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Sumario

Con髗case que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 15.2� del Estatuto de Autonom韆 para Cantabria, promulgo la siguiente:

Ley de Cantabria 2/2010, de 4 de mayo, para la modificaci髇 de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del comercio de Cantabria, y de otras normas complementarias para su adaptaci髇 a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Pre醡bulo

La entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior, supone un importante avance hacia un mercado de servicios verdaderamente integrado, desarrollando el potencial de crecimiento econ髆ico y de creaci髇 de empleo de este sector econ髆ico en el 醡bito de la Uni髇 Europea, en general, y de nuestra Comunidad Aut髇oma en particular. Ha de destacarse, en este sentido, que la presente norma de transposici髇 de la Directiva Comunitaria incide directa y principalmente en impulsar la necesaria productividad y competitividad del sector comercial en Cantabria, compatible con un modelo urbano en el que el tejido comercial vertebre nuestras ciudades y sea parte sustancial de nuestra propia identidad regional.

Desde una perspectiva jur韉ica, la Directiva de Servicios aporta la codificaci髇 y garant韆 de los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las libertades fundamentales consagradas en los art韈ulos 43 y 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea: libertad de establecimiento y libertad de prestaci髇 de servicios. Y ello al tiempo que complementa diversos instrumentos comunitarios que contin鷄n plenamente en vigor. Por este motivo, la aprobaci髇 de la Directiva y la necesidad de su transposici髇 no posibilita entender que la misma constituya una nueva Directiva de Comercio, dado que no afecta, entre otras, a la libertad de horarios comerciales, a las actividades de promoci髇 de ventas o a las normas de defensa de la competencia. En resumen, la Directiva establece un marco jur韉ico general que tiende a favorecer la libertad de establecimiento y la libre prestaci髇 de servicios en la Uni髇 Europea, mediante la potenciaci髇 de un mercado competitivo, incompatible con las trabas nacionales a la libertad de establecimiento.

Desde un punto de vista de t閏nica legislativa, las anteriores consideraciones provocan que la Directiva no requiera de un 鷑ico acto de transposici髇, sino que va a exigir de todo un proceso din醡ico de adaptaci髇 del ordenamiento jur韉ico auton髆ico a la nueva realidad. As�, la transposici髇 de la Directiva ha de suponer una necesaria combinaci髇 tanto de medidas legislativas, como de medidas no legislativas de 韓dole organizativo o pr醕tico, encaminadas hacia la eliminaci髇 de aquellos obst醕ulos administrativos que puedan dificultar el ejercicio de las citadas libertades fundamentales consagradas ya en el propio Tratado Constitutivo, sobre todo en relaci髇 con la prestaci髇 de todos aquellos servicios que se realizan por cuenta propia conforme a un m閠odo econ髆ico. Con ello no se persigue si no la afirmaci髇 de la seguridad jur韉ica necesaria para el efectivo ejercicio de las citadas libertades fundamentales, creando un marco legal que impida el establecimiento de cualquier tipo de restricci髇 por parte de los poderes p鷅licos competentes en cada territorio.

En concreto, en el sector de la distribuci髇 comercial, la transposici髇 de la Directiva obliga a una importante actuaci髇 proyectada en tres grandes 醡bitos: en primer lugar, la eliminaci髇 de la planificaci髇 econ髆ica ligada a la autorizaci髇 previa de las grandes superficies comerciales; en segundo lugar, la instauraci髇 de la llamada ventanilla 鷑ica; y, por 鷏timo, la simplificaci髇 administrativa.

Como principio de car醕ter general, la entrada en vigor de la Directiva impide condicionar la libertad de establecimiento o la prestaci髇 de servicios a cualquier tipo de r間imen de autorizaci髇 o control. No obstante, y sin perjuicio de dicho principio general, lo cierto es que la Directiva comunitaria no permite entender que cualquier operador pueda prestar una actividad de servicios con absoluta libertad y en las condiciones que estime oportunas. Al contrario, de los preceptos de la norma cabe inferir la admisibilidad de diferentes requisitos que puedan imponerse, mediante los cuales se controle el acceso a dichas prestaciones, siempre que los mismos no supongan un obst醕ulo inadmisible al desarrollo de los principios generales de libertad de establecimiento y de libre prestaci髇 de servicios.

No puede cuestionarse el hecho de que la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos o del sometimiento a un r間imen de autorizaci髇 o de comunicaci髇 constituye uno de los tr醡ites m醩 comunes aplicados a los prestadores de servicios en el 醡bito de la Uni髇 Europea, al tiempo que comportan una restricci髇 a la libertad de establecimiento. Sin embargo, la propia Directiva prev� la posibilidad de someter una prestaci髇 a un r間imen de control o autorizaci髇 previa.

Con dicho t閞mino, la Directiva hace referencia a todo un procedimiento en virtud del cual se condiciona a un prestador a obtener de una autoridad p鷅lica el acceso a la actividad de prestaci髇 de servicios o a su ejercicio. Se trata, no obstante, de un r間imen cuya regulaci髇 no resulta de libre fijaci髇 para el legislador, sino que ha de cumplir determinadas condiciones recogidas positivamente en la propia norma Comunitaria y que ya ven韆n siendo anticipadas de forma constante por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: en primer lugar, que los criterios de autorizaci髇 no sean discriminatorios para el prestador; en segundo lugar, su necesidad tiene que estar justificada por una raz髇 imperiosa de inter閟 general; en tercer lugar, tienen que ser objetivos, claros e inequ韛ocos y han de resultar transparentes y f醕ilmente accesibles.

La Comunidad Aut髇oma de Cantabria, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 24.13 de su Estatuto de Autonom韆, tiene competencia exclusiva sobre el comercio interior, ferias y mercados interiores, as� como competencia de desarrollo legislativo y ejecuci髇 en materia de defensa de consumidores y usuarios, formulada en el apartado 6 del art韈ulo 25 del citado Estatuto. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con las bases y la ordenaci髇 de la actuaci髇 econ髆ica general y la pol韙ica monetaria del Estado, en los t閞minos dispuestos por los art韈ulos 38, 131 y 149.1.11� y 13� de la Constituci髇 Espa駉la de 1978.

En uso de estas competencias se aprob� la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, que ha venido estableciendo el marco jur韉ico para el ejercicio de la actividad comercial minorista; marco que ha sido reordenado y complementado con el transcurso del tiempo para dar respuesta a la r醦ida evoluci髇 que ha sufrido el sector comercial en los 鷏timos a駉s, y que ahora resulta necesario modificar por exigencias de la transposici髇 de la Directiva de Servicios, en cuanto que parcialmente se opone a lo dispuesto en la norma comunitaria.

Desde esta perspectiva, debe afirmarse que la presente Ley tiene como 鷑ico objetivo incorporar al ordenamiento jur韉ico de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria la Directiva 2006/123/CE, modificando las normas afectadas en todo aquello en que resulten contrarias o incompatibles con sus disposiciones y siempre bajo el m醩 escrupuloso respeto a lo recogido en la legislaci髇 estatal b醩ica en la materia.

Este t韙ulo competencial en exclusiva obliga a la Comunidad Aut髇oma a la transposici髇 de la Directiva Comunitaria, facultando tambi閚 para regular de modo global todas las materias a las que hace referencia la presente norma, sin perjuicio, claro est�, de la concurrencia de otros eventuales t韙ulos competenciales que inciden en la materia, y respecto a los cuales la propia Comunidad Aut髇oma goza de competencia exclusiva o de competencia legislativa compartida (verbigracia, patrimonio hist髍ico, ordenaci髇 del territorio y otros).

En concreto, en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, la transposici髇 de la Directiva afecta a tres leyes diferentes en el sector de la actividad comercial y ferial: la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria; la Ley de Cantabria 8/2006, de 27 de junio, de Estructuras Comerciales de Cantabria, y la Ley de Cantabria 5/1998, de 15 de mayo, de Ordenaci髇 de los Cert醡enes Feriales Oficiales de Cantabria, raz髇 por la que se ha escogido como t閏nica legislativa la opci髇 de una modificaci髇 conjunta para que se visualice el objeto y alcance de la modificaci髇 normativa efectuada.

Las modificaciones que introduce la presente reforma normativa giran en torno a las siguientes cuestiones fundamentales.

El prop髎ito fundamental de esta modificaci髇 es, en primer lugar, el establecimiento de las directrices precisas para adecuar la instalaci髇 de nuevos equipamientos comerciales en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria al r間imen de libertad de prestaci髇 previsto en la norma comunitaria, de manera que pueda conseguirse un equilibrio arm髇ico y eficiente entre dos principios convergentes: la libertad de establecimiento y la concurrencia de razones imperiosas de inter閟 general relacionadas con la distribuci髇 comercial, como son (art韈ulo 4.8 de la Directiva), 玡l orden p鷅lico, la seguridad p鷅lica, la protecci髇 civil, la salud p鷅lica, la preservaci髇 del equilibrio financiero del r間imen de seguridad social, la protecci髇 de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protecci髇 del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservaci髇 del patrimonio hist髍ico y art韘tico nacional y los objetivos de la pol韙ica social y cultural�.

La Directiva se馻la estos campos en los que pueden concurrir imperiosas razones de inter閟 general en base a las cuales condicionar e, incluso, impedir, la instalaci髇 de un establecimiento comercial en aquellos supuestos en los que la misma resulte contraria al citado inter閟 general, siempre que dicho l韒ite no sea discriminatorio y su establecimiento resulte proporcionado a dicha protecci髇.

Por el contrario, la Directiva impide la disposici髇 de criterios econ髆icos para justificar una limitaci髇 o restricci髇 a la libre prestaci髇 de servicios. Por esta raz髇, la apertura de un establecimiento comercial no puede condicionarse a la concurrencia de determinados requisitos de naturaleza econ髆ica, tales como aquellos que lo subordinan a la valoraci髇 t閏nica del impacto que los nuevos proyectos pudieran producir en las distintas 醨eas de influencia comercial, as� como en el an醠isis econ髆ico de las relaciones existentes entre la oferta comercial y la demanda existente en el mercado del 醨ea de influencia comercial afectada por el nuevo emplazamiento, o en la valoraci髇 de si la apertura est� coordinada con determinados objetivos econ髆icos vinculados a una determinada programaci髇 comercial.

Por estas razones y con dicha finalidad resulta necesario acometer, en primer lugar, una adecuaci髇 del concepto legal de establecimiento comercial establecido en la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, tras su modificaci髇 por la Ley de Cantabria 8/2006, de 27 de junio, capaz de integrar y explicar su variada tipolog韆, en el que habr� de sustentarse el r間imen de autorizaci髇 en funci髇 de la concurrencia de razones imperiosas de inter閟 general, igualmente condicionado por el concepto de superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico a efectos de implantaci髇.

A la hora de someter a autorizaci髇 administrativa la instalaci髇 de un establecimiento comercial, se ha considerado, de conformidad con la doctrina cient韋ica m醩 generalizada, que la instalaci髇 de un establecimiento comercial individual con una superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico superior a dos mil quinientos metros cuadrados presenta unas caracter韘ticas lo suficientemente importantes como para generar diferentes efectos ambientales, territoriales y sociales, por lo que resulta susceptible de control desde el punto de vista de la concurrencia de imperiosas razones de inter閟 general. Del mismo modo, se entiende que la autorizaci髇 administrativa espec韋ica tambi閚 est� justificada en aquellos supuestos en los que se ejecute una ampliaci髇 de las instalaciones de un establecimiento comercial cuando el resultado final comporte una superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico superior a los citados dos mil quinientos metros cuadrados, y ello con independencia del volumen que tuviera el citado establecimiento con anterioridad a la ejecuci髇 de las obras.

Por el contrario, el resto de establecimientos comerciales de tama駉 inferior a los citados dos mil quinientos metros cuadrados no resultan susceptibles de control auton髆ico, por cuanto que los efectos que pueden derivarse de su apertura son de naturaleza estrictamente econ髆ica, y por tanto expresamente excluidos de este control por la aplicaci髇 de las reglas y principios de la Directiva que se traspone.

La apertura de un Gran Establecimiento Comercial en los t閞minos expuestos puede suponer una afecci髇 de los intereses generales y por lo tanto es susceptible de control espec韋ico por la Comunidad Aut髇oma a trav閟 del cual garantizar el inter閟 general. Ahora bien, la necesaria proporcionalidad que debe concurrir entre la medida de control dispuesta y el objetivo pretendido con la misma impide el mantenimiento del r間imen de la licencia comercial espec韋ica regulado en nuestras normas positivas, y ello por la sencilla raz髇 de que el objetivo perseguido puede ser conseguido mediante una medida menos restrictiva.

Por estas razones se ha decidido sustituir la exigencia de la licencia comercial espec韋ica por un informe preceptivo emitido por la Consejer韆 competente en materia de comercio, integrado en el procedimiento seguido ante el Ayuntamiento en cuyo t閞mino municipal se pretenda la instalaci髇 y apertura del establecimiento, como clara expresi髇 del debido respeto a la distribuci髇 competencial y al ejercicio de las competencias propias por parte de los Entes locales, sin perjuicio, claro est�, del establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar una adecuada coordinaci髇 entre las actuaciones del Gobierno de Cantabria y de los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Aut髇oma, en lo que respecta a la actuaci髇 de los 髍ganos auton髆icos y municipales competentes para conocer del procedimiento administrativo habilitado para la apertura de una gran superficie comercial. La finalidad es clara: coordinar en la medida de lo posible la actuaci髇 de las diferentes administraciones implicadas en beneficio de la posici髇 de los ciudadanos.

En este sentido, la modificaci髇 dedica una atenci髇 especial a establecer los mecanismos de coordinaci髇 entre el informe preceptivo del Gobierno de Cantabria y los diferentes Ayuntamientos. As�, se opta por un sistema integrado en el tr醡ite municipal, para lo que la Administraci髇 local competente remitir� el expediente a la Direcci髇 General de la correspondiente Consejer韆 del Gobierno de Cantabria competente en materia de comercio, adjuntando con la solicitud todos los informes medioambientales y urban韘ticos que fueran necesarios. El plazo m醲imo para evacuar el Informe ser� de tres meses a contar desde la entrada en el Registro de la Consejer韆 competente en materia de comercio del expediente completo. A falta de resoluci髇 expresa, y como medida de racionalizaci髇 del procedimiento administrativo, su otorgamiento se realizar� por silencio positivo.

El objetivo principal de este informe es la valoraci髇 t閏nica del impacto que los nuevos proyectos solicitados puedan producir en relaci髇 con los criterios de inter閟 general formulados en la propia Directiva Comunitaria, tales como la protecci髇 del medio ambiente, del entorno urbano, la ordenaci髇 del territorio, la conservaci髇 del patrimonio hist髍ico y art韘tico, la protecci髇 de los trabajadores, de los consumidores y de los objetivos de inter閟 social, deportivo, l鷇ico y cultural.

Se trata, ciertamente, de una herramienta a trav閟 de la cual analizar diferentes criterios t閏nicos y objetivos, muchos de los cuales ya estaban recogidos en la Ley de Cantabria 8/2006, de 27 de junio, y que se encuentran especialmente orientados a lograr, entre otros fines, que la ubicaci髇 del establecimiento comercial sea la m醩 adecuada posible en relaci髇 con la trama urbana y la incidencia que pueda tener en la misma, el incremento del nivel y la calidad del empleo, la promoci髇 del sistema arbitral de consumo, y la inclusi髇 en los proyectos tanto de iniciativas sociales y culturales (verbigracia: conciliaci髇 de la vida laboral y familiar, cultura, ocio y esparcimiento) cuanto de compromisos medioambientales y de sostenibilidad.

La segunda gran modificaci髇 que introduce la presente norma afecta directamente a las conocidas como ventas especiales, sustituyendo la actual obligaci髇 de inscripci髇 previa al inicio de la actividad por un deber de comunicaci髇 del inicio de la actividad en el plazo de tres meses al Registro de Ventas Especiales.

De igual modo, y con el fin de eliminar toda autorizaci髇 innecesaria que pueda comportar una traba injustificada a la libertad de establecimiento, se suprime la necesidad de autorizaci髇 previa, como tal categor韆 de venta, para el ejercicio de las ventas autom醫icas, ventas en p鷅lica subasta y ventas domiciliarias.

Por su parte, en lo relativo a la venta ambulante o no sedentaria se introducen en el texto las especialidades que a la luz de la Directiva de Servicios deben tener las autorizaciones municipales, que subsisten fundados en su justificaci髇 en imperiosas razones de inter閟 general (razones de orden p鷅lico, protecci髇 de los consumidores, salud p鷅lica, entre otras), en general, y en la necesidad de ocupaci髇 de suelo p鷅lico habilitado para el ejercicio de este tipo de ventas, en particular. Se trata de un r間imen de control proporcionado al tiempo que sea respetuoso con las competencias municipales, ya que la autorizaci髇 corresponde al propio municipio que es el titular del suelo, y no resulta discriminatorio respecto a la nacionalidad o residencia del prestador del servicio.

En cuanto a las ventas a distancia, la modificaci髇, coherente con la realidad de este tipo de ventas en las que comprador y vendedor se encuentran en ubicaciones geogr醘icas diferentes y normalmente muy alejadas entre s�, opta por asumir los modernos principios reguladores dispuestos en las recientes reformas a nivel nacional, y en concreto en la modificaci髇 introducida por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, como expresi髇 tambi閚 coherente con la distribuci髇 competencial propia de nuestro sistema pol韙ico.

De igual modo, en cuanto a la actividad comercial desarrollada en r間imen de franquicia, se establece el deber de comunicaci髇 del inicio de la actividad en el plazo de tres meses al Registro correspondiente.

El 鷏timo aspecto en el que se modifica la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, se concreta en el r間imen sancionador, en el que se introducen diferentes modificaciones con el objetivo de garantizar de la forma m醩 eficiente posible el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley. Por esta raz髇, se adecua la tipificaci髇 a la nueva realidad surgida como consecuencia de la transposici髇 de la Directiva, al tiempo en que tambi閚 se ajusta la cuantificaci髇 de las sanciones a la realidad social y econ髆ica, de modo tal que las sanciones produzcan efectivamente el efecto disuasorio y represivo perseguido.

La segunda norma que resulta directamente afectada por la modificaci髇 es la Ley de Cantabria 5/1998, de 15 de mayo, hasta el punto de que se ha considerado que la posici髇 m醩 coherente con los postulados de la Directiva Comunitaria es su total derogaci髇.

No cabe duda alguna en torno a la aplicaci髇 de la Directiva de Servicios a la organizaci髇 de cert醡enes feriales. La organizaci髇 de ferias y exposiciones constituyen manifestaciones con finalidad comercial en las que, de forma colectiva y temporal, un grupo de operadores econ髆icos expone bienes u ofrece servicios, que s髄o raramente son objeto de venta directa que suponga la retirada de la mercanc韆 o la conclusi髇 del contrato de servicios. Refrendo de esta afirmaci髇 se encuentra tambi閚 en el Considerando 33 de la propia Directiva de Servicios, cuando dispone que el concepto servicio incluye actividades enormemente variadas y en constante evoluci髇, entre las que se encuentra la organizaci髇 de ferias.

Por este motivo, la regulaci髇 y el desarrollo de las ferias y exposiciones en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria debe de someterse a las normas de la Directiva de Servicios, cuyo principio fundamental responde al propio Tratado CE: la libre prestaci髇 de servicios y la libertad de establecimiento. As�, el art韈ulo 49 del Tratado CE, seg鷑 ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, garantiza la protecci髇 de este derecho mediante la prohibici髇 de cualquier disposici髇 o medida de cualquier otra 韓dole que pueda obstaculizar su aplicaci髇.

La Directiva de Servicios, interpretada de conformidad con los principios que inspiran la Comunicaci髇 Interpretativa de la Comisi髇 Europea referente a la aplicaci髇 de las reglas del mercado interior al sector de ferias y exposiciones de 1998, exige suprimir cualquier tipo de condici髇 o calificaci髇 a la prestaci髇 del servicio de organizaci髇 de ferias o exposiciones.

En consecuencia, ni la organizaci髇 de ferias o exposiciones ni su celebraci髇 puede quedar condicionada a la concesi髇 de autorizaciones, a su inscripci髇 en registros administrativos o a su inclusi髇 en calendarios, siendo inadmisible cualquier norma que establezca una prohibici髇 gen閞ica de organizar y celebrar manifestaciones feriales y reserven esta facultad a determinadas entidades y, m醩 concretamente, a los organismos oficiales o a los controlados por las autoridades p鷅licas o a aquellos cuyos 髍ganos (de gesti髇 o control) est閚 compuestos, nombrados o aceptados por instancias p鷅licas, siquiera parcialmente. Y ello en clara sinton韆 con la Comunicaci髇 interpretativa de la Comisi髇 Europea referente a la aplicaci髇 de las reglas del mercado interior al sector comercial de las ferias y exposiciones (98/C 143/02, Diario Oficial de la Uni髇 Europea de 8 de mayo de 1998).

La 鷏tima norma afectada, en menor medida, por esta modificaci髇 es la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Cantabria. En este caso, la modificaci髇 no es exigida por la transposici髇 de la Directiva de Servicios, sino que la misma se incluye con el 醤imo de articular de la forma m醩 eficiente posible las relaciones entre el Sistema Arbitral de Consumo y la Inspecci髇 de consumo en el buen entendimiento de que la potenciaci髇 del Sistema arbitral debe constituirse en el criterio fundamental que rija la actuaci髇 de la Agencia C醤tabra de consumo.

Por 鷏timo, la presente Ley se ha elaborado o韉o el Consejo Econ髆ico y Social de Cantabria.

Art韈ulo 1 Modificaci髇 de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria

La Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria, queda modificada como sigue:

Uno. El art韈ulo 5 queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 5 Establecimiento comercial

1. Tendr醤 la consideraci髇 de establecimientos comerciales los locales y las construcciones o instalaciones de car醕ter fijo y permanente, cubiertos o sin cubrir, que est閚 en el exterior o interior de una edificaci髇, con escaparates o sin ellos, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, independientemente de que se realice de forma continuada o en d韆s o temporadas determinadas.

2. Los establecimientos comerciales podr醤 ser de car醕ter individual o colectivo. Tendr醤 la consideraci髇 de establecimientos de car醕ter colectivo los que est閚 integrados por un conjunto de establecimientos comerciales individuales integrados en un edificio o complejo de edificios, en los que, con independencia de que las respectivas actividades puedan ejercerse de forma empresarialmente independiente, concurra alguno de los siguientes elementos:

• a) Acceso com鷑 desde la v韆 p鷅lica, de uso exclusivo o preferente de los establecimientos y de sus clientes.
• b) 羠eas de estacionamiento privadas comunes y contiguas a los diferentes establecimientos.
• c) La gesti髇 conjunta de servicios comunes para los clientes.
• d) La realizaci髇 de comunicaciones comerciales conjuntas.�

Dos. El art韈ulo 6 queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 6 Grandes Establecimientos Comerciales

1. Tendr醤 la consideraci髇 de Gran Establecimiento Comercial:

• a) Los establecimientos comerciales individuales o colectivos que cuenten con una superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico superior a dos mil quinientos metros cuadrados.
• b) Los parques tem醫icos, en relaci髇 con sus actividades comerciales, cuando el conjunto de la superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico supere los dos mil quinientos metros cuadrados o el quince por ciento de la superficie edificada total. Se entiende por actividad comercial del parque tem醫ico la de venta al por menor de productos directamente relacionados con su actividad principal dentro de su recinto.

2. La apertura o ampliaci髇 de un Gran Establecimiento Comercial en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, requerir� de manera preceptiva de un informe de la Consejer韆 competente en materia de comercio, en los t閞minos regulados en los art韈ulos 8, 9, 10 y 11 de la presente Ley.�

Tres. Se sustituye el actual art韈ulo 8 por uno nuevo que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 8 Supuestos para la emisi髇 del informe

1. La apertura de un Gran Establecimiento Comercial en el territorio de la Comunidad Aut髇oma de Cantabria, definido de conformidad con lo previsto en la presente Ley, requerir� de manera preceptiva un informe de la Consejer韆 competente en materia de comercio con car醕ter previo a la concesi髇 de la licencia municipal de apertura. La emisi髇 del informe ser� tambi閚 preceptiva en el caso de ampliaci髇 de las instalaciones de un establecimiento comercial cuya superficie 鷗il de exposici髇 y venta al p鷅lico supere, despu閟 de la ejecuci髇 de las obras las dimensiones previstas en el art韈ulo 6 para cada una de las tipolog韆s. A estos efectos, resulta indiferente el tama駉 que el establecimiento comercial tuviera con anterioridad a la ejecuci髇 de las obras.

2. El informe previsto en el presente art韈ulo tendr� car醕ter vinculante para el Ayuntamiento cuando fuera negativo.�

Cuatro. El art韈ulo 9 queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 9 Criterios para la emisi髇 del informe

1. La emisi髇 del informe previsto en el art韈ulo anterior habr� de realizarse atendiendo a criterios basados en razones de inter閟 general, como son la protecci髇 del medio ambiente, del entorno urbano, la ordenaci髇 del territorio, la conservaci髇 del patrimonio hist髍ico y art韘tico, la protecci髇 de los trabajadores, de los consumidores y de los objetivos de inter閟 social, deportivo, l鷇ico y cultural.

2. Los criterios generales previstos en el apartado anterior se concretan para la emisi髇 del correspondiente Informe en los siguientes requisitos:

• a) La proporcionalidad y adecuaci髇 de la ubicaci髇 del establecimiento comercial y, en concreto, su relaci髇 con la trama urbana y la incidencia que pueda tener en la misma. En particular, se tendr� en cuenta la potenciaci髇 de la centralidad urbana, siempre que la misma tenga influencia directa y significativa sobre la trama comercial preexistente potenciando su concentraci髇 y la rehabilitaci髇 de los centros urbanos.
• b) Los efectos sobre el nivel y calidad del empleo. En particular, se valorar� que el proyecto de establecimiento comercial contribuya a paliar un alto 韓dice de desempleo en el 醨ea en que se pretende implantar, o que se comprometa a incorporar al mercado de trabajo colectivos de dif韈il inserci髇, tales como mujeres, j髒enes o parados de larga duraci髇, as� como que la contrataci髇 a trav閟 de la cual se emplee a los nuevos trabajadores sea de car醕ter indefinido.
• c) La singular orograf韆 del 醨ea en la que se pretende ubicar el establecimiento comercial y las consiguientes dificultades de comunicaci髇. En particular, el informe tendr� en cuenta los estudios de movilidad, tanto de personas como de veh韈ulos, priorizando el acceso peatonal y el transporte p鷅lico colectivo, la incidencia en la red viaria y en las dem醩 infraestructuras p鷅licas.
• d) La inclusi髇 en el proyecto de compromisos firmes en favor de los derechos de los consumidores y usuarios, tales como la adhesi髇 al Sistema Arbitral de Consumo.
• e) La inclusi髇 en el proyecto de establecimiento de iniciativas sociales, tales como la articulaci髇 de medidas dirigidas a conciliar la vida laboral y familiar de sus trabajadores, especialmente la instalaci髇 de guarder韆s, centros de lactancia y centros de atenci髇 a personas en situaci髇 de dependencia, la programaci髇 de actividades que contribuyan a fomentar pr醕ticas de comercio justo o compra solidaria o la implantaci髇 de equipamientos deportivos.
• f) La viabilidad y legalidad ambiental del proyecto, as� como inclusi髇 en el proyecto de iniciativas y compromisos relacionados con el respeto y la conservaci髇 del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como los siguientes:
  • 1�. El impacto e integraci髇 paisaj韘tica.
  • 2�. La incorporaci髇 de sistemas de recogida selectiva de residuos.
  • 3�. La inversi髇 en t閏nicas de reciclaje.
  • 4�. La inversi髇 en energ韆s renovables.
  • 5�. La gesti髇 eficiente del agua y de la energ韆.
  • 6�. La realizaci髇 de campa馻s y cursos de sensibilizaci髇 medioambiental.
• g) La inclusi髇 en el proyecto de iniciativas relacionadas con la cultura o con el ocio.
• h) Que el proyecto de establecimiento comercial facilite y propicie la integraci髇, dentro de su superficie, de iniciativas de peque駉 y mediano comercio, favoreciendo un crecimiento de la estructura comercial gradual y equilibrada, as� como la revitalizaci髇 del entorno comercial afectado. Se valorar� especialmente la articulaci髇 de medidas como las siguientes:
  • 1�. Reserva de espacios y bonificaci髇 de los precios de su alquiler o venta con el fin de facilitar la incorporaci髇 preferente de los comerciantes locales en el nuevo establecimiento propuesto.
  • 2�. Incorporaci髇 de servicios comunes para los comerciantes en grandes establecimientos de car醕ter colectivo, de tal forma que se les facilite el acceso a herramientas de soporte y formaci髇 que propicien la mejora de la gesti髇 de sus establecimientos y de los servicios a clientes.
  • 3�. Incorporaci髇 de artesanos locales en el recinto del establecimiento.
  • 4�. Formalizaci髇 de acuerdos para la comercializaci髇 y distribuci髇, en el recinto del establecimiento, de los productos de la zona.�

Cinco. Se sustituye el actual art韈ulo 10 por uno nuevo que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 10 Procedimiento para la emisi髇 del informe

1. En el procedimiento seguido para la concesi髇 de la correspondiente licencia municipal de apertura, la Administraci髇 local competente remitir� el expediente a la Direcci髇 General de la correspondiente Consejer韆 del Gobierno de Cantabria competente en materia de comercio, adjuntando con la solicitud todos los informes medioambientales, urban韘ticos y cualquier otro que fuere necesario para evacuar el informe.

2. La Direcci髇 General de la correspondiente Consejer韆 del Gobierno de Cantabria competente en materia de comercio, de apreciar situaciones o circunstancias que puedan alterar la competencia entre empresas, podr� solicitar informe de la Comisi髇 Nacional de la Competencia o, en su caso, del 髍gano auton髆ico competente.�

Seis. Se sustituye el actual art韈ulo 11 por uno nuevo que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 11 Plazos para la emisi髇 del informe

El plazo m醲imo para la evacuaci髇 del informe ser� de tres meses a contar desde la entrada del expediente completo en el Registro de la Consejer韆 competente en materia de comercio, a menos que concurra el supuesto previsto en el apartado 2 de art韈ulo anterior, en cuyo caso el plazo para la emisi髇 del informe ser� de cinco meses. Transcurridos dichos plazos se entender� que el informe es favorable.�

Siete. El art韈ulo 35 queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 35 Concepto

1. A los efectos de la presente Ley, se consideran ventas especiales las ventas a distancia, las ventas ambulantes o no sedentarias, las ventas autom醫icas, las ventas en p鷅lica subasta, las ventas fuera del establecimiento mercantil reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, las ventas ocasionales y las ventas domiciliarias.

2. Las ventas de bienes muebles a plazos se regir醤 por su normativa espec韋ica.�

Ocho. El art韈ulo 36 queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 36 Registro de Ventas Especiales

1. Se crea el Registro de Ventas Especiales de Cantabria adscrito a la Consejer韆 competente en materia de comercio, con car醕ter p鷅lico y naturaleza administrativa.

2. En el Registro de Ventas Especiales se inscribir醤 los comerciantes que ejerzan las actividades de venta ambulante o no sedentaria, las ventas autom醫icas y las ventas a distancia, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

3. La autorizaci髇 para el ejercicio de las ventas ambulantes corresponder� al Ayuntamiento en cuyo t閞mino municipal se realice la actividad. Dicho Ayuntamiento deber� comunicar, en el plazo de tres meses, a la Consejer韆 competente en materia de comercio, el acuerdo de concesi髇 para la correspondiente inscripci髇 en el Registro.�

Nueve. El art韈ulo 37 queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 37 Ventas a distancia

1. Se consideran ventas a distancia las celebradas sin la presencia f韘ica simult醤ea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptaci髇 se realicen de forma exclusiva a trav閟 de una t閏nica cualquiera de comunicaci髇 a distancia y dentro de un sistema de contrataci髇 a distancia organizado por el vendedor.

2. Las empresas de ventas a distancia que tengan su domicilio social en Cantabria, con independencia de que las propuestas de contrataci髇 se difundan fuera de su 醡bito territorial, deber醤 comunicar el inicio de su actividad en el plazo de tres meses al Registro de ventas especiales.�

Diez. Se sustituye el actual art韈ulo 38 por uno nuevo que queda redactado del siguiente modo:

獳rt韈ulo 38 R間imen jur韉ico de las ventas a distancia

El ejercicio de las ventas a distancia en la Comunidad Aut髇oma de Cantabria se someter� al r間imen jur韉ico previsto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.�

Once. El art韈ulo 48 queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 48 Concepto

1. Es venta autom醫ica la forma de distribuci髇 detallista en la cual se pone a disposici髇 del consumidor el producto o servicio para que 閟te lo adquiera mediante el accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe.

2. Todas las m醧uinas para la venta autom醫ica habr醤 de cumplir la normativa vigente en materia de homologaci髇.

3. No podr醤 comercializarse productos que no est閚 envasados y etiquetados conforme a la normativa vigente.

4. Las empresas dedicadas a la venta autom醫ica que tengan su domicilio social en Cantabria, con independencia de que sus productos se comercialicen fuera de su 醡bito territorial, deber醤 comunicar el inicio de su actividad en el plazo de tres meses al Registro de ventas especiales.�

Doce. El art韈ulo 49 queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 49 Advertencias obligatorias

En todas las m醧uinas de venta deber� figurar con claridad cu醠 es el producto que expenden, su precio, tipo de monedas y sistemas de pago que admiten, instrucciones para la obtenci髇 del producto deseado, identidad del oferente, direcci髇 y tel閒ono donde se atender醤 las reclamaciones, as� como referencia a los datos de homologaci髇 del aparato seg鷑 modelo de m醧uina y del n鷐ero de inscripci髇 en el correspondiente Registro p鷅lico.

De igual modo, cuando fuera necesario de conformidad con la normativa sectorial, la referencia a las autorizaciones concedidas.�

Trece. El art韈ulo 52 queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 52 Concepto y autorizaci髇

1. Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente de forma habitual, ocasional, peri骴ica o continuada, en los per韒etros o lugares debidamente autorizados en instalaciones comerciales desmontables o transportables, incluyendo los camiones-tienda.

2. La concesi髇 de autorizaci髇 para el ejercicio de la venta ambulante corresponder� a los Ayuntamientos. La autorizaci髇 se justifica por la ocupaci髇 de suelo p鷅lico habilitado para el ejercicio de este tipo de ventas.

3. La concesi髇 de la autorizaci髇 podr� contemplar las siguientes modalidades:

• a) Mercados ubicados en lugares o espacios determinados y de periodicidad fija.
• b) Mercados ocasionales instalados con motivo de ferias, fiestas o acontecimientos populares.
• c) Venta realizada en camiones-tienda.
• d) Puestos instalados en la v韆 p鷅lica en circunstancias y condiciones precisas.
• e) Venta en establecimientos multiusos y espacios p鷅licos.�

Catorce. El art韈ulo 53 queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 53 Ordenanzas municipales

1. Las ordenanzas municipales de venta ambulante deber醤 determinar, como m韓imo, el procedimiento para la selecci髇 entre los posibles candidatos que habr� de garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso.

2. Del mismo modo, las ordenanzas municipales de venta ambulante deber醤 determinar:

• a) Lugares y per韔dos en los que puede desarrollarse la venta ambulante.
• b) Modalidades de venta ambulante admitidas, teniendo en cuenta las caracter韘ticas de cada municipio.
• c) Requisitos para el ejercicio de la venta ambulante.
• d) R間imen de autorizaciones.
• e) N鷐ero total de puestos o autorizaciones.
• f) Productos que podr醤 ser ofrecidos a la venta.
• g) Tasa a pagar por la concesi髇 de la autorizaci髇.
• h) R間imen interno de funcionamiento del mercadillo, en su caso.
• i) Previsi髇 del r間imen sancionador.
• j) Relaci髇 de derechos y deberes de los comerciantes ambulantes.�

Quince. El art韈ulo 54 queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 54 Autorizaciones

1. Para la concesi髇 de la autorizaci髇 para el ejercicio de la venta ambulante, se exigir� que el peticionario acredite:

• a) Declaraci髇 de alta en el Censo de Obligados Tributarios y en el r間imen de Seguridad Social que corresponda, estando al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
• b) Cumplir los requisitos de las reglamentaciones de cada tipo de productos.
• c) Estar en posesi髇 del carn� de manipulador de alimentos, en su caso.
• d) Satisfacer las tasas y tributos fijados en la ordenanza.
• e) Disponer de los permisos de residencia y trabajo que en cada caso sean exigibles, si se trata de extranjeros.

2. Las autorizaciones se conceder醤 en condiciones no discriminatorias, pero deber� preferirse a aquellos comerciantes que tengan concertado un seguro de responsabilidad civil por los da駉s que puedan causar con sus productos. Si la Ordenanza prev� una reserva de puestos, deber� utilizar para ello criterios objetivos.

3. Las autorizaciones tendr醤 una duraci髇 m醲ima de cinco a駉s con el fin de permitir la amortizaci髇 de las inversiones y una remuneraci髇 equitativa de los capitales invertidos, prorrogables expresamente por id閚ticos per韔dos. Las autorizaciones podr醤 ser revocadas por incumplimiento de las condiciones a las que se encuentren sometidas.

4. La titularidad de las autorizaciones se ajustar� a las siguientes condiciones:

• a) Las autorizaciones podr醤 concederse tanto a personas f韘icas como a sociedades, y ser醤 transmisibles, salvo disposici髇 en contrario de la correspondiente ordenanza municipal.
• b) En el caso de que el titular sea una persona f韘ica, podr醤 desarrollar la venta, adem醩 del propio titular, sus familiares o dependientes dados de alta en el correspondiente r間imen de Seguridad Social.
• c) No obstante lo se馻lado en el p醨rafo a), en el supuesto de fallecimiento de la persona f韘ica titular de la autorizaci髇, siempre podr� sucederle en la titularidad el heredero que se designe.
• d) En el supuesto de que la autorizaci髇 sea concedida a una sociedad, 閟ta deber� indicar al Ayuntamiento el nombre de la persona, socio o dependiente que desarrollar� la actividad, quien deber� estar dada de alta en el r間imen de la Seguridad Social que corresponda.
• e) A los efectos de lo establecido en el p醨rafo a), se considerar� que se ha transferido la autorizaci髇 cuando se incorporen a la sociedad nuevos socios cuya participaci髇 supere un tercio del capital. Se except鷄 de lo establecido en este p醨rafo a las sociedades cooperativas y a los supuestos de incorporaci髇 de nuevos socios por transmisi髇 玬ortis causa�.

5. En la autorizaci髇 deber� especificarse el 醡bito territorial de validez, los productos autorizados y las fechas en que se podr� llevar a cabo la actividad comercial.

6. Los Ayuntamientos remitir醤, dentro del primer trimestre de cada a駉 natural, a la Consejer韆 competente en materia de comercio, una relaci髇 actualizada de los comerciantes a quienes se haya otorgado la autorizaci髇 correspondiente.�

Diecis閕s. El art韈ulo 57 queda redactado como sigue:

獳rt韈ulo 57 Informaci髇

1. Quienes ejerzan el comercio ambulante deber醤 tener expuestos, de forma f醕ilmente visible para el p鷅lico, sus datos personales y el documento en el que conste la correspondiente autorizaci髇 municipal, as� como una direcci髇 para la recepci髇 de las posibles reclamaciones.

2. La identificaci髇 del comerciante deber� igualmente figurar en la factura o en el comprobante de la venta que habr� de entregarse al comprador.�

Diecisiete. El p醨rafo 2 del art韈ulo 69 queda redactado como sigue:

�2. Las empresas que, teniendo su domicilio en Cantabria, realicen, con el car醕ter de franquiciadoras, la actividad comercial de franquicia, tal como se define en el apartado anterior, deber醤 comunicarlo en el plazo de tres meses a la Consejer韆 competente en materia de comercio a los efectos de su inscripci髇 en el correspondiente Registro�

Dieciocho. Los apartados e) y f) del art韈ulo 72 quedan redactado como sigue:

• 玡) No realizar a la Administraci髇 las comunicaciones o notificaciones exigidas por la normativa vigente.
• f) En general, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley que no sean objeto de sanci髇 espec韋ica.�

Diecinueve. El apartado a) del art韈ulo 73 queda redactado como sigue:

• 玜) Ejercer una actividad comercial sin previa autorizaci髇 o sin haber realizado la comunicaci髇 al Registro de Ventas especiales o de franquiciadores cuando la misma fuera preceptiva y corriera a cargo del interesado y no estuviera tipificada como falta muy grave.�

Veinte. El apartado a) del art韈ulo 74 queda redactado como sigue:

• 玜) El ejercicio de actividades comerciales en Grandes Establecimientos Comerciales sin la autorizaci髇 correspondiente o con incumplimiento grave de las condiciones tenidas en cuenta para la autorizaci髇.�

Veintiuno. El apartado 2 del art韈ulo 77 queda redactado como sigue:

�2. La determinaci髇 de la sanci髇 a imponer en cada uno de los grados m韓imo, medio o m醲imo se establecer� en funci髇 del volumen de la facturaci髇 a la que afecte, cuant韆 del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracci髇, reincidencia y capacidad o solvencia econ髆ica de la empresa.�

Veintid髎. La disposici髇 adicional segunda queda redactada como sigue:

獿as infracciones a lo dispuesto en la presente Ley que constituyan un acto il韈ito en materia de defensa del consumidor y usuario, ser醤 sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.�

Art韈ulo 2 Modificaci髇 de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios

El apartado 2 del art韈ulo 57 de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, queda redactado del siguiente modo:

�2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, interrumpir� la prescripci髇 de las infracciones la apertura de un proceso en v韆 penal o la tramitaci髇 de otro procedimiento administrativo sancionador que impidieran iniciar o continuar el procedimiento sancionador previsto en la presente Ley. Del mismo modo, tambi閚 interrumpir� la prescripci髇 la presentaci髇 de una solicitud de arbitraje de consumo hasta su definitiva resoluci髇.�

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici髇 derogatoria 鷑ica

a) Quedan derogados el p醨rafo c) del art韈ulo 31, los art韈ulos 39 a 47, el art韈ulo 64, los apartados 4 del art韈ulo 65 y 1 del art韈ulo 67 y las disposiciones transitorias de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.

b) Queda derogada la Ley de Cantabria 8/2006, de 27 de junio, de Estructuras Comerciales de Cantabria.

c) Queda derogada la Ley de Cantabria 5/1998, de 15 de mayo, de Ordenaci髇 de los Cert醡enes Feriales Oficiales de Cantabria.

d) Queda suprimida la tasa por tramitaci髇 de la Licencia Comercial Espec韋ica prevista en el Anexo I de la Ley de Cantabria 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.

e) Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES