Ley 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernizaci髇 y Desarrollo Agrario

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Sumario

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 4/2000, DE 13 DE NOVIEMBRE, DE MODERNIZACION Y DESARROLLO AGRARIO.

PREAMBULO

I

Una vez superado el viejo t髉ico relativo a la visi髇 de la cuesti髇 agraria como un modo o forma de vida apartado de los modelos y aspiraciones de progreso del momento, se observa, por el contrario, su permanente actualidad y vigencia derivada no s髄o de ser representativa de uno de los referentes m醩 cultivados en orden a la evocaci髇 y plasmaci髇 de ideales, postulados y planteamientos, donde mejor se ha sintetizado la raz髇 y el fundamento de la acci髇 p鷅lica de gobierno, sino tambi閚 un exponente significativo de los valores y principios que han presidido la vertebraci髇 de buena parte de nuestra realidad social, econ髆ica y cultural.

Ahondando en esta observaci髇, la abundancia al respecto de hechos de diversa 韓dole constituyen tanto una fuente inagotable de refrendo acerca de la bondad intr韓seca de lo afirmado, como un testimonio incontestable de la capacidad de adaptaci髇 y sentido de vanguardia que ha presentado el fen髆eno agrario, ante la inevitable encrucijada de nuestro devenir hist髍ico m醩 reciente. En este sentido, situados en lo que podemos describir como antecedentes mediatos de la trascendencia y papel de referente de la cuesti髇 agraria y ejemplificados, si se quiere en la contemporaneidad y gran altura t閏nica de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, bien puede afirmarse que el sector agrario ha constituido un excelente campo abonado de esperadas reformas y necesarios giros conceptuales imbricados plenamente en el proceso de modernizaci髇 de nuestra sociedad; primordialmente de la feliz coyunda de las iniciativas p鷅licas y privadas como presupuestos indisociables del progreso econ髆ico.

En efecto, como antesala de lo que con acierto se ha venido a denominar 獵onstituci髇 econ髆ica�, definida con relaci髇 a la libre empresa en el marco de una econom韆 social de mercado en los art韈ulos 33 y 38 de la Constituci髇 Espa駉la, el predominio inexorable del liberalismo en sus diversas facetas, particularmente en lo econ髆ico a trav閟 de la liberalizaci髇 del mercado, determin� la necesaria adecuaci髇 de la actividad agraria a sus premisas esenciales, entre otras, a la apertura del mercado y su libre concurrencia o el incremento de la producci髇 y competitividad de los productos, junto con la conveniencia de reconducir las estructuras organizativas hacia modelos empresariales como f髍mula 髉tima de alcanzar niveles de rentabilidad satisfactorios y estables. Pero, a su vez, de un modo progresivo, la implicaci髇 social y pol韙ica del fen髆eno en cuesti髇 coadyuv� a la afirmaci髇 del Estado en su concepci髇 definitoria de garante tanto del inter閟 general como del equilibrio del proceso econ髆ico, en atenci髇 a unos supremos valores de libertad, justicia y solidaridad.

En consecuencia, la Administraci髇 P鷅lica, auxiliada por una legislaci髇 en actuaciones e instrumentos t閏nicos, como por ejemplo la transformaci髇 econ髆ico-social de grandes zonas por raz髇 del inter閟 nacional, ordenaci髇 de explotaciones agrarias, establecimientos de planes de mejoras, concentraci髇 parcelaria, unidades m韓imas de cultivo, permutas forzosas y, en su caso, medidas sancionadoras del ejercicio antisocial del derecho de propiedad agraria, todas ellas como pre醡bulo constitucional de la subordinaci髇 de la riqueza del pa韘 al inter閟 general y de la formulaci髇 de la funci髇 social de la propiedad como criterio delimitador de su respectivo contenido (art韈ulos 128, 131 y 33.2 de la Constituci髇) respectivamente, incentiv� un amplio per韔do de desarrollo agrario basado en reformas estructurales del sector destinadas, principalmente, a la reorganizaci髇 de la propiedad agraria tradicional, a su contenido, y a la transformaci髇 productiva de los activos o elementos patrimoniales de las explotaciones agrarias.

Con posterioridad, ya en el 醡bito de los antecedentes inmediatos, en torno a la adhesi髇 de Espa馻 a la Comunidad Econ髆ica Europea, la entrada en vigor del Acta Unica, y la ratificaci髇 del Tratado de la Uni髇 Europea y del Tratado de Amsterdam, la capacidad de adaptaci髇 de nuestra agricultura se puso de nuevo a prueba con el reto de una experiencia supranacional, de alcance hasta entonces desconocido, caracterizada por una r韌ida estructuraci髇 del mercado europeo y una mayor exigencia de control y calidad de los diferentes procesos de producci髇 agro-alimentarios. En esta tesitura, paliada insuficientemente por las ayudas comunitarias, el sector agrario tuvo que afrontar una suerte de medidas coyunturales que complementaran la recomposici髇 de su productividad y mejoraran la competitividad de sus productos agropecuarios. De esta forma, desde el plano din醡ico de la actividad agraria, centrado en los aspectos de gesti髇 de los derechos de explotaci髇 y en el concepto nuclear de empresa agraria, el desarrollo del sector se canaliz� a trav閟 de ayudas p鷅licas y beneficios fiscales tendentes tanto al fortalecimiento de los elementos productivos, sobre todo de cara al sostenimiento de los niveles de inversi髇 tecnol骻ica, como al perfeccionamiento de sus estructuras organizativas y profesionales, particularmente a trav閟 de la definici髇 de conceptos como el de explotaci髇 agraria prioritaria y el de agricultor profesional en sus diversas variantes, caso de la reciente Ley 19/1995, de 4 de julio, sobre Modernizaci髇 de las Explotaciones Agrarias.

En la actualidad, en plena 閜oca finisecular, el sentido de vanguardia que ha caracterizado a la legislaci髇 agraria vuelve a reivindicarse ante los nuevos cambios y procesos de adaptaci髇 que impone la lectura de una pol韙ica agraria cada vez m醩 compleja y exigente. As�, por ejemplo, se infiere de los recientes acontecimientos en el 醡bito de la Pol韙ica Agraria Com鷑, principalmente de los acuerdos multilaterales en el marco del GATT y de la Organizaci髇 Mundial de Comercio (Ronda Uruguay) y las expectativas suscitadas por la Reforma Agraria de la Uni髇 Europea, en donde la liberalizaci髇 de los mercados a escala mundial y la previsible reducci髇 de las ayudas comunitarias aconsejan una reestructuraci髇 dirigida hacia procesos de diversificaci髇 de la actividad agraria, flexibilizaci髇 de costes de producci髇 y mejora de la organizaci髇 comercial, como factores a tener en cuenta de cara a la competitividad del sector agrario. En todo caso, dicho esfuerzo de adaptaci髇 cobra igual grado de oportunidad y conveniencia ante la inaplazable exigencia del desempe駉 de una actividad agraria arm髇ico con la defensa del medio ambiente y los equilibrios ecol骻icos b醩icos, de suerte que el desarrollo agrario en los albores del nuevo milenio no quepa ya interpretarse por m醩 tiempo en clave maximalista y estanca, sino conexa a una utilizaci髇 racional de los recursos naturales, a una aplicaci髇 selectiva de los productos agro-qu韒icos y el avance tecnol骻ico en pro de una agricultura productiva y limpia.

II

El Gobierno de Cantabria, de acuerdo con el desenvolvimiento y consolidaci髇 de la Pol韙ica Agraria Com鷑, considera que en este contexto de profundos cambios y nuevos procesos de adaptaci髇 el fomento del sector agrario va a especializarse cada vez m醩 en torno a un marco regional de realidades sociales, econ髆icas y culturales diferenciado. En t閞minos parecidos, esta perspectiva autonomista va a resultar decisiva tanto para la ejecuci髇 y eficacia de las medidas proyectadas, como para la mejor justificaci髇 y defensa de las ayudas comunitarias solicitadas. A su vez, la culminaci髇 de nuestro sistema competencial abunda en esta misma direcci髇, de modo que tambi閚 va a resultar del todo recomendable la perfecci髇 del proceso de transferencias junto con la definici髇 de nuestra organizaci髇 competencial. Por todo ello, la legislaci髇 auton髆ica en esta materia no s髄o constituye el ejercicio de una potestad, sino el recurso id髇eo para que la Comunidad de Cantabria modernice sus estructuras y explotaciones agrarias, de acuerdo a su realidad socio-econ髆ica e identidad cultural.

Para la consecuci髇 de este empe駉 la Ley de Cantabria de Modernizaci髇 y Desarrollo Agrario no ha sido ajena ni al abolengo jur韉ico de la legislaci髇 agraria, de la que toma su componente conceptual m醩 elaborado, ni a las modernas orientaciones provenientes del acervo comunitario, incorporando por su cuenta notables innovaciones a lo largo de su extenso articulado. De acuerdo a estas orientaciones, pueden destacarse como caracter韘ticas generales de la Ley las siguientes notas:

• A) Talante institucional. Con esta nota la Ley hace suyo el papel de referente que ha tenido la legislaci髇 agraria en nuestro devenir hist髍ico m醩 reciente. Y lo hace suyo del modo m醩 excelso, esto es, como configuraci髇 b醩ica del inter閟 general que haga recognoscible al ciudadano tanto los criterios organizativos de su administraci髇 auton髆ica, como los principios rectores de pol韙ica social y econ髆ica en el 醡bito de su respectiva aplicaci髇.

  Dicho p髍tico institucional se haya regulado en el T韙ulo preliminar de la Ley, en donde se describe su objeto en atenci髇 a los distintos fines, funciones y principios, que informan el 醡bito de actuaci髇 p鷅lica conforme a las directrices socio-econ髆icas y culturales de la Comunidad de Cantabria. En este sentido, merece destacarse el alcance sist閙ico con el que se ha elaborado la correspondiente ordenaci髇 y correlaci髇 de los mismos, especialmente lograda a trav閟 de la novedosa f髍mula que distingue entre los denominados 玣ines primarios� y los 玞onexos�, sin detrimento de una visi髇 global y unitaria del sistema competencial auton髆ico, como de los valores, intereses y actuaciones p鷅licas que inciden en el sector agrario.

  Al respecto, la Ley, con base en el art韈ulo 148.1, regla 7� de la Constituci髇 espa駉la, y el art韈ulo 24.9 del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, todo ello con un absoluto respeto al 醡bito competencial del Estado, particularmente con relaci髇 a los conceptos de ordenaci髇 general de la econom韆 como l韒ite negativo de la competencia auton髆ica (art韈ulo 148.1.7� de la Constituci髇 Espa駉la) y al de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica como t韙ulo habilitante de una potestad de direcci髇 econ髆ica (art韈ulo 149.1.13� de la Constituci髇 Espa駉la), as� como a la legislaci髇 civil como t韙ulo de intervenci髇 estatal (art韈ulo 149.1.8� de la Constituci髇 Espa駉la), aborda el desarrollo de los fines primarios bajo el prisma de la sustantividad del principio de autonom韆 competencial en materia agraria, como principio nuclear e informador del orden competencial previsto. La concreci髇 normativa del principio, al margen de su necesario correlato en el 醡bito de la autonom韆 presupuestaria y financiera, queda dibujado tanto en su protecci髇 competencial, con el leg韙imo establecimiento de una pol韙ica agraria propia de la Comunidad de Cantabria, como en la naturaleza program醫ica de dicha pol韙ica en torno a la consecuencia de objetivos ligados al dinamismo del sector, como son la creaci髇 y fomento de explotaciones agrarias rentables y la mejora de los par醡etros de productividad, calidad y diversificaci髇 de la actividad agraria.

  La defensa del espacio rural, de su funci髇 productiva y de su correspondiente adecuaci髇 a las nuevas demandas y necesidades sociales constituye el otra gran fin primario por el que se apuesta decididamente. En este caso, conforme al art韈ulo 148.1.3� de la Constituci髇 Espa駉la, y a su hom髄ogo en el Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, art韈ulo 24, apartado 3, la Ley de Cantabria de Modernizaci髇 y Desarrollo Agrario reivindica, en l韓ea de principio, el alcance estructural que debe tener el espacio rural en la ordenaci髇 integral del territorio de la Comunidad, a los efectos de proscribir cualquier configuraci髇 residual del mismo.

  Por lo que concierne a los denominados fines conexos, cabe se馻lar su funci髇 complementaria a trav閟 de los restantes principios rectores que informan la pol韙ica agraria de la Comunidad. De esta forma, el desarrollo econ髆ico del sector ligado al equilibrio territorial de la Comunidad Aut髇oma y a una efectiva realizaci髇 interna del principio de solidaridad, conforme al art韈ulo 138.1 de la Constituci髇 Espa駉la, preside las principales medidas de intervenci髇 p鷅lica previstas en la presente Ley. Mientras que, por su parte, la racionalizaci髇 de la explotaci髇 agraria orientada a la protecci髇 del medio ambiente, am閚 de revelar el car醕ter integrador de la Norma, justifica gran parte de las medidas de fomento dise馻das para la modernizaci髇 de las explotaciones agrarias.

  No obstante, tambi閚 conviene resaltar que la organizaci髇 competencial dispuesta en el T韙ulo preliminar queda completa con la novedosa inclusi髇 de dos valiosos instrumentos t閏nicos en favor de la ordenaci髇 y coordinaci髇 de la pol韙ica agraria de la Comunidad: las Funciones de Inter閟 General Comunitario y las Directrices. Mediante las primeras, conforme al Estatuto de Autonom韆 para Cantabria y a su contenido material, se concreta la competencia de la Comunidad Aut髇oma respecto de las funciones declaradas de inter閟 general. Con las segundas, y sin perjuicio de la autonom韆 de los municipios y dem醩 entidades locales en el ejercicio de sus propias funciones, se favorece la consecuci髇 de la pol韙ica agraria del Gobierno de Cantabria a trav閟 de facultades de direcci髇 y armonizaci髇 de competencias en cada sector de actuaci髇 p鷅lica que incida o afecte a materias o servicios integrados en las funciones declaradas de inter閟 general. Dichas Directrices, por otra parte, son objeto de una acabada regulaci髇 a prop髎ito de las relaciones interadministrativas pertinentes a los criterios de ordenaci髇 territorial del suelo r鷖tico (T韙ulo III, Cap韙ulo II, de la Ley). Contempl醤dose, entre otros extremos, el ineludible deber de informaci髇 de los municipios y dem醩 entidades locales, as� como las facultades que, en relaci髇 con los actos o acuerdos, asisten al Gobierno de Cantabria, seg鷑 la gravedad de la competencia o el inter閟 comunitario afectado.

  Como contrapunto necesario, los principios relativos a la descentralizaci髇 administrativa, colaboraci髇 y lealtad, vienen reconocidos en el texto legal con sus expresiones m醩 amplias y garantistas.

• B) Modernizaci髇. Con esta nota se pretende se馻lar el loable esfuerzo de actualizaci髇 llevado a cabo por la Ley de Cantabria de Modernizaci髇 y Desarrollo Agrario, tanto en la previsi髇 y tratamiento de los factores implicados en los nuevos procesos de adaptaci髇 como en el planteamiento de las diferentes medidas de fomento e intervenci髇 p鷅lica del sector agrario.

  As�, con relaci髇 a las medidas de fomento, centradas principalmente en la modernizaci髇 de las explotaciones agrarias (T韙ulo I, Cap韙ulo II, de la Ley), y con arreglo a los aspectos b醩icos y generales de la normativa estatal en la materia, particularmente de los conceptos de agricultor profesional y explotaci髇 agraria prioritaria de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci髇 de las explotaciones agrarias, se ha procedido, en primer t閞mino, a mejorar el contenido expositivo diferenciando con claridad los presupuestos socioecon髆icos de los requisitos t閏nicos y personales exigidos para las correspondientes ayudas, as� como sus distintas clases y formas de constituci髇. En segundo t閞mino, la actualizaci髇 ha comportado una suerte de innovaciones sustentadas en el principio de autonom韆 competencial en materia agraria, de las que pueden destacarse las siguientes:

  • 1. Se asumen las competencias previstas en los supuestos de residencia y capacitaci髇 agraria.
  • 2. Se flexibiliza el presupuesto socio-econ髆ico de la explotaci髇 agraria prioritaria en raz髇 de las rentabilidades medias de las explotaciones agrarias de la Comunidad Aut髇oma, especialmente respecto de las denominadas 玡xplotaciones agrarias preferentes�.
  • 3. Se extiende la calificaci髇 de prioritaria para aquellas explotaciones que por su ubicaci髇 relevante resulten de especial importancia para la conservaci髇 del medio rural y su entorno.
  • 4. Se crea el Registro General de explotaciones agrarias preferentes y prioritarias, dependiente del Gobierno de Cantabria a trav閟 de la Consejer韆 de Ganader韆, Agricultura y Pesca, con un amplio objeto y elenco de funciones.

  Respecto de las intervenciones p鷅licas, previstas en el T韙ulo tercero, bajo la r鷅rica 獶e la actuaci髇 p鷅lica en materia de ordenaci髇 territorial del suelo r鷖tico y de la propiedad agraria�, al margen de establecer los criterios generales de ordenaci髇 territorial, la Ley da paso a nuevos instrumentos de intervenci髇, mejorando sensiblemente los ya existentes. Entre los primeros, sobresale una nueva hip髏esis relativa a la permuta de fincas r鷖ticas, dado que tiene por objeto el rec韕roco cambio de titularidades dominicales respecto de fincas o explotaciones agrarias de car醕ter privativo de la Administraci髇 auton髆ica y, en su caso, de los ayuntamientos y entidades locales interesados. Todo ello, a trav閟 de un completo procedimiento que garantiza los derechos de los particulares, junto con la ampliaci髇 de las causas justificativas de utilidad p鷅lica e inter閟 social respecto de hechos tan relevantes para el desarrollo agrario como la realizaci髇 de obras p鷅licas de inter閟 general, al establecimiento de industrias o empresas ligadas al proceso productivo o comercial del sector, o la construcci髇 de institutos agron髆icos. En las segundas, la Ley ha prestado una especial atenci髇 a la figura de la concentraci髇 parcelaria. En esta direcci髇, por una parte, se han mejorado y completado determinados supuestos previstos insuficientemente en la anterior Ley de Cantabria 4/1990, de 23 de marzo, especialmente respecto al r間imen de las ocupaciones temporales, del destino de las fincas de desconocidos, o de los compromisos derivados de los fondos de conservaci髇 de los caminos y obras realizadas. Por otra, se ha modernizado su regulaci髇 a trav閟 del establecimiento de unas medidas que se presentan totalmente necesarias en el desenvolvimiento actual de este mecanismo de intervenci髇, y que son:

  • 1. El deber de informaci髇 del planeamiento urban韘tico existente en la zona de actuaci髇.
  • 2. La responsabilidad del alcalde o presidente de la entidad local de que se trate por la autorizaci髇 injustificada de modificaciones urban韘ticas no previstas en los trabajos y acuerdos para la fijaci髇 de las oportunas bases de la concentraci髇.
  • 3. La obligatoriedad de proyectar la concentraci髇 parcelaria en suelo r鷖tico de protecci髇 agr韈ola.

  No obstante, la innovaci髇 m醩 llamativa en este apartado ha consistido en la formulaci髇 de una nueva variante de concentraci髇 parcelaria por explotaciones que toma por referencia de la actuaci髇 a los titulares de los derechos de explotaci髇 de la zona (arrendatarios, aparceros y otros) y sus respectivas explotaciones agrarias, sin perjuicio de los derechos que asisten a los propietarios de las fincas.

• C) Integraci髇. Como se ha expuesto con anterioridad la presente tarea legislativa se ha realizado desde su inicio con una concepci髇 global de la pol韙ica agraria y sus fundamentos de modo que resultasen imbricadas todas las perspectivas que inciden en la ordenaci髇 del sector agrario y en su posible modernizaci髇. Pues bien, en aplicaci髇 de este presupuesto la Ley de Cantabria de Modernizaci髇 y Desarrollo Agrario dedica 韓tegramente su T韙ulo II a uno de los aspectos de mayor calado al respecto, ejemplificando bajo la r鷅rica 獶e la actividad agraria y la conservaci髇 y defensa del medio ambiente y del entorno rural�.

  Su regulaci髇, de acuerdo con la legislaci髇 b醩ica del Estado, art韈ulo 149.1, regla 23� de la Constituci髇 Espa駉la, y conforme a la competencia recogida en el art韈ulo 148.1, regla 9�, de la misma, y 25, apartado 7�, del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, aparte de establecer normas adicionales de protecci髇, pretende el fomento de la actividad agraria a trav閟 de su integraci髇 en la defensa del medio ambiente. De esta forma, en la Disposici髇 General se puntualiza un reconocimiento de capital trascendencia: La preservaci髇 de un medio ambiente adecuado no s髄o constituye un derecho indispensable para el desarrollo integral de la persona sino que, estrechamente relacionado con el principio de solidaridad, queda configurado como un principio rector de la pol韙ica agraria de la Comunidad. Este principio rector se concreta en la asunci髇 de los principios de integraci髇 de los factores ambientales en dicha pol韙ica agraria seg鷑 se recoge en el V Programa de Acci髇 Comunitaria en materia de Medio Ambiente, con especial 閚fasis en la conservaci髇 y en la biodiversidad y desarrollo sostenible. A partir de esta manifestaci髇, la Ley prev� todo un amplio abanico de ayudas econ髆icas y t閏nicas que tienen como objetivos predominantes la adecuaci髇 de la actividad agraria al medio ambiente y el correspondiente aprovechamiento racional de los recursos naturales.

  Por su parte, las medidas de conservaci髇 y defensa del entorno rural tambi閚 merecen un juicio plenamente favorable, sobre todo en atenci髇 a las innovaciones que incorpora, entre otras:

  • 1. La obligatoriedad de incluir la informaci髇 relativa a los valores ecol骻icos, paisaj韘ticos y medioambientales de las zonas afectadas por la realizaci髇 de obras p鷅licas y procedimientos de concentraci髇 parcelaria.
  • 2. La creaci髇 de los denominados 玡nclaves naturales�, demanda vivamente sustentada por las asociaciones ecologistas cuya realizaci髇 sit鷄 a la Comunidad de Cantabria entre las m醩 avanzadas en la materia, dado que se protegen los enclaves naturales situados en suelo r鷖tico productivo a trav閟 de su previa catalogaci髇 y con las correspondientes ayudas econ髆icas para los agricultores afectados.

  Todo ello, con la informaci髇 precisa aportada por el Mapa Regional Agrario.

III

Por 鷏timo, dentro de esta faceta de integraci髇, la Ley de Cantabria de Modernizaci髇 y Desarrollo Agrario tambi閚 se ha hecho eco de una importante demanda social del sector consistente en la regulaci髇 de los aprovechamientos de montes y pastos p鷅licos o comunales. Al respecto, y conforme a la legislaci髇 b醩ica del Estado en dicha materia, art韈ulo 149.1, regla 23�, as� como a la aplicaci髇 del mandato constitucional del art韈ulo 45.2, todo ello en el marco de la competencia de la Comunidad dispuesta en el art韈ulo 25.1 del Estatuto de Autonom韆, la presente Ley pretende dar una respuesta adecuada a los problemas derivados de la intensificaci髇 de dichos aprovechamientos debidos, entre otras razones, al fomento y ayudas comunitarias tendentes a ligar el ganado a la tierra. Con la experiencia adquirida tras la vigencia de la Ley de Cantabria 5/1990, de 26 de marzo, sobre pastos en los montes de Cantabria, se ha operado una mejora apreciable en la descripci髇 de los mecanismos t閏nicos tales como los Planes de Aprovechamiento y Explotaci髇 de Recursos, Planes Locales y Fondos de Mejora.

IV

Especial menci髇 merece la cuidada tipificaci髇 tanto de los supuestos, como sus respectivos par醡etros, que adoptan tanto la ordenaci髇 del derecho de la Uni髇 Europea como los compromisos alcanzados por el Estado o la Comunidad en su respectiva transposici髇, caso de la Resoluci髇 de la Consejer韆 de Ganader韆, Agricultura y Pesca, de 2 de abril de 1997, relativa al C骴igo de 獴uenas Pr醕ticas Agrarias�, sin olvidar una adecuada definici髇 de los supuestos que dan lugar a las correspondientes infracciones administrativas en materia de aprovechamientos de montes y pastos.

Las sanciones, de acuerdo con las garant韆s dispuestas en el 醡bito de las normas de esta 韓dole, se grad鷄n conforme a la gravedad de las infracciones siguiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la tutela de los fines perseguidos. Sin olvidar, empero, que la Ley favorece la resoluci髇 de las controversias por medio del procedimiento arbitral.

La regulaci髇 de las unidades m韓imas de cultivo completa el alcance sistematizador que la presente Ley ofrece como germen seguro del progreso del sector agrario en la Comunidad de Cantabria.