Sumario

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 48.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICI覰 DE MOTIVOS

Un elemento caracter韘tico del marco jur韉ico audiovisual en el Estado espa駉l ha sido la consideraci髇 de la actividad de comunicaci髇 audiovisual como un servicio p鷅lico de titularidad estatal. Dicha configuraci髇 arranca del antiguo Estatuto de la radio y la televisi髇 de 1980 extendi閚dose a las leyes que dan cobertura a la intervenci髇 privada en este campo (Ley de la televisi髇 privada de 1988). Tambi閚, desde la perspectiva territorial, la creaci髇 de los canales auton髆icos se configur� en r間imen de concesi髇 del Estado en la Ley 46/1983, reguladora del tercer canal de televisi髇, circunstancia que acentuaba a鷑 m醩 el monopolio estatal de la comunicaci髇 audiovisual.

Sin embargo, este concepto de actividad audiovisual vinculada al servicio p鷅lico y con titularidad 鷑ica estatal no puede considerarse hoy por hoy en el mismo sentido que hace algunos a駉s, sobre todo despu閟 de los cambios tecnol骻icos que han relativizado los l韒ites de utilizaci髇 del espacio radioel閏trico.

Cabe recordar que la comunicaci髇 audiovisual es una f髍mula de expresi髇 del derecho y de las libertades de informaci髇 y de comunicaci髇 consagradas como derecho fundamental en el art韈ulo 20 de la Constituci髇, lo cual hace necesario que sus restricciones est閚 fundamentadas en motivos de trascendencia constitucional.

Desde el punto de vista de la titularidad de servicio p鷅lico, la reforma en los a駉s 2006 y 2007 de diferentes estatutos de autonom韆 es especialmente trascendente para valorar la vigencia del principio de titularidad estatal de este servicio.

El art韈ulo 31 del Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears reconoce a la comunidad aut髇oma la competencia de desarrollo y ejecuci髇 sobre los medios de comunicaci髇 social, competencia que permite considerar como propio el 醡bito de gesti髇 en este campo. Esta lectura se confirma cuando el art韈ulo 91 del mismo estatuto establece que 'una ley del Parlamento tiene que regular el Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇 de las Illes Balears', lo que comporta un reconocimiento impl韈ito de la titularidad auton髆ica con un margen de actuaci髇 reguladora y de gesti髇 que excede claramente el esquema del r間imen de concesi髇 derivado de la Ley del tercer canal.

Las previsiones sobre comunicaci髇 audiovisual que contiene el Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears permiten entender que el servicio p鷅lico de radio y televisi髇 ya no tiene la condici髇 general de servicio p鷅lico estatal, lo que lleva necesariamente a una interpretaci髇 m醩 flexible del marco regulador de la Ley del tercer canal de 1983 con respecto a la organizaci髇 del servicio p鷅lico de radio y televisi髇 de las Illes, servicio que tiene que ser considerado ya como propio de la comunidad aut髇oma.

Esta nueva concepci髇 excede la capacidad reguladora y organizativa de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creaci髇 de la Compa耥a de Radio y Televisi髇 de las Illes Balears, modificada por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, lo que hace necesario un nuevo planteamiento.

El desarrollo de un modelo de medios p鷅licos de comunicaci髇 de la misma comunidad aut髇oma se convierte en una herramienta imprescindible para el proceso de normalizaci髇 de la lengua catalana y la cultura propia, as� como una ayuda inestimable en la construcci髇 de la conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia a la colectividad.

La presente ley responde, adem醩, igual que la regulaci髇 del Consejo Audiovisual de las Illes Balears, al mandato del Estatuto de Autonom韆. Una posterior ley general audiovisual de las Illes Balears regular� el marco de la comunicaci髇 audiovisual de los diferentes 醡bitos de las Illes Balears por cualquier medio o canal de difusi髇 y tendr� en cuenta su inserci髇 en el espacio de comunicaci髇 audiovisual de los territorios de lengua catalana.

La regulaci髇 del servicio p鷅lico de la radio y la televisi髇 de las Illes Balears tiene que definir esencialmente la organizaci髇 y el r間imen jur韉ico de su prestaci髇 garantizando los elementos espec韋icos que diferencian la actividad de servicio p鷅lico de la actividad privada audiovisual.

Los medios p鷅licos de comunicaci髇 audiovisual tienen que orientarse al cumplimiento de unas funciones de servicio p鷅lico de modo que se garanticen y prioricen los valores que el legislador considera que son la raz髇 de ser del servicio y que est醤 韓timamente ligados con el derecho a recibir informaci髇 veraz, a la garant韆 del pluralismo, al respeto de la dignidad de las personas y a ofrecer unos contenidos de calidad, sin que ello comporte necesariamente una renuncia al car醕ter l鷇ico y generalista de las emisiones.

El contenido de la ley es, pues, esencialmente organizativo, pero dando por sentado que dicho dise駉 organizativo debe asumir y dar respuesta a las exigencias que presentan la articulaci髇 y el funcionamiento de un servicio p鷅lico que cumpla los mencionados principios, pero que tambi閚 act鷄 en el mercado audiovisual.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la ley tiene como objeto principal definir el modelo organizativo y de gesti髇 del servicio p鷅lico de comunicaci髇 audiovisual de las Illes Balears.

Los principios b醩icos que estructuran este modelo se definen en el t韙ulo I de la ley y son los siguientes:

• a) La consideraci髇 de la actividad de comunicaci髇 audiovisual como un servicio esencial de la comunidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonom韆.
• b) La articulaci髇 del modelo entorno al concepto de servicio p鷅lico, a fin de diferenciarlo de la actividad privada de comunicaci髇 audiovisual. El car醕ter p鷅lico de los medios requiere que su orientaci髇 deba responder a unos objetivos diferentes de la actividad privada y hace falta que la ley reguladora los defina con precisi髇.
• c) La previsi髇 de los instrumentos b醩icos que guiar醤 la actuaci髇 del ente. A pesar de la autonom韆 de gesti髇 que el ente debe tener, la funci髇 prestadora de servicio p鷅lico que realiza requiere de unas directrices que aseguren en cualquier caso el cumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico. Por esta raz髇, el art韈ulo 5 de la ley regula el mandato marco y los contratos programa como herramientas que tienen que garantizar este objetivo.

El Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇 de las Illes Balears es, por mandato estatutario, el organismo que se encargar� de la gesti髇 del servicio p鷅lico de comunicaci髇 audiovisual. Se trata, por lo tanto, de una f髍mula de gesti髇 descentralizada que el art韈ulo 3 de la ley explicita formalmente con la atribuci髇 al ente de la gesti髇 del servicio p鷅lico.

El hecho de que sea el Estatuto de Autonom韆 el que haya optado por la f髍mula de un ente de gesti髇 obliga a adoptar en este caso una f髍mula de personificaci髇 p鷅lica (entidad de derecho p鷅lico).

Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de que el ente act鷈 por medio de sociedades mercantiles encargadas de prestar el servicio de radio y de televisi髇, respectivamente, dado que 閟ta es una f髍mula que tiene un arraigo general en el sistema de gesti髇 de los medios p鷅licos. Por esta raz髇, el t韙ulo II de la ley regula la naturaleza, la estructura y el r間imen jur韉ico del ente de acuerdo con los principios b醩icos siguientes:

• a) La definici髇 del Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇 de las Illes Balears como una entidad de derecho p鷅lico con personalidad jur韉ica propia y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de su adscripci髇 formal a la consejer韆 competente en materia audiovisual.
• b) El establecimiento de un estatuto de autonom韆 de gesti髇 y de independencia funcional del ente respecto del Gobierno y de la Administraci髇 en general, que es totalmente necesario para garantizar que la gesti髇 del servicio p鷅lico se lleve a cabo sin ninguna interferencia o contaminaci髇 con la ideolog韆 del gobierno de turno.
• c) La definici髇 de la estructura del ente (art韈ulo 7), que se articula en torno a una organizaci髇 matriz (el ente propiamente dicho) y a dos sociedades filiales encargadas, respectivamente, de la gesti髇 de la radio y de la de la televisi髇, cuyo capital est� suscrito 韓tegramente por la comunidad aut髇oma de acuerdo con el principio de gesti髇 directa del servicio.
• d) La aplicaci髇 de un r間imen jur韉ico y de contrataci髇 del ente y de sus sociedades filiales que, a pesar de su componente p鷅lico de fondo, utiliza el derecho privado como marco regulador general. La aplicaci髇 del derecho privado facilita la actuaci髇 gestora en un escenario en que el servicio p鷅lico entra en concurrencia con los operadores privados de radio y televisi髇, lo que exige que la gesti髇 del servicio sea 醙il y eficaz.

El t韙ulo II de la ley regula tambi閚 el sistema organizativo del ente, que se articula sobre tres 髍ganos: el Consejo de Direcci髇, el director o la directora general y el Consejo Asesor de Contenidos y de Programaci髇.

En relaci髇 con este modelo organizativo, es preciso realizar algunas consideraciones de especial relevancia:

• a) En primer lugar, la configuraci髇 del Consejo de Direcci髇 como 髍gano principal del ente, el cual tiene atribuidas las competencias correspondientes a las decisiones estrat間icas y de m醩 relevancia para la administraci髇 del ente.
• b) En segundo lugar, la garant韆 del pluralismo en la composici髇 del Consejo de Direcci髇, que la ley asegura por medio de:
  • 1� La elecci髇 de sus miembros por el Parlamento por mayor韆 de dos tercios, un requisito que impone el art韈ulo 91.3 del Estatuto.
  • 2� Un perfil t閏nico y profesional de los candidatos a ser elegidos que garantice su actuaci髇 con plena independencia y neutralidad.
• c) En tercer lugar, el establecimiento de un mandato de los miembros del Consejo de Direcci髇 de seis a駉s con una 鷑ica posible renovaci髇 y un r間imen de renovaciones parciales.
• d) En cuarto lugar, el estatuto personal de los miembros del Consejo de Direcci髇, que comporta la aplicaci髇 de un r間imen de incompatibilidades que es indispensable para garantizar su actuaci髇 independiente y neutral respecto de los poderes p鷅licos y del sector audiovisual.
• e) En quinto lugar, la configuraci髇 del director o la directora general del ente como 髍gano de representaci髇 institucional y como 髍gano ejecutivo al que se asignan las principales funciones gestoras.
• f) En sexto lugar, la finalizaci髇 del dise駉 organizativo con el Consejo Asesor de Contenidos y de Programaci髇, cuya finalidad obedece a la necesidad de articular la participaci髇 social en el seno del ente, mediante un 髍gano que integre representantes de los diversos sectores de la sociedad.

La funci髇 de servicio p鷅lico que cumple el Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇 tiene que quedar vinculada al cumplimiento de unos objetivos de programaci髇 y de contenidos coherentes con esta funci髇. Por esta raz髇, el t韙ulo I de la ley define la orientaci髇 que deben tener estos contenidos, as� como su finalidad social.

El t韙ulo III de la ley complementa, por lo tanto, lo que ya prev� el t韙ulo I en relaci髇 con la funci髇 y las misiones de servicio p鷅lico, mediante unos principios de programaci髇, entre los cuales es preciso destacar el libre acceso que deben tener todos los canales y servicios que tienen la condici髇 de servicio p鷅lico, as� como la necesidad de que la programaci髇 atienda de manera especial a la infancia y a la juventud y a los colectivos que requieren una atenci髇 espec韋ica.

Cabe recordar aqu� que la eficacia de los principios que deben inspirar en cualquier caso la programaci髇 de servicio p鷅lico se garantiza esencialmente mediante el mandato marco y los contratos programa que la misma ley regula. En este sentido, el cap韙ulo II del t韙ulo III desarrolla esta 鷏tima figura y determina el contenido m韓imo que debe tener en cuenta como instrumento b醩ico de garant韆 del cumplimiento del servicio p鷅lico.

El t韙ulo IV de la ley regula los aspectos financieros y de personal del Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇. En este sentido, determina la aplicaci髇 al ente de la legislaci髇 presupuestaria y de finanzas p鷅licas en relaci髇 con las entidades de derecho p鷅lico y con las sociedades que integran el sector p鷅lico.

Estas cuentas deben reflejar separadamente las actividades de servicio p鷅lico del resto de actividades, dado que 閟ta es una exigencia de transparencia que afecta a la actuaci髇 del ente en una actividad sujeta a las normas de libre competencia. Cabe mencionar tambi閚 que la fiscalizaci髇 de las cuentas anuales del ente se somete al r間imen de auditor韆 externa, sin perjuicio, como es obvio, del control que puede ejercer la Sindicatura de Cuentas.

En relaci髇 con el patrimonio del ente y de sus sociedades prestadoras del servicio p鷅lico, la ley opta por un r間imen de dominio privado o patrimonial, siguiendo la tendencia abierta por la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisi髇 de titularidad estatal. Este r間imen se justifica al objeto de conseguir m醩 agilidad de actuaci髇 en un mercado en que el servicio p鷅lico tiene que competir con los operadores privados.

Finalmente, se debe hacer menci髇 de la pol韙ica de endeudamiento que la ley limita a la financiaci髇 de las inversiones en activo inmovilizado material e inmaterial y para atender d閒icits temporales de tesorer韆, todo ello dentro de los l韒ites fijados por el contrato programa, y a la compensaci髇 econ髆ica en raz髇 del servicio p鷅lico que tiene que prever la ley anual del presupuesto y que no puede superar en ning鷑 caso el coste neto del servicio p鷅lico prestado. El criterio de coste neto de esta compensaci髇, junto con el principio contable de separaci髇 entre actividad del servicio p鷅lico y otras actividades, son instrumentos necesarios para evitar eventuales posibles problemas derivados de la aplicaci髇 de las normas comunitarias sobre competencia.

El cap韙ulo II del t韙ulo IV determina el r間imen del personal al servicio del ente y de sus empresas filiales, que se rige por la legislaci髇 laboral, sin perjuicio de la aplicaci髇 de las normas de la legislaci髇 de la funci髇 p鷅lica sobre contrataci髇 laboral.

El t韙ulo V de la ley regula el sistema de control externo del ente y de sus empresas filiales, aspecto especialmente importante al tratarse de un servicio p鷅lico como el de la comunicaci髇 audiovisual.

En este sentido, los instrumentos de control externo son diversos y de especial relevancia institucional. Es el caso del control parlamentario, que se ejerce mediante la elaboraci髇 del mandato marco, la remisi髇 de informaci髇 y las comparecencias peri骴icas ante el Parlamento, y del control econ髆ico y financiero, que ejerce la Sindicatura de Cuentas.

Requiere una menci髇 especial el control realizado por la autoridad audiovisual, a la que la ley encomienda la tarea de supervisi髇 del cumplimiento de las obligaciones de servicio p鷅lico del ente y de las sociedades prestadoras, as� como, en general, de la adecuaci髇 de su actuaci髇 a la legislaci髇 audiovisual.

La Ley del Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇 de las Illes Balears prev� finalmente las medidas legislativas adicionales y transitorias que son necesarias para su aplicaci髇.

Entre las disposiciones adicionales deben destacarse las relativas a la transformaci髇 de la Compa耥a de Radio y Televisi髇 de las Illes Balears (CRTVIB), creada por la Ley 7/1985, en el nuevo Ente P鷅lico de Radiotelevisi髇 de las Illes Balears que crea la nueva ley, la desafectaci髇 de bienes del dominio p鷅lico subsiguiente al cambio del r間imen patrimonial que se prev� para el nuevo ente y las previsiones relativas a la constituci髇 de los 髍ganos de gobierno del ente y la sustituci髇 de los actualmente existentes.

Con respecto a las disposiciones transitorias, cabe mencionar las previsiones sobre la primera renovaci髇 parcial del Consejo de Direcci髇 y una cl醬sula de exenci髇 de la intervenci髇 del Consejo Audiovisual prevista en la ley mientras este organismo no se haya creado.

Finalmente, la ley contiene una disposici髇 derogatoria de la Ley 7/1985 y de las leyes posteriores que la han modificado, as� como de todas las normas de rango igual o inferior que se opongan a lo determinado en la nueva regulaci髇 legal o sean incompatibles. Vista la naturaleza administrativa de la materia regulada y su componente de servicio p鷅lico, se prev� tambi閚 una amplia habilitaci髇 normativa a favor del Gobierno para el desarrollo de la ley, habilitaci髇 que debe entenderse sin perjuicio de la capacidad reguladora que la misma ley reconoce al Consejo de Gobierno en determinados 醡bitos, y tambi閚 de la potestad normativa que pueda tener el futuro Consejo Audiovisual de acuerdo con su ley reguladora.