Sumario

Ley [GALICIA] 3/1997, 9 junio, derogada por la letra a) de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley [GALICIA] 3/2011, 30 junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia (�D.O.G.� 13 julio) el 13 de septiembre de 2011. V�ase D [GALICIA] 42/2000, 7 enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y adolescencia (�D.O.G.� 6 marzo).

Pre�mbulo

I.

El derecho de familia tradicionalmente ha ido conform�ndose como un conjunto de leyes civiles determinantes de los derechos y obligaciones que pueden exigirse cada uno de los miembros de la familia entre s� en virtud de las relaciones jur�dicas paterno-filiales y parentales (obligaciones entre c�nyuges, derechos de alimentos, patria potestad...), configuraci�n en la que late en todo caso la convicci�n del legislador de que las relaciones familiares tienen un contenido esencialmente �tico, de dif�cil sanci�n jur�dica, de forma que la familia se convierte en un �mbito amparado por la privacidad y en el cual los poderes p�blicos carecen de legitimaci�n interventora. En efecto, interesado el derecho de familia por un conjunto de instituciones inspiradas en una idea principal de privacidad, es l�gico que la escasa legislaci�n familiar de car�cter p�blico se hubiese limitado a ciertas familias que se sal�an del patr�n normal y precisaban de una especial tutela p�blica (familias numerosas, familias monoparentales), ignorando, por tanto, la dimensi�n social del derecho aplicable al �mbito familiar. En este contexto hist�rico, es l�gico que el derecho familiar y el derecho social resultasen ser antit�ticos.

Es obvio, sin embargo, que una nueva conciencia social reclama un cambio de �ptica que haga posible la consideraci�n de la familia como una de las estructuras b�sicas de integraci�n social. Proceso �ste que el legislador estatal ha acometido en �mbitos como el de la tutela, el de la adopci�n, el r�gimen econ�mico matrimonial, pero del que ha quedado descolgada la instituci�n de la familia, como unidad b�sica de la estructura social, que sin embargo es objeto de una protecci�n integral en el art�culo 39 de la Constituci�n espa�ola, el cual impone la obligaci�n a los poderes p�blicos de dispensar una protecci�n jur�dica, econ�mica y social a las familias, precepto que supone un doble cambio cualitativo: legitima una actuaci�n p�blica de protecci�n familiar comprensiva de un conjunto de pol�ticas de contenido plural -dada su conexi�n con los campos del trabajo, la cultura, la vivienda, la sanidad, etc.- y, al mismo tiempo, superadora de la ant�tesis p�blico-privada en el �mbito del derecho de la familia; y se refiere a familias en general, sin constre�ir la protecci�n p�blica a un determinado modelo familiar ni a aquellas familias que se separen de dicho modelo.

Tomando todo ello en cuenta, el Parlamento de Galicia adopta la iniciativa de legislar sobre la familia, para lo cual debe superar un doble obst�culo: de una parte, la identificaci�n establecida entre derecho de familia y derecho civil, concepci�n tradicional y reduccionista que supone privar a la Comunidad gallega de su propia legislaci�n familiar, y, de otra parte, la identificaci�n del derecho de familia como derecho privado sin ninguna conexi�n con el derecho p�blico, en un contexto hist�rico en el que, como ya se ha puesto de manifiesto, derecho familiar y derecho social resultaron ser antit�ticos.

II.

Asimismo, constituye un fen�meno innegable de nuestros d�as, incluso en las sociedades m�s modernas y desarrolladas, que los ni�os y las ni�as y los adolescentes y las adolescentes requieren unos cuidados y asistencia especiales en lo que se refiere a su salud y su desarrollo f�sico, mental, moral y social. Esta especial tutela y amparo de los mismos, como ya hab�a recordado la Declaraci�n de derechos de la ONU en 1959, encuentra su fundamento en el hecho de constituir la infancia uno de los colectivos m�s vulnerables de la sociedad.

Resulta, por otra parte, evidente que cualquier pol�tica p�blica de protecci�n y asistencia a los ni�os y las ni�as y a los adolescentes y las adolescentes perder� una gran parte de su eficacia si las autoridades e instituciones no toman como referente b�sico inspirador y dinamizador de su acci�n tutelar a la familia, como n�cleo natural vertebrador de la sociedad, y no pretenden, correlativamente, la plena integraci�n de aqu�llos en la misma; pues no puede dejar de reconocerse que el ni�o y la ni�a y el adolescente y la adolescente, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en el seno de una familia y arropados por unas condiciones m�nimas de estabilidad y de equilibrio afectivo y material que les permitan prepararse adecuadamente para una vida independiente y responsable.

Es notorio tambi�n que esa necesidad de proporcionar a los ni�os y las ni�as y a los adolescentes y las adolescentes los medios para un desarrollo arm�nico y equilibrado reclama la adopci�n de pol�ticas m�ltiples en los campos educativo, sanitario y socioasistencial, y que todas ellas habr�n de estar puestas en conexi�n y adecuadamente coordinadas. Pero no puede dejar de considerarse, dentro de las denominadas pol�ticas de bienestar favorecedoras de un desarrollo integral del ni�o y la ni�a y del adolescente y la adolescente, como m�s prioritaria y urgente la de promover en favor de los mismos los medios adecuados de amparo ante circunstancias de grave riesgo para su integridad f�sica y moral, como son el abandono, la mendicidad y venta en la calle, la marginaci�n, el absentismo escolar o incluso los malos tratos o la explotaci�n sexual, ofert�ndoles un tipo de asistencia p�blica b�sica o primaria orientada a proporcionarles los cuidados y la ayuda material necesaria para apartarlos de las situaciones de desamparo y su reintegraci�n familiar, cuando �sta sea posible.

III.

La Constituci�n espa�ola, principalmente en su art�culo 39, contempla una doble protecci�n: a la familia, en los aspectos social, econ�mico y jur�dico, y a los ni�os y las ni�as y a los adolescentes y las adolescentes, en cuanto a los derechos que les son reconocidos por las normas convencionales y acuerdos internacionales, presididas todas ellas por las orientaciones de la Convenci�n de los derechos del ni�o de la ONU, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por Espa�a.

Por su parte, el Estatuto de autonom�a de Galicia legitima la actuaci�n legislativa de la Comunidad Aut�noma en el campo de la protecci�n de la familia, la infancia y la adolescencia en los t�tulos competenciales gen�ricos de asistencia social y de promoci�n del desarrollo comunitario (art�culo 27, apartados 23 y 24), de los cuales el primero de ellos dio lugar a las transferencias a la misma de funciones en las materias de servicios y asistencia sociales (Real decreto 2.411/1982, de 24 de julio) y de instituciones de protecci�n y tutela de menores (Real decreto 1.108/1984, de 29 de febrero). La Xunta de Galicia se anticip� a la presente ley con la aprobaci�n del Decreto 196/1988, de 28 de julio, por el que se desarrolla en el �mbito de la Comunidad Aut�noma gallega la Ley estatal 21/1987, de 11 de noviembre, y del Decreto 112/1995, de 31 de marzo, que establece un r�gimen integral de medidas de protecci�n y asistencia a los menores.

Con fundamento en todas estas premisas y antecedentes normativos, la Comunidad Aut�noma de Galicia dispone de competencia legislativa propia para proceder a la ordenaci�n de un marco normativo general en el que se inscriban y tengan referencia el conjunto de actuaciones p�blicas en materia de protecci�n y asistencia a la familia, la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de los planes y programas pol�ticos de protecci�n integral que pueda aprobar el Gobierno gallego con fundamento o en desarrollo de las gen�ricas orientaciones legales. Todo ello sin olvidar la aplicaci�n necesaria de la legislaci�n del Estado en todos aquellos aspectos institucionales que sean de su exclusiva competencia en la materia.

Sistem�ticamente, la ley se estructura en un t�tulo preliminar y cinco t�tulos m�s, cuatro disposiciones adicionales, una disposici�n derogatoria y dos disposiciones finales.

En el t�tulo preliminar, despu�s de determinar el objeto de la ley y su �mbito de aplicaci�n, se articulan disposiciones comunes sobre la planificaci�n de actuaciones y la programaci�n de recursos, as� como sobre los principios rectores de la actuaci�n de los poderes p�blicos de Galicia en materia de asistencia y protecci�n de la familia, la infancia y la adolescencia, para concluir con una necesaria referencia a las competencias auton�micas y locales, as� como a las funciones de colaboraci�n y coordinaci�n con otras entidades p�blicas y privadas.

El t�tulo I se destina a determinar y enumerar los derechos de la familia, la infancia y la adolescencia reconocidos y tutelados por los poderes p�blicos de Galicia, los cuales guardan correspondencia plena con los que les garantizan la Constituci�n y las leyes estatales, as� como a ordenar la forma de su ejercicio, haciendo responsables a todos los poderes p�blicos de Galicia de su efectiva tutela.

En la delimitaci�n positiva de los derechos del menor se ha querido incluir una referencia expresa a aqu�llos especialmente protegidos, siguiendo las orientaciones de las cartas internacionales sobre protecci�n de los derechos humanos, para poner de manifiesto que la defensa de los derechos y libertades de la infancia y la adolescencia constituye una tendencia com�n y una orientaci�n pol�tica prioritaria en todos los pa�ses civilizados. Y es en este contexto constitucional e internacional en el que ha de insertarse la nueva conciencia social de las pol�ticas de protecci�n a la familia, la infancia y la adolescencia, demandando acciones particulares en el campo legislativo que enmarquen las pol�ticas p�blicas de tutela y protecci�n de estos colectivos, relegada hasta ahora al campo de las instituciones civiles.

Pero esta tutela de los derechos de la infancia, especialmente en casos de posible desamparo o marginaci�n, no puede quedar reducida a la que ofrezcan los poderes p�blicos sino que ha de articularse como una actuaci�n m�ltiple y coordinada en la que tengan principal protagonismo la iniciativa familiar y la colaboraci�n de las entidades de iniciativa social, interviniendo aqu�llos subsidiariamente sin perjuicio de una actuaci�n inmediata y directa en los casos en que la familia o el menor lo requieran.

El t�tulo II desarrolla las medidas de prevenci�n y protecci�n de la familia, estableciendo acciones singulares tanto preventivas como asistenciales e integradoras orientadas a evitar toda discriminaci�n que pueda dificultar la integraci�n familiar, para lo que se hace necesaria la coordinaci�n permanente de las pol�ticas sociales, educativas y sanitarias.

La menci�n especial que en este t�tulo se hace a las familias rurales responde a la espec�fica estructura territorial y demogr�fico-social de la Comunidad gallega. La despoblaci�n del interior aconseja adoptar medidas espec�ficas para aquellas familias ubicadas en zonas rurales de econom�a esencialmente primaria y en donde la familia desempe�a un esencial papel de integraci�n y cohesi�n.

El t�tulo III est� dedicado a la regulaci�n de las medidas de protecci�n a la infancia y la adolescencia. En ella se han tenido en cuenta los propios antecedentes normativos existentes en la Comunidad Aut�noma en esta materia, as� como las principales innovaciones aportadas por la Ley org�nica 1/1996, de 15 de enero, de protecci�n jur�dica del menor, a nuestro ordenamiento jur�dico. En este sentido, se abunda en el concepto de desamparo y se describen de manera sistem�tica todas y cada una de las actuaciones protectoras, como son la tutela administrativa, su suspensi�n y ejecuci�n, la guarda y las distintas modalidades de acogimiento familiar y residencial, as� como la figura de la adopci�n, tanto nacional como internacional. Cierra este t�tulo el cap�tulo IV, dedicado a las instituciones y entidades de atenci�n a menores, as� como a aqu�llas que realicen funciones de mediaci�n en adopci�n internacional, estableciendo los requisitos m�nimos que todas ellas deben reunir para su funcionamiento.

En el t�tulo IV, bajo el ep�grafe de menores en conflicto social, se contempla de forma claramente novedosa el marco competencial que, seg�n la Ley 4/1992, de 5 de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, en su disposici�n adicional tercera, tienen atribuidas las comunidades aut�nomas para la ejecuci�n de las medidas judiciales por parte de los menores infractores no sujetos a responsabilidad penal.

La finalidad fundamental de la actuaci�n de la Administraci�n auton�mica respecto a estos menores en conflicto social es conseguir su integraci�n a trav�s de un tratamiento educativo individualizado y, preferentemente, en su entorno sociocomunitario, impulsando al mismo tiempo actuaciones preventivas en la materia.

Por su especial trascendencia se dedica un cap�tulo a la regulaci�n de las medidas de internamiento en centros de reeducaci�n, de sus distintos reg�menes, as� como a la tipificaci�n de las conductas que puedan ser objeto de medidas de correcci�n.

Finalmente, en el t�tulo V se incorpora un r�gimen b�sico espec�fico de infracciones y sanciones; la introducci�n de �stas en el texto legal parece justificada a fin de que la protecci�n que la ley ofrece no se vea burlada impunemente por aquellas personas o entidades que promuevan actuaciones que atenten contra los derechos en la misma reconocidos.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprob� y yo, de conformidad con el art�culo 13.2� del Estatuto de Galicia y con el art�culo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley gallega de la familia, la infancia y la adolescencia.