Sumario

Ley 46/1984, 26 diciembre, derogada por la letra a) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 35/2003, 4 noviembre, de Instituciones de Inversi髇 Colectiva (獴.O.E.� 5 noviembre) el 5 de febrero de 2004.

Pre醡bulo

La disposici髇 transitoria cuarta de la Ley 61/78, de 27 de diciembre, del lmpuesto de Sociedades, oblig� al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre Instituciones de Inversi髇 Colectiva. Esta obligaci髇, impuesta en una norma fiscal, tiene su fundamentaci髇 en consideraciones tanto de orden puramente fiscal como de orden estrictamente financiero.

En efecto, desde el punto de vista fiscal, la nueva regulaci髇 de los Impuestos sobre la Renta de las Personas F韘icas y de las Sociedades ha modificado el tradicional r間imen fiscal de que gozaban las Sociedades y Fondos de Inversi髇 Mobiliaria, planteando la necesidad de su adaptaci髇 a los principios que inspiran la reforma fiscal.

De otro lado, desde el punto de vista financiero, es de destacar que la legislaci髇 espa駉la hoy vigente en esta materia no responde a las exigencias de un sistema financiero moderno. Las normas relativas a los Fondos de Inversi髇 Mobiliaria y Sociedades de Inversi髇 Mobiliaria de capital fijo no permiten una determinaci髇 suficientemente libre de las Instituciones, estanda su actuaci髇 coartada por una rigida regulaci髇 en aspectos accesorios de su funcionamiento, por lo que se tienen Insttuciones homog閚eas y no diversas como ser韆 de desear. Asimismo, las Sociedades de Inversi髇 Mobiliaria de capital variable, previstas en el Decreto-ley 7/1964, de 30 de abril, no han sido objeto de desarrollo porque los principios contenidos en su art韈ulo 80 no convienen a un normal desenvolvimiento de su actividad y peculiaridades.

La reforma del sistema financiero ha perseguido y pretende una actuacl髇 libre de las Instituciones en el mercado, compatible con la seguridad de los inversores, a la vez que fomenta y facilita las relaciones de complementariedad entre los diversos mercados y activos financieros. Por ello la actividad de las Instituciones de Inversi髇 Colectiva no se limita a los valores mobiliarios tradicionales; sino que se ampl韆 a toda la gama de activos financieros que se negocian en mercados habituales, oficiales o reconocidos, estableciendo las normas adecuadas para que las Instituciones puedan especializarse o adoptar objetivos y pautas de actuaci髇 compatibles con sus apreciaciones en orden a rentabilidad y riesgo.

Al mismo tiempo, al ampliarse las Instituciones con las Sociedades de capital variable, se abarca toda la gama de posibilidades de liquidez y gesti髇 por parte de los inversores. Gesti髇 propia, a trav閟 de los 髍ganos propios, en las Sociedades. Gesti髇 de terceros, basada en la confianza, en los fondos. Liquidez a precio fijo, con cargo al propio patrimonio, en los fondos; liquidez a precio variable seg鷑 el mercado, en las Sociedades de capital variable, y en ambos casos sin que el patrimonio est� afecto directamente a la liquidez.

De otro lado, el principio de seguridad de los inversores exige el establecimiento de una normativa b醩ica que haga posible la regulaci髇 de las Instituciones de Inversi髇 Colectiva no tipificadas en una f髍mula concreta, de ah� que se prevea su sometimiento a las normas generales relativas a las Instituciones reguladas en la Ley.

No puede, por 鷏timo, ignorarse la existencia de un importante cuerpo jur韉ico elaborado en las legislaciones propias de los pa韘es europeos y cristalizada, despu閟, en el derecho de la Comunidad Econ髆ica Europea. Tal derecho comunitario constituye un elemento de reflexi髇 para el desarrollo de las propias normas en materia de regulaci髇 de las Instituciones de Inversi髇 Colectiva.