Atención norma derogada, ver regulación posterior

Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción

Artículo 1 Objeto

1. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.

2. La Prestación Canaria de Inserción se reconocerá con el alcance y en los términos establecidos en la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, en el presente Reglamento y en sus disposiciones complementarias.

Artículo 2 Programación de actividades de inserción

1. La percepción de la ayuda económica básica de la Prestación Canaria de Inserción estará condicionada a la realización de las actividades de inserción necesarias y adecuadas para posibilitar la inserción social, laboral, educativa, o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias. Estas actividades estarán orientadas a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales de la persona que solicite la ayuda y de los miembros que componen su unidad de convivencia.

2. Podrá exonerarse de la realización de actividades de inserción a aquellas personas beneficiarias con graves problemáticas de salud -mental, física o sensorial-, siempre que se informe mediante las correspondientes certificaciones médicas que la realización de las actividades de inserción diseñadas serían contraproducentes para la terapia que hayan de llevar tales personas en el tratamiento de su enfermedad o que pudieran causar trastornos psicoemocionales o psicofísicos que agravarían el estado de salud de las mismas. En estos supuestos, se promoverá, si fuera factible, la participación en programas preventivos, de promoción de hábitos saludables de vida y de modificación de conductas de riesgo, así como el tratamiento específico de enfermedades o patologías detectadas.

El personal de trabajo social de los servicios sociales municipales realizará el correspondiente acompañamiento social y seguimiento de cada caso a fin de intervenir en la situación y observar las variaciones que puedan implicar un replanteamiento del programa.

3. Para las personas beneficiarias de la prestación mayores de 65 años las actividades de inserción se orientarán a la participación o inclusión en los recursos sociales y sociosanitarios destinados a las personas mayores.

4. Para las personas en situación de riesgo de exclusión social definidas en el artículo 1 de la Ley, las actividades de inserción irán orientadas principalmente a la inserción o integración laboral y búsqueda activa de un empleo, mediante acciones tendentes a facilitar su reincorporación al mercado laboral.

LE0000597200_20170517Artículo 2 redactado por el apartado uno del artículo único del D [CANARIAS] 153/2017, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el D. 136/2007, de 24 de mayo («B.O.I.C.» 16 mayo).Vigencia: 17 mayo 2017

Artículo 3 Titular y persona beneficiaria

1. En el supuesto de que en una misma unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular, dicha condición recaerá sobre quien cumpliendo los requisitos exigidos solicite la prestación en primer lugar. En el supuesto de interesarse al mismo tiempo por dos o más personas de la unidad, será titular, de manera prioritaria, aquel que, con capacidad de obrar, tenga mayor edad. No obstante si existiera alguna causa sobrevenida que aconsejara no otorgar a dicha persona la condición de titular de la ayuda económica, se deberá valorar, por medio de los informes pertinentes, la posibilidad de que dicha condición recaiga en otra persona de la unidad de convivencia interesada en esta prestación si fuera mayor de edad y tuviera plena capacidad de obrar. En ese supuesto, se formulará nueva solicitud por parte de la persona que pudiera ostentar esa condición de titular de la prestación.

Podrán ser causas sobrevenidas a que se refiere el párrafo anterior, entre otras, el fallecimiento de la persona solicitante inicial de la prestación o su cambio de domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ausencia de la persona titular de su vivienda o alojamiento por un plazo superior a un mes, salvo hospitalización u otra causa justificada, la declaración legal de incapacidad de la persona titular, así como la inhabitabilidad acreditada de la vivienda o la necesidad de su abandono que pudiera afectar a todos los miembros de la unidad de convivencia.

En el caso de las personas menores de veinticinco años sin hijos que estuvieron en situación o en riesgo de exclusión social, deberá acreditarse en el correspondiente informe social municipal, que en el momento de la solicitud se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, y excepcionalmente, en alguna de las situaciones de extrema necesidad que se recogen en el apartado 3 de este artículo y que queden acreditadas en el expediente.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley, son personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción los miembros de la unidad de convivencia de la persona que solicite la ayuda económica básica.

3. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la ayuda económica básica aquellas unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones de extrema necesidad:

• a) Las personas sin hogar, entendiendo como tales a las personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, que carezcan de alojamiento estable, adecuado, habitable y adaptado, así como de redes de apoyo personal o familiar.
• b) La existencia de procesos de desahucio o de situaciones sobrevenidas por razones de fuerza mayor, accidentes o estragos que, debidamente justificadas y acreditadas, imposibiliten o dificulten a la unidad de convivencia continuar con su residencia en la vivienda habitual.
• c) Las víctimas de maltrato doméstico, violencia de género o intragénero, que tengan acreditada tal situación mediante resolución judicial, orden de protección dictada por el Juez y/o informe del Equipo Especializado de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género y/o conflicto familiar.
• d) La existencia en la unidad de convivencia de menores con medidas de protección de las Administraciones Públicas y en seguimiento por los departamentos de menores de las mismas, siempre que la intervención con la familia a través de los planes de inserción pueda suponer un refuerzo para la integración social de los menores.
• e) La existencia de conflictos en la convivencia de tal índole, que o bien hayan sido denunciados judicialmente o exista un seguimiento por profesionales mediadores en conflictos familiares, acreditándose tal situación.
• f) La imposibilidad con carácter temporal de acceder a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar, debido a una situación de extrema necesidad económica sobrevenida o por tener que dedicar gran parte de la actividad diaria a afrontar el cuidado de graves problemas de salud personales o de algún miembro de la unidad de convivencia, siempre que los mismos no estén siendo atendidos a través de otras prestaciones específicamente otorgadas al efecto.

4. Las situaciones de extrema necesidad previstas en el apartado anterior, deberán ser objetivamente justificadas y acreditadas en el informe social que deberá emitir la Administración municipal, pudiendo el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, solicitar cuantos informes complementarios o aclaratorios considere convenientes, así como recabar informes que avalen la extrema necesidad. La resolución que se dicte por el citado Centro Directivo se motivará en la existencia o no de alguna de las citadas situaciones.

El personal técnico de trabajo social de los Ayuntamientos, en la fase de inicio del procedimiento y a través de la aplicación informática de gestión de la Prestación Canaria de Inserción, identificarán aquellas solicitudes en las que se detecten una o varias de las situaciones excepcionales de extrema necesidad previstas en el apartado anterior, al objeto de su tramitación preferente, dejando constancia de ello mediante resolución motivada dictada por la persona titular del Centro Directivo, al amparo del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Podrán ser beneficiarias de los programas específicos de actividades de inserción todas aquellas personas que reuniendo los restantes requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley, solo pudieran acreditar por cualquier medio de prueba válido en derecho residir de forma ininterrumpida en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma como mínimo, y en su totalidad, el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. A los citados programas de inserción podrá acogerse el conjunto de personas que forman la unidad de convivencia beneficiaria.

LE0000597200_20170517Artículo 3 redactado por el apartado dos del artículo único del D [CANARIAS] 153/2017, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el D. 136/2007, de 24 de mayo («B.O.I.C.» 16 mayo).Vigencia: 17 mayo 2017

Artículo 4 Unidad de convivencia

1. Se considerará unidad de convivencia a los efectos previstos en la Ley y a este Reglamento, al núcleo familiar constituido por la persona solicitante y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en línea recta y colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar.

A los efectos previstos en la Ley y en este Reglamento, se considerarán:

• a) Personas tuteladas, a quienes, teniendo incapacidad para gobernarse por sí mismas, por ser menores de edad o estar declaradas como personas incapacitadas, convivan en la unidad de convivencia bajo la tutoría del solicitante.
• b) Personas en situación de acogimiento familiar, a aquellos menores que no pudiendo convivir, por diversas circunstancias, con su propia familia, lo hagan con el solicitante de la Prestación Canaria de Inserción a los efectos de que se les garantice el derecho a desarrollarse en un ambiente familiar favorable, de forma temporal o permanente y no profesionalizada.

2. Igualmente y a instancia de la persona interesada, podrán formar otra unidad de convivencia independiente, las personas que, estando emparentadas con quienes residan en su misma vivienda o espacio habitacional según las relaciones establecidas en el apartado anterior, tengan a su cargo hijos o hijas menores de edad, o tutelados o en régimen de acogimiento familiar, o tengan a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas en los grados III o II.

Formarán parte de estas unidades de convivencia independientes el padre o la madre, quienes estén unidos a ellos por vínculo matrimonial o por cualquier forma de relación estable análoga a la conyugal, sus respectivos hijos e hijas menores de edad, tutelados o en régimen de acogimiento familiar, las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas en los grados III o II que tengan a su cargo, así como, en su caso, sus parientes por afinidad hasta el segundo grado en línea recta o colateral.

3. El que en una misma vivienda o espacio habitacional puedan alojarse dos o más unidades de convivencia, aunque estén emparentadas según las relaciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, no será obstáculo para que cada una de ellas pueda ser beneficiaria de las ayudas reguladas en la Ley. En ningún caso, una misma persona podrá formar parte simultáneamente de más de una unidad de convivencia. En el supuesto de menores de edad con guardia y custodia compartida entre ambos progenitores, se integrarán en la unidad de convivencia del progenitor con el que se hallen empadronados.

La unidad de convivencia beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción no perderá dicha condición ni el derecho a la percepción de la ayuda, mientras se vea obligada socialmente a habitar de manera temporal, ya sea en establecimientos colectivos de titularidad pública, en entidades de cooperación social o en el domicilio de otra persona, por causas de fuerza mayor, situación sobrevenida, accidente o desahucio, considerándose situaciones sobrevenidas aquellas que, debidamente justificadas y acreditadas, imposibiliten la habitabilidad de la vivienda o aconsejen el abandono de la misma.

4. Una vez finalizado el período de duración y renovación, en su caso, de la ayuda económica básica, o extinguida esta, la misma unidad de convivencia no podrá ser beneficiaria de la prestación con motivo de otra solicitud.

LE0000597200_20170517Artículo 4 redactado por el apartado uno del artículo único del D [CANARIAS] 153/2017, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el D. 136/2007, de 24 de mayo («B.O.I.C.» 16 mayo).Vigencia: 17 mayo 2017

Artículo 5 Modalidades de alojamiento

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley, quedan excluidos de la noción de vivienda o espacio habitacional, los centros penitenciarios y los centros residenciales para personas mayores, personas con discapacidad y comunidades terapéuticas para personas drogodependientes y centros de internamiento de similar naturaleza. También quedan excluidos de la noción de vivienda o espacio habitacional los espacios físicos integrados en los siguientes centros:

• - Centros de internamiento de personas extranjeras (CIES), centros de estancia temporal de inmigrantes (CITE) u otras plazas específicas de acogida a inmigrantes.
• - Hogares funcionales de acogida de menores de titularidad pública.
• - Centros residenciales o viviendas habitados de forma compartida por motivo de realización de estudios, actividad profesional o intereses afines y no por situación de extrema necesidad.

2. Se considera vivienda o espacio habitacional, además de las viviendas estimadas como tales a efectos catastrales y a los espacios construidos de manera improvisada, a fin de ser usado como aposento o residencia, a aquellos habitáculos que, utilizados de forma independiente, están integrados en los siguientes marcos físicos de residencia colectiva:

• - Centros o viviendas de acogida a mujeres maltratadas de titularidad pública y demás centros sociales de acogida temporal no incluidos en el apartado anterior, de carácter público o de titularidad privada, cuando por el personal técnico de trabajo social municipal o del Equipo Especializado de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género o de conflicto familiar se informe que la percepción de la prestación contribuirá al abandono del centro y a su inserción social durante el periodo de percepción de la misma.
• - Pensiones o apartamentos existentes a la entrada en vigor del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.
• - Viviendas tuteladas o casas particulares en las que varias personas compartan colectivamente un mismo alquiler, cuando sus ocupantes se encuentren en situación de extrema necesidad.

3. Teniendo en cuenta que la ayuda económica básica se otorga en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia la persona solicitante para satisfacer las necesidades contempladas en el artículo 142 del Código Civil, no se podrá percibir en una misma vivienda o espacio habitacional más de una ayuda económica básica, excepto en los siguientes supuestos:

• a) En aquellos habitáculos integrados en residencia colectiva contemplados en el apartado anterior que permitan el alojamiento de dos o más personas, en cuyo caso cada una de ellas podrá tener derecho a la Prestación si no estuviesen incluidos en una misma unidad de convivencia, en los términos del artículo 4.1 y 4.2 de la Ley.
• b) Cuando convivan en una misma vivienda o espacio habitacional unidades de convivencia independientes, en los términos establecidos en el artículo 4.2 de la Ley.

LE0000597200_20170517Artículo 5 redactado por el apartado cuatro del artículo único del D [CANARIAS] 153/2017, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el D. 136/2007, de 24 de mayo («B.O.I.C.» 16 mayo).Vigencia: 17 mayo 2017