Sumario

--> Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2006, 5 mayo, derogada por la disposici髇 derogatoria 鷑ica.1 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 6/2014, 25 julio, de la Generalitat, de Prevenci髇, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana (獶.O.C.V.� 31 julio) el 20 de agosto de 2014. V閍se el D [COMUNIDAD VALENCIANA] 127/2006, 15 septiembre, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevenci髇 de la Contaminaci髇 y Calidad Ambiental (獶.O.G.V.� 20 septiembre).-->

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley:

PRE罬BULO

I

La protecci髇 y conservaci髇 del medio ambiente se ha convertido en los 鷏timos a駉s en una creciente preocupaci髇 social y en uno de los objetivos esenciales de las pol韙icas de los poderes p鷅licos.

La Constituci髇 Espa駉la, norma fundamental de nuestro ordenamiento jur韉ico, en su art韈ulo 45 reconoce el derecho de todos los espa駉les a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as� como el deber de conservarlo. De igual modo, en su apartado segundo, encomienda a las administraciones p鷅licas el deber de velar por la utilizaci髇 racional de los recursos naturales, configurando esta funci髇 como un objetivo b醩ico y fundamental de la acci髇 p鷅lica que estas administraciones desarrollen.

II

Esta creciente preocupaci髇 social relativa al medio ambiente se ha visto plasmada en la propia pol韙ica ambiental europea desarrollada en los 鷏timos veinticinco a駉s a trav閟 de los sucesivos programas comunitarios de acci髇 en materia de medio ambiente. Tal ha sido la relevancia que desde las instituciones europeas se ha dado a esta materia, que finalmente la protecci髇 ambiental ha quedado incorporada al Tratado de la Uni髇 Europea como una pol韙ica rectora comunitaria, cuyos objetivos y finalidades esenciales van dirigidos fundamentalmente a la prevenci髇, conservaci髇 y mejora del medio.

En desarrollo y aplicaci髇 de estos principios, la Uni髇 Europea ha enfocado sus esfuerzos en el perfeccionamiento de mecanismos de acci髇 preventiva en materia de contaminaci髇 de origen industrial. A tal efecto, ha aprobado una serie de directivas comunitarias, de las que cabe destacar por su relevancia la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa al Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇, recientemente incorporada a nuestro ordenamiento interno a trav閟 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, del mismo nombre.

A trav閟 de esta directiva se hace realidad el enfoque integrado y preventivo de la contaminaci髇 de origen industrial con el objeto de evitar su transferencia de un medio a otro. Para lograr este objetivo, la Directiva 96/61/CE condiciona la puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones incluidas en su 醡bito de aplicaci髇 a la obtenci髇 de una autorizaci髇 de car醕ter ambiental, que deber� otorgarse de forma coordinada cuando en el procedimiento intervengan m醩 de una autoridad administrativa con competencia en la materia.

III

Las crecientes exigencias de la sociedad, la experiencia adquirida en los 鷏timos a駉s y los nuevos instrumentos preventivos de car醕ter integrador incorporados por la pol韙ica ambiental europea, evidencian la ineficacia del vigente sistema de intervenci髇 administrativa ambiental de actividades caracterizado por un tratamiento preferentemente sectorial, que conlleva, por un lado, la intervenci髇 de diferentes administraciones p鷅licas sobre una misma actividad y, por otro, una extensa gama de procedimientos administrativos y, consecuentemente, de autorizaciones y pronunciamientos ambientales.

IV

A la vista de lo anteriormente expuesto, esta ley define, reestructura y clarifica el sistema autorizatorio ambiental vigente en la Comunitat Valenciana, con el objeto de implantar un nuevo modelo de intervenci髇 administrativa ambiental aplicable a todo tipo de actividades que puedan afectar al medio ambiente, caracterizado por la adopci髇 de un enfoque integrado y preventivo en el tratamiento de la contaminaci髇, as� como por su coordinaci髇, simplicidad y agilidad, reduciendo, de este modo, las cargas burocr醫icas que el administrado est� obligado a soportar previamente a la puesta en marcha y funcionamiento de una actividad.

V

El n鷆leo fundamental de la ley lo conforma la regulaci髇 de los tres procedimientos de intervenci髇 administrativa ambiental a los que deber醤 someterse las instalaciones donde se desarrollen alguna de las actividades incluidas en su 醡bito de aplicaci髇, de acuerdo con su incidencia ambiental. Estos instrumentos son: la autorizaci髇 ambiental integrada, la licencia ambiental, y la comunicaci髇 ambiental.

Como respaldo y garant韆 de la aplicaci髇 y efectividad de lo dispuesto en esta ley, se incorporan los mecanismos de inspecci髇, vigilancia y control medioambiental, as� como un r間imen sancionador.

VI

De igual modo, cabe se馻lar que esta ley tambi閚 especifica el reparto de funciones entre los 髍ganos de la administraci髇 actuante y dem醩 administraciones involucradas, evitando, de esta manera, la superposici髇 y duplicidad de tr醡ites en los procedimientos resolutorios de los instrumentos de intervenci髇 administrativa ambiental aqu� regulados.

VII

De acuerdo con este nuevo sistema, la resoluci髇 de los procedimientos de autorizaci髇 ambiental integrada para aquellas industrias o actividades de alta incidencia ambiental, las contempladas en el anexo I de esta ley y coincidentes con las del anexo I de la Ley16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇, corresponde a La Generalitat.

Dado que la autorizaci髇 ambiental integrada aspira a refundir, en una sola, todas las autorizaciones de car醕ter ambiental necesarias para la puesta en funcionamiento de las instalaciones industriales, con objeto de garantizar una visi髇 global e integrada de todas las facetas de la contaminaci髇 procedente de las mismas, l骻icamente han de tenerse en cuenta las responsabilidades ejecutivas que la legislaci髇 ordinaria viene atribuyendo en estas materias a las entidades locales, y, singularmente, las que se les asigna en el marco de la tradicional licencia de actividades calificadas.

La Ley 16/2002, de 1 de julio, ha resuelto el problema de la articulaci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada con las competencias locales implicadas de forma que ha previsto distintos momentos para la intervenci髇 de las autoridades locales: el informe urban韘tico previo, el informe de los ayuntamientos sobre los aspectos ambientales que sean de su competencia, y la licencia municipal de actividades calificadas, al dejar a salvo, tras la autorizaci髇 ambiental integrada, la resoluci髇 definitiva de la autoridad municipal, si bien la autorizaci髇 condiciona todo su posible contenido sustantivo al ser vinculante para la autoridad municipal 玞uando implique la denegaci髇 de licencias o la imposici髇 de medidas correctoras, as� como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el art韈ulo 22�.

La reserva estatal de la legislaci髇 b醩ica sobre medio ambiente aconseja incardinar la ley valenciana respecto a la estatal sobre la base de dos criterios fundamentales: la configuraci髇 de la legislaci髇 sobre actividades calificadas como legislaci髇 de desarrollo de la estatal, y el car醕ter de requisitos m韓imos que tienen los exigidos por el estado respecto de los que pueda establecer La Generalitat. En este sentido, en la presente ley, se parte de la consideraci髇 de que la autonom韆 local no s髄o puede garantizarse a trav閟 de una licencia propia, sino que queda incluso m醩 garantizada si el pronunciamiento final del ayuntamiento se sustituye por la emisi髇 de un informe previo a la concesi髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada y de car醕ter obstativo en todos los aspectos de competencia municipal, informe preceptivo en que el ayuntamiento puede hacer valer sus competencias, aunque sea en un procedimiento 鷑ico resuelto por la administraci髇 auton髆ica.

Nada hay en ello contrario a la autonom韆 local, teniendo en consideraci髇 a este respecto la previsi髇 del art韈ulo 62 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del R間imen Local, que en casos como 閟te justifica el modelo establecido: 獷n aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy dif韈il o inconveniente una asignaci髇 diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las leyes reguladoras de la acci髇 p鷅lica en relaci髇 con la misma asegurar醤, en todo caso, a las entidades locales su participaci髇 o integraci髇 en actuaciones o procedimientos conjuntamente con la administraci髇 del estado y/o con la de la comunidad aut髇oma correspondiente, atribuy閚dole a una de estas la decisi髇 final�.

VIII

En virtud de la competencia que corresponde a las comunidades aut髇omas para dictar, en materia de medio ambiente, normas adicionales de protecci髇 conforme al Estatuto de Autonom韆 de la Comunitat Valenciana y a la previsi髇 que de 閟tas efect鷄 la disposici髇 final quinta de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇, el r間imen de autorizaci髇 ambiental integrada se ampl韆 por la presente ley, con determinadas particularidades, a aquellas industrias o actividades incluidas en el anexo II que, por su potencial contaminante e incidencia ambiental, exigen igualmente refundir en una sola todas las autorizaciones necesarias, por motivos ambientales, para su puesta en funcionamiento, con objeto de garantizar una visi髇 global e integrada de todas las facetas de la contaminaci髇 procedente de las mismas. En este sentido, siguiendo el esquema dise馻do por la citada Ley 16/2002, y con el mismo fundamento de respeto a la autonom韆 local, se prev� la concesi髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada por el 髍gano auton髆ico competente con un informe previo del ayuntamiento, de car醕ter preceptivo y obstativo en todas las materias de su competencia, que sustituye al pronunciamiento final de 閟te.

IX

Consecuentemente con lo expuesto, la presente ley deroga la Ley 3/1989, de 2 de mayo, de La Generalitat, de Actividades Calificadas, si bien mantiene la vigencia del Nomencl醫or de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por el Decreto 54/1990, de 26 de marzo, mientras no se apruebe reglamentariamente la relaci髇 de actividades que lo sustituya. En este sentido, regula tambi閚 韓tegramente el procedimiento de concesi髇 de la licencia ambiental, instrumento aplicable a aquellas actividades no sujetas a autorizaci髇 ambiental integrada actualmente contempladas en el citado nomenclator, atribuyendo a todos los ayuntamientos la competencia para la tramitaci髇 y resoluci髇 del referido procedimiento. En este procedimiento se incluye un tr醡ite de informe ambiental que debe preceder al otorgamiento de la licencia ambiental. Este informe se emitir� por los ayuntamientos de municipios con poblaci髇 de derecho igual o superior a 50.000 habitantes, y tambi閚 por los ayuntamientos con poblaci髇 de derecho inferior a 50.000 e igual o superior a 10.000 habitantes, pero con la particularidad de que puedan solicitar que dicho informe, en atenci髇 a la insuficiencia de medios personales y t閏nicos, sea emitido por la Comisi髇 Territorial de An醠isis Ambiental Integrado. Para los municipios de poblaci髇 inferior a 10.000 habitantes se prev� que el informe ambiental lo emita la mencionada comisi髇, si bien se abre la posibilidad de que soliciten la delegaci髇 del ejercicio de dicha competencia cuando acrediten disponer de los medios personales y t閏nicos suficientes.

Finalmente, la ley deja tambi閚 en manos de los ayuntamientos la recepci髇 de la comunicaci髇 ambiental prevista para actividades inocuas no sujetas a licencia ambiental.

X

Siguiendo el modelo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇, la autorizaci髇 ambiental integrada incorpora en una 鷑ica resoluci髇 las autorizaciones y pronunciamientos sectoriales en materia de producci髇 y gesti髇 de residuos, y vertidos al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre desde tierra al mar, competencia del 髍gano auton髆ico. Asimismo, cuando el vertido al dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre conlleve la realizaci髇 de obras e instalaciones en la zona de servidumbre de protecci髇, se integra en la autorizaci髇 ambiental integrada el pronunciamiento del 髍gano auton髆ico competente en esta materia mediante un informe de car醕ter preceptivo y vinculante. De igual forma, este instrumento integrar� el pronunciamiento en materia de vertido de aguas residuales a las cuencas intercomunitarias, competencia de la administraci髇 general del estado.

Existen, adem醩, dos normativas que tambi閚 suponen una intervenci髇 administrativa de car醕ter preventivo y tienen una finalidad total o parcialmente ambiental, respecto de las cuales la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevenci髇 y control integrado de la contaminaci髇 (Directiva IPPC), no impuso su integraci髇 en el nuevo permiso integrado: la evaluaci髇 de impacto ambiental y la prevenci髇 en materia de accidentes graves. Respecto de la evaluaci髇 de impacto ambiental, la directiva citada declar� expresamente su aplicabilidad sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluaci髇 de las repercusiones de determinados proyectos p鷅licos y privados sobre el medio ambiente, limit醤dose a prever la posibilidad de incluir en la solicitud de permiso integrado o de adjuntar a la misma el estudio de impacto ambiental. Posteriormente, la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo, que modifica aqu閘la, a馻di� la posibilidad de establecer un procedimiento 鷑ico para cumplir los requisitos de las directivas relativas a evaluaci髇 de impacto ambiental y a la Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇. Respecto a accidentes graves, la Directiva IPPC tampoco impone la integraci髇 de esta intervenci髇 sectorial dentro del nuevo permiso integrado, sino que 鷑icamente se prev� la posibilidad de utilizar la informaci髇 presentada a estos efectos en el procedimiento para la obtenci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada.

Sin embargo, por una parte, parece lo m醩 razonable la tramitaci髇 simult醤ea en un mismo procedimiento de la evaluaci髇 de impacto ambiental y la autorizaci髇 ambiental integrada para agilizar los tr醡ites administrativos y tambi閚 por razones de fondo, pues la evaluaci髇 de impacto ambiental constituye un antecedente l骻ico, dada su naturaleza y su m醩 amplio objeto, de la autorizaci髇 ambiental integrada. Resulta tambi閚 adecuado, por otra parte, integrar procedimentalmente la autorizaci髇 ambiental integrada y las autorizaciones o controles preventivos basados en otros motivos, particularmente en materia de seguridad industrial y, concretamente, en accidentes graves. De hecho, esta ha sido la opci髇 del legislador estatal en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇, en cuyo art韈ulo 11.4 prev� que las comunidades aut髇omas dispondr醤 lo necesario para posibilitar la inclusi髇 en el procedimiento de otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada de las actuaciones en materia de evaluaci髇 de impacto ambiental cuando as� sea exigible y la competencia para ello sea de la comunidad aut髇oma; las actuaciones de los 髍ganos que, en su caso, deban intervenir en virtud de la normativa sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas; as� como aquellas otras actuaciones que est閚 previstas en la normativa auton髆ica ambiental.

Considerando todo lo expuesto, la presente ley incluye en el procedimiento de otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada el tr醡ite de evaluaci髇 de impacto ambiental cuando haya de efectuarla el 髍gano ambiental de la comunidad aut髇oma mediante un informe previo, de car醕ter preceptivo y vinculante, sustituy閚dose el procedimiento contemplado en la normativa vigente en materia de impacto ambiental por el establecido para el otorgamiento de la autorizaci髇 ambiental integrada.

Asimismo, la ley ha optado por incluir en el procedimiento para la obtenci髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada las decisiones de los 髍ganos que deban intervenir en virtud de la normativa sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, traduci閚dose en la petici髇 a las autoridades competentes de los informes correspondientes, de car醕ter preceptivo y vinculante, y la incorporaci髇 de sus resultados dentro de la autorizaci髇 ambiental integrada.

XI

Por otra parte, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevenci髇 y Control Integrados de la Contaminaci髇 prev� la posibilidad de incluir en el procedimiento de la autorizaci髇 ambiental integrada aquellas otras actuaciones que est閚 previstas en la normativa auton髆ica ambiental. Si bien es cierto que la normativa sobre suelo no urbanizable se inscribe en el marco de la normativa auton髆ica en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo, debe tenerse en cuenta la interrelaci髇 existente entre 閟ta y la normativa ambiental, as� como con la propia normativa reguladora de la autorizaci髇 ambiental integrada en cuanto exige la emisi髇 de un informe del ayuntamiento que acredite la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urban韘tico. En este sentido, la legislaci髇 sobre suelo no urbanizable exige, para los proyectos sometidos a declaraci髇 de inter閟 comunitario, la previa evaluaci髇 de su impacto ambiental, contemplando igualmente el sometimiento a informaci髇 p鷅lica y a audiencia de los propietarios de fincas colindantes, as� como la intervenci髇 de 髍ganos estatales y auton髆icos con competencias en la materia seg鷑 el tipo de actividad proyectada.

Parece, pues, igualmente razonable, por razones de eficacia y agilizaci髇 de procedimientos, al reiterarse en ellos tr醡ites coincidentes, as� como por cuestiones de fondo al constituir la evaluaci髇 de impacto ambiental un antecedente de la declaraci髇 de inter閟 comunitario, la impulsi髇 simult醤ea de aqu閘los tr醡ites en el procedimiento de concesi髇 de la autorizaci髇 ambiental integrada, recabando en 閟te la documentaci髇 necesaria conforme a la legislaci髇 sobre suelo no urbanizable cuando las instalaciones o actividades sometidas a dicho instrumento vayan a ubicarse en suelo no urbanizable com鷑 y requieran la declaraci髇 de inter閟 comunitario, respet醤dose en cualquier caso la decisi髇 de atribuci髇 de usos o aprovechamientos mediante dicha declaraci髇 por parte del 髍gano auton髆ico competente en materia de ordenaci髇 del territorio y urbanismo.

XII

La presente ley se dicta al amparo del mandato legal de protecci髇 del medio ambiente recogido en el art韈ulo 45 de la Constituci髇 espa駉la y en virtud de las competencias recogidas en el art韈ulo 32.6 del Estatuto de Autonom韆 de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Ley Org醤ica 5/1982, de 1 de julio, para el desarrollo legislativo y ejecuci髇 de la legislaci髇 medioambiental b醩ica del Estado, en los t閞minos que la misma establezca, y el dictado de normas adicionales de protecci髇 en materia de medio ambiente. Asimismo, se dicta en virtud de la competencia exclusiva que el Estatuto contempla para dictar las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades de la organizaci髇 de La Generalitat. La vocaci髇 de esta ley es convertirse en un marco normativo esencial dentro del ordenamiento de la Comunitat Valenciana para la prevenci髇, reducci髇 y minimizaci髇 de los efectos adversos sobre el medio ambiente derivados de la puesta en marcha y funcionamiento de las industrias o actividades que vayan a desarrollarse en el 醡bito de la comunidad.

XIII

La ley consta as� de 94 art韈ulos estructurados en seis t韙ulos.

El t韙ulo preliminar recoge las disposiciones generales de la ley que permitir醤, a los 髍ganos competentes y a los particulares afectados, tanto su correcta aplicaci髇 a trav閟 de la delimitaci髇 precisa de su objeto y de su 醡bito de aplicaci髇, como su adecuada interpretaci髇 mediante la definici髇 de aquellos aspectos que se consideran claves para el cumplimiento de la misma. De igual forma, se recogen los instrumentos de intervenci髇 ambiental que conforman el n鷆leo de esta ley; la sustituci髇 del r間imen aplicable en materia de actividades calificadas, la coordinaci髇 con el r間imen en materia de suelo no urbanizable, actividades potencialmente contaminadoras de la atm髎fera, residuos e industria, as� como las prescripciones necesarias en materia de impacto ambiental, 髍ganos competentes y registro ambiental.

El t韙ulo I recoge el r間imen jur韉ico de la autorizaci髇 ambiental integrada destinada a regular el ejercicio de las actividades de mayor potencial contaminador, y que se recogen en el anexo I de la ley, y las del anexo II que, aunque de menor potencial contaminador, son susceptibles de generar impactos considerables y exigen igualmente refundir en una sola todas las autorizaciones necesarias para su puesta en funcionamiento, con objeto de garantizar una visi髇 global e integrada de todas las facetas de la contaminaci髇 procedente de las mismas.

El t韙ulo II regula el r間imen de la licencia ambiental necesaria para el ejercicio de aquellas actividades de moderado impacto ambiental que, no estando sometidas a autorizaci髇 ambiental integrada, se incluyan en la relaci髇 de actividades que deber� aprobarse reglamentariamente y que, entre tanto, se encuentren incluidas en el vigente nomencl醫or de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. La tramitaci髇 y resoluci髇 de la licencia ambiental corresponde al ayuntamiento en cuyo territorio vaya a ubicarse la actividad.

Es necesario se馻lar que no queda comprendida en esta licencia la autorizaci髇 de vertido a cuenca intercomunitaria competencia de la administraci髇 general del estado, en caso de que sea necesaria, ni las autorizaciones o informes de car醕ter sectorial que corresponda otorgar a los 髍ganos de La Generalitat en materia de residuos, vertidos desde tierra al mar y, en su caso, autorizaci髇 de uso de la zona de servidumbre de protecci髇 del dominio p鷅lico mar韙imo-terrestre, accidentes graves, suelo no urbanizable y cualquier otro pronunciamiento de car醕ter sectorial, debiendo obtenerse dichas autorizaciones o informes preceptivos, en su caso, con car醕ter previo a la concesi髇 de la licencia ambiental.

El t韙ulo III contempla las disposiciones comunes a la autorizaci髇 ambiental integrada y a la licencia ambiental, estableciendo el r間imen aplicable a la modificaci髇 de las instalaciones autorizadas, la revisi髇 anticipada y modificaci髇 de los instrumentos de intervenci髇 ambiental otorgados y dem醩 incidencias relativas a dichos instrumentos.

El t韙ulo IV regula la autorizaci髇 de inicio de la actividad que debe obtenerse con car醕ter previo a 閟te por parte de los 髍ganos que hubieran concedido la autorizaci髇 ambiental integrada o licencia ambiental. En el supuesto de esta 鷏tima, se trata de la licencia de apertura hasta ahora regulada en la Ley 3/1989, de 2 de mayo, de Actividades Calificadas. En el caso de las actividades sujetas a autorizaci髇 ambiental, de nueva regulaci髇 en esta ley, se ha considerado necesario exigir igualmente una autorizaci髇 de puesta en marcha de la instalaci髇 para la comprobaci髇 de que 閟ta se ajusta al proyecto autorizado, siendo competente para resolver sobre ella el 髍gano que ha concedido la autorizaci髇 ambiental.

El t韙ulo V recoge el r間imen jur韉ico de la comunicaci髇 ambiental. Para aquellas actividades no sometidas a autorizaci髇 ambiental integrada ni a licencia ambiental el 鷑ico requisito que se les exige, dado su escasa incidencia ambiental, es el de comunicar al ayuntamiento en cuyo territorio vayan ubicarse, su puesta en marcha y funcionamiento.

En el t韙ulo VI, dedicado a la disciplina ambiental, recoge el r間imen de control e inspecci髇 de las actividades y el r間imen sancionador aplicable. No puede entenderse completo un sistema de intervenci髇 administrativa ambiental sin articular las medidas necesarias que faciliten a la administraci髇 ejercer competencias de control sobre las actividades. Esta labor de intervenci髇 administrativa ejercida sobre las actividades no finaliza con el mero otorgamiento del correspondiente instrumento de intervenci髇 ambiental, sino que va m醩 all�, continuando durante la vida operativa de la actividad, a trav閟 del control y la vigilancia.

El r間imen sancionador aplicable tiene como finalidad, aparte de garantizar la sanci髇 de las infracciones que se puedan cometer y que los responsables reparen los da駉s realizados al medio, pretende actuar como mecanismo disuasorio para el posible infractor. De igual modo, es necesario se馻lar que se especifica la distribuci髇 de competencias entre las administraciones de la Comunitat Valenciana en cuanto a la potestad sancionadora.

XIV

La ley se completa con dos disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria, seis disposiciones finales y dos anexos.

Menci髇 especial merece la introducci髇 de la disposici髇 final quinta, que modifica la duraci髇 m醲ima y el r間imen del silencio administrativo de determinados procedimientos administrativos establecidos en la tabla del anexo de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de La Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gesti髇 Administrativa y Financiera, y de Organizaci髇 de La Generalitat, e introduce tambi閚 una nueva regulaci髇 en este sentido para algunas de las actividades de gesti髇 de neum醫icos fuera de uso establecida en el Decreto 2/2003, de 7 de enero, del Consell de La Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de la Producci髇, Posesi髇 y Gesti髇 de los Neum醫icos Fuera de Uso en la Comunitat Valenciana

Se trata, por una parte, de determinados procedimientos administrativos relativos a actividades de gesti髇 de residuos peligrosos, en los que el silencio administrativo ten韆 efectos estimatorios y la experiencia adquirida en la tramitaci髇 de los correspondientes expedientes aconseja que no queden autorizadas estas actividades sin un acto administrativo expreso en que se concreten las condiciones t閏nicas y las medidas adecuadas, con el oportuno control por parte de la administraci髇, que asegure que las mismas se desarrollan con todas las garant韆s de seguridad para el medio ambiente y la salud de las personas.

Del mismo modo, se considera que los neum醫icos fuera de uso tienen ciertos condicionantes en cuanto a volumen, composici髇, inflamabilidad, etc., que hace necesario establecer las suficientes garant韆s y un control riguroso en las actividades de gesti髇, sobre todo en lo relativo al almacenamiento y tratamiento de los mismos, que aconseja igualmente modificar el sentido del silencio administrativo, o los plazos de resoluci髇 de los correspondientes procedimientos administrativos en los t閞minos indicados en la mencionada disposici髇 final.