Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica en el 醡bito de la vivienda y en materia de transportes

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Sumario

V閍se la Res. de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica en el 醡bito de la vivienda y en materia de transportes (獴.O.E.� 4 febrero).LE0000688053_20210204

I

Espa馻 afronta retos importantes en el 醡bito de la vivienda, entre los que destaca la necesidad de dotarse de una legislaci髇 estatal en la materia que ofrezca soluciones estructurales y equilibradas, y que permitan avanzar en la garant韆 del derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el art韈ulo 47 de la Constituci髇 Espa駉la y, a nivel internacional, en la propia Declaraci髇 Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su art韈ulo 25 sit鷄 la vivienda como objeto de un derecho fundamental de todas las personas.

En este mismo plano estructural, se est� avanzando con un gran n鷐ero de Administraciones territoriales a trav閟 de diferentes acuerdos para incrementar de manera notable y en breve plazo el exiguo parque de vivienda social en alquiler que caracteriza nuestro pa韘, tal y como se pone de manifiesto en el 鷏timo bolet韓 especial del Observatorio de Vivienda y Suelo, en el que se constata que dicho parque apenas llega a las 290.000 viviendas en el conjunto de Espa馻, una cifra muy lejana a la necesaria para constituir un instrumento efectivo de apoyo social, y tambi閚 muy alejada del nivel de desarrollo de este tipo de parque en los principales pa韘es de nuestro entorno.

Sin embargo, en estos momentos, adem醩 de trazar el marco general y reforzar los instrumentos p鷅licos para abordar los retos de la vivienda, es preciso ofrecer respuesta inmediata a la grave situaci髇 de aquellas personas y hogares que est醤 experimentando con mayor crudeza los efectos de la pandemia, en un contexto marcado por la declaraci髇 de un estado de alarma para contener la propagaci髇 de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a trav閟 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagaci髇 de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que ha sido prorrogado en virtud del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y que se enfrentan a situaciones en las que uno de los derechos b醩icos como es la vivienda, corre serio peligro.

Para dar respuesta a esta situaci髇, ya se han adoptado importantes medidas que han permitido aliviar la situaci髇 de muchos hogares, entre las que pueden destacarse las introducidas a trav閟 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19. Entre ellas, se puede subrayar la introducci髇 de un periodo de suspensi髇 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos, cuando afecten a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional; la posibilidad de acogerse a una pr髍roga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda que finalicen en este periodo, en los mismos t閞minos y condiciones; en situaciones de vulnerabilidad, una pr髍roga o reducci髇 del alquiler cuando el arrendatario sea un gran tenedor; una l韓ea de ayudas transitorias de financiaci髇, sobre la base de una l韓ea de avales con garant韆 del Estado a trav閟 del ICO, que permite cubrir el pago de hasta seis mensualidades de alquiler; y se ha incrementado notablemente la dotaci髇 del actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incorporando un nuevo programa de ayuda y flexibilizando la gesti髇 del Plan para que las comunidades aut髇omas puedan dar soluciones, de forma 醙il, a las situaciones de vulnerabilidad en el 醡bito de la vivienda.

Adem醩, debe destacarse que se trata de medidas que se han ido adaptando de forma progresiva a la realidad y evoluci髇 de la situaci髇, extendiendo su alcance material y temporal, con objeto de mantener y reforzar la protecci髇 de los m醩 vulnerables, entre otros, a trav閟 del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivaci髇 econ髆ica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 醡bitos de transportes y vivienda, y del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

En este contexto, es preciso seguir avanzando a trav閟 de soluciones efectivas, ponderadas y equilibradas para asegurar la protecci髇 social de las personas y hogares en el 醡bito de la vivienda y utilizar para ello el instrumento jur韉ico del real decreto-ley ya que el requisito de extraordinaria necesidad y la urgencia de las medidas se apoyan y justifican en s髄idos motivos.

El primer motivo de urgencia y necesidad de las medidas deriva de la combinaci髇 de una situaci髇 sociosanitaria sin precedentes en nuestro pa韘, que ha llevado a declarar el estado de alarma, y que ocasiona las m醩 graves consecuencias en la salud de las personas, con la dif韈il situaci髇 econ髆ica y social por la que atraviesan un gran n鷐ero de hogares, que pueden verse abocados a perder la vivienda en la que residen en el contexto de la pandemia, trat醤dose de una situaci髇 ante las que los poderes p鷅licos deben actuar, activando todos los instrumentos de pol韙ica social y de vivienda a su disposici髇.

Es esta debilidad de los instrumentos p鷅licos para actuar ante estas situaciones el segundo motivo que justifica la urgencia y necesidad de las medidas. Como se indicaba anteriormente, el parque de vivienda social en Espa馻 es particularmente escaso, ofreciendo cobertura a menos del 2,5 % de los hogares, un porcentaje claramente insuficiente para que tenga capacidad de ofrecer soluciones r醦idas a las situaciones de vulnerabilidad y trat醤dose de una realidad que se agrava en el actual contexto de crisis sanitaria.

Y, el tercer elemento que da fundamento a la urgencia y necesidad de las medidas es el mantenimiento en los 鷏timos a駉s, seg鷑 los datos del Consejo General del Poder Judicial, de un n鷐ero de desahucios y lanzamientos ante el que es preciso adoptar medidas inmediatas con objeto de reforzar la coordinaci髇 entre los 髍ganos judiciales y los servicios sociales competentes, de modo que se asegure la protecci髇 de las personas m醩 vulnerables desde el punto de vista social y econ髆ico, a las que deben ofrecerse medidas de apoyo para superar su situaci髇.

Por su parte, la urgencia y necesidad de las medidas adoptadas en materia de transporte vienen dadas por la particular situaci髇 en la que se encuentra la prestaci髇 del servicio de transporte colectivo que, en el contexto de la pandemia y del estado de alarma, requiere adoptar medidas urgentes para responder a la misma.

Se considera que dichas razones justifican sobradamente la aprobaci髇 de las medidas mediante real decreto-ley, ya que la urgente necesidad de dar respuesta a los hogares afectados, no admite la demora que supondr韆 su tramitaci髇 mediante un proyecto de ley, por lo que es conforme con las previsiones del art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, pero a la vez resulten equilibradas y ponderen las circunstancias precisas del contexto.

En esta l韓ea, es importante complementar el fondo social de vivienda, constituido por inmuebles de las entidades de cr閐ito, plenamente operativo, con una iniciativa paralela o equivalente en el 醡bito de las sociedades y fondos especializados en el alquiler residencial, instrumentando su participaci髇 reglada y favoreciendo su colaboraci髇 con las Administraciones territoriales competentes para dotar de nuevos instrumentos al servicio de las pol韙icas sociales y de vivienda.

Por ello, el importante y necesario papel que est醤 llamados a desempe馻r los grandes tenedores de vivienda p鷅licos y privados, actores clave de un mercado que debe crecer y profesionalizarse ofreciendo las mayores garant韆s t閏nicas y jur韉icas en las operaciones inmobiliarias, debe contar con un especial apoyo y reconocimiento p鷅lico cuando su acci髇 contribuya a generar un parque de vivienda a precios asequibles, especialmente en aquellos 醡bitos en los que es necesario recuperar el equilibrio de la oferta en alquiler.

II

Por su parte, el transporte de viajeros por carretera se configura como un sector facilitador de la actividad econ髆ica. Garantiza el derecho a la movilidad universal y permite el desarrollo de actividades laborales, de educaci髇, sanitarias y de turismo.

En Espa馻 el transporte p鷅lico interurbano de viajeros por carretera de competencia estatal es un elemento clave que garantiza una movilidad sostenible de todos los grupos de poblaci髇 en todo el Estado.

Ofrece unos elevados niveles de calidad y seguridad, consiguiendo un menor impacto ambiental y energ閠ico que otros modos concurrentes, constituyendo una fuente de generaci髇 de actividad econ髆ica y de empleo de primer orden a nivel nacional.

El transporte regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administraci髇 General del Estado tiene m醩 de 4.300 paradas, atiende a 2.549 poblaciones de m醩 de 1.917 municipios espa駉les, transporta alrededor de 30 millones de viajeros, para lo que realiza aproximadamente 233 millones de kil髆etros y utiliza m醩 de mil autocares. Esta actividad se lleva a cabo por 49 empresas que facturan alrededor de 350 millones de euros al a駉.

No obstante, el sector del transporte de viajeros por carretera se ha visto gravemente afectado por la crisis sanitaria del COVID-19, la dr醩tica reducci髇 de la demanda durante el primer estado de alarma y confinamiento general, de entre el 90 % y el 100 %, ha generado graves problemas de liquidez en las empresas, poniendo en riesgo la viabilidad de los servicios en un sector intensivo en recursos humanos y capital.

Estos problemas de liquidez se trasladan a la solvencia empresarial, una vez que las medidas relacionadas con la inyecci髇 de liquidez o reducci髇 de costes variables desaparezcan. Adem醩, las medidas adoptadas por la administraci髇 sanitaria han provocado el incremento de costes asociados a la protecci髇 de los trabajadores y de los usuarios, mediante la utilizaci髇 de equipos de protecci髇 individual, instalaci髇 de elementos de protecci髇, desinfecci髇 y limpieza adicional de veh韈ulos.

Superada la primera afecci髇 de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el transporte en autocar, se inici� la denominada desescalada. Durante este periodo la demanda fue recuper醤dose lentamente hasta alcanzar niveles del 50 % respecto a la demanda del periodo equivalente de 2019. Sin embargo, durante el mes de agosto de 2020 se comenz� a observar una nueva ca韉a de demanda a niveles del 35-40 % para el periodo equivalente del a駉 2019, que lejos de repuntar contin鷄 estancada en esos niveles.

A esta situaci髇 se ha a馻dido un nuevo estado de alarma que ha permitido a las comunidades aut髇omas el cierre perimetral de sus territorios, restringiendo la movilidad intercomunitaria que es t韕ica en los contratos de titularidad de la Administraci髇 General del Estado.

III

Asimismo, se significa que el art韈ulo 51.1 de la Constituci髇 Espa駉la establece que los poderes p鷅licos garantizar醤 la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los leg韙imos intereses econ髆icos de los mismos.

Para el efectivo cumplimiento de dicho mandato, se han de considerar las consecuencias provocadas en el 醡bito social y econ髆ico por la pandemia del COVID-19, con graves repercusiones en diferentes 醡bitos sectoriales, que han afectado especialmente a las relaciones de consumo y, en consecuencia, la protecci髇 de los consumidores y usuarios, cuya garant韆 en estas condiciones incumbe prioritariamente a los poderes p鷅licos y obliga a la adopci髇 de actuaciones espec韋icas.

En tal sentido resulta urgente la adopci髇 de medidas mediante el presente real decreto-ley, vinculadas, en particular, al auge de las relaciones comerciales a distancia, que se han visto incrementadas con motivo de la pandemia, lo que hace necesario eliminar cuantas trabas puedan existir para el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios. En este punto, cobran especial importancia las trabas econ髆icas que puedan existir para el acceso a los servicios de atenci髇 al cliente de las compa耥as por parte de sus propios clientes. Como consecuencia, es urgente adaptar nuestra normativa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea en lo referente a la definici髇 del concepto de 玹arifa b醩ica� en los servicios de atenci髇 al cliente de las empresas cuando se utiliza para ello la v韆 telef髇ica.

Por tanto, se procede a modificar el r間imen hasta el momento existente, con la finalidad de garantizar que las oficinas y servicios de informaci髇 y atenci髇 al cliente sean dise馻dos utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos. Y se prev� que en el supuesto de que el empresario ponga a disposici髇 de los consumidores y usuarios una l韓ea telef髇ica a efectos de comunicarse con 閘 en relaci髇 con el contrato celebrado, el uso de tal l韓ea no podr� suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una l韓ea telef髇ica fija geogr醘ica o m髒il est醤dar.

En todo caso, en aquellos servicios b醩icos de inter閟 general, ser� obligado que las empresas prestadoras de los mismos dispongan de un tel閒ono de atenci髇 gratuito al consumidor. Estas medidas garantizan su protecci髇 y defensa en la situaci髇 de la pandemia COVID-19, donde el confinamiento y la limitaci髇 de movilidad han supuesto que se acuda a la utilizaci髇 de estos servicios desde los domicilios, por lo que resulta preciso su adaptaci髇 con la finalidad de que su utilizaci髇 no resulte onerosa para los consumidores.

IV

El presente real decreto-ley se estructura en tres cap韙ulos, tres art韈ulos, cuatro disposiciones adicionales, una disposici髇 transitoria, dos disposiciones finales y tres anexos.

El cap韙ulo I recoge las diferentes medidas urgentes adoptadas para hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad en el 醡bito de la vivienda.

El art韈ulo 1 modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, con objeto de introducir importantes mejoras de car醕ter jur韉ico y social en el procedimiento de desahucio de la vivienda habitual.

En primer lugar, se modifica el art韈ulo 1 del referido Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, introduciendo seguridad y garant韆s en la posibilidad de la persona arrendataria de una vivienda habitual de instar un incidente de suspensi髇 extraordinaria del desahucio o lanzamiento por encontrarse en una situaci髇 de vulnerabilidad econ髆ica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para s� y para las personas con las que conviva, situaci髇 que, aunque pudiera no derivarse directamente de las efectos de la COVID-19, indudablemente se ha visto agravada por estos.

De esta forma, se clarifica el procedimiento para asegurar la valoraci髇 por parte de los servicios sociales competentes de la situaci髇 de vulnerabilidad en la que pueda encontrarse el arrendatario, con objeto de que puedan aplicar de la forma m醩 醙il y efectiva las medidas y acciones que sean m醩 adecuadas para asegurar una soluci髇 habitacional a aquellos hogares vulnerables que no tengan una alternativa de vivienda digna, pero asegurando en el tr醡ite la debida ponderaci髇 de la situaci髇 en que pueda encontrarse el arrendador.

En segundo lugar, se introduce un nuevo art韈ulo 1 bis en el referido Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, con objeto de dar respuesta a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas econ髆icamente vulnerables sin alternativa habitacional, en los que se atribuye al Juez la facultad de suspender el lanzamiento, previa valoraci髇 ponderada y proporcional del caso concreto y las circunstancias, hasta que los servicios sociales competentes puedan ofrecer las soluciones m醩 adecuadas que hagan frente a la carencia de una vivienda digna, en el contexto de la excepcionalidad del estado de alarma.

V

El cap韙ulo II dispone medidas en el 醡bito del transporte por carretera.

El art韈ulo 2 aborda el reequilibrio econ髆ico de los contratos de gesti髇 de servicios p鷅licos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general concretando un marco claro y detallado de los par醡etros a considerar para llevar a cabo el reequilibrio para paliar las consecuencias del COVID-19 tras la finalizaci髇 del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El sector del transporte de viajeros por carretera se ha visto gravemente afectado por la crisis sanitaria del COVID-19. Superada la primera afecci髇 de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el transporte en autocar, se inici� la denominada desescalada. Durante este periodo la demanda fue recuper醤dose lentamente hasta alcanzar niveles del 50 % respecto a la demanda del periodo equivalente de 2019. Sin embargo, durante el mes de agosto de 2020 se comenz� a observar una nueva ca韉a de demanda a niveles del 35-40 % para el periodo equivalente del a駉 2019, que lejos de repuntar contin鷄 estancada en esos niveles. A esta situaci髇 se ha a馻dido un nuevo estado de alarma que ha permitido a las comunidades aut髇omas el cierre perimetral de sus territorios, restringiendo la movilidad intercomunitaria que es t韕ica en los contratos de titularidad de la Administraci髇 General del Estado.

Dada la fragilidad econ髆ica a la que se enfrentan las empresas contratistas de servicios p鷅licos de transporte regular de viajeros de uso general de competencia estatal, es necesario preservar la actividad de los operadores de este tipo de movilidad para que, una vez superada la crisis y levantadas las restricciones a la movilidad, las empresas tengan la capacidad de garantizar la prestaci髇 de servicios y preservar el sistema de transporte p鷅lico en nuestro pa韘, ofreciendo los niveles necesarios para atender la demanda de movilidad de las personas, como condici髇 b醩ica de su calidad de vida y para sus necesidades cotidianas, as� como para acceder a servicios p鷅licos b醩icos y a otros de car醕ter esencial.

En este sentido, el posible desequilibrio derivado de la reducci髇 de la oferta y de demanda de estos servicios ser� m醩 o menos acusado dependiendo de la estructura de costes del contrato afectado y de las medidas que haya adoptado la empresa para paliar en la medida de lo posible las dificultades de liquidez. As�, en el marco establecido, se recoge que se deber� tener en cuenta para calcular la reducci髇 de ingresos la aplicaci髇 de expedientes de regulaci髇 temporal de empleo que afecten al personal m韓imo vinculado al contrato y la disminuci髇 de costes por las expediciones no efectuadas dentro del marco del art韈ulo 17 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevenci髇, contenci髇 y coordinaci髇 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tomando como referencia el mismo per韔do del a駉 anterior, sin olvidar los costes adicionales soportados a fin de preservar la salud de los viajeros, motivados por la dotaci髇 al personal de equipos de protecci髇 individual, o la instalaci髇 de elementos de protecci髇, desinfecci髇 y la limpieza adicional de veh韈ulos.

Adicionalmente, se establece un procedimiento 醙il para reequilibrar econ髆icamente estos contratos de gesti髇 de servicios p鷅licos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de competencia estatal, con la rapidez suficiente para evitar las cargas administrativas y sociales adicionales que pudiera conllevar, en algunos casos, la renuncia contractual y el consecuente abandono del servicio p鷅lico, incluyendo para ello incluso un anticipo de la compensaci髇 final, con objeto de afrontar este riesgo del abandono del servicio.

VI

El cap韙ulo III incorpora las medidas para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. A tal efecto se procede, mediante el art韈ulo 3, a la modificaci髇 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Las modificaciones afectan a los art韈ulos 21 y 49.

Se modifica el art韈ulo 21, en relaci髇 con el r間imen de comprobaci髇 y servicios de atenci髇 al cliente previ閚dose que en el supuesto de que el empresario ponga a disposici髇 de los consumidores y usuarios una l韓ea telef髇ica a efectos de comunicarse con 閘 en relaci髇 con el contrato celebrado, el uso de tal l韓ea no podr� suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una l韓ea telef髇ica fija geogr醘ica o m髒il est醤dar. A tal efecto, se determina que en el caso de utilizarse una l韓ea telef髇ica de tarificaci髇 especial que suponga un coste para el consumidor o usuario, el empresario facilitar� al consumidor, junto con la informaci髇 sobre dicha l韓ea telef髇ica de tarificaci髇 especial y en igualdad de condiciones, informaci髇 sobre un n鷐ero geogr醘ico o m髒il alternativo. Asimismo, se imponen determinados requisitos de estos servicios cuando se presten en relaci髇 con sectores b醩icos de inter閟 general.

Adicionalmente, se modifica el art韈ulo 49 en relaci髇 con el r間imen de infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Por una parte, se introduce como un tipo infractor propio el incumplimiento de las obligaciones en relaci髇 con los servicios de atenci髇 al cliente mientras que, por otra, se a馻de como tipo infractor a la introducci髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos la no remoci髇 de sus efectos al ser estas cl醬sulas declaradas abusivas y, por tanto, nulas.

VII

Finalmente, se detalla a continuaci髇 el contenido de las disposiciones adicionales, transitoria y finales.

Con objeto de reforzar los instrumentos con los que cuentan los servicios sociales para hacer frente a estas situaciones, la disposici髇 adicional primera establece la posibilidad de aplicaci髇 de las ayudas del 玃rograma de ayuda a las v韈timas de violencia de g閚ero, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables� o cualesquiera otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, ello sin perjuicio de la habilitaci髇 de otros programas auton髆icos o locales de ayuda que puedan establecerse para el mismo fin.

Adem醩, con objeto de asegurar la m醲ima colaboraci髇 interadministrativa y la efectividad de las medidas adoptadas, la misma disposici髇 adicional primera establece que las comunidades aut髇omas informar醤, con car醕ter mensual, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en tanto Departamento responsable de las pol韙icas del Gobierno en materia de bienestar social, de familia, de protecci髇 del menor, de cohesi髇 y de atenci髇 a las personas dependientes o con discapacidad, sobre las comunicaciones recibidas, los informes emitidos, el plazo de emisi髇 de estos y las medidas adoptadas por parte de los servicios sociales.

Por su parte, la disposici髇 adicional segunda regula el derecho de propietarios y arrendadores a solicitar una compensaci髇, para aquellos supuestos en los que las medidas establecidas por parte de los servicios sociales no puedan aplicarse en los tres meses siguientes a la emisi髇 del informe previsto en el procedimiento establecido tanto en el art韈ulo 1 como en el art韈ulo 1 bis. De esta forma, se articula un procedimiento que evita que la demora de los poderes p鷅licos a la hora de aplicar las medidas de protecci髇 social afecte a los leg韙imos intereses de los propietarios afectados, estableciendo una compensaci髇 que pueda cubrir el perjuicio ocasionado a lo largo del per韔do que medie entre que se acordare la suspensi髇 y el momento en el que la misma se levante por el 髍gano judicial o por finalizar el estado de alarma.

Y, con objeto de garantizar la efectividad de la aplicaci髇 de esta compensaci髇, la disposici髇 adicional tercera mandata al Gobierno a aprobar un Real Decreto para definir las medidas necesarias para que las comunidades aut髇omas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones que puedan proceder en su 醡bito territorial.

Con el objetivo de garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas natural, especialmente en las actuales circunstancias, se refuerzan las medidas existentes de protecci髇 a trav閟 de la disposici髇 adicional cuarta, en la que se adoptan las medidas para consolidar de manera eficaz la protecci髇 de los consumidores vulnerables, en l韓ea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fen髆eno de la pobreza energ閠ica.

De esta forma, mientras est� vigente el actual estado de alarma, no podr� suspenderse el suministro de energ韆 el閏trica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condici髇 de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusi髇 social definidas en los art韈ulos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protecci髇 para los consumidores dom閟ticos. Tambi閚 ser� de aplicaci髇 la prohibici髇 de la suspensi髇 de suministro para aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro ni, por tanto, acceder a la condici髇 de consumidor vulnerable o vulnerable severo, cumplan con el resto de requisitos establecidos en el art韈ulo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditaci髇 por certificaci髇 de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante la empresa suministradora.

Adem醩, el periodo durante el que est� en vigor esta medida no computar� a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensi髇 del suministro por impago establecidos en la normativa vigente.

La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida viene justificada por la situaci髇 excepcional derivada de la crisis sanitaria y econ髆ica, el car醕ter esencial de estos suministros para los hogares y la proximidad del invierno, que coincide con la 閜oca del a駉 en la que mayor consumo energ閠ico se produce.

La disposici髇 transitoria primera establece el r間imen de aplicaci髇 de las modificaciones introducidas por el real decreto-ley a los procedimientos que se encuentren actualmente en tramitaci髇 en los 髍ganos judiciales, as� como de la compensaci髇 establecida a arrendadores y propietarios.

La disposici髇 final primera establece los t韙ulos competenciales que amparan al Estado para regular en esta materia: los apartados 1.�, 6.�, 8.�, 13.�, 18.� y 21.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en la regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales; en materia de legislaci髇 procesal; en materia de legislaci髇 civil; en materia de bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica; en materia de bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y de legislaci髇 b醩ica de contratos y concesiones administrativas; y en transportes terrestres, respectivamente.

Y, por 鷏timo, la disposici髇 final segunda establece la entrada en vigor del real decreto-ley.

VIII

El Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopci髇 de medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Dicho aval demanda la concurrencia material de una motivaci髇 expl韈ita y razonada de la necesidad y tambi閚 formal, vinculada con la urgencia que impide acudir a la tramitaci髇 ordinaria de los textos normativos. Este real decreto-ley cumple aquella doctrina reiterada del Tribunal Constitucional contenida en m鷏tiples sentencias entre las que cabr韆 citar la 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; la 11/2002, de 17 de enero, F. 4, la 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y la 189/2005, de 7 julio, F. 3), entre otras muchas. Su motivaci髇 material deriva de la necesidad de afrontar las graves consecuencias del empeoramiento de la vulnerabilidad de muchas personas arrendatarias de su vivienda habituales a consecuencia del actual escenario de paralizaci髇, p閞didas de empleos, reducciones sensibles de jornadas y salarios, etc. Y la extraordinaria y urgente necesidad forma parte del juicio pol韙ico y de oportunidad que corresponde al Gobierno (nuevamente SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3). Las medidas adoptadas se consideran, adem醩, las necesarias con car醕ter imprescindible para atender a los intereses generales afectados, existiendo (STC 139/2016 de 21 julio, FJ 3), 玼na conexi髇 de sentido o relaci髇 de adecuaci髇 entre la situaci髇 definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan� (as�, desde un principio, STC 29/1982, de 31 de mayo (RTC 1982, 29), FJ 3, hasta las m醩 recientes SSTC 96/2014, de 12 de junio (RTC 2014, 96), FJ 5, y 183/2014, de 6 de noviembre (RTC 2014, 183), FJ 4).

Este real decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general. Algunos de sus preceptos, particularmente los art韈ulos 2 y 3, plantean l韒ites temporales, puntuales y excepcionales en el derecho de propiedad que encajan en la funci髇 social que aquel debe cumplir 玡ntendida no como mero l韒ite externo a su definici髇 o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo� (STC 37/1987, FJ 2.�), por lo que la regulaci髇 por medio de real decreto ley no puede entenderse como una afectaci髇 que haga desaparecer el derecho, que lo convierta en otra cosa, o que lo haga irreconocible (STC 89/1994 de 17 marzo, FJ n.^o 5). Se respetan, adem醩, los l韒ites materiales del art韈ulo 86.1 CE, en cuanto que no se regula el r間imen general del derecho a la propiedad privada, sino que se modifica temporalmente un elemento puntual del mismo, relativo al aplazamiento en el cobro de la renta de alquiler.

Responde, asimismo, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jur韉ica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. La necesidad y eficacia se apoyan en el inter閟 general en el que se fundamentan las medidas de protecci髇 que se establecen para quienes son m醩 vulnerables. El real decreto-ley guarda tambi閚 el principio de proporcionalidad, porque contiene las medidas que se consideran imprescindibles para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados (STC 139/2016 de 21 julio). Adem醩, tal y como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional (sobre todo a partir de la capital STC 37/1987, fundamento jur韉ico 2.�) la consideraci髇 de la funci髇 social como conformadora del contenido mismo del derecho de propiedad exime de una indagaci髇 exhaustiva de la proporcionalidad o razonabilidad de la norma o de la prueba de sus presupuestos f醕ticos; bastando con que la finalidad de la norma se inserte con naturalidad en la funci髇 social de la propiedad para determinar la constitucionalidad de la misma. Es coherente con el vigente ordenamiento jur韉ico, ajust醤dose, por ello, al principio de seguridad jur韉ica y, por 鷏timo, en cuanto al principio de transparencia, esta norma est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica por tratarse de un decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 22 de diciembre de 2020,

DISPONGO:

CAP蚑ULO I
Medidas en materia de vivienda

CAP蚑ULO II
Medidas en materia de transportes

CAP蚑ULO III
Medidas en materia de defensa de los consumidores y usuarios

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional segunda Derecho de arrendadores y propietarios a la compensaci髇

1. Los arrendadores afectados por la suspensi髇 extraordinaria prevista en el art韈ulo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, tendr醤 derecho a solicitar una compensaci髇 en los t閞minos previstos en los apartados siguientes cuando la administraci髇 competente, en los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales se馻lando las medidas adecuadas para atender la situaci髇 de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.

2. La compensaci髇 consistir� en el valor medio que corresponder韆 a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los 韓dices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, m醩 los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el per韔do que medie entre que se acordare la suspensi髇 y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o hasta el 31 de diciembre de 2024. No obstante, si dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la compensaci髇 consistir� en renta dejada de percibir durante el mismo per韔do se馻lado anteriormente m醩 los gastos corrientes.

LE0000823916_20231229N鷐ero 2 de la disposici髇 adicional segunda redactado por el apartado uno del art韈ulo 89 del R.D.-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econ髆icas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Pr髕imo, as� como para paliar los efectos de la sequ韆 (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 29 diciembre 2023

3. La solicitud de compensaci髇 podr� presentarse hasta el 31 de enero de 2025, debiendo formular el arrendador una exposici髇 razonada y justificada de la compensaci髇 que considere procedente sobre la base de los criterios indicados anteriormente.

LE0000823916_20231229N鷐ero�3 de la disposici髇 adicional segunda redactado por el apartado dos del art韈ulo 89 del R.D.-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econ髆icas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Pr髕imo, as� como para paliar los efectos de la sequ韆 (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 29 diciembre 2023

4. Los propietarios de las viviendas afectadas por las medidas adoptadas conforme al art韈ulo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 醡bito social y econ髆ico para hacer frente al COVID-19, tendr醤 derecho a solicitar una compensaci髇 si durante los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales se馻lando las medidas adecuadas para atender la situaci髇 de vulnerabilidad acreditada, tales medidas no se hubieran adoptado por la Administraci髇 competente y siempre que los propietarios acrediten que la suspensi髇 del lanzamiento les haya ocasionado perjuicio econ髆ico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble.

5. Si se acreditara la concurrencia de perjuicio econ髆ico en los t閞minos establecidos en el apartado anterior, la compensaci髇 consistir� en el valor medio que corresponder韆 a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los 韓dices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, m醩 los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido su propietario, por el per韔do que medie entre que se acordare la suspensi髇 y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 31 de diciembre de 2024.

LE0000823916_20231229N鷐ero�5 de la disposici髇 adicional segunda redactado por el apartado爐res del art韈ulo 89 del R.D.-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econ髆icas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Pr髕imo, as� como para paliar los efectos de la sequ韆 (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 29 diciembre 2023

6. La solicitud de compensaci髇 podr� presentarse hasta el 31 de enero de 2025, debiendo formular el titular de la vivienda una exposici髇 razonada y justificada de la compensaci髇 que considere procedente sobre la base de los criterios indicados anteriormente.

LE0000823916_20231229N鷐ero�6 de la disposici髇 adicional segunda redactado por el apartado cuatro del art韈ulo 89 del R.D.-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econ髆icas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Pr髕imo, as� como para paliar los efectos de la sequ韆 (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 29 diciembre 2023

DISPOSICIONES FINALES