Primera Establecimiento de un punto de información catastral

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Tarragona (en adelante, Colegio) se compromete a prestar el servicio de acceso electrónico a la información catastral mediante el establecimiento en su sede de Tarragona de un Punto de Información Catastral, en las condiciones establecidas en el artículo 72 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en la Resolución de la Dirección General del Catastro de 24 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el régimen jurídico de establecimiento y funcionamiento de la Oficina Virtual del Catastro y de los Puntos de Información Catastral.

El Punto de Información Catastral, permitirá la consulta y certificación electrónica de la información incorporada a la Base de Datos Nacional del Catastro por los titulares catastrales, sus representantes y personas autorizadas por ellos. Será gestionado por el Colegio, mediante el acceso a la Sede Electrónica del Catastro para el que será necesario el previo consentimiento expreso, específico y por escrito del titular catastral de los inmuebles, según establece el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Las solicitudes de información catastral y la documentación que debe acompañarlas podrán presentarse en el Punto de Información Catastral por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Igualmente, la información catastral podrá entregarse al solicitante por los mismos medios.

Con la periodicidad que acuerde la Comisión mixta de vigilancia y control, y como máximo, mensualmente, se remitirá por el Colegio a la Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona, a efectos de su control, las solicitudes presentadas por los interesados y la documentación que las acompañe, entre la que se encontrará la del consentimiento, a que se refiere el párrafo anterior, del titular catastral, todo lo cual podrá realizarse por medios telemáticos, en cuyo caso el Colegio conservará la documentación original a disposición de dicha Gerencia del Catastro.

Segunda Información sobre los valores y precios

Mensualmente el Colegio se compromete a facilitar electrónicamente a la Dirección General del Catastro la información sobre los precios de oferta de las transacciones inmobiliarias de compraventa y de alquiler correspondientes a los inmuebles que hayan sido encomendadas a sus colegiados, así como de las peritaciones efectuadas, de acuerdo con el formato que figura en el Anexo u otro específico que pueda acordarse, todas ellas debidamente identificadas mediante su referencia catastral.

Tercera Obtención de la referencia catastral y su consignación en los contratos de compraventa, arras y alquiler

El Colegio se compromete a promover entre sus colegiados la necesidad de consignar en los contratos de compraventa, arras y alquiler la referencia catastral de los bienes inmuebles que sean su objeto y en los que los administradores de fincas intervengan profesionalmente. A tal efecto, los colegiados, por sí o a través del Colegio, podrán obtener electrónicamente, a través de la Sede Electrónica del Catastro, las referencias catastrales asignadas a los bienes inmuebles.

Cuarta Presentación de declaraciones

Los colegiados, actuando como mandatarios de los obligados tributarios, podrán presentar las declaraciones catastrales correspondientes a aquellas alteraciones inmobiliarias que éstos les encomienden, siempre que correspondan a alteraciones inmobiliarias localizadas en municipios cuyos Ayuntamientos no se hayan acogido al procedimiento de comunicación previsto en el artículo 14. b del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario o por hechos, actos o negocios jurídicos sobre los que no se haya establecido el citado procedimiento.

Previamente a su presentación, los colegiados deberán remitir al Colegio las declaraciones catastrales para la comprobación y verificación de la calidad de los datos consignados y de la documentación aportada. Cuando las declaraciones se hubieran cumplimentado incorrectamente o no se hubiera aportado la documentación preceptiva, el Colegio procederá a su devolución para que sean subsanados los defectos que se hubieren observado.

Realizado este trámite, el Colegio o los propios colegiados presentarán las declaraciones en la correspondiente Gerencia del Catastro, o bien directamente en el Ayuntamiento del municipio en el que se ubiquen los inmuebles, siempre que dicho Ayuntamiento haya suscrito un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro para la tramitación de las declaraciones catastrales.

A estos fines, el Colegio y la Gerencia Territorial del Catastro podrán acordar, en el seno de la Comisión mixta de vigilancia y control, el procedimiento de registro de documentos que se estime más adecuado para garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentariamente establecidos para la presentación de declaraciones ante el Catastro o sus entidades colaboradoras.

Quinta Recepción de la información sobre los errores detectados en la base de datos del catastro

El Colegio se compromete, además, a la remisión electrónica y periódica de información relativa a las discrepancias detectadas en las descripciones catastrales de los bienes inmuebles que sean objeto de transacciones inmobiliarias en las que intervengan profesionalmente sus colegiados. En las mismas condiciones habrá de remitir la información sobre las diferencias detectadas en la cartografía catastral. Dichos suministros de información se realizarán a la Dirección General del Catastro en los términos en que se acuerden por la Comisión mixta de vigilancia y control del presente Convenio.

Sexta Acceso a los datos catastrales protegidos.l

Los administradores de fincas colegiados, pertenezcan o no al Colegio que gestiona el PIC, podrán acceder electrónicamente a los datos catastrales protegidos de los bienes inmuebles objeto de las transacciones inmobiliarias en las que intervengan, con el consentimiento de los titulares catastrales, a través del Punto de Información Catastral y en las condiciones establecidas en la cláusula primera de este Convenio.

Séptima Protección de datos de carácter personal

El Colegio en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio, adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, al Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla dicho texto refundido, así como a la Resolución de la Dirección General del Catastro de 24 de noviembre de 2008, por la que se aprueba el régimen jurídico de establecimiento y funcionamiento de la Oficina Virtual del Catastro y de los Puntos de Información Catastral.

Octava Régimen jurídico

El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el citado texto refundido.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, este convenio se rige, en todo lo no dispuesto en él, por los principios derivados de la citada Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, así como por las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, para resolver los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios que, con motivo del ejercicio de las funciones pactadas, el Colegio o sus colegiados puedan causar a la Dirección General.

Novena Comisión Mixta de Vigilancia y Control

Se constituirá una Comisión mixta de vigilancia y control que, formada por dos miembros de cada parte, será presidida por el Gerente Territorial del Catastro de Tarragona o el funcionario en quien delegue y que velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas y resolverá las cuestiones que puedan plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del convenio.

La Comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formalmente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente Convenio. Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, la Comisión mixta de vigilancia y control se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e instrucciones que considere oportunas.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 64.6 y 67 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.

Décima Suspensión del Convenio

Cuando la Gerencia detecte que se ha producido un uso indebido de la información catastral protegida por parte del Colegio, o dispusiera de indicios fundados de alguna posible infracción de los requisitos y reglas que rigen el acceso a dicha información y su difusión, procederá, como medida cautelar, a acordar la suspensión de la vigencia del convenio en cuanto a este tipo de accesos se refiere e iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones tendentes a verificar las circunstancias en que se hayan producido los hechos de que se trate. El resultado de las comprobaciones efectuadas se pondrá en conocimiento de la Dirección General del Catastro, que resolverá según proceda.

Undécima Vigencia, eficacia y denuncia del Convenio

De conformidad con los artículos 66 y 67 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, el presente convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta el 15 de febrero de 2017, prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos anuales, salvo que sea objeto de suspensión o denuncia.

La denuncia del Convenio podrá formularse por cualquiera de las partes en cualquier momento, previa comunicación a las demás con una antelación mínima de un mes. Surtirá efecto, salvo acuerdo en otro sentido, una vez transcurrido dicho plazo.