Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 8/2000 de 27 de octubre, de Consejos Insulares

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Sumario

LE0000733202Ley 8/2000, 27 octubre, derogada por la letra a) del n鷐ero 1 de la disposici髇 derogatoria de la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares (獴.O.I.B.� 7 julio), el 7 de agosto de 2022.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el art韈ulo 27.2 del Estatuto de Autonom韆, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonom韆 de las Illes Balears, como dice en su pre醡bulo, Ase fundamenta en el principio de cooperaci髇 entre los pueblos que forman la comunidad insular, por v韆s de solidaridad, aproximaci髇 y respeto mutuo que hacen posible una vida colectiva en armon韆 y progreso.

Con estos t閞minos, la norma institucional b醩ica pone de relieve que nuestra comunidad aut髇oma se constituye como expresi髇 de una realidad plural y compleja. Muestra de ello son los consejos insulares que, como organizaciones para el autogobierno de las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, son llamados a ser piezas claves de la arquitectura auton髆ica.

Razones bien conocidas de car醕ter hist髍ico, geogr醘ico, pol韙ico, econ髆ico, cultural y social, han sido decisivas en la conformaci髇 actual de la organizaci髇 territorial de las Illes Balears, que constituye un rasgo singular, un aut閚tico hecho diferencial, en la denominada Espa馻 de las autonom韆s. Esta organizaci髇, regulada parcialmente en el pasado, demanda ahora las adaptaciones legales necesarias para hacer realidad el principio estatutario de cooperaci髇 y, por tanto, la articulaci髇 de un sistema institucional y administrativo eficaz y m醩 coherente con los objetivos descentralizadores del Estatuto.

II

Por otra parte, el Estatuto contiene las formulaciones jur韉icas determinantes de la integraci髇 de los consejos insulares como elementos b醩icos en el esquema institucional de la comunidad aut髇oma, entendida como conjunto de poderes p鷅licos. Ciertamente, la lectura de los preceptos estatutarios ha dado lugar en los 鷏timos a駉s a interpretaciones diversas, y en ocasiones contrapuestas, sobre la naturaleza y las caracter韘ticas fundamentales de los entes insulares. No obstante, el Estatuto permite establecer premisas suficientemente seguras sobre la esencia de los consejos, a los cuales reconoce, por imperativo constitucional, la condici髇 de corporaciones locales y, simult醤eamente, los perfila como instituciones propias de la comunidad aut髇oma.

Debe recordarse, en este sentido, que los consejos ejercen funciones importantes de representaci髇 institucional, disponen de iniciativa legislativa y son integrados por los diputados elegidos para el Parlamento en las islas de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, aspecto que subraya el car醕ter especial de su r間imen en relaci髇 con otros entes de car醕ter provincial o insular. Paralelamente, se encomiendan a estas administraciones, en r間imen de autonom韆, el gobierno, la administraci髇 y la representaci髇 de cada uno de los territorios insulares y se les convoca a ejercer competencias en un conjunto notorio de sectores materiales, en la medida en que la comunidad aut髇oma haya asumido competencias en estos sectores. Las diversas referencias a los consejos insulares que contiene el Estatuto -especialmente los art韈ulos 5, 18, 26.2, 36, 37, 39, 40, 49.4, 68 y 69, as� como en la disposici髇 transitoria quinta- ponen de manifiesto la relevancia de estos aut閚ticos 髍ganos estatutarios.

Dadas estas consideraciones, nada se opone a la afirmaci髇 que los consejos insulares son, en definitiva, entes territoriales de perfiles singulares, que es necesario entender como ejes vertebradores del edificio auton髆ico, m醩 que como simples niveles intermedios de administraci髇. Esta es la concepci髇 que dimana del Estatuto y que preside el articulador de esta ley.

III

La Ley 5/1989, de 23 de abril, de consejos insulares, en sinton韆 con las decisiones estatutarias, reconoci� de manera acertada la vertiente institucional de estos entes, estableci� su r間imen general de atribuci髇 y el ejercicio de sus competencias y regul� sus aspectos relativos a la financiaci髇. Esta disposici髇 legal abri� el camino de la transferencia de competencias a los consejos insulares, pero ha superado una d閏ada de vigencia sin abordar de frente algunos de los aspectos esenciales del r間imen jur韉ico de los consejos y, en especial, el de su organizaci髇.

La evoluci髇 de nuestro modelo auton髆ico facilita, en este momento, que el Parlamento d� un nuevo paso en la articulaci髇 institucional de la autonom韆. La experiencia del funcionamiento del sistema administrativo, junto con la 鷏tima reforma del texto estatutario, operada por la Ley 3/1999, de d韆 8 de enero, hace especialmente oportuna la actualizaci髇 de la ordenaci髇 establecida en la Ley 5/1989, de 23 de abril, de consejos insulares, para adecuarla a una etapa en la que son manifiestas las aspiraciones de un mayor desarrollo de las administraciones insulares.

IV

Esta ley, como desarrollo de los art韈ulos 5.2 y 18.2 del texto estatutario, establece las reglas fundamentales del r間imen jur韉ico, la organizaci髇 y el funcionamiento de los consejos insulares. Las Illes Balears est醤 habilitadas para hacer uso, como expresi髇 m醩 genuina de la autonom韆, de sus facultades de autoorganizaci髇, facultades que se fundamentan tambi閚 sobre el t韙ulo de competencias que figura en el art韈ulo 11.2 del Estatuto. Por otra parte, pocas dudas plantea el hecho de que la posici髇 central de los entes insulares va ligada a la intensidad de los poderes normativos del Parlamento, instituci髇 a la cual corresponde realizar la construcci髇 del sistema administrativo balear y la articulaci髇 de los diversos intereses territoriales en cada uno de los sectores de la acci髇 p鷅lica.

Las soluciones que incorpora esta ley encajan sin dificultad en el marco de la normaci髇 b醩ica, que est� integrado principalmente por la legislaci髇 estatal de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas, en la que se incluyen las reglas fundamentales de la organizaci髇 de las islas como entes territoriales. Se trata de un 醡bito suficientemente flexible que, a la luz de los preceptos estatutarios, permite al Parlamento regular ampliamente la organizaci髇 y el funcionamiento de los consejos, de manera que estas administraciones puedan asumir adecuadamente la carga de competencias que prev� el art韈ulo 39 del texto estatutario y, al mismo tiempo, resulte potenciada su capacidad de autoorganizaci髇.

V

La Ley recoge un esquema fundamentado en la organizaci髇 b醩ica de los consejos como entes locales, pero, simult醤eamente, posibilita que cada ente insular, por reglamento org醤ico, pueda crear y regular 髍ganos que funcionar醤 de acuerdo con el principio de gesti髇 burocr醫ica.

En consonancia con las tendencias organizativas actuales, de las cuales es una muestra significativa el denominado Pacto Local, la Ley pone un acento preferente a reforzar la atribuci髇 de competencias marcadamente ejecutivas en el presidente y en los 髍ganos que de 閘 dependen como v韆 de acercamiento a las exigencias del principio constitucional y estatutario de eficacia. Esta decisi髇 tiene su contrapeso en el conjunto de art韈ulos que posibilitan la fiscalizaci髇 pol韙ica y administrativa de la administraci髇 ejecutiva de los consejos. Se asegura as� la validez de un sistema de gobierno y de administraci髇 operativo que, al mismo tiempo, sintoniza plenamente con los principios democr醫icos y de representaci髇, inherentes a estas corporaciones.

La capacidad de autoorganizaci髇 de los consejos descansa especialmente sobre el Reglamento org醤ico. Ser� esta disposici髇, y gracias a las grandes posibilidades de desconcentraci髇 de las competencias de los 髍ganos de gobierno diferentes del Pleno, la que lleve a cabo el reparto de atribuciones en cada materia, incluidas las que originariamente ejerc韆n los consejos como entes de administraci髇 local.

Como rasgo m醩 innovador, se prev� que, en todos los consejos, debe haber un consejo ejecutivo, a no ser que el Reglamento org醤ico disponga otra cosa. Este 髍gano, llamado a ser el elemento motor del gobierno y de la administraci髇 ejecutiva de los consejos, queda sometido al presidente y, en su composici髇, se entiende que debe prevalecer el principio de eficacia. Cuando exista este 髍gano, la Comisi髇 de Gobierno experimentar� una transformaci髇 notable, ya que pasar� a tener una composici髇 representativa de la que tenga el Pleno. Los miembros del Consejo Ejecutivo encabezar醤 los correspondientes departamentos, que podr醤 estructurarse en direcciones insulares y secretar韆s t閏nicas, al frente de las cuales habr� un titular que eventualmente dispondr� de facultades resolutorias y que ser� libremente designado por el presidente del consejo. Si no se prev� el Consejo Ejecutivo, la Ley autoriza la creaci髇 de direcciones insulares y de secretar韆s t閏nicas en t閞minos an醠ogos a los expuestos, si bien dependientes directamente del presidente o de un miembro de la Comisi髇 de Gobierno.

VI

La Ley tambi閚 aborda la regulaci髇 de otras materias. En relaci髇 con el r間imen de funcionamiento, es importante destacar que se establecen reglas especiales derivadas de las facultades de control de que dispone el Pleno sobre la administraci髇 ejecutiva de los consejos. En lo referente a las competencias de los consejo, se recoge la tipolog韆 cl醩ica y, por tanto, se hace la distinci髇 ente competencias transferidas o propias y delegadas, lo cual da lugar a consecuencias diversas en relaci髇 con el ejercicio y las formas de control. Se incluye, asimismo, la encomienda de gesti髇. La previsi髇 de los mecanismos de control y de coordinaci髇, reservados a las instancias auton髆icas por imperativo estatutario, queda reflejada en la Ley en t閞minos de respeto al principio de autonom韆.

Estos aspectos se completan con los art韈ulos dedicados a la composici髇, las competencias y el funcionamiento de la Comisi髇 T閏nica Interinsular, creada en el Estatuto de Autonom韆. En materia de financiaci髇, la Ley incorpora el principio de suficiencia financiera y se remite a la regulaci髇 legal que deber� abordar el Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con lo que prescribe la disposici髇 final primera.

En aplicaci髇 de la disposici髇 adicional cuarta del Estatuto, la Ley dedica una disposici髇 adicional a regular la participaci髇 del Ayuntamiento de Formentera en la gesti髇 de las competencias atribuidas por ley del Parlamento al Consejo Insular de Eivissa y Formentera.

Mediante la disposici髇 derogatoria, se ha considerado oportuno eliminar algunos de los mecanismos de control incluidos en las leyes de transferencia de competencias aprobadas hasta este momento y que no se adecuan a los par醡etros de autonom韆 que esta ley establece en favor de los consejos insulares.