Sumario

--> Ley [CANTABRIA] 8/2006, 27 junio, derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley [CANTABRIA] 2/2010, 4 mayo, para la modificación de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, y de otras normas complementarias para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.C.» 14 mayo) el 15 de mayo de 2010.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 8/2006, DE 27 DE JUNIO, DE ESTRUCTURAS COMERCIALES DE CANTABRIA

PREÁMBULO

La Ley de Cantabria 2/2001, de 11 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, establece con carácter general la suspensión de los expedientes administrativos de concesión de nuevas licencias comerciales específicas para la apertura de Grandes Establecimientos Comerciales hasta que se produzca la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Cantabria de Estructuras Comerciales, concediendo al Gobierno de Cantabria el plazo de un año desde su entrada en vigor para proceder a la presentación ante el Parlamento del correspondiente Proyecto de Ley (disposición transitoria octava). Esta suspensión -o moratoria, en el lenguaje habitualmente utilizado en el sector- es reiterada en sus mismos términos por la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio, que además se ocupa expresamente de extender su ámbito de aplicación a los Establecimientos de Descuento Duro (disposición transitoria primera). A mayor abundamiento, también recoge la suspensión ampliada de la tramitación de las solicitudes para la instalación de Grandes Establecimientos Comerciales y Establecimientos de Descuento Duro el Decreto 60/2004, de 17 de junio, de desarrollo de la Ley de Cantabria 1/2002, si bien en este último texto se omite con buen criterio cualquier referencia al plazo de un año -ampliamente excedido- concedido al Gobierno en la Ley 2/2001 para la presentación del Proyecto de Ley al Parlamento (disposición transitoria segunda).

En este contexto, y como de alguna manera se anticipaba en el Decreto 60/2004, la realidad social del momento presente y el interés general de Cantabria en el fomento del crecimiento y desarrollo económico y en la mejora de la calidad de vida, hacen necesario proceder, sin más dilación, al levantamiento de la suspensión de los citados expedientes de concesión de nuevas licencias comerciales específicas. Para ello resulta imprescindible la aprobación de esta Ley de Estructuras Comerciales en ejercicio de la competencia exclusiva en materia de comercio interior que viene atribuida a la Comunidad Autónoma de Cantabria por el artículo 24.13 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, reformado por Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre, y con arreglo a las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado en los términos dispuestos por los artículos 38, 131 y 149.1.11º y 13º de la Constitución Española de 1978.

El propósito fundamental de esta Ley es el establecimiento de las directrices precisas para adecuar los equipamientos comerciales de Cantabria a las necesidades de consumo propias de los ciudadanos, de manera que pueda conseguirse un equilibrio armónico y eficiente entre dos derechos constitucionalmente protegidos: la libertad de empresa y la protección de los consumidores y usuarios.

Con esta finalidad es necesario acometer, como punto de partida, una cuidadosa y esmerada delimitación del concepto legal de establecimiento comercial capaz de integrar y explicar con rigor toda su abundante y variada tipología, en la que habrá de sustentarse la toma de diferentes decisiones en función de las particularidades casuísticas que impregnan la práctica comercial, asimismo condicionada por otros conceptos básicos -igualmente definidos en el texto articulado- como el de «superficie útil de exposición y venta al público», o el de «área de influencia» a efectos de implantación.

La Ley se ocupa de definir detalladamente las operaciones comerciales sujetas a la obtención de licencia comercial específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como de indicar los requisitos establecidos para acompañar a la solicitud -que tendrá carácter indefinido, sin perjuicio de la prudente fijación de determinadas técnicas de caducidad- y de determinar la identidad de las personas que, según los casos, pueden iniciar válidamente su tramitación administrativa. Ésta concluirá mediante resolución del Consejero competente en materia de comercio, que vinculará a los Ayuntamientos si su contenido fuere denegatorio.

Mención aparte merece la introducción, como trámite preceptivo de la licencia específica, no solamente de un informe municipal de idoneidad, sino también de un informe técnico de oportunidad del proyecto comercial, cuya autoría, firma y responsabilidad corresponderá a un grupo de expertos de reconocido prestigio en materia de comercio interior designados a este exclusivo efecto por la Dirección General competente en materia de comercio. El objetivo principal de este informe es la valoración técnica del impacto que los nuevos proyectos solicitados pudieran producir en las distintas áreas de influencia comercial, así como -consecuentemente- el análisis económico de las relaciones existentes entre la oferta comercial presente - en términos monetarios- en el área de influencia comercial afectada por el nuevo emplazamiento, de un lado, y el gasto en dicha zona en términos monetarios, de otro lado. Estas herramientas permitirán realizar políticas comerciales fundamentadas en criterios técnicos y objetivos que irán especialmente orientados al incremento del nivel y la calidad del empleo, a la reactivación de áreas afectadas por procesos recientes de reconversión industrial, a la revitalización de áreas comerciales consolidadas, a la reversión de las plusvalías generadas a favor de la mejora y modernización de las estructuras comerciales propias del área de influencia (especialmente el comercio en los centros urbanos), al debilitamiento de posiciones de dominio previas para favorecer la competencia en beneficio de los consumidores, a la promoción del Sistema Arbitral de Consumo mediante la formulación por los proponentes de ofertas públicas de sometimiento, y a la inclusión en los proyectos tanto de iniciativas sociales y culturales (v. gr.: conciliación de la vida laboral y familiar, cultura, ocio y esparcimiento) cuanto de compromisos medioambientales y de sostenibilidad. Asimismo, se valorará muy positivamente de cara a la concesión de la licencia comercial específica la ubicación del nuevo establecimiento comercial en los centros urbanos en los que exista una significativa trama comercial.

De igual manera, la Ley se ocupa de establecer mecanismos bidireccionales de coordinación entre el Gobierno de Cantabria y los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el mutuo e inmediato conocimiento administrativo de las licencias concedidas y denegadas por los respectivos órganos competentes autonómicos y municipales.

Por último, la Ley contiene un exhaustivo catálogo de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales mediante las que se armoniza el texto legal con el resto de normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, se incluyen seis disposiciones adicionales, cinco de las cuales sirven para articular la relación entre la nueva norma y el texto de la Ley de Cantabria 1/2002, de 28 de febrero, del Comercio de Cantabria, adecuando los conceptos y disposiciones de ésta a las más modernas técnicas normativas, al tiempo que se tipifican como infracciones muy graves el ejercicio de actividades comerciales en Grandes Establecimientos Comerciales o en Establecimientos de Descuento Duro sin licencia comercial específica, o el incumplimiento de las dimensiones de superficie autorizadas en la resolución de concesión de la licencia. De esta manera, se evitan las posibles antinomias que pudieran manifestarse entre los dos textos positivos, al incidir ambos sobre una misma realidad económica. Del mismo modo, la disposición adicional incluida con el número seis, modifica el anexo de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos, con la intención de clarificar su régimen jurídico, al tiempo que actualiza la tarifa de la tasa a satisfacer por la tramitación de la licencia comercial específica, adecuándola a los nuevos costes de tramitación. Por su parte, la disposición transitoria establece el régimen jurídico aplicable a la tramitación de las oportunas licencias comerciales específicas en tanto en cuanto no se determine reglamentariamente la documentación que debe acompañar a la solicitud de la licencia, cometido para el que expresamente se habilita al Consejo de Gobierno de Cantabria en la disposición final primera, así como para, en su caso, modificar el contenido del anexo de la Ley, facultad que se detalla en la disposición final segunda. La Ley, finalmente, concluye con una disposición derogatoria, en la que expresamente se relacionan las normas afectadas por la entrada en vigor de la Ley, y con dos disposiciones finales más, en las que se concreta la legislación supletoria y la fecha de su entrada en vigor.