Sumario

Ley [EXTREMADURA] 2/1992, 9 julio, derogada por la disposición derogatoria de la Ley [EXTREMADURA] 2/2008, 16 junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura («D.O.E.» 17 junio) el 17 de agosto de 2008.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía vengo a promulgar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El párrafo 2 del artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que el régimen jurídico de los bienes patrimoniales y de dominio público de la Comunidad Autónoma, su administración, defensa y conservación, serán regulados por una ley de la Asamblea de Extremadura, en el marco de la legislación básica del Estado.

En cumplimiento del anterior mandato estatutario, la presente Ley establece la regulación del conjunto de bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la Comunidad, partiendo de una concepción unitaria de éste que abarca tanto los bienes de dominio público como los patrimoniales, sin perjuicio del reconocimiento de las distintas matizaciones derivadas de la diversa calificación jurídica de los bienes y de su distinta vocación al tráfico jurídico.

La referencia del patrimonio a una titularidad única evita la inútil dispersión de esfuerzos que traería consigo el distribuirlo en varias titularidades y los problemas de coordinación administrativa que suelen originarse.

Incorpora la Ley a su articulado en la medida de lo posible el acervo tradicional recogido en la normativa sobre patrimonio del Estado, porque valora muy positivamente la precisión técnica alcanzada en este sector del ordenamiento enriquecido por valiosas aportaciones doctrinales, acreedoras de generalizados elogios.

Sigue la Ley el criterio competencial básico de concentrar en la Consejería de Economía y Hacienda las facultades de adquisición, administración, conservación y disposición de bienes y derechos para conseguir un más correcto control de las finalidades públicas que los mismos están llamados a cumplir.

Los dos objetivos que persigue la Ley son: La defensa de los bienes de la Comunidad Autónoma y la más adecuada gestión de los mismos, tanto en el ámbito jurídico como en el financiero; tratando en este último de desterrar el carácter estático e incomercial que desde antiguo se ha venido dando al patrimonio de las Administraciones Públicas.

Su contenido y estructura son los siguientes:

• El título preliminar se ocupa de establecer el concepto de patrimonio; de clasificar los bienes que lo integran; de determinar el régimen legal de los mismos y de la organización, exigiendo su inclusión en el Inventario General, garantía de seguridad, control y eficacia.
• El título primero se compone de tres capítulos. En el primero de ellos, bajo el título “Protección y defensa de los bienes” se recoge las clásicas prerrogativas de la Administración en este campo del ordenamiento jurídico.
• El capítulo segundo establece la regulación de afectaciones, desafectaciones, adscripciones y cambios de destino de los bienes y derechos, determinando los procedimientos y los órganos competentes.
• El capítulo tercero establece el régimen de responsabilidades y sanciones, exigiendo a las personas que tengan una cierta relación con la Comunidad un especial deber de diligencia en la custodia, conservación y explotación de los bienes; lo que se traduce en una mayor exigencia de responsabilidad ante las infracciones.
• El título segundo regula el régimen de utilización y aprovechamiento de los bienes de dominio público, a través de las técnicas de la autorización y de la concesión, y autoriza la cesión gratuita de este tipo de bienes a Organismos de la Administración, por razones de utilidad pública.
• El título tercero, dedicado al régimen de los bienes de dominio privado, está dividido en cinco capítulos. El primero de ellos, regulador de las adquisiciones de bienes y derechos, establece una división entre adquisiciones a título oneroso de bienes muebles e inmuebles.
• El capítulo segundo, dedicado a las enajenaciones, cesiones y permutas de los bienes que no sean necesarios a la Comunidad, hace nuevamente la distinción, a efectos de su enajenación, entre muebles e inmuebles, estableciendo las competencias atendiendo a dicha división, al valor de los bienes, y al hecho de que se trate de propiedades incorporales o de títulos representativos del capital de empresas mercantiles.
• El capítulo tercero regula la prescripción adquisitiva y extintiva, a favor y en contra de la Comunidad.
• El capítulo cuarto bajo el título “Aprovechamiento”, regula el régimen de explotación de los bienes patrimoniales, el de concesión de prórrogas al adjudicatario y la subrogación en los derechos y obligaciones del mismo.
• El capítulo quinto contempla la adjudicación de bienes y derechos a la Comunidad, de especial relevancia en procedimientos judiciales o administrativos.
• El título cuarto, bajo la rúbrica “De la Administración Institucional”, regula las adscripciones de bienes y derechos a las Entidades Institucionales, lo que no implica la pérdida de la titularidad de los mismos por la Comunidad Autónoma, sino simplemente la transferencia a dichas entidades de las facultades de uso, gestión, administración y percepción de rentas y frutos durante el tiempo que dure la adscripción.
• La disposición adicional permite que las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda puedan ser transferidas en todo o en parte a otras Consejerías, cuando se considere conveniente en atención a las peculiaridades de los servicios a prestar por las mismas; precisándose para ello Decreto del Presidente.Téngase en cuenta que, por la disposición adicional sexta de la Ley [EXTREMADURA] 3/1999, 22 diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2000 («D.O.E.» 31 diciembre), se añade una disposición adicional segunda a la presente norma.
• La disposición transitoria prevé la aplicación supletoria de la legislación estatal en todo lo que no contradiga a esta Ley y en tanto no se apruebe el Reglamento de la misma.
• Por último, la disposición final de la Ley concede al Consejo de Gobierno el plazo de un año para dictar el Reglamento de desarrollo de la misma.