«Capítulo IX

Tasa por la expedición del diploma de Mediador de Seguros Titulado

1. Constituye el hecho imponible de la tasa a la que se refiere el presente Capítulo la expedición del diploma de Mediador de Seguros Titulado, por parte de la Administración Pública de Canarias.

2. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas a favor de las que se solicite la expedición del diploma.

3. El devengo de la tasa se producirá cuando se presente dicha solicitud, no expidiéndose el diploma hasta que se haya efectuado el pago.

4. La cuantía de la tasa será de 30,05 euros.»

«Cinco. Tasa para la autorización de apertura de escuelas deportivas náuticas, academias de navegación de recreo y centros de buceo deportivo.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación que se realiza por la autorización de apertura de escuelas deportivas náuticas, academias de navegación de recreo y centros de buceo deportivo.

2. Son sujetos pasivos de la presente tasa toda persona física o jurídica, a favor de la que se solicite.

3. La tasa se devenga cuando se solicita la autorización de apertura, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago.

4. La cuantía de la tasa por autorización de apertura será de 60,10 euros.»

«Dos. Tasa por expedición de carnet de las profesiones marítimo-pesqueras.

4. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

• A) Titulaciones profesionales de formación profesional:
  
  Capitán de Pesca.
  
  Patrón de Pesca de Altura.
  
  Patrón de Litoral de 1ª clase.
  
  Mecánico Naval Mayor.
  
  Mecánico Naval de 1ª clase.
  
  Mecánico Naval de 2ª clase.
  
  Electricista Naval Mayor.
  
  Electricista Naval de 1ª clase.
  
  Electricista Naval de 2ª clase.
  
  Patrón de altura.
  
  Patrón de litoral.
  
  Cuantía: 18,03 euros.
• B) Titulaciones menores:
  
  Patrón Local de Pesca.
  
  Patrón Costero Polivalente.
  
  Cuantía: 12,02 euros.
• C) Certificados de profesionalidad y de especialización marítima:
  
  Certificado de Lucha contra Incendios (1er Nivel).
  
  Certificado de Lucha contra Incendios (2º Nivel).
  
  Certificado de Supervivencia en la Mar (1er Nivel).
  
  Certificado de Supervivencia en la Mar (2º Nivel).
  
  Certificado de Lucha contra Incendios y Supervivencia (3er Nivel) (especialidad en seguridad marítima).
  
  Cuantía: 9,02 euros.
• D) Especialidades subacuáticas profesionales:
  
  Técnico en Buceo de Media Profundidad.
  
  Iniciación al Buceo.
  
  Buceador Instructor.
  
  Buceador de Primera Clase.
  
  Buceador de Segunda Clase.
  
  Buceador de Segunda Clase restringido.
  
  Cuantía: 48,08 euros.
• E) Especialidades subacuáticas profesionales:
  
  Cuantía: 30,05 euros.»

«Tres. Tasa para la autorización de apertura de centros de buceo profesional.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación que se realiza por la autorización de apertura de centros de buceo profesional.

2. Son sujetos pasivos de la presente tasa toda persona física o jurídica a favor de quienes se solicite.

3. La tasa se devenga cuando se solicita la autorización de apertura, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago.

4. La cuantía de la tasa por autorización de apertura será de 60,10 euros.»

«Tarifas: la tasa se fija en la cantidad de 0,0070 euros por litro de gasolina.»

«- Cuando la administración actuante sea una Corporación Local, un técnico facultativo al servicio de ésta.»

«2. La Comisión de Valoraciones de Canarias conocerá de la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa en aquellos expedientes expropiatorios que a la fecha de su constitución no hayan sido remitidos al Jurado Provincial de Expropiación.»

• b) Las unidades estadísticas de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos y, cuando el Gobierno así lo acuerde a propuesta del titular de la consejería a que estuvieran adscritas, de las entidades o empresas dependientes.»

1. Con objeto de promover el desarrollo de la actividad estadística en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el aprovechamiento de las potencialidades estadísticas existentes, y a efectos de ejercer las facultades que, en materia estadística, corresponden a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, en los Departamentos, en sus Organismos Autónomos y, cuando el Gobierno así lo acuerde a propuesta del titular de la consejería a que estuvieran adscritas, en las entidades y empresas dependientes de aquéllos, se determinarán las unidades administrativas que tengan la consideración de unidades estadísticas.

2. La determinación de estas unidades estadísticas, o la creación, en su caso, de las mismas, se establecerá reglamentariamente».

«Los indicadores de saneamiento económico-financiero, medidos sobre la liquidación del presupuesto de la propia entidad municipal correspondiente al ejercicio inmediato anterior al que se refiere la distribución del Fondo, son los siguientes:»

«Los condicionantes de la cuantía de libre disposición, medidos sobre la liquidación del presupuesto de la propia entidad municipal, correspondiente al ejercicio inmediato anterior al que se refiere la distribución del Fondo, son la gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal en los términos de los artículos siguientes.»

«1. Se considerará el esfuerzo fiscal del ayuntamiento superior al 80 por ciento de la media del de los ayuntamientos adheridos al Fondo que hubiesen remitido en plazo la documentación necesaria para la determinación de este condicionante.

El esfuerzo fiscal se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

Donde:

Efm = Esfuerzo fiscal del municipio.

Rm(1) = Derechos reconocidos netos del municipio por los impuestos sobre Bienes Inmuebles; Actividades Económicas; Construcciones, Instalaciones y Obras; Vehículos de Tracción Mecánica e Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Dpm(1) = Derechos potencialmente liquidables en el municipio por los impuestos mencionados.

R(1) = Derechos reconocidos netos en el conjunto de los municipios participantes en la distribución por los impuestos antes referidos.

Dp(1) = Derechos potencialmente liquidables en el conjunto de los municipios participantes en la distribución por dichos impuestos.

Para proceder a la distribución del Fondo a que se refiere esta ley por esta variable, la Consejería competente en materia de régimen local determinará la documentación necesaria y el plazo para remitirla por los ayuntamientos.»

«En el caso de que se hubiera producido una revisión catastral en el municipio, para calcular los derechos potencialmente liquidables en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se utilizará la base liquidable del impuesto que resulte de aplicar las reducciones que establece la ley sobre la base imponible.»

«5. Adoptado el acuerdo por el Gobierno, se procederá a la tramitación de los expedientes de gastos y propuestas de pago correspondientes a la parte del Fondo prevista en la letra a) del apartado 1 del artículo 1º, conforme consten las auditorías de gestión correspondientes, anticipándose a las mismas el libramiento del 70 por ciento del importe del Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1º correspondiente a cada ayuntamiento en el primer cuatrimestre del ejercicio; librándose el 30 por ciento restante, deducidas las penalizaciones que correspondan, con anterioridad a la finalización del ejercicio, dando cuenta al Parlamento.»

• «c) La no remisión en plazo de la documentación necesaria para la determinación del esfuerzo fiscal.»

«3. En caso de que la auditoría de gestión prevista en el artículo 15 detecte un incumplimiento de los previstos en el artículo 18, se dará audiencia a la corporación afectada. Por el Consejero competente en materia de régimen local se dictará resolución conteniendo el incumplimiento detectado y la consecuencia del mismo, informando al Parlamento.»

«3. En caso de no remitirse en plazo la documentación necesaria para la determinación del esfuerzo fiscal, el Fondo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 1º de esta Ley, se reducirá en un 20 por ciento.

La aplicación de la presente reducción por incumplimiento de plazo no se aplicará conjuntamente con la prevista en el apartado anterior por incumplimiento del indicador de esfuerzo fiscal, de tal modo que presentada la documentación fuera de plazo y detectándose incumplimiento del citado indicador, sólo se aplicará reducción por incumplimiento de plazo.»

«Se exceptúan de la incorporación prevista en el párrafo anterior, los créditos no utilizados por motivo de las reducciones de dicha parte del Fondo previstas en el artículo 19, como consecuencia de la existencia de los supuestos de incumplimiento previstos en el artículo 18.»

• «f) Gastos en bienes corrientes y servicios que deriven de los convenios de colaboración o acuerdos que suscriba la Comunidad Autónoma para la ejecución de sus competencias en materia de responsabilidad penal de los menores, cuando no puedan ser estipulados por plazo de un año o su realización en el indicado plazo resulte antieconómica.»

«7. El Gobierno, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda y a iniciativa del titular del departamento y previo informe del centro directivo competente en materia de planificación y presupuesto, podrá autorizar la realización de gastos plurianuales en transferencias corrientes y de capital que den cobertura a convocatorias públicas de subvenciones destinadas a la promoción empresarial y al fomento de empleo, cuando no se inicie el gasto en el ejercicio en que se convoquen o no exista crédito en el mismo. En este último supuesto, el acuerdo del Consejo de Gobierno especificará la aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto en ejercicios futuros y el importe de cada anualidad.

La orden de convocatoria pública de estas subvenciones incluirá preceptivamente una cláusula suspensiva de su efectividad condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para la financiación de las obligaciones en los ejercicios correspondientes.»

«1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán:

• a) los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven, y
• b) las obligaciones reconocidas hasta el quince de enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo a los respectivos créditos.»

«Artículo 67-bis

1. Las empresas públicas y las entidades de Derecho Público se sujetarán, en cuanto a la realización de operaciones de endeudamiento, a lo dispuesto en el presente artículo.

A estos efectos, se consideran operaciones de endeudamiento las emisiones u ofertas de valores negociables, los préstamos y créditos concertados con entidades financieras, las operaciones de arrendamiento financiero mencionadas en el apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e intervención de las entidades de crédito, y las cesiones de créditos empresariales a que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero, Reguladora de las entidades de capital riesgo y de sus sociedades gestoras.

2. Requerirán autorización del Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente en materia de hacienda, la emisión u oferta de valores negociables que tengan un plazo de amortización igual o superior a un año y las demás operaciones de endeudamiento cuando se concierten por plazo igual o superior a un año y su importe sea igual o superior a 150.000 euros.

3. Corresponderá al Consejero competente en materia de hacienda autorizar la emisión u oferta de valores negociables con un plazo de amortización inferior a un año y las demás operaciones de endeudamiento que se concierten por un plazo de amortización igual o superior a un año y un importe inferior a 150.000 euros, así como las que tengan un plazo de amortización inferior a un año, cualquiera que sea su importe.

4. El Consejero competente en materia de hacienda autorizará la novación o modificación de cualquiera de las condiciones de las operaciones de endeudamiento ya concertadas y cualquier otra operación que tuviera por finalidad sustituir estas últimas.

5. Se faculta al Consejero competente en materia de hacienda para dictar las disposiciones que establezcan el procedimiento que ha de regir las autorizaciones señaladas en el presente artículo.»

«El importe de los ingresos derivados de la actividad propia del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, relativa a la gestión de los bancos de sangre podrá destinarse a la financiación de los gastos derivados de la compra de bienes y servicios corrientes y de inversiones reales necesarias para la captación, extracción, procesamiento, distribución y promoción de la donación de la sangre dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En los presupuestos de la Comunidad Autónoma se garantizará el adecuado funcionamiento de los bancos que se creen en razón a la demanda y necesidades de los mismos.»

«1. Corresponde al Gobierno, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y a propuesta de la consejería competente en materia de contratación, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales.

2. Asimismo, corresponde al Gobierno, a propuesta de la referida consejería, la aprobación de los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares, para la contratación administrativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos y para la contratación sujeta a la Ley 8/1987, de 28 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Corresponde a los órganos de contratación la aprobación de los proyectos técnicos y de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que hayan de servir de base a cada contrato.»

«Con exclusión de las subvenciones autorizadas a sociedades, cooperativas, colectivos, agrupaciones y asociaciones de agricultores o ganaderos y las autorizadas en materia de pesca, los beneficiarios de las subvenciones no podrán emplear los fondos recibidos por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo y con las exclusiones anteriormente señaladas, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.

Se consideran personas o entidades vinculadas:

• a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.
• b) En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.»

• «d) El empleo de los fondos recibidos en el sentido establecido en los párrafos 2 y 3 del número 11 de este artículo.»

«1. La enajenación onerosa de bienes muebles competerá al consejero del departamento al que estuvieren adscritos, a menos que por Decreto del Gobierno se centralice la de los bienes de determinada naturaleza o cuantía en la consejería competente en materia de patrimonio, o en otra, por razón de la materia. En su caso, el acuerdo de enajenación se adoptará siguiendo el procedimiento previsto para la desafectación de bienes.

2. La enajenación se llevará a cabo mediante subasta pública, siendo necesaria autorización previa del Gobierno si el valor unitario del bien a enajenar excediese de 120.000 euros.

No obstante, cuando el valor del bien no supere los 120.000 euros, el consejero competente en materia de patrimonio podrá autorizar la enajenación mediante procedimiento negociado. Si el valor del bien superase dicha cuantía, el procedimiento negociado deberá ser autorizado por el Gobierno.

3. La enajenación gratuita de bienes muebles para fines de utilidad pública o interés social, a favor de entidades sin ánimo de lucro y con objeto social adecuado a la finalidad que justifique la donación, cuando el valor unitario de los bienes no exceda de 6.010,12 euros, sólo requerirá la declaración de alienabilidad y acuerdo de enajenación del Consejero competente en materia de patrimonio, a propuesta del titular del Departamento al que hayan estado afectados. Si el valor unitario de dichos bienes superase 6.010,12 euros, sin exceder de 30.050,61 euros, la enajenación requerirá la previa autorización del Gobierno. Si superase esta última cifra se requerirá autorización del Parlamento, en los términos previstos en el artículo 37 de esta Ley.

4. Se exceptuarán de lo establecido en los párrafos anteriores las enajenaciones que, de acuerdo con las normas reguladoras de su organización, funcionamiento y régimen jurídico, lleven a cabo órganos y entidades públicas que desarrollen actividades empresariales, comerciales e industriales. Dichas enajenaciones se regirán por las normas de Derecho Privado, sin necesidad de previo procedimiento administrativo.»

«1. Todo establecimiento que desarrolle una actividad turística reglamentada deberá cumplir, además de la normativa sobre seguridad de sus instalaciones y protección contra incendios, la específica en materia turística.

Antes del otorgamiento de las autorizaciones previas y de apertura de los establecimientos turísticos, sus promotores o explotadores deberán acreditar el cumplimiento de esta normativa específica a través de las memorias y certificaciones de los profesionales redactores de los proyectos o directores de las obras, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente.

Las comprobaciones en esta materia que efectúen los servicios de inspección turística y órganos que han de velar por la seguridad laboral se realizarán en el marco de lo que establece el Capítulo IV, Título VI de esta Ley, la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales, respectivamente, así como la reglamentación que desarrolle este apartado.»

«2. Corresponderá al gestor de la red de transmisión asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas eléctricos insulares, de modo que se garantice la continuidad, seguridad y calidad del suministro de energía eléctrica en las islas, asumiendo las funciones necesarias para garantizar la gestión técnica de los mismos.

En concreto, serán funciones del gestor de la red de transmisión las siguientes:

• 1. Prever, con carácter indicativo, y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de electricidad de cada sistema a corto y medio plazo.
• 2. Proponer el plan de desarrollo de los medios de transporte y la producción necesarios para conseguir el nivel de garantía en cada uno de los sistemas eléctricos insulares.
• 3. Desarrollar y someter a la aprobación del órgano competente en materia de energía los detalles, forma y procedimiento que deben adoptar los programas anuales (PAD) y diarios (PDD) de disponibilidad, que deberán presentar todas las unidades de producción que deseen acceder a la retribución por garantía de potencia.
• 4. Fijar los niveles de potencia rodante necesarios en cada sistema eléctrico insular, atendiendo al criterio general de que en ningún caso la pérdida total de potencia del grupo mayor del sistema ocasione el accionamiento del primer escalón de la protección de subfrecuencia y proponer al órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma que autorice otros criterios cuando, a su juicio, el criterio general sea inviable en algún sistema eléctrico insular concreto.
• 5. Elaborar la previsión de demanda horaria de cada sistema eléctrico insular para el día siguiente.
• 6. Programar el funcionamiento de las unidades de producción de energía eléctrica en régimen ordinario, a partir del despacho por costes variables, para atender la demanda, teniendo en cuenta las restricciones técnicas del sistema.
• 7. Aprobar los aspectos técnicos de los contratos bilaterales que puedan suscribirse entre un generador y un cliente final cualificado o un comercializador, siempre que su existencia no suponga riesgos para la estabilidad del sistema eléctrico insular.
• 8. Despachar diariamente el grupo o grupos sometidos a contratos bilaterales para que puedan verter la energía necesaria para cumplir sus compromisos, condicionado a las restricciones técnicas que pudieran existir.
• 9. Exigir la desconexión temporal total o parcial de las instalaciones de producción en régimen especial, cuando su funcionamiento pueda afectar a la estabilidad del sistema, así como disponer de la instrumentación de telecontrol necesaria para prevenir o actuar en estos supuestos.
• 10. Gestionar el uso de los servicios complementarios disponibles para garantizar la fiabilidad y seguridad del sistema.
• 11. Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación del sistema de producción y transporte de acuerdo con los criterios de fiabilidad y seguridad que se establezcan.
• 12. Recibir la información necesaria sobre los planes de mantenimiento de las unidades de producción, averías u otras circunstancias que puedan alterar el orden de mérito económico.
• 13. Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de las instalaciones de transporte, de manera que se asegure su compatibilidad con los planes de mantenimiento de los grupos de generación y se asegure un estado de disponibilidad adecuado de la red que garantice la seguridad del sistema.
• 14. Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de producción y transporte, afectando cualquier elemento del sistema eléctrico que sea necesario, así como los planes de maniobra para la reposición del servicio en caso de fallos generales en el suministro de energía eléctrica y coordinar y controlar su ejecución.
• 15. Establecer las instrucciones de operación de la red de transporte para su maniobra en tiempo real.
• 16. Presentar, para su aprobación por el órgano competente en materia de energía de la Comunidad Autónoma, los procedimientos de operación de carácter técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada gestión técnica del sistema. Dichos procedimientos de operación deberán contemplar, al menos, los siguientes aspectos:
  • a) Condiciones de conexión a la red de transporte.
  • b) Análisis de la seguridad en la cobertura de la demanda a corto y medio plazo.
  • c) Condiciones de instalación y funcionamiento de los equipos de medida y control. Previsiones de demanda.
  • d) Información de la explotación.
  • e) Programación del sistema.
  • f) Coordinación del mantenimiento de las instalaciones de producción-transporte.
  • g) Condiciones de funcionamiento del sistema de producción y transporte y criterios de calidad, fiabilidad y seguridad.
  • h) Asignación y determinación de las pérdidas de transporte.
  • i) Análisis de la contribución a la garantía del sistema, y valoración de los servicios complementarios necesarios.
  • j) Gestión de cada uno de los servicios complementarios.
  • k) Situaciones de alerta y emergencia.
  • l) Criterios para la determinación de la red bajo gestión técnica.
  • m) Aportaciones de la demanda a los servicios complementarios.
• 17. Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores que sean convenientes para la prestación del servicio.»

«2. En los supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente apartado.

Si el Interventor General de la Administración de la Comunidad Autónoma o los interventores delegados al conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones indicadas en el párrafo anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta.

El titular del Departamento a que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente o al que esté adscrito el organismo autónomo, acordará, en su caso, someter a través del Consejero competente en materia de hacienda, el asunto al Consejo de Gobierno para que adopte resolución procedente, sin que dicha competencia pueda ser objeto de delegación.

El acuerdo favorable del Consejo de Gobierno no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento previsto en el presente apartado.

3. En lo no previsto en esta Ley para regular los desacuerdos manifestados por la Intervención en los actos, documentos o expedientes examinados será de aplicación subsidiaria lo dispuesto para tales casos por la legislación del Estado.»

«Artículo 12 Locales de apuestas externas

1. Son locales de apuestas externas los establecimientos autorizados para la realización de apuestas sobre carreras de caballos, de galgos o del juego del frontón, ajenos al recinto donde se celebren tales actividades y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.

2. El Gobierno por vía reglamentaria establecerá, asimismo, las medidas oportunas para evitar la elusión fiscal de los tributos sobre el juego de estos locales, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación así como la propia promoción de las apuestas.»

«Título VI

Infracciones y sanciones

Capítulo I

Infracciones administrativas

Artículo 27 Infracciones

1. En los servicios sociales especializados contemplados en el artículo 7.3 de la presente Ley, son infracciones administrativas las acciones u omisiones que se tipifican y sancionan en el presente Título atribuibles a las personas físicas o jurídicas que bajo cualquier título gestionen los servicios, centros o establecimientos.

2. Asimismo, son infracciones administrativas las acciones u omisiones de los usuarios que se tipifican y sancionan en el presente Título.

Artículo 28 Tipos de infracciones

Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 29 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• a) Incumplir la normativa sobre registro de entidades, servicios, centros y establecimientos de servicios sociales.
• b) Obstruir la labor inspectora de modo que se retrase el cumplimiento de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, salvo que la infracción sea calificada como muy grave.
• c) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, en su funcionamiento, en su limpieza e higiene sin que ello suponga riesgo para la integridad física o la salud de los usuarios.
• d) Incumplir los usuarios de los centros y servicios las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación cuando tales conductas no supongan alteración en el funcionamiento o convivencia de los servicios, centros o establecimientos.

Artículo 30 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención asistencial de los usuarios cuando ello supusiera riesgos o perjuicios que no afecten a la integridad física o mental de los usuarios.
• b) Incumplir la normativa que regule la necesidad de cualificación y la dedicación del personal en los centros.
• c) Incumplir la normativa de autorización para los actos de creación, traslado, cambio de titularidad, modificación sustancial y cese del servicio o cierre del centro o establecimiento.
• d) Perseguir ánimo lucrativo en actividades declaradas de apariencia filantrópica e incumplir o alterar de forma no autorizada el régimen de precios de los servicios, así como transgredir la normativa contable específica.
• e) Incumplir lo establecido en materia de ubicación, habitabilidad, instalaciones y módulos de personal exigidos por la normativa vigente reguladora de las áreas de servicios sociales especiales y, en particular, con lo dispuesto en la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
• f) Incumplir el deber de sigilo y confidencialidad respecto de los datos personales y sanitarios de los beneficiarios de los servicios, entidades, centros o establecimientos.
• g) No observar los usuarios de los centros o servicios las normas señaladas en el correspondiente reglamento interno, cuando generen una alteración considerable en el funcionamiento y/o convivencia del servicio, centro o establecimiento.

Artículo 31 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

• a) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención básica sanitaria, farmacéutica y/o asistencial de los usuarios, así como la normativa relativa a la conservación en buenas condiciones higiénicas y de habitabilidad de los centros o establecimientos, cuando ello comportase riesgos o perjuicios que afecten a la integridad física o mental de los usuarios.
• b) Proporcionar a los usuarios un trato degradante que afecte a su dignidad, así como vulnerar su derecho a la intimidad, cualquier otro derecho o imponer dificultades para su disfrute.
• c) Obstruir la labor inspectora impidiendo el acceso a las dependencias del servicio, centro o establecimiento, resistencia reiterada, coacción, amenazas, violencia o cualquier otra forma de presión ejercida sobre los inspectores.
• d) Desatender los requerimientos de la Administración para aplicar las medidas correctoras que se establezcan para el funcionamiento del servicio, centro o establecimiento.
• e) Incumplir los usuarios de los servicios, centros o establecimientos, las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación cuando tales conductas ocasionen graves alteraciones en el funcionamiento o convivencia de los centros, establecimientos o servicios.

CAPÍTULO II

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 32

Sanciones a las personas físicas o jurídicas que, bajo cualquier título, gestionen los servicios, centros o establecimientos.

1. Las infracciones tipificadas en el presente Título cometidas por las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 27.1 de esta Ley serán sancionadas de la forma siguiente:

• a) Infracciones leves: multa de hasta 3.005,06 euros.
• b) Infracciones graves: multa de 3.005,07 euros a 15.025,30 euros.
• c) Infracciones muy graves: multa de 15.025,31 euros a 60.101,21 euros.

2. La comisión de infracciones graves y muy graves, además de las multas previstas en las letras b) y c) del apartado anterior, podrá dar lugar, cuando proceda, a la imposición de las siguientes sanciones accesorias:

• a) Cierre temporal, total o parcial del servicio, centro o establecimiento hasta un máximo de un año, para los supuestos de infracciones calificadas como graves.
• b) Cierre temporal, total o parcial del servicio, centro o establecimiento hasta un máximo de tres años, para los supuestos de infracciones calificadas como muy graves.
• c) Clausura total o parcial del servicio, centro o establecimiento como consecuencia, en cualquier caso, de la comisión de infracciones muy graves que hayan dado lugar a dos o más cierres temporales.
• d) Revocación del reconocimiento como entidad colaboradora de servicios sociales.

Artículo 33 Sanciones a los usuarios

Las infracciones tipificadas en el presente Título cometidas por los usuarios serán sancionadas de la forma siguiente:

• a) Infracciones leves: privación de los derechos de usuario en el centro, establecimiento o servicio donde se produzca la infracción, por un tiempo no superior a tres meses.
• b) Infracciones graves: privación de los derechos de usuario en el centro, establecimiento o servicio donde se produzca la infracción, por un tiempo no inferior a tres meses y un día ni superior a un año.
• c) Infracciones muy graves: privación de los derechos de usuario por tiempo superior a un año o con carácter definitivo en el centro, establecimiento o servicio donde se produzca la infracción.

Artículo 34 Graduación de las sanciones

Para la concreción de las sanciones y las cuantías de las multas, deberá guardarse la debida adecuación de la misma con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerándose como atenuantes o agravantes las circunstancias siguientes:

• a) Perjuicios físicos, morales y materiales causados a los usuarios de los servicios sociales especializados y los riesgos generados.
• b) Grado de intencionalidad o negligencia del infractor.
• c) Reincidencia y reiteración de las infracciones.
• d) Calidad y necesidad de los servicios prestados e interés social del establecimiento o entidad.

Artículo 35 Prescripción de las infracciones y de las sanciones

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán a los tres años, las muy graves, a los dos años, las graves y a los seis meses, las leves.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los dos años y las impuestas por faltas leves, al año.

3. El comienzo y la interrupción de los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones se regirán por las normas del procedimiento administrativo común.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 36 Procedimiento aplicable

El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta Ley se establecerá reglamentariamente dentro del marco de los principios contenidos en la legislación del procedimiento administrativo común.

Artículo 37 Iniciación de los procedimientos

Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta Ley se iniciarán de oficio por el órgano competente, por propia iniciativa, en virtud de orden superior a petición razonada de otro órgano, o por denuncia.

Artículo 38 Medidas cautelares

Excepcionalmente, si se aprecia que las deficiencias detectadas en un servicio, centro o establecimiento, suponen graves perjuicios físicos y/o psíquicos a los usuarios, el órgano competente podrá, previa audiencia del presunto infractor, proceder, de forma cautelar, al cierre temporal, total o parcial de aquéllos y hasta tanto dichas deficiencias sean subsanadas.

Artículo 39 Órganos competentes

Serán órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores los que se determinen reglamentariamente.

Disposición adicional única

El Título VI de la presente Ley tendrá carácter supletorio respecto de aquellos servicios sociales especializados que tengan su propia normativa específica.»

«Informar, con carácter preceptivo, todas las normas que regulen aspectos relativos a cuestiones del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cualquiera que sea la naturaleza del mismo.»

«1. El personal que preste sus servicios en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma dentro del sistema estadístico de Canarias, al que se refiere el artículo 37 de esta Ley, y que realice actividad estadística o esté en contacto con ella, tendrá el carácter de personal estadístico, con independencia de su nivel y de la relación jurídica de la que deriven aquéllos, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

2.bis. El Gobierno de Canarias, de conformidad con la legislación vigente, a través de la Dirección General de la Función Pública, en el ejercicio de sus competencias, con carácter excepcional y por una sola vez, convocará una prueba selectiva para el mismo número de funcionarios interinos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, formen parte del personal estadístico del Instituto Canario de Estadística, del Cuerpo de Administradores Generales, Escala Técnicos Estadísticos, con la finalidad de que los que la superen adquieran la consideración de funcionarios de carrera del mismo Cuerpo y Escala del que, hasta la fecha, venían perteneciendo con carácter interino.»

«6. Cuerpo de Auxiliares Técnicos.

6.1. Escala de Auxiliares de Informática.»

«6. El Cuerpo de Auxiliares Técnicos incorporará a los funcionarios que desarrollen las funciones de trámite, colaboración y apoyo a los funcionarios de cuerpos superiores y facultativos en puestos de trabajo que requieran conocimientos técnicos para los que no se exija una titulación académica específica, pero que tengan titulación de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.»

«Escala de Conservadores y Restauradores.»

«3. Se crean en el seno de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y encuadradas en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, las siguientes escalas de funcionarios de carrera:

Escala Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación.

Escala de Auxiliares de Conservación y Restauración.»

«6. Corresponde a la Escala de Conservadores y Restauradores las funciones de gestión, estudio y propuestas técnico-científicas y de asesoramiento vinculadas al diagnóstico sobre el estado de conservación y con la elaboración de programas de consolidación, restauración y rehabilitación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico, llevando a cabo el seguimiento y control de la conservación de los bienes que se encuentren bajo su responsabilidad, elaborando los estudios e informes sobre su estado y estableciendo las medidas preventivas de diagnóstico y conservación de los mismos para su posterior tratamiento.»

«Corresponden a la Escala de Arqueólogos las funciones de gestión, estudio y propuestas técnico-científicas y de asesoramiento vinculadas a la custodia y conservación de los elementos arqueológicos que conforman el patrimonio histórico canario.»

«Corresponden a la Escala de Archiveros las funciones de gestión, estudio y propuestas técnico-científicas y de asesoramiento vinculadas a la organización interna, programación y la gestión de los archivos en sus vertientes científica, técnica y administrativa.»

1. Los procedimientos de acceso a las escalas relacionadas en la disposición adicional primera, se ajustarán a las previsiones contenidas en las normas aplicables en materia de ingreso en la Función Pública canaria.

2. Quedarán integrados en las escalas creadas por la presente Ley en función de la escala de procedencia, los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Nacional Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos y al Cuerpo de Auxiliares de Archivo, Bibliotecas y Museos de la Administración del Estado que sean transferidos a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Quedarán integrados en las nuevas escalas antes mencionadas quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, hayan adquirido la condición de funcionarios de carrera y que pertenecientes a cuerpos y escalas para cuyo ingreso se hubiese exigido titulación de análogo nivel desempeñen en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones atribuidas a aquéllas.

4. El personal laboral fijo al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que esté desempeñando las funciones atribuidas a las nuevas escalas, podrá aspirar a acceder a las mismas en los términos previstos en la disposición adicional séptima de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública canaria.»

La escala indicada en el apartado tres de la disposición adicional primera estará integrada por funcionarios del Grupo C, que estén en posesión del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.»

«4. Corresponde a la Escala de Técnicos de Conservación y Restauración Ayudantes las funciones relacionadas con el diagnóstico sobre el estado de conservación y con la elaboración de programas de consolidación, restauración de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico.»

«5. Corresponde a la Escala de Auxiliares de Conservación y Restauración el desarrollo de actividades de trámite, colaboración y apoyo a los funcionarios de cuerpos superiores y facultativos con funciones relacionadas con el diagnóstico sobre el estado de conservación y con la elaboración de programas de consolidación, restauración de bienes muebles e inmuebles de patrimonio histórico.»

«2. El personal al servicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias estará integrado por los siguientes Cuerpos y Escalas:

• a) Cuerpo de Letrados.
• b) Cuerpo de Técnicos.
  • - Escala de Técnicos de Auditoría.
  • - Escala de Técnicos de Administración General.
• c) Cuerpo de Gestión.
  • - Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría.
  • - Escala de Técnicos de Gestión General.
• d) Cuerpo de Administrativos.
• e) Cuerpo de Auxiliares Administrativos.

3.1. Serán funciones propias de cada Cuerpo y Escala las siguientes:

• I.- Cuerpo de Letrados:
  • - Representación y defensa en juicio de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
  • - Asesoramiento jurídico.
  • - Resolver las consultas y emitir los informes que le sean solicitados.
• II.- Cuerpo de Técnicos:
  • a) Escala de Técnicos de Auditoría:
    • - Planificar cada fiscalización y los correspondientes programas de trabajo.
    • - Dirigir, coordinar y supervisar las tareas a desarrollar por los Ayudantes de Auditoría.
    • - Redactar el proyecto de informe con los resultados de la fiscalización.
  • b) Escala de Técnicos de Administración General:
    • - Organización, control, coordinación e impulso de las tareas administrativas, económicas y cualesquiera otras que se le encomiende por la Secretaría General.
    • - Con carácter general, funciones de apoyo de todas las unidades.
• III.- Cuerpo de Gestión:
  • a) Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría:
    • - Tareas de verificación y análisis que le sean encomendadas por los Consejeros y por los Técnicos Auditores.
    • - Informar a los Técnicos Auditores del estado de las verificaciones y de cuantas incidencias surjan en torno a las mismas.
  • b) Escala de Técnicos de Gestión General:
    • - Gestión y seguimiento de cuantos expedientes administrativos, económicos y de cualquier naturaleza competan a la Secretaría General.
    • - Con carácter general, funciones de apoyo a los técnicos de Administración General.
• IV.- Cuerpo de Administrativos:
  • - Tramitación y seguimiento de cuantos asuntos deriven de la gestión administrativa.
  • - Funciones de apoyo, en general, a las diferentes unidades administrativas.
• V.- Cuerpo de Auxiliares Administrativos:
  • - Tratamiento de textos, ordenación de expedientes y gestión y custodia de documentos.
  • - Funciones de apoyo, a nivel auxiliar, a las diferentes unidades administrativas.

3.2. Para ingresar en los diferentes Cuerpos y Escalas será preciso contar con los siguientes títulos:

• - En el Cuerpo de Letrados: el título de Licenciado en Derecho.
• - En la Escala de Técnicos de Auditoría: Doctor, Ingeniero, Licenciado o equivalente.
• - En la Escala de Técnicos de Administración General: Doctor, Ingeniero, Licenciado o equivalente.
• - En la Escala de Técnicos de Gestión de Auditoría: el título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
• - En la Escala de Técnicos de Gestión General: el título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
• - En el Cuerpo de Administrativos: el título de Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
• - En el Cuerpo de Auxiliares Administrativos: el título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente.

3.3. El sistema de ingreso será de concurso-oposición.»

«Artículo 23 Inspectores médicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes

1. Los médicos funcionarios adscritos a las unidades médicas de las Direcciones Territoriales de Educación actuarán como inspectores médicos, en los mismos términos que los adscritos al Servicio Canario de la Salud, asumiendo las funciones relativas a la verificación, control, confirmación y extinción de las situaciones de incapacidad temporal o transitoria del personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

2. A los estrictos efectos del ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado anterior se establece la cesión de los ficheros automatizados con datos con denominación fichero UVMI y Tarjeta Sanitaria, aprobados por Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo de 19 de agosto de 1998, a las unidades médicas de las Direcciones Territoriales de Educación respecto al personal al servicio de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.»

«Artículo 3

1. Para ingresar en el Cuerpo será preciso contar con el título de Técnico Superior en gestión y organización de los Recursos Naturales o Paisajísticos, o capataz forestal o agrícola equivalentes a Formación Profesional de segundo grado.

2. El sistema de ingreso será el de concurso-oposición. En la fase de concurso se valorarán los méritos académicos. La fase oposición constará de una prueba de conocimientos específicos, otra práctica y de un examen de aptitud física.»

• «j) A empresas públicas por un importe máximo de 2.000.000 de euros para obras y actuaciones derivadas del Plan Especial de La Gomera.»

«1. Los planes de ordenación territorial y urbanística y los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, mantendrán su vigencia, pero deberán adaptarse al contenido de este texto refundido antes del 15 de mayo de 2003. Los planes e instrumentos se ejecutarán, en todo caso, conforme a lo previsto en los primeros números de la disposición transitoria anterior. A los efectos indicados, los ayuntamientos deberán aprobar provisionalmente los documentos de planeamiento general debidamente adaptados, antes del 31 de diciembre de 2002. El documento aprobado provisionalmente, debidamente diligenciado, será remitido a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias dentro de los primeros quince días del mes de enero de 2003. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias deberá resolver definitivamente dichos instrumentos de planeamiento antes del 15 de mayo de 2003.

2. Los procedimientos relativos a planes de ordenación territorial y urbanística e instrumentos de gestión de Espacios Naturales Protegidos que a la fecha de entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, hubieran sido sometidos al trámite de información pública, recaído aprobación inicial o se hubiere ultimado su instrucción, podrán adaptarse a este texto refundido u optativamente, proseguir su tramitación, concluirse y resolverse conforme a la legislación derogada por la citada Ley 9/1999. En todo caso deberán adaptarse al presente texto refundido dentro del mismo plazo señalado en el apartado anterior.

6. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 1 de esta disposición, en aquellos municipios que no hubieren adaptado el planeamiento urbanístico al contenido de este texto refundido, según se establece en los apartados 1 y 2 de este artículo, no se podrá aprobar ni continuar la tramitación de ningún plan de los denominados de desarrollo en el artículo 31 de este texto refundido, es decir, Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales de Ordenación o Estudios de Detalle. La aprobación de cualquiera de estos planes de desarrollo, sin previa adaptación del planeamiento urbanístico en la forma anteriormente indicada, debidamente aprobada por el órgano competente, será nula de pleno derecho.»

«3. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de esta Ley, previo requerimiento a los encargados y sin que éste sea atendido, procederán a la inmediata clausura de un local o al cese de la actividad cuando pueda derivarse riesgo grave para las personas o los bienes o cuando se esté perturbando gravemente la paz ciudadana debido tanto a la inexistencia de licencia de apertura como al incumplimiento de los horarios de apertura y cierre o de emisión de ruidos.

La clausura del local o el cese de la actividad se pondrá en conocimiento de la autoridad competente, tendrá los mismos efectos que un precinto gubernativo y se prolongará durante cuarenta y ocho horas.»

«El Gobierno de Canarias deberá aprobar provisionalmente las Directrices de Ordenación General y del Turismo antes del 30 de noviembre de 2002.»

«3-bis. Los profesionales titulados vinculados con alguna de las Administraciones públicas canarias mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral que presten su servicio para la Administración en régimen de exclusividad, en el ámbito sanitario, no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas, ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquélla. En estos casos, la Administración ejercerá la potestad disciplinaria sobre los mismos. En todo caso, estos titulados precisarán la colegiación para el ejercicio privado de su profesión.» Inciso «ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de aquélla» de la disposición adicional sexta, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 123/2013 (Pleno) de 23 mayo 2013.