Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protecci髇 de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica

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Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 16 de marzo de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 998-2021, contra diversos incisos y preceptos del pre醡bulo y la disposici髇 final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero (獴.O.E.� 23 marzo).LE0000692474_20210323

V閍se la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protecci髇 de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica (獴.O.E.� 1 marzo).LE0000720619_20220302

V閍se la Res. de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 1/2021, de 19 de enero, de protecci髇 de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica (獴.O.E.� 11 febrero).LE0000688624_20210211

I

El art韈ulo 51.1 de la Constituci髇 Espa駉la establece que los poderes p鷅licos garantizar醤 la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg韙imos intereses econ髆icos de los mismos.

Para el efectivo cumplimiento de dicho mandato, se han de considerar las consecuencias provocadas en el 醡bito social y econ髆ico por la pandemia del COVID-19, con graves repercusiones en diferentes 醡bitos sectoriales, que han afectado especialmente a las relaciones de consumo y, en consecuencia, a la protecci髇 de las personas consumidoras y usuarias, cuya garant韆 en estas condiciones incumbe prioritariamente a los poderes p鷅licos y obliga a la adopci髇 de actuaciones espec韋icas.

En tal sentido resulta urgente considerar el concepto de persona consumidora vulnerable en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias, atendiendo a este mandato constitucional, en el sentido de garantizar con un grado mayor de protecci髇 a los derechos en determinados supuestos en los que la persona consumidora se ve afectada por una especial situaci髇 de vulnerabilidad que puede incidir en su toma de decisiones e, incluso, forzarla a aceptar ciertas condiciones contractuales que en otra situaci髇 no aceptar韆. Esta figura ya ha sido recogida en la normativa auton髆ica y, si bien esta necesidad ya era patente antes de que aconteciera esta crisis sanitaria mundial, la actual situaci髇 ha ahondado en la urgente necesidad de protecci髇 de estas personas que puedan encontrarse en especial situaci髇 de vulnerabilidad en una relaci髇 de consumo.

Por tanto, se incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, que deber� ser objeto de especial atenci髇 tanto por parte de autoridades p鷅licas como de empresas privadas en las relaciones de consumo. M醩 all� de la tradicional alusi髇 a la situaci髇 econ髆ica de las personas consumidoras a la hora de determinar su situaci髇 de vulnerabilidad, se constatan diversas situaciones en las que, agravadas por la actual situaci髇 de crisis sanitaria, las circunstancias sociales o personales hacen que se encuentren en una especial situaci髇 de subordinaci髇, indefensi髇 o desprotecci髇 en sus relaciones de consumo, tal como ha recordado recientemente la Comisi髇 Europea con la publicaci髇 de la Comunicaci髇, de 13 de noviembre de 2020, sobre la Nueva Agenda del Consumidor: 玆eforzar la resiliencia del consumidor para una recuperaci髇 sostenible�. Por consiguiente, es necesario que la normativa estatal recoja de forma urgente la previsi髇 de las circunstancias que generan que los derechos de estas personas consumidoras necesiten una protecci髇 reforzada.

La Nueva Agenda del Consumidor presenta la visi髇 de la pol韙ica europea de consumo para el periodo 2020-2025. Entre sus finalidades, adem醩 de abordar las necesidades actuales de las personas consumidoras ante la pandemia, se subraya la promoci髇 de medidas para un mercado 鷑ico m醩 ecol骻ico, digital y justo, fortaleciendo la confianza y toma de decisiones de los consumidores, as� como la protecci髇 eficaz de sus intereses en las relaciones de consumo. La Agenda asume un enfoque hol韘tico que abarca aquellas pol韙icas de la Uni髇 Europea que revisten especial inter閟 para las personas consumidoras, complementando otras iniciativas como el Pacto Verde Europeo, la Econom韆 Circular o, en el marco de Naciones Unidas, la Agenda 2030.

Para alcanzar sus objetivos, la Agenda cubre cinco 醡bitos prioritarios: a) la transici髇 ecol骻ica; b) la transformaci髇 digital; c) la tutela y defensa de los derechos de los consumidores; d) las necesidades espec韋icas de determinados grupos de consumidores; y e) la cooperaci髇 internacional. Entre ellos, el tercero y el cuarto son los que establecen el marco adecuado para la modificaci髇 urgente del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

La tutela eficaz de los derechos de las personas consumidoras se ha vuelto m醩 acuciante tras el impacto social y econ髆ico que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre las pr醕ticas de consumo. La Comisi髇 Europea alerta en su Comunicaci髇 sobre el aumento de pr醕ticas comerciales desleales, lo que motiva la necesidad de implantar medidas coordinadas con los Estados miembros para garantizar la protecci髇 de los derechos de los consumidores en un entorno cada vez m醩 digital. En esta l韓ea, la Nueva Agenda del Consumidor subraya la necesidad de abordar las necesidades espec韋icas de consumidores que, por sus caracter韘ticas o circunstancias, requieran una mayor protecci髇 para garantizar la toma de decisiones en las relaciones concretas de consumo acorde con sus intereses.

Entre ellas, en la Agenda se destacan las siguientes: la necesidad de garantizar tanto la asequibilidad de los productos, bienes y servicios, como la disponibilidad de un informaci髇 clara, accesible y f醕il de manejar sobre ellos; la adopci髇 de un enfoque justo y no discriminatorio en la transformaci髇 digital; la educaci髇 permanente, la sensibilizaci髇 y la formaci髇, especialmente a ni駉s, ni馻s y menores de edad; o la protecci髇 frente a pr醕ticas discriminatorias por raz髇 de g閚ero. En suma, la Nueva Agenda del Consumidor coloca en el centro de sus pol韙icas y medidas la protecci髇 de las personas consumidoras que, por encontrarse en una situaci髇 de vulnerabilidad, no puedan adoptar una decisi髇 acorde con sus intereses en una relaci髇 de consumo.

El concepto de consumidor vulnerable recogido en la Nueva Agenda del Consumidor se fundamenta en los estudios te髍icos e investigaciones emp韗icas desarrolladas en los 鷏timos a駉s sobre la vulnerabilidad espec韋icamente referida al 醡bito del consumo. Dichos avances en el plano acad閙ico y en la literatura utilizada por las instituciones internacionales confluyen en una noci髇 de vulnerabilidad en consumo entendida como la probabilidad ex ante de que una determinada persona obtenga un posible resultado negativo en su relaci髇 de consumo.

En particular, la probabilidad de que una persona consumidora obtenga resultados negativos en sus relaciones de consumo vendr� condicionada por aspectos tales como la dificultad para obtener o asimilar informaci髇, una menor capacidad para comprar, elegir o acceder a productos adecuados, o una mayor susceptibilidad a dejarse influir por pr醕ticas comerciales. Dado que la clave para que las pol韙icas de protecci髇 a las personas consumidoras vulnerables sean eficaces reside en su capacidad de actuar de forma preventiva, identificando a las personas o colectivos que tienen mayor probabilidad de verse afectados por esas contingencias antes de que el posible resultado negativo se produzca, gran parte de la literatura especializada se ha centrado en la identificaci髇 de los factores que determinan dicha vulnerabilidad.

Aunque la identificaci髇 de los factores de vulnerabilidad de consumo ha dado lugar a m鷏tiples tipolog韆s, existen algunos consensos b醩icos dentro del mundo acad閙ico.

En primer lugar, se asume que la situaci髇 de vulnerabilidad no se deriva de circunstancias estrictamente personales, sino que hay que considerar aspectos de origen demogr醘ico, social e, incluso, relacionados con cada entorno de mercado concreto.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, hay consenso general en que las condiciones que predisponen a la vulnerabilidad en las relaciones de consumo exceden el plano de lo estrictamente econ髆ico, tradicionalmente aproximado con indicadores del nivel de renta. Los primeros avances te髍icos en este sentido datan de los a駉s noventa del siglo pasado y se derivan de estudios centrados en el an醠isis de la vulnerabilidad de consumo en mercados espec韋icos como el de productos farmac閡ticos o el alimentario. En estos casos se evidenciaba con nitidez c髆o factores tanto de 韓dole biol骻ico como cultural ten韆n una importancia crucial para estimar la vulnerabilidad en sus relaciones de consumo de ciertos individuos o colectivos.

Posteriores investigaciones han venido confirmando que la multidimensionalidad de la vulnerabilidad de consumo, es decir, su relaci髇 con factores de distintas dimensiones, afecta a todos los 醡bitos de consumo, siendo especialmente patentes en algunos sectores de consumo espec韋icos como el financiero, el energ閠ico o el de comercio electr髇ico.

En tercer lugar, los estudios acad閙icos conciben la vulnerabilidad en el 醡bito del consumo como un concepto din醡ico, en el sentido de que no define a las personas o a los colectivos como vulnerables de una forma estructural ni permanente. De esta forma, una persona puede ser considerada vulnerable en un determinado 醡bito de consumo, pero no en otros. Adem醩, esa condici髇 de vulnerabilidad podr� variar a lo largo del tiempo seg鷑 puedan hacerlo las condiciones que la determinan, tanto las de tipo personal como las sociales o de contexto. En definitiva, las investigaciones especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en alg鷑 momento de su vida respecto de alguna relaci髇 de consumo espec韋ica.

En consonancia con esta aproximaci髇 te髍ica y conceptual, se significa que la normativa europea conmina a proteger a las personas consumidoras vulnerables, no solo en relaci髇 con aspectos econ髆icos, como tradicionalmente se ha hecho en la normativa sectorial, sino tambi閚 en relaci髇 con aquellas otras circunstancias, tales como por ejemplo la edad, sexo, origen nacional o 閠nico, lugar de procedencia, las personas al閞gicas o con alg鷑 tipo de intolerancia alimenticia, las v韈timas de violencia de g閚ero, las familias monoparentales, las personas desempleadas, las personas con alg鷑 tipo de discapacidad, las personas enfermas, las minor韆s 閠nicas o lingsticas, las personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual, la poblaci髇 migrante o solicitante de protecci髇 internacional, as� como las personas con carencias econ髆icas o en riesgo de exclusi髇, o cualesquiera otras circunstancias que puedan incidir, generando desventaja, en sus relaciones de consumo. En este sentido ya se pronunci� el Parlamento Europeo, en su Resoluci髇 de 22 de mayo de 2012 sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables, o, junto con el Consejo, en el Reglamento 254/2014, de 26 de febrero de 2014, sobre el Programa plurianual de Consumidores para el per韔do 2014-2020, que apuesta claramente por la protecci髇 de las personas consumidoras vulnerables a trav閟 de la inclusi髇 de previsiones legislativas especiales.

Por consiguiente, es preciso tener en cuenta que son diversas las causas que determinan la posible situaci髇 de vulnerabilidad de las personas consumidoras y usuarias en atenci髇 a las espec韋icas relaciones de consumo que les afecten. Es importante se馻lar que las relaciones de consumo est醤 dise馻das sin tener en cuenta las necesidades y circunstancias de determinados colectivos de personas que enfrentan especiales obst醕ulos a la hora de desenvolverse y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. As�, el impacto de determinadas variables psicosociales en las relaciones de consumo (tales como la edad, sexo, origen nacional o 閠nico, lugar de procedencia o discapacidad, entre otras) coloca a las personas consumidoras en una situaci髇 de especial vulnerabilidad que reclama una protecci髇 reforzada de sus derechos. Asimismo, es preciso atender a circunstancias como el desconocimiento del idioma, el nivel de formaci髇 (bien sea general o espec韋ica de un sector del mercado), el lugar de residencia, la situaci髇 social, econ髆ica y financiera o, incluso, problemas asociados al uso de las nuevas tecnolog韆s como instrumento o v韆 de acceso normalizado al mercado de bienes y servicios. Adem醩, es importante tener en cuenta que varias causas o factores de los mencionados pueden operar simult醤eamente o interaccionar entre s�, incrementando en esos casos la situaci髇 de vulnerabilidad.

Todo ello supone la necesidad de considerar, entre los colectivos que pueden encontrarse en una especial situaci髇 de vulnerabilidad en las relaciones comerciales entre personas consumidoras y empresarios en Espa馻, a distintos grupos de personas.

Las personas mayores son uno de los grupos m醩 numerosos de consumidores en Espa馻. Seg鷑 los datos provisionales del Instituto Nacional de Estad韘tica (INE) de enero de 2020, hay 9.278.923 personas de 65 o m醩 a駉s para un total de poblaci髇 espa駉la de 47.332.614, lo que supone un 19,6 % del total de la poblaci髇. En muchas ocasiones, factores que pueden estar asociados a la edad, como el estado de salud, el desfase generacional o el nivel sociocultural, influyen en la posibilidad de las personas mayores para desenvolverse como personas consumidoras en igualdad de condiciones, principalmente en la sociedad de la informaci髇 actual. Adem醩, las personas mayores enfrentan en ocasiones barreras relacionadas con la forma en que se genera o proporciona la informaci髇 en las relaciones de consumo, increment醤dose el riesgo de que puedan ser inducidas a error, as� como barreras relacionadas con prejuicios y estereotipos asociados a la edad. Este desfase generacional que puede afectar a sus relaciones de consumo se observa, por ejemplo, respecto al consumo on line, puesto que el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 a駉s se sit鷄 por debajo del 60 %, muy lejos del 83,1 % del total de la poblaci髇 mayor de 16 a駉s, de acuerdo con datos del INE.

Asimismo, se visibiliza c髆o la vulnerabilidad tambi閚 tiene un componente transversal de g閚ero, puesto que en Espa馻 las mujeres cuya edad est� comprendida entre los 65 y los 99 a駉s constituyen el 57 % frente a los hombres. Adem醩, de acuerdo con informaci髇 proporcionada por el Instituto de las Mujeres, las mujeres de edad avanzada viven solas con m醩 frecuencia que los hombres, tienen ingresos m醩 bajos, sufren, en mayor medida, enfermedades cr髇icas, y tienen peor percepci髇 subjetiva de su salud y calidad de vida.

Entre otros obst醕ulos que impiden o dificultan el desarrollo en condiciones de igualdad en las relaciones de consumo, la cuesti髇 del g閚ero bien puede entenderse como otro de los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INE, las compras por internet por parte de las mujeres son 0,9 puntos porcentuales inferiores a las de los hombres. El hecho de que el g閚ero sea un factor estructural que posiciona en condici髇 de subordinaci髇 en el 醡bito econ髆ico se aprecia con claridad en los indicadores de capacidad econ髆ica, puesto que la renta neta anual media en los hogares es mayor en aquellos en los que la persona de referencia es un hombre (30.531 euros) que en los que lo es una mujer (25.198 euros). En relaci髇 con las pensiones, por ejemplo, y de acuerdo con datos del Ministerio de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones, la pensi髇 media de las mujeres en octubre de 2020 ascendi� a 813,52 euros por 1.235,18 euros de los hombres.

Asimismo, entre las dificultades que impiden el desarrollo en condiciones de igualdad en las relaciones de consumo por cuestiones de g閚ero, la violencia de g閚ero y la trata de mujeres y ni馻s con fines de explotaci髇 sexual han de ser contempladas en raz髇 de su especial incidencia. La violencia de g閚ero sit鷄 a las mujeres en riesgo de exclusi髇 social, frustrando sus posibilidades de inserci髇 en el mundo laboral o sus expectativas de independencia econ髆ica, todo ello como consecuencia del control que ejerce el agresor sobre las v韈timas mujeres. Seg鷑 datos de la Cruz Roja, el 84 % de las mujeres v韈timas de violencia de g閚ero est醤 en riesgo de pobreza y exclusi髇 social, lo que afecta de una forma directa a sus relaciones de consumo.

Adicionalmente, y en el 醡bito de la cuesti髇 de g閚ero, se encuentran las familias monoparentales. Estos colectivos, encabezados por mujeres en un 81 % de los casos, afrontan necesidades que los sit鷄n en una posici髇 de desigualdad en las relaciones de consumo. El 46,8 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusi髇 social y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media. Asimismo, las mujeres que encabezan estos hogares han de enfrentarse a situaciones de empleabilidad inestables, debido a las escasas posibilidades de conciliaci髇 que ofrecen las empresas, lo que provoca que muchas de ellas se puedan encontrar en situaci髇 de desempleo o de trabajo en situaci髇 irregular dada su condici髇.

Tambi閚 se debe prestar especial atenci髇 a la situaci髇 de los ni駉s, ni馻s y adolescentes que, de acuerdo con el INE, suponen el 17,6 % del total de la poblaci髇, siendo los menores de 16 a駉s el colectivo m醩 afectado por el riesgo de pobreza relativa seg鷑 la encuesta de condiciones de vida. En sus relaciones de consumo, los ni駉s, ni馻s y adolescentes, por ejemplo, presentan una mayor sensibilidad a la publicidad y a las pr醕ticas comerciales agresivas, disponen de menor capacidad para reconocer el peligro, pueden sentirse atra韉os por la apariencia de productos que entra馿n riesgos para su salud o seguridad, o pueden presentar mayor sensibilidad frente a la toxicidad de determinadas sustancias qu韒icas. Requieren, como la Nueva Agenda del Consumidor advierte, medidas de educaci髇 permanente, formaci髇 y sensibilizaci髇.

Igualmente es necesario hacer alusi髇 a las personas con discapacidad y c髆o puede afectar esta situaci髇 a sus relaciones de consumo. De acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonom韆 Personal y Situaciones de Dependencia, elaborada por el INE en 2008 (鷏timo informe disponible), el n鷐ero de personas con alguna discapacidad se elevaba a 3.847.900 personas, de las cuales 1.600.000 aproximadamente son menores de 65 a駉s.

Estas personas se pueden encontrar en diferentes situaciones de vulnerabilidad a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo dependiendo de la capacidad de respuesta. En tal sentido, estas personas est醤 m醩 expuestas a la quiebra y vulneraci髇 de sus derechos como personas consumidoras, por cuanto en muchas ocasiones el mercado de bienes, productos y servicios carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultando su desempe駉 como consumidores protegidos. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual pueden ver impedido el acceso a la informaci髇 que incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano.

Por otro lado, entre los factores que pueden afectar a la poblaci髇 en general, pero que son susceptibles de hacerlo especialmente a los colectivos que se han identificado previamente como en situaci髇 de particular vulnerabilidad, cabe aludir en primer lugar al nivel de renta de las personas consumidoras. En concreto, y seg鷑 la Encuesta de Condiciones de Vida del INE en el a駉 2019, la poblaci髇 en riesgo de pobreza o exclusi髇 social (tasa AROPE) se situ� en Espa馻 en el 25,3 %. Un dato que todav韆 no ten韆 en cuenta el impacto de la crisis econ髆ica debida a la COVID-19. Impacto que s� tiene en cuenta la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusi髇 Social (EAPN), cuando calcula que un 9,2 % de la poblaci髇, m醩 de cuatro millones de personas, sufre 玴obreza severa�, dato coincidente con los estudios de las asociaciones de consumidores, como OCU, que desvelan que un 10 % de las familias no llegan a fin de mes en 2020.

El nivel formativo y cultural tambi閚 puede incidir de forma importante en las relaciones de consumo, situando en posiciones de vulnerabilidad a aquellas personas consumidoras que cuentan con menores niveles de estudios. Es preciso tener en cuenta que, actualmente, hay en Espa馻 en torno a 577.600 personas analfabetas funcionales, seg鷑 el 鷏timo dato de la Encuesta de Poblaci髇 Activa, lo que incide de forma directa, por ejemplo, en su capacidad para poder entender de forma precisa la informaci髇 que se les facilita en sus relaciones de consumo.

Otro factor que cobra especial importancia es la brecha digital en las relaciones de consumo en la era digital. Si bien el avance tecnol骻ico ha supuesto en muchos aspectos una apertura a nuevas oportunidades de consumo, puede situar en una situaci髇 de vulnerabilidad al 4,7 % de la poblaci髇 que no tiene conexi髇 a internet. Pero no solo poder acceder a estos servicios es importante para poder desenvolverse en situaciones de igualdad en las relaciones de consumo, sino que adquirir habilidades y conocimientos tecnol骻icos es imprescindible para operar de forma adecuada en el comercio on line, aspecto que tambi閚 tiene un importante componente de edad, pues solo el 17,1 % de la poblaci髇 mayor de 74 a駉s hace uso diario de internet, de acuerdo con datos del INE.

De igual modo, el lugar de residencia tambi閚 puede ser una causa de vulnerabilidad en las relaciones de consumo. Aparte de la ya mencionada dificultad de acceso a servicios bancarios, pues seg鷑 el Banco de Espa馻 4.109 municipios espa駉les, el 51,8 % del total, no tienen acceso a ninguna oficina bancaria, tambi閚 es importante mencionar que los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 a駉s residentes en el 26,3 % de las ciudades de menos de 10.000 habitantes no tiene acceso a internet por banda ancha fija. Todas estas situaciones, adem醩, se han visto acrecentadas con la situaci髇 de crisis sanitaria derivada del COVID-19, que ha tra韉o aparejado un aumento del n鷐ero de personas consumidoras en situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica. As�, desde que se pusieron en marcha por el Gobierno de Espa馻 las distintas moratorias para tratar de paliar los efectos de la crisis sanitaria en la poblaci髇 econ髆icamente m醩 vulnerable y hasta el 30 de septiembre, de acuerdo con la informaci髇 del Banco de Espa馻, se han concedido 226.000 moratorias legales hipotecarias y 366.000 moratorias de cr閐itos al consumo. Asimismo, se han concedido 793.000 moratorias entre hipotecarias y no hipotecarias al amparo de un acuerdo marco sectorial bancario.

Por tanto, se ve c髆o son numerosas las causas tanto end骻enas como ex骻enas que pueden situar a una persona en situaci髇 de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo, no 鷑icamente sus circunstancias econ髆icas, como tradicionalmente se ha enfocado este asunto a nivel sectorial.

En consideraci髇 a cuanto ha quedado expuesto, los art韈ulos del presente real decreto-ley se refieren a las medidas urgentes adoptadas para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad que afectan a las personas consumidoras y usuarias.

As�, en su art韈ulo primero se procede a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

La modificaci髇 esencial del texto refundido es la que afecta al art韈ulo 3, en relaci髇 al concepto general de consumidor y usuario, con la finalidad de incluir la definici髇 de persona consumidora vulnerable.

As�, se determina que a los efectos de esta norma y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicaci髇, tienen la consideraci髇 de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas f韘icas que, de forma individual o colectiva, por sus caracter韘ticas, necesidades o circunstancias personales, econ髆icas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situaci髇 de subordinaci髇, indefensi髇 o desprotecci髇 que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.

Como consecuencia de esta previsi髇, de car醕ter esencial en el texto refundido al determinarse el concepto de persona consumidora vulnerable, se procede a modificar diversos art韈ulos de dicho texto con la finalidad de adecuar el r間imen de derechos de las personas consumidoras vulnerables en el 醡bito de aplicaci髇 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Con tal finalidad se incorpora la previsi髇 de esta categor韆, la de persona consumidora vulnerable, en los siguientes preceptos:

En el art韈ulo 8, sobre derechos b醩icos de los consumidores y usuarios, del que se procede a modificar su redacci髇 al objeto de prever lo relativo a los derechos de las personas consumidoras vulnerables.

Se introduce un nuevo apartado 3 en el art韈ulo 17, relativo al derecho a la informaci髇, formaci髇 y educaci髇 de los consumidores y usuarios, con la finalidad de considerar la referencia a las personas consumidoras vulnerables, de forma que se dispone que se prestar� especial atenci髇 a aquellos sectores que, debido a su complejidad o caracter韘ticas propias, cuenten con mayor proporci髇 de personas consumidoras vulnerables entre sus clientes o usuarios, atendiendo de forma precisa a las circunstancias que generan la situaci髇 de concreta vulnerabilidad.

Se modifica el apartado 2 del art韈ulo 18, dedicado al etiquetado y presentaci髇 de los bienes y servicios, al objeto de determinar que, sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente y de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicaci髇, que prestar醤 especial atenci髇 a las personas consumidoras vulnerables, todos los bienes y servicios puestos a disposici髇 de los consumidores y usuarios deber醤 ser de f醕il acceso y comprensi髇 y, en todo caso, incorporar, acompa馻r o, en 鷏timo caso, permitir obtener de forma clara y comprensible, informaci髇 veraz, eficaz y suficiente sobre sus caracter韘ticas esenciales, conforme se detalla en el mismo.

Con el mismo objeto se da nueva redacci髇 al art韈ulo 19, relativo a las pr醕ticas comerciales, de especial relevancia al objeto pretendido por el real decreto-ley, al disponerse que los leg韙imos intereses econ髆icos y sociales de los consumidores y usuarios deber醤 ser respetados en los t閞minos establecidos en esta norma, aplic醤dose, adem醩, lo previsto en las normas civiles y mercantiles, en las regulaciones sectoriales de 醡bito estatal, as� como lo previsto en la normativa comunitaria y auton髆ica que resulten de aplicaci髇, incorpor醤dose al texto refundido la referencia a que las pr醕ticas comerciales de los empresarios quedan sujetas a lo dispuesto en el texto refundido, en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci髇 del Comercio Minorista, no obstante la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicaci髇.

Al efecto se prev� que respecto a las pr醕ticas comerciales relativas a servicios financieros y bienes inmuebles, o en el 醡bito de las telecomunicaciones o energ閠ico, podr醤 establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protecci髇 al consumidor o usuario. Y que las pol韙icas p鷅licas que inciden en el 醡bito del consumo y las pr醕ticas comerciales orientadas a las personas consumidoras vulnerables estar醤 destinadas dentro del 醡bito de las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios a prever y remover las circunstancias que generan la situaci髇 de vulnerabilidad, as� como a paliar sus efectos, en particular en relaci髇 con las comunicaciones comerciales o informaci髇 precontractual facilitada, la atenci髇 post contractual o el acceso a bienes o servicios b醩icos.

Con la misma finalidad, se modifica el art韈ulo 20, relativo a la informaci髇 necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios, al objeto de precisar que, sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicaci髇, la informaci髇 necesaria a incluir en la oferta comercial deber� facilitarse a los consumidores o usuarios, principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, en t閞minos claros, comprensibles, veraces y en un formato f醕ilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensi髇 y permitan la toma de decisiones 髉timas para sus intereses.

Asimismo, se procede a modificar el art韈ulo 43, relativo a cooperaci髇 en materia de control de calidad, con la finalidad de dotar al texto de coherencia sem醤tica y gramatical en relaci髇 con la nueva figura de persona consumidora vulnerable.

Finalmente, se modifica el apartado 1 del art韈ulo 60, sobre informaci髇 previa al contrato, con la finalidad de prever de manera expresa lo relativo a la informaci髇 a las personas consumidoras vulnerables, concret醤dose que el empresario deber� facilitarle de forma clara y comprensible, la informaci髇 relevante, veraz y suficiente sobre las caracter韘ticas principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jur韉icas y econ髆icas, y estableci閚dose, sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicaci髇, los t閞minos y formato en que deba ser suministrada dicha informaci髇, principalmente cuando se trate de personas consumidoras vulnerables, para garantizar su adecuada comprensi髇 y que les permita la toma de decisiones 髉timas para sus intereses.

Por su parte, mediante el art韈ulo segundo, se procede a modificar la disposici髇 final primera del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, relativa al t韙ulo competencial, al objeto de adecuar su contenido en coherencia con las modificaciones operadas en el texto refundido vinculadas al car醕ter de normativa b醩ica estatal de los preceptos que son objeto de modificaci髇.

Las anteriores modificaciones se dictan al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado por la regla 13.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica.

Y ello atendiendo a que la competencia estatal sobre la ordenaci髇 general de la econom韆 ampara todas las normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza, orientadas al logro de una serie de fines, entre los que la doctrina constitucional [STC 34/2013, de 14 de febrero, FJ 4.b)] ha situado el de incidir en principios rectores de la pol韙ica econ髆ica y social (SSTC 95/2002, FFJJ 7 y 11, seguida por las SSTC 190/2002, de 17 de octubre; 228/2003 y 230/2003, ambas de 18 de diciembre), habi閚dose asimismo concretado que la competencia estatal sobre las bases y la coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica comprende no s髄o la ordenaci髇 del conjunto de la econom韆 sino tambi閚 la ordenaci髇 de cada sector o subsector de la actividad econ髆ica, y el Estado podr韆 as� actuar en sectores muy espec韋icos de la actividad econ髆ica sobre los que las comunidades aut髇omas tienen atribuidas competencias, conforme ha afirmado reiteradamente el Tribunal en relaci髇 con m鷏tiples sectores y subsectores econ髆icos (SSTC 225/1993, de 8 de julio, 16/2018, de 22 de febrero; 32/2018, de 12 de abril; 43/2018, de 26 de abril; 63/2018, de 7 de junio; 80/2018, de 5 de julio; 97/2018, de 19 de septiembre;102/2018, de 4 de octubre; 85/2015, de 30 de abril,).

II

Adem醩, el real decreto-ley incorpora determinadas modificaciones urgentes mediante sus disposiciones finales primera a cuarta.

La disposici髇 final primera procede a modificar el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19.

As�, se modifica el art韈ulo 1 bis introducido en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica en el 醡bito de la vivienda y en materia de transportes, con objeto de dar cobertura a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas econ髆icamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de t韙ulo para habitar una vivienda.

Esta modificaci髇 se ampara en la competencia exclusiva del Estado atribuida por la regla 6.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislaci髇 procesal.

La disposici髇 final segunda modifica la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021, de una parte, a efectos de derogar la disposici髇 adicional sexta, y, de otra parte, modificar el anexo XII. Bonificaciones Portuarias.

Se procede a la derogaci髇 de la disposici髇 adicional sexta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021, en materia de absorci髇 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, habida cuenta de la existencia de una regulaci髇 parcialmente coincidente de la absorci髇 de la financiaci髇 procedente de la Uni髇 Europea por parte de la Agencia Estatal de Investigaci髇 y el Centro para el Desarrollo Tecnol骻ico Industrial, organismos p鷅licos adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovaci髇, en la Disposici髇 adicional sexta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia. De esta manera, queda claro que la normativa aplicable en dicha materia ser� la contenida en el referido real decreto-ley.

Ello al amparo de la regla 16.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinaci髇 general de la investigaci髇 cient韋ica y t閏nica.

De otra parte, se modifica el anexo XII. Bonificaciones Portuarias, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021, con la finalidad de subsanar determinados errores de omisi髇 en los cuadros de diferentes autoridades portuarias y sus correspondientes textos al pie, porque sin dichas modificaciones no ser韆 posible una correcta liquidaci髇 de las tasas portuarias para el ejercicio 2021.

Las modificaciones introducidas se refieren a:

• – La inclusi髇 de un cuadro de las bonificaciones portuarias del art韈ulo 245.3, de la Autoridad Portuaria de Santander (que figura como anexo de este real decreto-ley).
• – La inclusi髇 de determinadas frases finales en las bonificaciones del art韈ulo 245.3 bis, de las Autoridades Portuarias de Barcelona, Motril y Vilagarc韆; y del art韈ulo 182, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Se trata de una modificaci髇 urgente con el objetivo de que las bonificaciones que no est醤 recogidas en el texto actual de dicha ley entren en vigor en menor plazo posible y puedan ser aplicadas de forma inmediata, coincidiendo con el ejercicio anual, y con ello sea posible una correcta liquidaci髇 de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.

La modificaci髇 del anexo XII de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021, se dicta de acuerdo con la regla 20.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de puertos de inter閟 general.

La disposici髇 final tercera se refiere a la habilitaci髇 para modificaciones de determinados preceptos del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P鷅lico Hidr醬lico, que desarrolla los t韙ulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Conforme a ello, las modificaciones del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P鷅lico Hidr醬lico, que desarrolla los t韙ulos preliminar, I, IV, V, VI y VII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, aprobadas mediante la disposici髇 final quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021, que afectan al 鷏timo p醨rafo del apartado a) del art韈ulo 300, al primer p醨rafo del art韈ulo 303, al 鷏timo p醨rafo del apartado a) del art韈ulo 307 y al primer p醨rafo del art韈ulo 310, podr醤 efectuarse mediante disposici髇 con rango de real decreto.

Se trata de salvaguardar el rango reglamentario de las disposiciones del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P鷅lico Hidr醬lico, que desarrolla los t韙ulos preliminar, I, IV, V, VI y VII, del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que se han modificado mediante la disposici髇 final quinta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021: 鷏timo p醨rafo del apartado a) del art韈ulo 300, al primer p醨rafo del art韈ulo 303, al 鷏timo p醨rafo del apartado a) del art韈ulo 307 y al primer p醨rafo del art韈ulo 310.

La disposici髇 final cuarta modifica los precios b醩icos del canon de control de vertidos del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Tiene por objeto modificar los precios b醩icos del canon de control de vertidos del segundo p醨rafo del art韈ulo 113.3 del texto refundido de la Ley de Aguas. El canon de control de vertidos se configura como un ingreso de los organismos de cuenca destinado al estudio, control, protecci髇 y mejora del medio receptor. Asimismo, su finalidad ambiental de protecci髇 de la calidad de las aguas del dominio p鷅lico hidr醬lico, aconseja armonizar su cuantificaci髇 con la fijada por la disposici髇 adicional nonag閟ima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021.

Todo ello atendiendo que la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021 contiene dos preceptos que regulan los mismos c醤ones con cuantificaciones diferenciadas:

Por una parte, la disposici髇 adicional nonag閟ima novena. Actualizaci髇 de los precios b醩icos del canon de control de vertidos, establece lo siguiente:

獵on efectos de 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, de conformidad con lo previsto en el p醨rafo segundo del apartado 3 del art韈ulo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el precio b醩ico por metro c鷅ico se fija en 0,01751 euros para el agua residual urbana y en 0,04377 euros para el agua residual industrial�.

Por su parte, el apartado dos de la disposici髇 final novena establece lo siguiente:

• Dos. Se da nueva redacci髇 al p醨rafo segundo del apartado 3 del art韈ulo 113, que queda redactado como sigue:

  獷l precio b醩ico por metro c鷅ico se fija en 0,01808 euros para el agua residual urbana y en 0,04520 euros para el agua residual industrial. Estos precios b醩icos podr醤 revisarse peri骴icamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.换

A fin de evitar las dificultades interpretativas y aplicativas, con los consiguientes problemas de recaudaci髇 y jurisdiccionales, se propone introducir esta disposici髇 final que modifique el p醨rafo segundo del apartado 3 del art韈ulo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, fijando en el mismo la cuant韆 del precio b醩ico para aguas residuales urbanas e industriales, respectivamente, y por otra parte, establecer de manera expresa que quedan sin efecto a partir de 1 de enero de 2021 las cuantificaciones de los precios b醩icos que difieran de lo previsto en esta redacci髇.

Las referidas disposiciones finales tercera y cuarta se dictan al amparo de las reglas 22.� y 23.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇, ordenaci髇 y concesi髇 de recursos y aprovechamientos hidr醬licos cuando las aguas discurran por m醩 de una comunidad aut髇oma y de legislaci髇 b醩ica sobre protecci髇 del medio ambiente, respectivamente.

III

El presente real decreto-ley se estructura en dos art韈ulos, cinco disposiciones finales y un anexo.

En el articulado se realizan las modificaciones precisas en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, as� como en el real decreto-legislativo aprobatorio de dicho texto.

Y por lo que se refiere a las disposiciones finales, se significa que:

La disposici髇 final primera procede a modificar el art韈ulo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19.

La disposici髇 final segunda modifica la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021.

La disposici髇 final tercera se refiere a la habilitaci髇 para modificaciones de determinados preceptos del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio P鷅lico Hidr醬lico que desarrolla los t韙ulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Por su parte, la disposici髇 final cuarta modifica los precios b醩icos del canon de control de vertidos del segundo p醨rafo del art韈ulo 113.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

La disposici髇 final quinta se refiere a la entrada en vigor, estableciendo su entrada en vigor para el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

El anexo se refiere al cuadro de las bonificaciones portuarias de la Autoridad Portuaria de Santander.

IV

El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopci髇 de medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval demanda la concurrencia material de una motivaci髇 expl韈ita y razonada de la necesidad y tambi閚 formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitaci髇 ordinaria de los textos normativos. Este real decreto-ley cumple aquella doctrina reiterada del Tribunal Constitucional contenida en m鷏tiples sentencias entre las que cabr韆 citar la 6/1983, de 4 de febrero, F 5; la 11/2002, de 17 de enero, F 4, la 137/2003, de 3 de julio, F 3 y la 189/2005, de 7 julio, F 3), entre otras muchas.

Su motivaci髇 material deriva de la necesidad de poder afrontar las graves consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas consumidoras atendiendo a la actual coyuntura econ髆ica y social. Y la extraordinaria y urgente necesidad forma parte del juicio pol韙ico y de oportunidad que corresponde al Gobierno (nuevamente SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3).

Las medidas adoptadas se consideran, adem醩, las necesarias con car醕ter imprescindible para atender a los intereses generales afectados, existiendo (STC 139/2016 de 21 julio, FJ 3) 玼na conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan� (as�, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo (RTC 1982, 29), FJ 3, hasta las m醩 recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio (RTC 2014, 96), FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre (RTC 2014, 183), FJ 4).

Este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

En relaci髇 con ello, mediante las modificaciones que se operan del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pretende reforzar la garant韆 de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en orden a proteger m醩 eficazmente los leg韙imos intereses de aquellos que se encuentran en una situaci髇 de vulnerabilidad, para el adecuado cumplimiento del mandato que a los poderes p鷅licos encomienda el art韈ulo 51.1 de la Constituci髇.

A tales efectos, la inclusi髇 de la figura de la persona consumidora vulnerable en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras y usuarias no afecta al r間imen general del principio rector recogido en el art韈ulo 51 de la Constituci髇, sino que, siguiendo dicho mandato constitucional, incorpora de forma expresa algunos elementos para la necesaria protecci髇 de personas y colectivos que, aunque ya se infer韆 de la normativa vigente, en determinadas ocasiones pod韆 no estar positivizada de tal forma que resultase efectiva, m醲ime en el marco de las extraordinarias circunstancias que se derivan del COVID-19.

En consecuencia, el objetivo pretendido es el de ampliar en todo caso la garant韆 de la debida protecci髇 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en situaci髇 de vulnerabilidad, y ello en el marco general del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge la definici髇 de consumidor y usuario con car醕ter general.

Se estima urgente y prioritario el poder hacerlo, en atenci髇 a las circunstancias actuales derivadas en particular de la pandemia, con la importante incidencia que est� teniendo en las diversas relaciones de consumo o de servicio en la que se encuentran consumidores y usuarios, y considerando, adem醩, que se act鷄 para el adecuado cumplimiento de los pronunciamientos de las instituciones comunitarias, que hacen expresa referencia a otros factores y circunstancias espec韋icas m醩 all� de la situaci髇 econ髆ica en la que se encuentran las personas consumidoras y usuarias como causas espec韋icas de su vulnerabilidad.

Como ha se馻lado recientemente la Comisi髇 Europea en la Nueva Agenda del Consumidor, de 13 de noviembre de 2020, las vulnerabilidades de los consumidores se han visto exacerbadas por la actual pandemia. De hecho, la propia Comisi髇 se馻la entre los impactos de la pandemia sobre los consumidores 玪a explotaci髇 de las vulnerabilidades financieras que exist韆n desde antes de la pandemia pero que se han vuelto m醩 acuciantes�. Y esto es as� porque, como se recoge expresamente, 玪a pandemia ha planteado retos significativos que afectan la vida cotidiana de los consumidores, sobre todo, en relaci髇 con la disponibilidad y la accesibilidad de productos y servicios, as� como los viajes hacia, desde y dentro de la UE�. Como punto importante derivado de la pandemia, la Comisi髇 tambi閚 llama la atenci髇 sobre 玡l aumento de las estafas a los consumidores, las t閏nicas de comercializaci髇 enga駉sas y el fraude en las compras en l韓ea, de los que han sido y siguen siendo v韈tima un n鷐ero creciente de consumidores�.

Por lo tanto, resulta urgente adecuar la normativa b醩ica estatal a tales requerimientos para as� adem醩 evitar la apertura de procedimientos por incumplimientos del Estado en esta materia que pudieran verse instados por las propias instituciones comunitarias o como consecuencia de demandas de las personas consumidoras y usuarias vulnerables afectadas, si se considerase que no est醤 adecuadamente protegidas.

Por otra parte, la urgencia deriva de la necesidad de garantizar un trato igualitario en la protecci髇 de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que se encuentren en situaci髇 de vulnerabilidad en relaci髇 con las relaciones de consumo que les afecten de manera particular. En tal sentido, se considera preciso con urgencia llevar a cabo la modificaci髇 del art韈ulo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que tiene car醕ter de normativa b醩ica estatal, por lo cual resultar� vinculante para las comunidades aut髇omas, en aras de determinar un m韓imo com鷑 de protecci髇 en todo el territorio de Estado de estas personas que precisan de una especial protecci髇, sin perjuicio de que las comunidades aut髇omas, en ejercicio de sus competencias, puedan prever en su normativa propia regulaciones que resulten m醩 favorables para las personas consumidoras y usuarias en situaci髇 de vulnerabilidad, pero no disminuir la protecci髇 que se les otorgue a las mismas en virtud el texto refundido.

Con la incorporaci髇 de esta definici髇 al art韈ulo 3 del texto refundido, que tiene car醕ter b醩ico, se da homogeneidad a la normativa horizontal de protecci髇 a las personas consumidoras, en l韓ea con los textos aprobados por las instituciones europeas, adem醩 de clarificarse su naturaleza no estructural, sino referida a relaciones de consumo espec韋icas. Asimismo, se evita la confusi髇 y falta de seguridad jur韉ica que pueda provocar el uso de diferentes t閞minos en la normativa estatal y auton髆ica para referirse a una misma realidad.

En la actualidad, el hecho de no contar con un cuerpo normativo a nivel nacional que proteja a las personas consumidoras vulnerables ante las infracciones de la normativa de consumo pone en una situaci髇 de especial desprotecci髇 a estas personas ante la actual pandemia, puesto que no se dispone de habilitaciones legales -m醩 all� de la figura del real decreto-ley- para poder desarrollar la normativa de protecci髇 de las personas consumidoras en aspectos tan importantes como la informaci髇 precontractual a facilitar en la contrataci髇 a distancia, la toma en cuenta de situaciones de vulnerabilidad en la interposici髇 de reclamaciones ante incumplimientos contractuales o la informaci髇 concreta a facilitar respecto determinados productos de protecci髇 frente a la COVID-19 cuando vayan destinados a determinados colectivos vulnerables.

De ah� la urgencia de incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, puesto que con ello se pal韆 una laguna de nuestra normativa que pod韆 suponer una clara desprotecci髇 de las personas consumidoras vulnerables ante los efectos de la actual pandemia.

Asimismo, esta modificaci髇 por la v韆 de urgencia es 髉tima desde el punto de vista de t閏nica normativa, porque ampara desarrollos m醩 r醦idos y eficaces de la ley para materias que no tienen rango de ley, sin tener que recurrir a la v韆 del real decreto-ley.

Por su parte, la urgente necesidad de incorporar al presente real decreto-ley las modificaciones incluidas en las disposiciones finales primera a cuarta se detalla a continuaci髇.

En cuanto a la modificaci髇 del art韈ulo 1 bis del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, que fue introducido mediante el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica en el 醡bito de la vivienda y en materia de transportes, deriva de la necesidad de dar cobertura inmediata a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas econ髆icamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de t韙ulo para habitar una vivienda.

Respecto a la urgencia de modificar la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2021, de una parte, a efectos de derogar la disposici髇 adicional sexta, se significa que la urgencia queda justificada habida cuenta de la existencia de una regulaci髇 parcialmente coincidente de la absorci髇 de la financiaci髇 procedente de la Uni髇 Europea por parte de la Agencia Estatal de Investigaci髇 y el Centro para el Desarrollo Tecnol骻ico Industrial, en la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, por lo que se precisa que la normativa aplicable ser� la contenida en el referido real decreto-ley.

De otra parte, es muy urgente proceder a la modificaci髇 de las bonificaciones portuarias para permitir que las bonificaciones que no est醤 recogidas en el texto actual de dicha ley entren en vigor cuanto antes, con el fin de que se puedan aplicar de forma inmediata, coincidiendo con el ejercicio anual, y con ello sea posible una correcta liquidaci髇 de las tasas portuarias para este ejercicio 2021.

Por lo que se refiere a las modificaciones a las que se refieren las disposiciones finales tercera y cuarta se significa que la extraordinaria y urgente necesidad de la modificaci髇 de los precios b醩icos del canon de control de vertidos se justifica en proporcionar seguridad jur韉ica a sus destinatarios, as� como en atenci髇 a la actual coyuntura econ髆ica, la cual requiere favorecer la actividad de los operadores afectados, en equilibrio con la pol韙ica de protecci髇 de la calidad de las aguas del dominio p鷅lico hidr醬lico (como se馻la por todas, el FJ 4.f) de la ya citada STC 61/2018, de 13 de junio).

Por su parte, la coherencia del ordenamiento jur韉ico respecto de la salvaguarda del rango reglamentario de las modificaciones del Reglamento del Dominio P鷅lico Hidr醬lico, se justifica en la necesidad de su concreci髇 玡n un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).

El real decreto-ley responde, asimismo, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. La necesidad y eficacia se apoyan en el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas de protecci髇 que se establecen para quienes son m醩 vulnerables en el 醡bito de los consumidores y usuarios, de modo que pueda garantizarse en el contexto de la situaci髇 actual, la adecuada defensa de sus derechos como personas consumidoras vulnerables que son objeto de especial protecci髇. Asimismo, las modificaciones que el real decreto-ley incorpora en los dem醩 醡bitos objeto de regulaci髇 se consideran necesarias dada la urgencia que presenta dar soluci髇 a las cuestiones puestas de manifiesto en cada caso. Se da cumplimiento tambi閚 el principio de proporcionalidad, porque contiene las medidas que se consideran imprescindibles para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados (STC 139/2016 de 21 julio). Es coherente con el vigente ordenamiento jur韉ico, en tanto que se procede a su modificaci髇 considerando las motivaciones manifestadas, ajust醤dose, por ello, al principio de seguridad jur韉ica y, por 鷏timo, en cuanto al principio de transparencia, esta norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica por tratarse de un real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta del Ministro de Consumo, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 19 de enero de 2021,

DISPONGO:

Art韈ulo segundo Modificaci髇 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

Se modifica el apartado 2 de la disposici髇 final primera del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que queda redactado del modo siguiente:

�2. Los art韈ulos 8, 9, 17.1 y 3, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los cap韙ulos III y V del t韙ulo I del libro primero y el t韙ulo IV del libro primero tienen car醕ter b醩ico al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el art韈ulo 149.1.1.�, 13.� y 16.� de la Constituci髇 Espa駉la.�

LE0000252285_20220714

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, se modifica en los siguientes t閞minos:

• Uno. Se modifica el t韙ulo y el apartado 1 del art韈ulo 1 bis, que quedan redactados de la siguiente manera:

  獳rt韈ulo 1 bis Suspensi髇 durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas econ髆icamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2�, 4� y 7� del art韈ulo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal

  1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta la finalizaci髇 del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagaci髇 de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas a las que se refieren los apartados 2.�, 4.� y 7.� del art韈ulo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la est閚 habitando sin ning鷑 t韙ulo habilitante para ello, el Juez tendr� la facultad de suspender el lanzamiento hasta la finalizaci髇 del estado de alarma.

  Estas medidas de suspensi髇 que se establecen con car醕ter extraordinario y temporal, dejar醤 de surtir efecto en todo caso en cuanto finalice el estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre.�

  LE0000662952_20220627
• Dos. Se modifican las letras b) y c) del apartado 7 del art韈ulo 1 bis, que quedan redactadas del modo siguiente:
  • 玝) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona f韘ica o jur韉ica que lo tenga cedido por cualquier t韙ulo v醠ido en derecho a una persona f韘ica que tuviere en 閘 su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
  • c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidaci髇 o violencia sobre las personas.�
  LE0000662952_20220627

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 18 de mayo de 2021, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 2222-2021, contra la disposici髇 final primera (獴.O.E.� 27 mayo).LE0000698700_20210527

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 de los precios b醩icos del canon de control de vertidos del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Se modifica el p醨rafo segundo del apartado 3 del art韈ulo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, que queda redactado de la siguiente forma:

獷l precio b醩ico por metro c鷅ico se fija en 0,01751 euros para el agua residual urbana y en 0,04377 euros para el agua residual industrial. Estos precios b醩icos podr醤 revisarse peri骴icamente en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.�

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