprensivo, este 鷏timo, en t閞minos generales, de las materias de que tratan los libros tercero y cuarto de la Compilaci髇; susceptibles, adem醩, estos tres textos, de ser refundidos otra vez en un cuerpo legal unitario: el C骴igo de derecho civil de Catalu馻.

Siguiendo esta metodolog韆, el C骴igo de sucesiones por causa de muerte fue aprobado por el Parlamento de Catalu馻 por la Ley 40/1991, de 30 de diciembre.

A continuaci髇 se relacionan las leyes especiales en materia de derecho de familia aprobadas por el Parlamento, siguiendo su orden cronol骻ico:

• Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones.
• Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protecci髇 de los menores desamparados y de la adopci髇, modificada por la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atenci髇 y protecci髇 de los ni駉s y los adolescentes.
• Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.
• Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificaci髇 de la Compilaci髇 en materia de relaciones patrimoniales entre c髇yuges.
• Ley 10/1996, de 29 de julio, de alimentos entre parientes.
• Ley 11/1996, de 29 de julio, de modificaci髇 de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre.
• Ley 12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre.

Puesto que los heredamientos han sido situados en el seno del derecho sucesorio, esta vasta obra legislativa contiene todas las instituciones jur韉icas de car醕ter familiar, con inclusi髇 de los efectos de la nulidad del matrimonio, el divorcio y la separaci髇 judicial, susceptibles de regulaci髇 legal, salvo las que la Constituci髇 espa駉la reserva expresamente al Estado, es decir, las relaciones jur韉ico-civiles relativas a las formas del matrimonio y las referentes a alg鷑 醡bito no reservado, que se han dejado moment醤eamente de lado por razones de oportunidad.

Una vez establecido esto, ha llegado el momento de la refundici髇 de toda esta obra legislativa en un cuerpo legal unificado, finalidad a la que responde la presente Ley del C骴igo de familia.

II. Principios de la presente Ley

La presente Ley sustituye toda la legalidad anterior en materia de instituciones familiares y, por lo tanto, la normativa hasta ahora vigente de la Compilaci髇 y las leyes especiales antes relacionadas, que quedan refundidas en el texto codificado.

La nueva regulaci髇 es, naturalmente, respetuosa con la Constituci髇 espa駉la; con los principios cl醩icos del derecho familiar catal醤, susceptibles de su adecuaci髇 a la gran transformaci髇 que ha experimentado la familia catalana en el curso del siglo que finaliza; con el texto de la Compilaci髇, y, muy particularmente, con las denominadas leyes especiales que el Parlamento ha aprobado. Contiene, tambi閚, todas las innovaciones que reclama la sociedad catalana de hoy.

La Constituci髇 espa駉la, concretamente el art韈ulo 39, asegura la protecci髇 social, econ髆ica y jur韉ica de la familia, pero no desarrolla esta protecci髇 m醩 all� de los hijos, iguales ante la ley, y de las madres, al margen de su estado civil, as� como respecto a las personas que pretenden encabezar una familia formando una pareja unida en matrimonio, instituci髇 garantizada por el art韈ulo 32 del texto constitucional.

Igualmente, el derecho catal醤 ha considerado siempre a la familia como la instituci髇 social b醩ica y la primera c閘ula de la sociedad.

Pero el vigor que nuestro derecho ha conferido a la instituci髇 familiar y el sentido proteccionista que impera en el mismo han sido en todo momento compatibles con el reconocimiento de la personalidad individual y de la m醲ima libertad de las personas que forman parte de la misma.

La presente Ley se muestra plenamente fiel a todos estos principios. El prop髎ito de protecci髇 de la familia y de las finalidades que le incumben se pone de relieve a lo largo de todas las instituciones que regula, como se desprende, entre otras, de las normas que limitan la disponibilidad de la vivienda familiar; de la fijaci髇 de los deberes del padre y de la madre hacia los hijos, que caracterizan la relaci髇 paterno-filial; del favor filii; de la posibilidad de sustituir la intervenci髇 judicial por el acuerdo de los dos parientes m醩 pr髕imos del hijo o hija para resolver los desacuerdos ocasionales del padre y la madre, de la prevalencia de 閟tos, en la delaci髇 de la tutela, con respecto a la judicial; o de la reimplantaci髇 facultativa del consejo de tutela, dentro del organismo tutelar.

El respeto de la presente Ley por el principio de autonom韆 de la voluntad se evidencia con el mantenimiento de la libertad de pacto en la elecci髇 del r間imen econ髆ico matrimonial, y en la aplicaci髇, como supletorio, del de separaci髇 de bienes. Este r間imen ha funcionado pac韋icamente en Catalu馻 durante muchos a駉s, incluso tras caer en desuso el sistema dotal, compagin醤dose perfectamente con la progresiva incorporaci髇 de la mujer al mundo del trabajo. Se mantiene como factor correctivo, ya incorporado en la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, la posibilidad de que el c髇yuge que ha trabajado desinteresadamente para la casa o para el otro c髇yuge pueda obtener una compensaci髇 econ髆ica en las situaciones de crisis del matrimonio y, por lo tanto, de posibles enfrentamientos separaci髇, divorcio y nulidad, como medida de protecci髇 de la parte m醩 d閎il.

En este mismo marco del respeto de la autonom韆 de la voluntad puede incardinarse la instituci髇 de la autotutela, seg鷑 la cual cualquier persona con plena capacidad de obrar puede designar y establecer las condiciones de su organismo tutelar, en previsi髇 de una futuras declaraci髇 de incapacidad.

La presente Ley tambi閚 recoge de la Compilaci髇 las regulaciones de los reg韒enes econ髆icos matrimoniales, a鷑 en vigor, propios de algunas comarcas de Catalu馻. Ello constituye una muestra de su fidelidad a otro rasgo caracter韘tico de nuestro ordenamiento jur韉ico, como es el predicamento del que siempre han gozado la costumbre y el respeto por los derechos locales.

Esta es tambi閚 una ley innovadora. Adem醩 de las muchas innovaciones que contienen las leyes especiales objeto de la presente refundici髇, y que ahora se mantienen en la misma, se han introducido otras, ya mencionadas antes o que lo ser醤 despu閟 en el curso de este pre醡bulo.

Es finalmente, digna de menci髇 la eliminaci髇 de la regulaci髇 de la dote, de la "tenuta", del esponsalicio o "excreix", del tantumdem, del "aixovar" y del "cabalatge" y del pacto de igualdad de bienes y ganancias, de cuyo tratamiento residual se ocupa la disposici髇 transitoria segunda de la Ley.

La presente Ley es mayoritariamente respetuosa con la normativa de las leyes que son objeto de la refundici髇 y fiel, por lo tanto, a sus principios inspiradores, sin perjuicio, sin embargo, de los ajustes terminol骻icos necesarios y, en algunos casos de fondo, de las supresiones y adiciones nuevas, aconsejables, sin duda, en el momento de establecer un texto plenamente actualizado.

III. Estructura y contenido de la presente Ley

La presente Ley est� formada por doscientos setenta y dos art韈ulos, una disposici髇 adicional, seis disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.

El texto consta de ocho t韙ulos, divididos en cap韙ulos que, cuando es necesario, se dividen en secciones. Los t韙ulos son los siguientes:

• I. Los efectos del matrimonio.
• II. Los reg韒enes econ髆icos matrimoniales.
• III. Los efectos de la nulidad del matrimonio del divorcio y de la separaci髇 judicial.
• IV. La filiaci髇.
• V. La adopci髇.
• VI. La potestad del padre y de la madre.
• VII. La tutela y dem醩 instituciones tutelares.
• VIII Los alimentos entre parientes

El t韙ulo I, relativo al matrimonio y sus efectos, contiene unos preceptos generales de introducci髇 y una regulaci髇 de las relaciones personales entre los c髇yuges que no figuraban en el derecho propio de Catalu馻 o figuraban de modo disperso.

Adem醩 de la novedad que representa el intento de desjudicializar los desacuerdos entre los c髇yuges, previendo la intervenci髇 facultativa de determinados familiares, se ha aclarado la obligaci髇 de contribuir a las cargas de la familia de todos aquellos que viven bajo un mismo techo.

En cuanto al resto, se mantiene, como ya se ha expuesto, la necesidad del consentimiento del c髇yuge no titular o, en su defecto, de la autoridad judicial para la disposici髇 de la vivienda familiar, as� como, sin alteraciones significativas, la normativa vigente en materia de contrataci髇 entre c髇yuges, derechos viudales, donaciones por raz髇 de matrimonio fuera de los cap韙ulos matrimoniales y su regulaci髇.

La referencia, como es natural, se halla en la Compilaci髇 y en la Ley 8/1993, de 30 de septiembre, de modificaci髇 de la Compilaci髇 en materia de relaciones patrimoniales entre c髇yuges.

El t韙ulo II regula los reg韒enes econ髆icos matrimoniales, manteniendo el sistema de libertad de pacto y, supletoriamente, tomando tambi閚 como pauta el derecho en vigor, el de separaci髇 de bienes, con la compensaci髇 econ髆ica por raz髇 del trabajo desinteresado introducida en nuestro ordenamiento jur韉ico por la Ley 8/1993.

En relaci髇 a este elemento corrector. se establecen dos particularidades: primera. que la reclamaci髇 de la indemnizaci髇 pretendida debe formularse en el primer procedimiento en que se solicite la separaci髇, el divorcio o la nulidad del matrimonio y, en los casos de nulidad can髇ica o dispensa pontificia, en el tr醡ite de ejecuci髇 civil. y. segunda, que el derecho a esta compensaci髇 es compatible con los dem醩 derechos de car醕ter econ髆ico que puedan corresponder al c髇yuge que salga beneficiado del mismo, si bien ser� tenido en cuenta en su fijaci髇 cuantitativa.

Constituye otra innovaci髇 interesante la posibilidad de solicitar, por razones de econom韆 procesal, en aquellos procedimientos o en los tr醡ites indicados, la divisi髇 de los bienes de los c髇yuges en indivisi髇.

A parte del r間imen de separaci髇 de bienes, se recogen de la Compilaci髇 las regulaciones de la asociaci髇 a compras y mejoras, del Camp de Tarragona; el pacto de "convinen鏰" o "mitja guadanyeria", de la Vall d'Aran; el "agermanament" o pacto de mitad por mitad, del derecho de Tortosa, y, respetando los criterios de la citada Ley 8/1993, se regula el r間imen de participaci髇 en las ganancias y el r間imen de comunidad, que cierra la normativa de los reg韒enes econ髆icos matrimoniales.

En el t韙ulo III se introducen los efectos de la nulidad del matrimonio, el divorcio y la separaci髇 judicial.

Efectivamente, el art韈ulo 149.1.8 de la Constituci髇 no reserva estas materias al Estado, las cuales est醤 claramente incluidas en el art韈ulo 9 del Estatuto. De hecho, el Parlamento ya ha legislado en materia relativa a los efectos de la separaci髇, la nulidad y el divorcio, sin que voz alguna cuestione su competencia. La presente Ley refunde y completa esta legislaci髇, como en la indemnizaci髇 compensatoria (actual art韈ulo 23 de la Compilaci髇), los alimentos entre parientes y la potestad del padre y de la madre.

La regulaci髇 de la propia nulidad del matrimonio, del divorcio y de la separaci髇 judicial parece, efectivamente, inadecuada coyunturalmente, pero los efectos personales y econ髆icos, regulados ya en parte, no presentan ning鷑 inconveniente de oportunidad. Se trata, ni m醩 ni menos, del ejercicio competencial para el desarrollo y mejora del derecho civil de Catalu馻.

La filiaci髇 se concibe de forma global, comprendiendo la biol骻ica o por naturaleza y la adoptiva.

La filiaci髇 por naturaleza se regula espec韋icamente en el t韙ulo IV, tomando como referencia lo dispuesto actualmente en la Ley 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones.

Se mantienen en consecuencia, los principios rectores en los que se inspir� esta normativa y, por lo tanto, el de la libre investigaci髇 de la paternidad y la maternidad, con toda clase de pruebas, reconocido hist髍icamente en el derecho catal醤 desde la edad media; el del favor filii, sin discriminaci髇 tanto si se trata de un hijo o hija dentro del matrimonio como fuera de 閟te; la inclusi髇, dentro de la filiaci髇 por naturaleza de la que deriva de las t閏nicas modernas de la

fecundaci髇 asistida, comprendida la fecundaci髇 post mortem.

Es de inter閟 remarcar, tambi閚, que el per韔do previsto en aquella Ley para la impugnaci髇 de la paternidad. matrimonial o no matrimonial, ser� ahora de dos a駉s a contar a partir del descubrimiento de las pruebas en las que se funde la impugnaci髇, o de las dem醩 circunstancias ya previstas en la citada Ley.

El t韙ulo V regula la filiaci髇 adoptiva. separadamente de la filiaci髇 por naturaleza por razones sistem醫icas y porque la existencia, junto a la familia adoptiva, de la familia por naturaleza introduce un elemento diferenciador que justifica un tratamiento legal independiente.

No obstante, y como sea que esta regulaci髇 toma como base la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protecci髇 de los menores desamparados y de la adopci髇, se mantiene 韓tegramente el principio de equiparaci髇 absoluta entre la filiaci髇 por naturaleza y la filiaci髇 adoptiva. De esa Ley no se ha recogido finalmente la parte de protecci髇 de las personas menores, principalmente porque, por un lado, es una materia en la que la gran intervenci髇 de la Administraci髇 hace que sea una regulaci髇 sujeta a m醩 modificaciones que las normas civiles simples y, por otro lado, porque en estos momentos ya se ha visto la necesidad de que se modifique en toda la parte que regula la intervenci髇 de la Administraci髇 en la adopci髇 de las personas menores desamparadas; una modificaci髇, sin embargo, que requiere un amplio consenso social, siendo precipitado su planteamiento en estos momentos.

El t韙ulo VI regula la potestad del padre y de la madre, denominaci髇 que sustituye la de "patria potestad", utilizando una terminolog韆 m醩 adecuada a los tiempos y a la realidad actual, en que la titularidad y el ejercicio de esta potestad son normalmente compartidos por el padre y la madre.

Dicha regulaci髇, como ya se ha indicado, constituye una novedad en nuestro ordenamiento civil, que nunca hab韆 tratado sistem醫icamente esta instituci髇 haci閚dose ahora de acuerdo con la Ley 12/1996, de 29 de julio, de la potestad del padre y de la madre.

Se mantiene, pues, el planteamiento favorable a la presencia del hijo o hija en las tomas de decisiones, especialmente a partir de los doce a駉s, y se facilita su autonom韆 patrimonial, ya que, m醩 all� de la emancipaci髇 formal, se reconoce la intervenci髇 del hijo o hija en este 醡bito, quien, a partir de los diecis閕s a駉s, administra los bienes adquiridos con su actividad, puede sustituir las autorizaciones judiciales y, en l骻ica contrapartida, contribuye a los gastos familiares.

El t韙ulo VII regula la tutela y la curatela, siguiendo la pauta de la normativa de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, y la Ley 11/1996, de 29 de julio, pero con algunas particularidades que es preciso poner de relieve.

El sistema de tutela familiar, basado en la prevalencia de la volundad del padre y de 1a madre en la designaci髇 de la persona que ha de ejercer la tutela, como concreci髇 del principio m醩 amplio de libertad civil, que ha inspirado tradicionalmente el modelo de tutela vigente en la sociedad catalana, se modifica por la supresi髇 de la figura del protutor, que no hab韆 arraigado: se perfila el sistema de rendici髇 de cuentas de la tutela, y se refuerza con la creaci髇 facultativa del consejo de tutela, que puede establecerse en los casos de tutela deferida por la propia persona a tutelar o por su padre y su madre. El consejo sustituye, en algunos casos, a la intervenci髇 judicial en el control de la actuaci髇 de la persona que ejerce la tutela y puede conceder la autorizaci髇 para determinados actos que, en otro caso, requieren la judicial.

Finalmente, se cambia la denominaci髇 del Registro de Tutelas y Autotutelas por el de Registro de Nombramientos Tutelares no Testamentarios, que se ajusta m醩 a su funci髇, y se prev� la preceptiva comunicaci髇 al juzgado donde se constituy� la tutela de los acontecimientos m醩 importantes del funcionamiento del consejo de tutela, en los casos en que se haya creado este 髍gano.

Por 鷏timo, el t韙ulo VIII regula la obligaci髇 de prestaci髇 de alimentos entre parientes otra novedad en nuestro ordenamiento jur韉ico moderno, de acuerdo con la normativa de la Ley 10/1996, de 29 de julio, de alimentos entre parientes.

En definitiva, la presente Ley contiene una normativa completa y aut髇oma de todas las instituciones propias del derecho de familia, con la sola excepci髇, por las razones ya mencionadas, de las relaciones jur韉ico-civiles relativas a las formas del matrimonio.

La Ley sustituye, por consiguiente, todo el derecho de familia vigente hasta el momento en Catalu馻, y lo engloba en un solo texto, debidamente armonizado y modernizado, de acuerdo con las necesidades y la realidad de la sociedad catalana de hoy.