• Expandir / Contraer índice sistemático
• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
• Artículo 1  Ámbito de aplicación
• Artículo 2  Definiciones
• Artículo 3  Título habilitante
• Artículo 4  Tipificación de infracciones
• Artículo 5  Personas responsables
• Artículo 6  Sanciones
• Artículo 7  Medidas cautelares
• Artículo 8  Depósito del vehículo
• Artículo 9  Prescripción de infracciones y de sanciones
• Artículo 10  Inspección de transportes
• Artículo 11  Procedimiento
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposición adicional única
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposición transitoria única
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposición final única

Artículo 1 Ámbito de aplicación

Este decreto ley se aplica al transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que se desarrollen o presten íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Artículo 2 Definiciones

1. Se entenderá como transporte público discrecional de viajeros en vehículo de turismo (taxis) el de personas y sus equipajes realizado por cuenta de terceros mediante retribución, en vehículos de hasta 9 plazas incluido el conductor, sin sujeción a horario, itinerario y calendario preestablecido.

2. Es comercializador o intermediario de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo quien, en nombre propio o por cuenta de terceros, mediante un precio o una retribución, ofrece estos servicios de transporte, mediante el contacto directo con posibles usuarios, con la finalidad de facilitar la contratación, independientemente de los canales de comercialización que utilice.

3. Existirá oferta de los servicios regulados en este decreto ley desde el momento en que se realicen las actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas o servicios, necesarias para llevar a cabo la contratación de los transportes.

Artículo 3 Título habilitante

1. Para realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente autorización administrativa habilitante para esta actividad, otorgada por el órgano competente según la legislación vigente en cada momento.

2. Para realizar la actividad de comercializador y el ofrecimiento de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo se deberá estar en posesión del correspondiente título habilitante, de conformidad con la normativa de aplicación.

Artículo 4 Tipificación de infracciones

1. Se considerará infracción muy grave la realización de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, en el ámbito territorial previsto en este decreto ley, careciendo de la preceptiva autorización o licencia habilitante.

2. Se considerará infracción grave la comercialización y el ofrecimiento de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo, en el ámbito territorial previsto en este decreto ley, careciendo del correspondiente título habilitante para ello.

3. Se considerará infracción leve la tipificada en el punto anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias no deba ser calificada como grave.

Artículo 5 Personas responsables

1. Son responsables de las infracciones cometidas en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo regulados en este decreto ley:

• a) Los conductores y los propietarios de los vehículos con los cuales se realice el transporte, salvo que acrediten que no tuvieron ningún tipo de intervención en los hechos que se imputan. Letra a) del apartado 1 del artículo 5 redactado por el artículo primero del D.Ley [BALEARES] 12/2012, 14 diciembre, de modificación del D.Ley 6/2012, 8 junio, de medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 19 diciembre)Vigencia: 20 diciembre 2012
• b) Las personas titulares de cualquier tipo de derecho de uso y disfrute sobre el vehículo con el que se realice el transporte, salvo que acrediten que no tuvieron ningún tipo de intervención en los hechos que se imputan Letra b) del apartado 1 del artículo 5 redactado por el artículo primero del D.Ley [BALEARES] 12/2012, 14 diciembre, de modificación del D.Ley 6/2012, 8 junio, de medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 19 diciembre)Vigencia: 20 diciembre 2012
• c) Las personas que comercialicen u oferten estos servicios de transportes.

2. La responsabilidad administrativa se exigirá a las personas físicas o jurídicas a que se refieren los apartados anteriores, independientemente de que las acciones u omisiones de las que dicha responsabilidad derive hayan sido materialmente realizadas por ellas o por el personal de su empresa, sin perjuicio de que puedan deducir las acciones que a su juicio resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones.

Artículo 6 Sanciones

1. Las infracciones previstas en el artículo 4 de este decreto ley se graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor, la intencionalidad, la naturaleza de los perjuicios causados, la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido y la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora, dentro de la horquilla siguiente:

• a) las muy graves, con multas de 6.001 a 12.000 euros;
• b) las graves, con multas de 3.001 a 6.000 euros, y
• c) las leves, con multas de hasta 3.000 euros.

2. Las infracciones muy graves y graves podrán calificarse como graves o leves, respectivamente, cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deban ser calificadas como muy graves o graves, respectivamente, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.

3. La comisión de dos o más infracciones con resolución definitiva en vía administrativa dentro de los veinticuatro meses anteriores y sancionadas en los apartados b y c del punto 1 de este artículo, podrá considerarse como una infracción muy grave o grave, respectivamente.

Artículo 7 Medidas cautelares

1. Cuando se detecten infracciones que consistan en la prestación de un transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo sin disponer de la pertinente autorización, licencia o habilitación administrativa, independientemente de que las personas responsables tengan la residencia en territorio español o dispongan de la documentación acreditativa de la identidad, se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo.

No procederá la inmovilización del vehículo cuando este se dedique a la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor y así conste en su permiso de circulación o en la documentación que la Administración competente en materia de Tráfico y Circulación Vial considere equivalente. En este caso, los Servicios de Inspección, los agentes de vigilancia del transporte por carretera, o los policías locales en el ámbito de sus propias competencias, retendrán el vehículo dando cuenta de ello, en un plazo de veinticuatro horas, a la empresa arrendadora del vehículo para que proceda a retirarlo.

Segundo párrafo del apartado 1 del artículo 7 introducido por el artículo segundo del D.Ley [BALEARES] 12/2012, 14 diciembre, de modificación del D.Ley 6/2012, 8 junio, de medidas urgentes sobre el régimen sancionador en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears («B.O.I.B.» 19 diciembre)Vigencia: 20 diciembre 2012

2. Los servicios de inspección, los agentes de vigilancia del transporte por carretera o los policías locales en el ámbito de su competencia, fijarán provisionalmente la cuantía de la multa.

3. El importe de la sanción deberá ser entregado en el momento de la denuncia en concepto de depósito, en moneda de curso legal en España. Por su parte, la autoridad o el agente denunciante deberá entregar al denunciado el escrito de denuncia y el recibo de depósito de la cantidad correspondiente.

4. La cantidad será entregada a resultas del acuerdo que en definitiva adopte la autoridad competente, a la que se remitirá aquella en unión del escrito de denuncia.

La denuncia deberá tramitarse siguiendo el procedimiento que establece o al que remita el presente decreto ley.

5. Si se dejase sin efecto la denuncia o se redujera el importe de la multa, se pondrá a disposición del interesado o de su representante la cantidad que en cada caso proceda.

Si el denunciado no hace efectivo el depósito del importe de la multa en el momento de la denuncia, se le permitirá, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/287/2009, de 9 de enero, y normativa de desarrollo, que señale persona o entidad que constituya caución suficiente por el importe del cincuenta por ciento de la cuantía de la sanción fijada provisionalmente.

6. La inmovilización se realizará en un lugar que reúna las condiciones de seguridad suficientes y que garantice la efectividad de la medida tomada.

7. A estos efectos, los miembros de la inspección del transporte terrestre o los agentes de las fuerzas actuantes que legalmente tienen atribuida la vigilancia deberán retener la documentación del vehículo hasta que se haya hecho efectivo el importe provisional de la sanción o se constituya un depósito o caución del cincuenta por ciento de dicho importe.

Será, en todo caso, responsabilidad del denunciado la custodia del vehículo, sus pertenencias y los gastos que dicha inmovilización pueda ocasionar, así como buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar los viajeros a su destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la Administración; los gastos que genere la adopción de tales medidas correrán, en todo caso, por cuenta del denunciado, sin que se pueda levantar la inmovilización hasta que los abonen.

8. En ningún caso podrá devolverse la documentación del vehículo o dejar sin efecto la medida cautelar de inmovilización del vehículo hasta que no se haga efectivo el importe provisional de la sanción o se constituya un depósito o caución del cincuenta por ciento de dicho importe.

Artículo 8 Depósito del vehículo

1. Los vehículos depositados por haber sido inmovilizados por alguna de las causas previstas en este decreto ley, que no sean retirados por las personas titulares de derechos sobre los mismos, podrán ser objeto de las medidas previstas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento de desarrollo.

2. En el momento de ordenar la inmovilización y el depósito del vehículo, la Administración deberá advertir a la persona interesada de esta posibilidad.

Artículo 9 Prescripción de infracciones y de sanciones

1. Las infracciones en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que prevé esta norma prescribirán a los tres años las muy graves, a los dos años las graves y al año las leves, a contar desde el día de su comisión.

2. Las sanciones en materia de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que prevé esta norma prescribirán en los mismos plazos establecidos en el punto anterior.

Artículo 10 Inspección de transportes

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, acompañando al boletín de denuncia o al acta con el resultado de la actuación inspectora se adjuntará un informe complementario con la descripción de las circunstancias de la comisión de la infracción y de las actuaciones llevadas a cabo durante la inspección.

2. Las actas levantadas por la inspección y los boletines de denuncia formalizados por los agentes de la autoridad tienen que reflejar con claridad y precisión los antecedentes y las circunstancias de los hechos o las actividades que constituyen el objeto de la misma, así como las disposiciones que, si procede, se consideran infringidas.

3. Las actas y los boletines de denuncia levantados por los agentes de la autoridad darán fe en vía administrativa de los hechos constatados, si no hay prueba en contra. El titular de la actividad o su representante legal, o en caso de ausencia, el conductor del vehículo denunciado, puede firmar estas actas y boletines. La firma por cualquiera de las personas indicadas anteriormente no implicará la aceptación del contenido. La negativa a firmar el acta o el boletín de denuncia no supondrá en ningún caso la paralización o el archivo de las posibles actuaciones posteriores motivadas por el contenido de esta acta o boletín.

4. En todo caso, los informes complementarios tendrán que motivar suficientemente, si procede, la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Artículo 11 Procedimiento

1. El procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones previstas en esta norma será el establecido en el artículo 146 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en lo que no se opongan a este decreto ley.

2. En lo no previsto se aplicará el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición adicional única

En lo no previsto en el presente decreto ley se estará a lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento de desarrollo

Disposición transitoria única

El presente decreto ley no será de aplicación a los expedientes sancionadores que se inicien con posterioridad, o se encuentren en tramitación, a su entrada en vigor, por hechos ocurridos con anterioridad a la misma.

Disposición final única

Este decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.