Sumario

Ley [EXTREMADURA] 8/1990, 21 diciembre, derogada por el n�mero 1 de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [EXTREMADURA] 14/2010, 9 diciembre, de caza de Extremadura (�D.O.E.� 15 diciembre) el 15 de junio de 2011; t�ngase en cuenta que, conforme establece la Disposici�n Transitoria 5.� de la citada norma, hasta que se regule reglamentariamente la se�alizaci�n de terrenos, seguir� vigente lo dispuesto en la presente norma. V�ase D [EXTREMADURA] 131/2000, 30 mayo, por el que se regula el plazo de presentaci�n de solicitudes de cotos de caza y terrenos cercados, las normas para la determinaci�n de aprovechamientos cineg�ticos, los permisos de caza y la gesti�n del impuesto sobre aprovechamientos cineg�ticos (�D.O.E.� 6 junio).

EXPOSICION DE MOTIVOS

La actividad cineg�tica tiene en Extremadura una tradici�n ancestral. A lo largo de siglos, e incluso de milenios, lo que comenz� siendo una compleja funci�n predadora, asignada por la Naturaleza a buena parte de las especies animales, ha venido evolucionando como consecuencia de m�ltiples circunstancias de orden principalmente socioecon�mico, inherentes a la misma condici�n humana, que ha transformado lenta, pero inexorablemente, multitud de los primitivos ecosistemas en los que encontraron un h�bitat ideal las primeras poblaciones de fauna silvestre que ocuparon, al igual que el planeta Tierra, el territorio que actualmente conforma la Comunidad Aut�noma de Extremadura.

Como consecuencia de una desmesurada degeneraci�n de la originaria funci�n predadora que correspondi� a la especie humana, junto a otras muchas y no menos importantes circunstancias, algunas de ellas incluso naturales, se ha producido una fuerte presi�n que ha condenado a la desaparici�n a un buen n�mero de especies de fauna silvestre y ha situado a otras al borde mismo de la extinci�n.

Esta situaci�n ha venido propiciando sucesivas rupturas del equilibrio biol�gico, necesario siempre para asegurar la continuidad de los recursos naturales renovables, que hoy s�lo puede mantenerse y, en su caso, restaurarse con la decidida intervenci�n humana, que ha de tener car�cter permanente.

La caza, tal y como hoy se entiende, puede y debe orientarse al mantenimiento y restauraci�n de los equilibrios ecol�gicos entre las especies de fauna silvestre y, desde esta orientaci�n, ha de convertirse en un precioso instrumento para una pol�tica de conservaci�n de los recursos naturales renovables, recuperando una faceta conservacionista que devuelva a la noble actividad cineg�tica y a los que en Extremadura la practican el respeto y el prestigio que en los �ltimos a�os se ha visto reiteradamente puesto en tela de juicio desde algunos sectores sociales de dentro y fuera de nuestra regi�n.

La presente Ley encuentra su asiento en el marco de la Constituci�n Espa�ola de 1978, que dispone, en su art�culo 45, el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su persona, as� como el deber de conservarlo, exigiendo a los Poderes p�blicos que velen por la utilizaci�n nacional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoy�ndose, para ello, en la indispensable solidaridad colectiva.

El art�culo 7.�, apartado 1-8, de la Ley Org�nica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonom�a de Extremadura, en relaci�n con lo prevenido en el art�culo 148, apartado 1-11, de la ya citada Constituci�n Espa�ola, otorga competencia exclusiva a la Comunidad Aut�noma de Extremadura en materia de caza, as� como de protecci�n de los ecosistemas en los que esta actividad se desarrolla.

Sin perjuicio del anterior t�tulo competencial, el Estado ha legislado en materia de conservaci�n de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, sancionando, como marco de referencia b�sica, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, en el que, asimismo, y con ligeros matices, encuentra asiento la presente Ley reguladora de la actividad cineg�tica extreme�a.

Los principios inspiradores de la presente Ley son, en primer lugar, la conservaci�n de la Naturaleza y de las especies definidas por la misma como cazables, sometiendo toda actividad cineg�tica a la necesaria y previa elaboraci�n de planes de ordenaci�n y aprovechamiento de las especies de caza, lo que supone una novedad jur�dica que pretende racionalizar la utilizaci�n del importante recurso natural que es la caza. En segundo lugar, en base a la consideraci�n de la fauna silvestre como cosa sin da�o que hace el propio C�digo Civil espa�ol, en su art�culo 610, la presente Ley pretende garantizar el derecho a la caza, en r�gimen de igualdad, que tienen todos los ciudadanos, con independencia de condicionantes sociales � econ�micos.

Por �ltimo, es tambi�n principio b�sico de la presente Ley la adecuada gesti�n del recurso caza, orientando, en la medida de sus posibilidades, a contribuir, en v�a fiscal, al crecimiento econ�mico de la regi�n, para desde �l procurar el desarrollo, el progreso y el bienestar del pueblo extreme�o.

Garantizando �l principio irrenunciable de conservaci�n, los Poderes p�blicos extreme�os asumen la responsabilidad de trabajar en la direcci�n de propiciar a los cazadores con menos recursos el derecho a disponer de terrenos de adecuada calidad cineg�tica y; una vez garantizado, asimismo, este principio, la Ley opta por permitir la orientaci�n privativa de la caza all� donde existan terrenos y voluntades privadas con capacidad de generar beneficios econ�micos, dando un tratamiento fiscal adecuado que garantiza la repercusi�n en la econom�a regional de unos importantes recursos econ�micos que, hasta ahora, le han sido hurtados al pueblo extreme�o.

La presente Ley viene a eliminar, pues, privilegios seculares, devolviendo al pueblo extreme�o el derecho a la caza y a la participaci�n en los beneficios de aquellos que voluntariamente quieran explotar industrialmente la caza, o de aquellos que quieran reservarse para s� el derecho a cazar en determinados terrenos de la regi�n.

La presente Ley viene a sustituir en el territorio de la Comunidad Aut�noma de Extremadura a la ley de Caza de 1970 y al Reglamento para su aplicaci�n, recogiendo en el presente texto la totalidad de los principios rectores de la actividad cineg�tica; los cuales ser�n, a su vez, desarrollados por disposiciones emanadas de los �rganos correspondientes de la Comunidad Aut�noma.

El t�tulo primero de la Ley est� dedicado a los principios generales de la misma, relacionando derechos y obligaciones centradas en los principios, ya expuestos, de conservaci�n de la Naturaleza.

El t�tulo II alude a la planificaci�n de la caza y de los terrenos cineg�ticos y crea, como instrumento jur�dico novedoso, los Planes de Ordenaci�n y Aprovechamiento Cineg�tico. La Ley parte de la firme convicci�n de que s�lo una adecuada planificaci�n de los aprovechamientos puede garantizar el cumplimiento de, los objetivos conservacionistas, mientras que considera que, desde una adecuada planificaci�n de los terrenos cineg�ticos, puede y debe garantizar los objetivos sociales y econ�micos que tambi�n persigue la Ley.

La Ley confiere a la Administraci�n Auton�mica la facultad de aprobar los Planes de Ordenaci�n y Aprovechamiento Cineg�tico, incluso en aquellos casos en los que corresponda elaborar los mismos a los titulares de los respectivos terrenos susceptibles de tal aprovechamiento.

La Ley, igualmente, declara los Cotos Regionales de Utilidad P�blica a los solos efectos cineg�ticos, con el objetivo de garantizar los principios rectores de la misma.

El t�tulo III establece un conjunto de normas que habr�n de observarse en materia de arrendamientos y cesiones de terrenos y permisos o derechos de caza, por considerar los plazos y condiciones que libremente puedan pactarse entre privados, algo que repercute muy directamente en los principios conservacionistas y econ�micos de la Ley, por lo que obliga a registrar y someter al control de la Administraci�n los contratos, cesiones y permisos de derechos de caza.

El t�tulo IV regula el r�gimen fiscal de los terrenos cineg�ticos, pretendiendo ser un instrumento de solidaridad que haga part�cipe al pueblo extreme�o de los posibles beneficios que se generen en la explotaci�n privativa de terrenos de caza en la regi�n.

El t�tulo V regula la propiedad de las piezas de caza una vez abatidas o perseguidas con posibilidades de abatimiento o captura.

El t�tulo VI est� destinado a establecer un Conjunto de limitaciones y prohibiciones dictadas en beneficio de la conservaci�n de las especies de fauna silvestre.

El t�tulo VII regula los aspectos sanitarios de la caza, tanto los que afectan a la salud p�blica como aquellos que s�lo afectan a la propia sanidad de la fauna silvestre.

El t�tulo VIII establece la responsabilidad por da�os relacionados con la actividad cineg�tica, ya sean propiciados por especies de fauna silvestre como por los propios cazadores.

El t�tulo IX est� dedicado a regular la obligatoriedad de contar con contrato de Seguro de Responsabilidad Civil de los Cazadores, as� como a enumerar un conjunto de normas de seguridad que habr�n de observarse a la hora de practicar el ejercicio de la caza.

El t�tulo X est� dedicado a la vigilancia de la caza, haciendo descansar esta responsabilidad, principalmente, en los Poderes p�blicos y, asimismo, en los titulares de aprovechamiento privado de terrenos que cuenten con posibilidades de generar beneficios econ�micos o que, simplemente, quieran reservarse a la caza privativa, sin m�s, lo que viene a suponer, asimismo, una importante novedad jur�dica.

El t�tulo XI est� dedicado a la tipificaci�n y clasificaci�n de infracciones, as� como a la correspondencia de las mismas con las medidas de sanci�n necesarias para hacer cumplir los objetivos de la Ley. Se introduce, como novedad jur�dica, la retirada de la licencia de caza en el caso de infracci�n, por leve que sea, siempre y cuando afecte a los principios de conservaci�n, sociales y econ�micos.

El t�tulo XII regula la composici�n y funciones del Consejo Regional de Caza y algunas disposiciones de car�cter general que habr�n de observar las sociedades de cazadores que deseen acogerse a los beneficios que la Ley establece para las mismas.