Sumario

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT�NOMA DE CANTABRIA

Con�zcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 15.2� del Estatuto de Autonom�a para Cantabria, promulgo la siguiente:

LEY DE CANTABRIA 9/2008, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y DE CONTENIDO FINANCIERO

PRE�MBULO

Desde la perspectiva de la actividad que desarrolla la Comunidad Aut�noma de Cantabria, cuyos objetivos se contienen en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el a�o 2009, y al objeto de contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en los mismos, se dicta la presente Ley como norma que contiene un conjunto de medidas referidas a diferentes �reas de actividad que contribuyen a la consecuci�n de los objetivos propios de la Comunidad Aut�noma de Cantabria.

De acuerdo con los objetivos planteados, la Ley dicta una serie de medidas fiscales y de contenido financiero.

I

En el t�tulo I, bajo la r�brica �Normas Fiscales�, se procede a la modificaci�n y actualizaci�n de las tasas de la Administraci�n y de los Organismos P�blicos de la Comunidad Aut�noma de Cantabria.

En la Consejer�a de Medio Ambiente, se crea la tasa de inspecci�n en materia de emisiones a la atm�sfera de las aplicables por la Consejer�a de Medio Ambiente de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios P�blicos de la Diputaci�n Regional de Cantabria, y se modifica la Tasa 1 �tasa de autorizaci�n ambiental integrada� de las aplicables por la Consejer�a de Medio Ambiente de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios P�blicos de la Diputaci�n Regional de Cantabria, modific�ndose el hecho imponible que incluye la tramitaci�n de las modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas, ya sean sustanciales o no, cre�ndose, asimismo, una nueva tarifa para las modificaciones no sustanciales.

Igualmente, se actualiza la Tarifa de la Tasa 4, Tasa de Gesti�n Final de Residuos Urbanos, en la l�nea de ir aproximando paulatinamente su importe a los costes reales del servicio, seg�n establece la normativa comunitaria.

Respecto a la tasa 1 - �Tasa por Ordenaci�n y Defensa de las Industrias Agr�colas, Forestales y Pecuarias� - de la Consejer�a de Desarrollo Rural, Ganader�a, Pesca y Biodiversidad se modifica el t�tulo de la tarifa 1 suprimiendo los servicios, trabajos y/o estudios por inscripci�n por �cambios de actividad� en el Registro de Industrias Agroalimentarias, Forestales y Pesqueras de la Comunidad Aut�noma de Cantabria ya que los cambios de actividad no tienen porque conllevar ampliaci�n por modificaci�n del valor de la instalaci�n. En el caso de que as� fuera, se le aplicar�a la tarifa por inscripci�n de modificaci�n de las instalaciones existentes por ampliaci�n, perfeccionamiento o sustituci�n en el Registro de Industrias Agroalimentarias, Forestales y Pesqueras de la Comunidad Aut�noma de Cantabria. Dentro de esta Tasa se unifica el importe de la tarifa a aplicar por los servicios, trabajos y/o estudios realizados por el Servicio de Industrias y Calidad Agroalimentaria para la inscripci�n por �cambio de titularidad� en el Registro de Industrias Agroalimentarias, Forestales y Pesqueras de la Comunidad Aut�noma de Cantabria,

A trav�s de la Direcci�n General de Biodiversidad, la Consejer�a de Desarrollo Rural, Ganader�a, Pesca y Biodiversidad distribuye todos los permisos para la pr�ctica de la pesca en los Cotos de Pesca existentes en la Comunidad Aut�noma de Cantabria y los de algunas modalidades de caza en aquellos terrenos cineg�ticos en los que la titularidad del aprovechamiento cineg�tico corresponde a la Administraci�n, b�sicamente en las Reservas Regionales de Caza.

Tradicionalmente los permisos se distribuyen mediante uno o varios sorteos entre todos aquellos pescadores o cazadores, o en su caso grupos de cazadores, que previamente han manifestado su inter�s en participar en el mismo. La cifra de permisos que se distribuyen cada a�o supera los 30.000, participando en los diferentes procesos m�s de 8.000 cazadores y pescadores.

El proceso de distribuci�n de permisos mediante sorteo, llevan asociado un enorme coste de personal y administrativo, debido al elevado n�mero de d�as que se invierten en finalizar los diferentes procesos de elecci�n y distribuci�n, que es necesario repercutir de alguna forma en el solicitante. Por todo ello se crea una tasa para la participaci�n en los sorteos de distribuci�n de permisos que, adem�s de paliar parte del gasto originado en dichos procesos, permitiese una distribuci�n m�s justa y equitativa de los permisos. Hay que recalcar que la tasa propuesta es independiente de las existentes actualmente en la Consejer�a de Desarrollo Rural, Ganader�a, Pesca y Biodiversidad por expedici�n de los permisos y licencias de pesca continental y caza recogidas en la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Contenido Financiero.

Dentro igualmente de las aplicables por la Consejer�a de Desarrollo Rural, Ganader�a, Pesca y Biodiversidad, y como consecuencia de la aplicaci�n del Reglamento 882/2004 de 29 de abril, sobre controles oficiales efectuados para garantizar la verificaci�n del cumplimiento de la legislaci�n en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, se modifican las tarifas 3 y 7 de la �3 Tasa por prestaci�n de servicios facultativos veterinarios�.

Respecto a las tasas aplicables por la Consejer�a de Cultura Turismo y Deporte, se crea una nueva tarifa dentro de las Tasas por Ordenaci�n del Sector Tur�stico, relativa al �sellado de listas de precios de empresas de turismo activo�, que hasta la fecha carec�a de regulaci�n, y que, por Decreto del Gobierno de Cantabria vienen obligadas a notificar sus precios m�ximos a la Direcci�n General de Turismo.

El Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificaci�n inicial y la formaci�n continua de conductores de determinados veh�culos destinados al transporte por carretera, incorpora al ordenamiento jur�dico espa�ol la Directiva 2003/59/CE, estableciendo una formaci�n obligatoria para determinados conductores distinta de la existente actualmente para la obtenci�n de los permisos de conducci�n, as� como una cualificaci�n inicial y una formaci�n continua dirigida a actualizar los conocimientos, haciendo preciso la creaci�n de una tarifa espec�fica para dichas actividades a incluir dentro de la Tasa por Ordenaci�n del Transporte por Carretera, aplicable por la Consejer�a de Industria y Desarrollo Tecnol�gico.

Dentro de las Tasas aplicables por la Consejer�a de Sanidad, se modifica la denominaci�n de algunas de ellas, haci�ndolas m�s adecuadas a la verdadera naturaleza del servicio que se presta.

El Real Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos b�sicos del curr�culo de las ense�anzas de idiomas de r�gimen especial, establece los datos m�nimos que deben figurar en el certificado correspondiente, sustituyendo el anteriormente denominado certificado de aptitud de Escuelas de Idiomas por tres certificados de nivel b�sico, intermedio y avanzado. Se hace necesario, por consiguiente, incluir dentro de la Tasa aplicable por la Consejer�a de Educaci�n, �1. Tasa para expedici�n de T�tulos y Diplomas Acad�micos�, las tarifas correspondientes a dichos t�tulos, unific�ndose, igualmente las tarifas por expedici�n de duplicados de todos los t�tulos y diplomas.

Dentro de las Tasas aplicables por la Consejer�a de Presidencia y justicia, se modifica la �6.- Tasa por servicios de extinci�n de incendios, rescate y salvamento, dentro del �mbito de protecci�n civil.� ampli�ndose dicha tasa a las actuaciones de espeleosocorro, rescate vertical, rastreo y b�squeda, y cre�ndose unas tarifas espec�ficas para dichos servicios.

Al igual que en a�os anteriores, se actualizan los tipos de cuant�a fija de las tasas y c�nones de la Comunidad Aut�noma de Cantabria y sus Entes de Derecho P�blico, en la previsi�n de incremento de los precios para el ejercicio, que en el a�o 2008 y 2009 fue del 3,5%, porcentaje establecido por la Administraci�n General del Estado, si bien la subida del canon de saneamiento es superior a dicho porcentaje con vistas a ir ajustando las tarifas al costo real del servicio.

Dichas Tasas y C�nones aparecen recogidas en los Anexos I y II y ordenadas en funci�n de la nueva reorganizaci�n de Consejer�as del Gobierno de Cantabria y del reparto de competencias establecido por Decreto 9/2007 de 12 de julio.

Por �ltimo, dentro de las medidas fiscales, y con car�cter excepcional, dada la delicada situaci�n que atraviesa el sector pesquero, con motivo de la veda en la pesca del bocarte, tal situaci�n justific� la inclusi�n en la Ley 7/2007, de 27 de diciembre, de Medias Fiscales y de Contenido Financiero, de una Disposici�n Adicional Tercera que establec�a una ampliaci�n de la reducci�n del canon citado hasta un 90%, con car�cter excepcional y durante el ejercicio 2009. La evoluci�n del sector no ha experimentado la deseable mejor�a, persistiendo las graves dificultades en el �mbito extractivo, lo que justifica extender al ejercicio 2009 la reducci�n planteada.

II

En el T�tulo II, dentro de las medidas de contenido financiero, se procede a la modificaci�n de la Ley de Cantabria 9/2006, de 29 de junio, de creaci�n de la Entidad P�blica Empresarial Puertos de Cantabria, como consecuencia de la promulgaci�n de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico, que introduce un elemento de duda sobre la naturaleza de los contratos a celebrar por las Entidades P�blicas Empresariales, que la propia Ley resuelve en el caso de ciertas Entidades P�blicas Empresariales Estatales modificando su Ley reguladora de forma que queda expresamente regulada la sujeci�n de su actividad contractual a las normas establecidas para las Administraciones P�blicas en la Ley de Contratos del Sector P�blico.

Siendo competencia de la Comunidad Aut�noma, en virtud de lo dispuesto en el art�culo 36 del Estatuto de Autonom�a de Cantabria, la creaci�n y estructuraci�n de su propia Administraci�n P�blica, y por analog�a con la pr�ctica ya establecida para la propia Administraci�n General del Estado en casos similares, se entiende necesario modificar dicha norma.

La aprobaci�n del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria mediante el Decreto 59/2008, de 5 de junio, al incrementar de manera sustancial las actuaciones e inversiones en materia portuaria, exige una mayor dotaci�n de medios humanos capaz de gestionar con eficacia dicho incremento. Para flexibilizar la cobertura de los correspondientes puestos de trabajo, se hace preciso introducir modificaciones en la ley de Cantabria 9/2006, de 29 de junio, de creaci�n de la Entidad P�blica Empresarial Puertos de Cantabria, que permitan aprovechar recursos que dependen org�nicamente de la Administraci�n General de la Comunidad Aut�noma, compatibilizando su integraci�n funcional en la Entidad P�blica Empresarial Puertos de Cantabria con el desarrollo de la plantilla propia de la misma.

Se procede, igualmente, a la modificaci�n de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de R�gimen Jur�dico del Gobierno y de la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma de Cantabria, ya que es oportuno incluir los procedimientos administrativos de autorizaci�n de implantaci�n de ense�anzas de grado y postgrado dentro de los procedimientos en los cuales las solicitudes formuladas se podr�n entender desestimadas una vez transcurridos los plazos m�ximos de resoluci�n sin que se hubiera dictado resoluci�n expresa, ya que las consecuencias de su no inclusi�n supondr�a que las ense�anzas solicitadas, por el mero transcurso del plazo m�ximo para resolver, quedar�an autom�ticamente autorizadas sin ning�n control por parte de la Comunidad Aut�noma de Cantabria. En aras a garantizar una mayor calidad en las ense�anzas a implantar, se a�aden a la relaci�n de procedimientos administrativos tramitados por la Consejer�a de Educaci�n en los que el silencio tiene efectos desestimatorios que figuran en el Anexo II de la Ley 6/2002.

En relaci�n con la Consejer�a de Medio Ambiente, se procede a introducir un nuevo apartado a) al art�culo 44.2 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, tipificando como infracci�n grave el ejercicio de la actividad o el inicio de la ejecuci�n de un proyecto sin disponer de la pertinente autorizaci�n ambiental integrada, de la declaraci�n de impacto ambiental o en contravenci�n sustancial de los t�rminos de las mismas, sin que concurra da�o o deterioro grave para el medio ambiente o peligro grave para la seguridad o salud de las personas.

Por otro lado, ante los pronunciamientos judiciales relativos al reconocimiento de la condici�n de personal laboral indefinido no fijo, y la necesidad de regularizar con prontitud tal situaci�n por la incidencia que supone en la gesti�n de personal de la Administraci�n, se aborda la reforma de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Funci�n P�blica de Cantabria, en la que teniendo presente los principios constitucionales de igualdad, m�rito y capacidad que regulan el acceso al empleo p�blico, se dota de un procedimiento para proceder a la creaci�n, o cobertura si ya existieran, de las plazas de naturaleza laboral o funcionarial que corresponda, y la consecuente puesta en marcha de los procedimientos necesarios para su cobertura ordinaria.

La Ley Org�nica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educaci�n, en su art�culo 34 dispone: �En cada Comunidad Aut�noma existir� un Consejo Escolar para su �mbito territorial, cuya composici�n y funciones ser�n reguladas por una ley de la Asamblea de la Comunidad Aut�noma correspondiente que, a efectos de programaci�n de la ense�anza, garantizar� en todo caso la adecuada participaci�n de los sectores afectados�. El Consejo Escolar de Cantabria se regula por la Ley 3/1999, de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria. Con la finalidad de dotar al citado consejo de una configuraci�n similar a la de otros consejos de nuestra Comunidad Aut�noma, derivada de la regulaci�n contenida en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de R�gimen Jur�dico del Gobierno y de la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma de Cantabria, y para ajustarla a las previsiones relativas a los principios y reglas de programaci�n y gesti�n presupuestaria de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, se procede ahora a la modificaci�n del apartado segundo del art�culo 4 de la Ley 3/1999, de 24 de marzo, de Consejos Escolares de Cantabria.

Se procede a la modificaci�n de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenaci�n Sanitaria de Cantabria, con la finalidad de atribuir a la Fundaci�n �Marqu�s de Valdecilla� la condici�n de medio propio y servicio t�cnico de la Administraci�n de la Comunidad Aut�noma de Cantabria a los efectos previstos en el art�culo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico. Asimismo, se fija en quince el n�mero de vocales del Patronato de la Fundaci�n y se atribuye al Consejero competente en materia de sanidad la aprobaci�n, modificaci�n y supresi�n de las plantillas org�nicas de las instituciones sanitarias del Servicio C�ntabro de Salud.

La doble naturaleza de la pol�tica de vivienda: social, derivada de su pertenencia a la categor�a de los bienes necesarios y econ�mica, derivada de su naturaleza de bien de mercado, hace necesaria la regulaci�n de medidas financieras en materia de vivienda y suelo destinadas al fomento y desarrollo de la promoci�n de viviendas protegidas, encaminadas a disminuir el coste financiero y econ�mico de tales actuaciones, actuando sobre los avales que se exigen a los promotores de viviendas, que suponen un coste econ�mico m�s de la promoci�n y recortan su capacidad financiera.

En el �mbito de las viviendas protegidas existen al menos dos avales que afectan a la promoci�n: el exigido por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaci�n de la Edificaci�n; relativo a la obligaci�n de asegurar o avalar las cantidades a cuenta percibidas por los promotores de viviendas durante la construcci�n y los avales exigidos para el reconocimiento del derecho a la subvenci�n por la construcci�n de viviendas protegidas.

Respecto del primero, algunas Comunidades Aut�nomas han regulado su exoneraci�n para el caso de que las viviendas sean promovidas por la Administraci�n P�blica o sus empresas p�blicas (Valencia, Pa�s Vasco). No obstante, el primordial objetivo de tales medidas de aseguramiento es proteger el derecho de los adquirentes de las viviendas, y no es aconsejable su exoneraci�n sin otorgar al tiempo a los compradores un nivel igual de protecci�n.

En este sentido debe tenerse presente que el margen de regulaci�n de la Comunidad Aut�noma de Cantabria est� limitado por la falta de competencia en materia de ordenaci�n del derecho de obligaciones y contratos. No obstante, la Comunidad Aut�noma de Cantabria es titular de la totalidad del capital social de Gesti�n de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria, S.L. (GESVICAN), y por ello puede actuar respecto a ella, imponi�ndola la obligaci�n de incluir en sus contratos una cl�usula que otorgue a los compradores de viviendas protegidas el nivel de protecci�n a que tienen derecho. El hecho de que el Gobierno de Cantabria sea el titular de todo el capital social de la citada sociedad refuerza adem�s el objetivo asegurador de la medida.

En segundo lugar, el aval exigido para el reconocimiento del derecho a la subvenci�n por la construcci�n de viviendas protegidas, tiene su raz�n de ser en asegurar la devoluci�n de las subvenciones otorgadas para el caso de que las viviendas no obtengan la calificaci�n definitiva o el n�mero de viviendas edificadas fuera inferior a las previstas en la Calificaci�n Provisional, por ello la exigencia del citado aval carecer�a de raz�n de ser si se diera la posibilidad a los promotores de las viviendas de protecci�n oficial de obtener la subvenci�n una vez cumplido el fin subvencional, esto es, una vez otorgada la calificaci�n definitiva de las viviendas, lo que enlaza con la posibilidad existente en la actualidad de financiar y calificar como viviendas de protecci�n oficial a vivienda libres que ya est�n terminadas, actualmente prevista en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.