Sumario

Véase Res. 26 octubre 2004, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del R.D. Ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.500.034.925 euros para atender al pago de la liquidación del sistema de financiación para el período 1997-2001 correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se adoptan disposiciones sobre la deuda de Renfe y el aval del Estado al préstamo otorgado a la República Argentina («B.O.E.» 4 noviembre).

Este real decreto ley tiene como finalidad la adopción de medidas de naturaleza diversa encaminadas a resolver determinadas situaciones con incidencia presupuestaria o en las finanzas públicas, asociadas a la liquidación definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el aval del Estado al préstamo a la República Argentina y el reconocimiento por el Estado de deuda de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que requieren una solución urgente.

La Comunidad Autónoma de Andalucía no adoptó como propio el sistema de financiación aplicable al quinquenio 1997-2001, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23 de septiembre de 1996.

Para atender de forma provisional durante ese quinquenio las necesidades de financiación de los servicios asumidos por la comunidad autónoma, la Administración General del Estado le abonó, de conformidad con lo establecido en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los años, unas entregas a cuenta de la liquidación definitiva del sistema.

Finalmente, la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha alcanzado un acuerdo, suscrito el 10 de junio de 2004, por el que se determinan las bases del sistema de financiación del quinquenio 1997-2001 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la correspondiente liquidación.

Dicha liquidación presenta un saldo a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 2.500.034.925 euros, como diferencia entre la financiación definitiva que resulta de los criterios recogidos en el acuerdo y de las entregas a cuenta pagadas a la comunidad autónoma.

El indicado importe debe ser satisfecho por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el presente ejercicio.

En efecto, tras la publicación de las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativas a la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el quinquenio 1997-2001 y tras las sucesivas negociaciones con la comunidad autónoma que han sido impulsadas recientemente, se ha alcanzado finalmente una solución a la financiación de la comunidad autónoma para el quinquenio 1997-2001. Logrado el acuerdo, resulta necesario disponer en el menor tiempo posible de los mecanismos para llevarlo a afecto de forma rápida, dado el retraso acumulado en el cierre de esta financiación con los consiguientes perjuicios para la suficiencia financiera de la comunidad autónoma que ello conlleva, lo que origina la concesión de un crédito extraordinario por la cantidad indicada.

En la concesión del crédito extraordinario se excepcionan los artículos 16 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y 50.1 y 55.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Esta alteración singular y extraordinaria viene motivada por la existencia de una necesidad igualmente extraordinaria y urgente, la de proceder a la liquidación definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el quinquenio 1997-2001, que en razón de su cuantía y por nacer la obligación del propio real decreto ley no puede ser atendida empleando los instrumentos y procedimientos que las citadas leyes prevén con carácter general y ordinario.

Con independencia del crédito extraordinario a que se ha hecho referencia, el real decreto ley regula la forma de financiación de las modificaciones presupuestarias que deban realizarse, en su caso, para atender al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del aval concedido por el Estado si Argentina no devolviera el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En el momento actual se ha puesto de manifiesto la no atención, por parte de la República Argentina, de sus compromisos vencidos, tanto de devolución del principal del préstamo como del pago de intereses, lo que ocasiona que el Estado, en ejecución del aval, deba abonar al ICO los pagos no realizados por la República Argentina.

A estos efectos figura dotado en los Presupuestos Generales del Estado el crédito 24.04.612D.351, «Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro», que se encuentra entre los relacionados en el anexo II, «Créditos ampliables», de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, y cuya ampliación corresponde autorizar al Ministro de Economía y Hacienda en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Dada la cuantía del préstamo y la obligatoriedad para el Estado de responder con prontitud a los pagos que derivan de la ejecución del aval, se considera que a las ampliaciones de crédito que se autoricen por acuerdo del Ministro de Economía y Hacienda no debe aplicárseles lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, y los artículos 50 y 54.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto de su financiación con Fondo de Contingencia.

En cuanto a la asunción de deuda de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe), la próxima entrada en vigor de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, aconseja la asunción de parte de la deuda actual de Renfe, al objeto de que la constitución de las Entidades Públicas Empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Renfe-Operadora no se vea lastrada ni por el endeudamiento captado para financiación de líneas que van a integrarse en el patrimonio del Estado, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la citada ley, ni por el que trae causa de la deuda del Estado para con Renfe derivada de la falta de consignación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para las obligaciones derivadas del anterior estatuto de Renfe del año 1964 y en las liquidaciones de los contratos-programa 1994-1998 y 1999-2000, así como las determinadas, a partir del ejercicio 2001, tomando como referente los criterios fijados para la liquidación del contrato-programa 1999-2000.

En este sentido, este real decreto ley cifra a 31 de diciembre de 2003 la denominada deuda del Estado con Renfe en 3.659.000.000 de euros, si bien prevé que su liquidación definitiva se realice sobre la base de las cuentas anuales auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado a 31 de diciembre de 2004.

Por otra parte, la disposición adicional primera de la citada Ley 39/2003, de 17 de noviembre, prevé que las líneas que estén siendo administradas por la entidad pública empresarial Renfe dejarán de pertenecer o estar adscritas a esta y se integrarán en el patrimonio del Estado, con la excepción de la denominada línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que pasará a ser de titularidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a partir de la entrada en vigor de la ley.

En cumplimiento de la citada norma, se prevé la asunción de la deuda resultante de la compensación del valor del intercambio de activos sobre la base del valor neto de los activos a 31 de diciembre de 2004, la cual, en el momento actual, se estima en 1.800.000.000 de euros, resultado de un valor de entrega de activos por parte de Renfe al Estado por valor de 2.600.000.000 de euros y minorado en 800.000.000 de euros del valor contable de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que el Estado transfiere al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. No obstante, la determinación exacta se efectuará por el Ministerio de Fomento, previo informe de control financiero a efectuar por la Intervención General de la Administración del Estado.

En la aprobación de las medidas que se contienen en este real decreto ley concurren las circunstancias extraordinarias de urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, oído el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de septiembre de 2004,

DISPONGO: