Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso M韓imo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad econ髆ica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusi髇 social y laboral de las personas beneficiarias de la prestaci髇

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Sumario

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso m韓imo vital crea y regula esta prestaci髇 dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusi髇 social de las personas que se encuentran en una situaci髇 de vulnerabilidad por carecer de recursos econ髆icos suficientes para la cobertura de sus necesidades b醩icas.

Esta prestaci髇 nace con el objetivo principal de garantizar, a trav閟 de la satisfacci髇 de unas condiciones materiales m韓imas, la participaci髇 plena de toda la ciudadan韆 en la vida social y econ髆ica, rompiendo el v韓culo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los 醡bitos laboral, educativo, o social de los individuos.

Para impulsar el tr醤sito desde una situaci髇 de exclusi髇 a una de participaci髇 en la sociedad, la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, establece que el ingreso m韓imo vital contendr� en su dise駉 incentivos al empleo y a la inclusi髇 aplicados con el fin de evitar la llamada 玹rampa de pobreza�, es decir, que la mera existencia de la prestaci髇 inhiba el objetivo de inclusi髇 social y econ髆ica de las personas beneficiarias.

Pero la disyuntiva entre eficiencia y equidad ha estado presente en el dise駉 de las pol韙icas p鷅licas desde la d閏ada de los a駉s 60, especialmente en aquellas condicionadas a renta y, aunque prestaciones como el ingreso m韓imo vital consiguen reducir la pobreza extrema y mejorar la distribuci髇 de los ingresos primarios, lo que se traduce en una mejora de la equidad social, lo cierto es que sin incentivos al trabajo podr韆 llegar a mantener bajo la trampa de la pobreza a determinadas personas beneficiarias que pudiendo incorporarse al mercado laboral no lo hacen por miedo a ver reducida su prestaci髇 al aumentar el salario.

El incentivo al empleo busca la no desincentivaci髇 a incorporarse al mercado laboral o a poder incrementar el n鷐ero de horas en el caso en el que el individuo est� trabajando porque hace que no pierda un euro de prestaci髇, sino menos, por cada euro que se incrementan los salarios por un incremento en la oferta laboral. Esto hace que el ingreso m韓imo vital, adem醩 de ser una medida que busca mejorar la equidad, no se convierta en una medida ineficiente desde el punto de vista econ髆ico.

La literatura ha investigado esta cuesti髇 desde la d閏ada de los a駉s 60 llegando a consolidar una base te髍ica s髄ida para el dise駉 de los incentivos.

Son numerosos los pa韘es de la OCDE que tienen programas orientados a hacer que trabajar resulte rentable, en unos casos ligados a otra prestaci髇 –como ser韆 en el caso de Espa馻 el ingreso m韓imo vital– y en otros casos no, donde las principales caracter韘ticas de su dise駉 son el tipo de hogar que recibe el incentivo (si se tienen en cuenta o no a convivientes con la persona solicitante), el modo de calcular la cuant韆 (tipo fijo o variable en fases), la unidad de an醠isis sobre la que se estudia el incremento en la oferta laboral (puede ser el individuo o la pareja), la frecuencia de pago (mensual o anual), si existe un n鷐ero m韓imo de horas trabajadas para cobrar el incentivo y la duraci髇 del incentivo.

La mayor韆 de los trabajos que se han llevado a cabo para medir los efectos de los incentivos al empleo, y que han estudiado de una forma u otra los modelos de Estados Unidos (Earned Income Tax Credit – EITC) y Reino Unido (Working Tax Credit – WTC) concluyen que los incentivos al empleo tienen efectos positivos en las personas de bajos ingresos.

En t閞minos de eficiencia se produce una mejora sustancial en madres solteras con baja cualificaci髇, aunque hay una leve disminuci髇 del n鷐ero de horas trabajadas por parte del segundo perceptor en el hogar, que suele ser una mujer. Y en t閞minos de equidad los incentivos al empleo consiguen reducir la pobreza, si bien es cierto que la magnitud de esta reducci髇 depende de la generosidad del esquema y de la respuesta que provoque sobre la oferta laboral, puesto que esto terminar� determinando la renta disponible de las personas y sus familias.

En particular, en el contexto de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, el art韈ulo 11.4 establece que con el fin de que la percepci髇 del ingreso m韓imo vital no desincentive la participaci髇 en el mercado laboral, la percepci髇 del ingreso m韓imo vital ser� compatible con las rentas del trabajo o la actividad econ髆ica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o varios miembros de la unidad de convivencia en los t閞minos y con los l韒ites que reglamentariamente se establezcan. En estos casos, se establecer醤 las condiciones en las que la superaci髇 en un ejercicio de los l韒ites de rentas establecidos en el punto 2 del citado art韈ulo por esta causa no suponga la p閞dida del derecho a la percepci髇 del ingreso m韓imo vital en el ejercicio siguiente. Este desarrollo reglamentario, en el marco del di醠ogo con las organizaciones empresariales y sindicales m醩 representativas, prestar� especial atenci髇 a la participaci髇 de las personas con discapacidad y las familias monoparentales.

Este modelo de incentivo al empleo vinculado al ingreso m韓imo vital, que se regula a trav閟 de la compatibilidad del ingreso m韓imo vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad econ髆ica por cuenta propia y que consiste en determinar un importe del incremento de rentas derivadas por el trabajo que no se computan para la determinaci髇 de la cuant韆 de la prestaci髇, se determina en funci髇 de la composici髇 de la unidad de convivencia, del tipo de incremento de la oferta laboral (esto es, de si el hogar incrementa sus ingresos salariales partiendo de una situaci髇 en la que no trabajaba – hogares del margen extensivo – o los incrementa por aumentar horas de trabajo – hogares del margen intensivo), de los ingresos que dieron lugar a la prestaci髇 del ingreso m韓imo vital en funci髇 de distintos tramos de dicho incremento.

Las caracter韘ticas anteriores se definen como par醡etros en los art韈ulos de este real decreto. Estos par醡etros, de acuerdo con la teor韆 econ髆ica, persiguen un incentivo mayor en los hogares con menores que hogares sin menores. Dentro de la categor韆 de hogares con menores se quiere incentivar m醩 a los hogares donde solo hay un adulto (familias monoparentales) frente a los que tienen dos o m醩 adultos. Adem醩, se busca incentivar m醩 a los hogares cuyos integrantes pasan de no trabajar a hacerlo, que a los hogares en los que aun incrementando la oferta laboral sus integrantes ya estaban trabajando.

Lo anterior se traduce en el c醠culo de dieciocho posibilidades de incentivo determinadas por: tres tipos de unidades de convivencia (solo personas adultas, una persona adulta con menores, m醩 de una persona adulta con menores) dos tipos de incremento en la oferta laboral (margen intensivo y extensivo), y tres tramos de importes del incremento de ingresos del trabajo o de la actividad econ髆ica.

Con el fin de apoyar la participaci髇 en el mercado laboral, la reforma C22.R5 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia (PRTR) incluye entre sus objetivos la puesta en marcha del incentivo al empleo para las personas beneficiarias del ingreso m韓imo vital. De acuerdo con lo previsto en el PRTR, el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, la puesta en marcha del incentivo al empleo est� previsto para el 鷏timo trimestre del a駉 2022.

El real decreto se estructura en una parte expositiva, seis art韈ulos, tres disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales. En el texto articulado se regula el objeto del real decreto, las personas beneficiarias, el c髆puto de rentas y los tramos para establecer los incrementos de ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad econ髆ica por cuenta propia que se excepcionar醤 del c髆puto de rentas, as� como una evaluaci髇 de los efectos del real decreto.

La disposici髇 adicional primera introduce una aclaraci髇 respecto del alcance de la previsi髇 del 鷏timo inciso del apartado 13.1 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, en aquellos casos en que se deba percibir el complemento de ayuda para la infancia para aquellas unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros. El citado art韈ulo exige que la cuant韆 econ髆ica resultante de la prestaci髇 de ingreso m韓imo vital sea igual o superior a 10 euros mensuales con la finalidad de evitar el abono de importes de escasa cuant韆. Para calcular la cuant韆 mensual de la prestaci髇 de ingreso m韓imo vital b醩ica se han de conocer los ingresos del ejercicio anterior del beneficiario individual o de la unidad de convivencia. Una vez conocidos, se comparar醤 con la renta garantizada que corresponda en cada supuesto teniendo en cuenta que dicha renta, seg鷑 lo establecido en el apartado 2 del citado art韈ulo, var韆 en funci髇 de las caracter韘ticas de las personas beneficiarias.

El apartado 2.a) de la norma establece cu醠 es la renta garantizada para un beneficiario individual, pero en los siguientes apartados se enumeran una serie de complementos que incrementan la cuant韆 de la citada renta, y se definen los requisitos que se han de cumplir para su reconocimiento. Los mencionados complementos se otorgan por las siguientes causas: por tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento, por tener la condici髇 de familia monoparental y por formar parte de la unidad de convivencia personas que sean menores de edad (ayuda para la infancia).

La propia norma se refiere a esta ayuda para la infancia como un complemento de la prestaci髇 de ingreso m韓imo vital b醩ico. Es, por tanto, ingreso m韓imo vital. Es decir, que la prestaci髇 de ingreso m韓imo vital es un todo conformado por la cuant韆 de ingreso m韓imo vital b醩ico (cuando se tenga derecho a ella, y en la cuant韆 que corresponda) y el complemento de ayuda para la infancia.

En consecuencia, para conocer si el importe de la prestaci髇 supera o no los 10 euros del l韒ite m韓imo para su abono, se ha de tener en cuenta la suma de ambos conceptos, como as� se recoge en la citada disposici髇 adicional primera.

Respecto a la disposici髇 adicional segunda introduce el mantenimiento del derecho de los complementos de discapacidad, monoparentalidad y ayuda para la infancia hasta el 31 de diciembre del ejercicio en curso, aunque durante el mismo dejen de concurrir los motivos que dieron lugar a su concesi髇, motivado en la conveniencia de homogeneizar la funci髇 supervisora del Instituto Nacional de la Seguridad Social para la verificaci髇 del cumplimiento de los requisitos y obligaciones a efectos de determinar el acceso a la prestaci髇 de ingreso m韓imo vital, as� como su cuant韆, que toma como referencia principal la informaci髇 sobre ejercicios econ髆icos completos, facilitada por los organismos tributarios y que se pone en relaci髇 con la renta garantizada tambi閚 de ejercicios completos, lo que facilita la tramitaci髇 y gesti髇 de las solicitudes de la prestaci髇.

Asimismo, la extensi髇 de los complementos hasta la finalizaci髇 del ejercicio en curso se justifica por la oportunidad de otorgar a estos colectivos, especialmente necesitados, personas con discapacidad, familias monoparentales o unidades de convivencia con menores, un plus de protecci髇 hasta el final del ejercicio econ髆ico.

Por otro lado, la disposici髇 adicional tercera regula que de conformidad con lo establecido en el apartado 7 del art韈ulo 21 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, los requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento de la prestaci髇 econ髆ica de ingreso m韓imo vital, se realizar� por la entidad gestora conforme a la informaci髇 que se recabe por medios telem醫icos de la Agencia Estatal de Administraci髇 Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios hist髍icos del Pa韘 Vasco. A tales efectos, se tomar� como referencia la informaci髇 que conste en esas Haciendas P鷅licas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la informaci髇 que conste m醩 actualizada en dichas administraciones p鷅licas.

Adem醩, se a馻de, que antes del inicio de cada a駉, las citadas administraciones informar醤 a la entidad gestora de que informaci髇 sobre ingresos y patrimonios disponen. Cualquier variaci髇 a lo largo del a駉 ser� comunicada tan pronto como se produzca.

En este sentido, las haciendas p鷅licas generalmente ponen en conocimiento de esta entidad gestora los datos definitivos del ejercicio fiscal del a駉 anterior (ya consolidados) a partir de julio del ejercicio en el que se realiza el reconocimiento del derecho o revisi髇 de su cuant韆.

Esto supone que el INSS tenga que reconocer y mantener importes de prestaciones en vigor en base a unos datos provisionales –ya que pueden sufrir variaciones– y que, como resultado de la revisi髇 correspondiente, pueden generar modificaciones de la cuant韆 o extinciones de la prestaci髇 inicialmente reconocida.

Cuando esas modificaciones de la cuant韆 resultan positivas se abonan con la n髆ina mensual, pero si son negativas o se extingue la prestaci髇, la consecuencia es que se debe reclamar la diferencia.

Es por ello, que en coherencia con esa provisionalidad de los datos tributarios se ha considerado la necesidad de que el importe del derecho reconocido o revalorizado se realice por la entidad gestora provisionalmente con los datos que consten en las Haciendas P鷅licas hasta tanto no se dispongan de los datos consolidados. La posibilidad de dictar resoluci髇 provisional en tanto se comunican los datos definitivos que permiten determinar el importe definitivo de una prestaci髇 no es novedosa, y se encuentra expresamente prevista en el art韈ulo 179 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para la prestaci髇 de nacimiento y cuidado de menor.

De esta manera, cuando como resultado del cruce de datos tributarios, a los beneficiarios de la prestaci髇 de IMV se les hubiera abonado mayor cuant韆, en los meses inmediatos anteriores, ya no ser韆 necesario el inicio del procedimiento formal de reclamaci髇 de deuda, pensado principalmente para pensiones con importes definitivos y otras situaciones no provisionales, sino que se acudir韆 al mecanismo de compensaci髇 entre mensualidades dentro del mismo ejercicio, todo ello teniendo en cuenta que se ha percibido de forma inmediata unos importes pagados en un importe superior, basados en estos datos no definitivos o incluso abonados de acuerdo con la propia declaraci髇 de ciudadano de sus ingresos.

Dicho mecanismo tiene su raz髇 de ser en la aplicaci髇 de los principios de eficiencia y eficacia administrativa, ya que la compensaci髇 de deudas implicar韆 una reducci髇 importante de cargas administrativas de trabajo que redundar韆 en una gesti髇 m醩 醙il y accesible para el ciudadano.

Con el objeto de proporcionar la necesaria seguridad jur韉ica, las resoluciones provisionales devienen definitivas si los datos provisionales suministrados a la entidad gestora no son modificados antes del 31 de diciembre del ejercicio en que se hubiere formulado la solicitud. Una vez emitida la resoluci髇 definitiva, o cuando la resoluci髇 provisional hubiere devenido definitiva en aplicaci髇 del p醨rafo anterior, el importe del derecho reconocido o revalorizado adquirir� car醕ter definitivo.

Adicionalmente, a trav閟 de la disposici髇 final segunda se introduce una modificaci髇 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, El art韈ulo 116.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, autoriza a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que pueda disponer la no liquidaci髇 o, en su caso, la anulaci髇 y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuant韆 que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacci髇 y recaudaci髇 representen. En virtud de esta autorizaci髇 se public� la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicaci髇 y desarrollo del Reglamento General de Recaudaci髇 de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en cuyo art韈ulo 7, relativo a las deudas de importe m韓imo recaudable y susceptibles de anulaci髇 y baja en contabilidad, se dispone que 獿a cuant韆 que, conforme al art韈ulo 94.2 de la Ley General de la Seguridad Social y a los art韈ulos 6.5 y 11.4 del Reglamento General de Recaudaci髇 de la Seguridad Social, se estima como insuficiente para la cobertura del coste de la exacci髇 y recaudaci髇 de las deudas con la Seguridad Social y conceptos de recaudaci髇 conjunta con las mismas y que permite, en su caso, acordar su anulaci髇 y baja en contabilidad, se fija en el 3 por 100 del indicador p鷅lico de renta de efectos m鷏tiples (IPREM) mensual, vigente en el momento de la respectiva liquidaci髇, salvo en los casos de responsabilidad por sucesi髇 mortis causa, en los que el indicado l韒ite se fija en el 20 por 100 del IPREM mensual a efectos de iniciaci髇 del oportuno expediente de derivaci髇 de responsabilidad por causa de muerte.�

Por su parte, el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, que ser� aplicado por las entidades gestoras de la Seguridad Social como norma espec韋ica cuando, como consecuencia de la revisi髇 del derecho previamente reconocido, resulten prestaciones indebidamente percibidas no establece, de forma expresa, la previsi髇 de no iniciar este procedimiento especial de reintegro cuando el importe total de la deuda que resulte de las actuaciones de revisi髇 del derecho sea inferior al considerado como m韓imo para la cobertura del coste. Ello supone, en consecuencia, el inicio de un procedimiento para la reclamaci髇 y recaudaci髇 de deudas de escasa cuant韆 que conllevan a un nulo provecho de los recursos p鷅licos y, por tanto, un incumplimiento de los fines encomendados a la Administraci髇 P鷅lica que es necesario corregir mediante la modificaci髇, en los t閞minos propuestos, del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero.

La disposici髇 final tercera habilita al titular del Ministerio de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones a modificar por medio de orden ministerial los porcentajes establecidos en el anexo III. Conviene traer a colaci髇 la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto (recurso de casaci髇 873/1993) que permite la colaboraci髇 reglamentaria a trav閟 de una orden ministerial para la regulaci髇 de puntos concretos y de car醕ter accesorio que no supongan una modificaci髇 o alteraci髇 sustantiva de un real decreto, sino simplemente un mero desarrollo objetivo y puntual de las normas reglamentarias. Teniendo en cuenta que en el proyecto de real decreto est� prevista una evaluaci髇 bienal de los efectos de la compatibilidad sobre la participaci髇 de las personas beneficiarias del ingreso m韓imo vital en el mercado laboral (art韈ulo 6), parece razonable, conforme a los resultados de dicha evaluaci髇, que el titular del Ministerio pueda, a trav閟 de una orden ministerial, modificar los porcentajes establecidos en el anexo III que requieran de una formulaci髇 mucho m醩 precisa como consecuencia de complejas operaciones t閏nicas, sentencias de 19 de febrero de 2013 (recurso 1687/2011) y de 27 de junio de 2013 (recurso 3438/2011).

Finalmente, en la disposici髇 final cuarta se regula la entrada en vigor.

La norma es coherente con los principios de buena regulaci髇 establecidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que responde a la necesidad de desarrollar reglamentariamente lo previsto en el art韈ulo 11.4 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, a fin de que se incentive el acceso y la permanencia en el mercado laboral de las personas beneficiarias del ingreso m韓imo vital. Es acorde al principio de proporcionalidad, al ser el medio m醩 adecuado para cumplir este objetivo y con el principio de seguridad jur韉ica, al quedar engarzado con el ordenamiento jur韉ico. Adem醩, cumple con el principio de transparencia habiendo sido sometido al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica. Por 鷏timo, es coherente con el principio de eficiencia ya que no afecta a las cargas administrativas y racionaliza, en su aplicaci髇, la gesti髇 de los recursos p鷅licos.

En la elaboraci髇 de este real decreto se ha llevado a cabo el tr醡ite de audiencia e informaci髇 p鷅licas de acuerdo con el art韈ulo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y se ha exceptuado el tr醡ite de consulta p鷅lica conforme el art韈ulo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, dado que la presente norma regula un aspecto parcial de una materia, el desarrollo del art韈ulo 11.4 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre.

Asimismo, entre otros, se ha recabado informe de la Oficina de Coordinaci髇 y Calidad Normativa previsto en el art韈ulo 7 del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el r間imen de funcionamiento de la Oficina de Coordinaci髇 y Calidad Normativa. Adem醩, el proyecto normativo ha sido analizado en el 醡bito del Comit� Asesor de la Secretar韆 General de Objetivos y Pol韙icas de Inclusi髇 y Previsi髇 Social, creado por Orden ISM/473/2022, de 25 de mayo, con el compromiso de realizar una propuesta de evaluaci髇 de este instrumento.

Este real decreto se dicta en el ejercicio de la habilitaci髇 conferida al efecto en el art韈ulo 11.4 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, y de acuerdo con la competencia en materia de legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social y de bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas, que las reglas 17.� y 18.� del art韈ulo 149.1 de la de la Constituci髇 Espa駉la atribuyen al Estado.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusi髇, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 27 de septiembre de 2022,

DISPONGO:

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas

Se a馻de un nuevo apartado 3 al art韈ulo 1 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, con la siguiente redacci髇:

�3. En aplicaci髇 de los principios de econom韆 y eficacia administrativa, no se iniciar� el procedimiento especial de reintegro regulado en este real decreto cuando el importe total de la deuda que resulte de las actuaciones previstas en este art韈ulo sea inferior a la cantidad determinada como insuficiente para la cobertura del coste que su exacci髇 y recaudaci髇 represente, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 116.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y del art韈ulo 6.5 del Reglamento General de Recaudaci髇 de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

En todo caso, la entidad gestora podr� acordar la acumulaci髇 de las deudas que no excedan de dicho l韒ite al objeto de superar la citada cantidad, o la de tales deudas con otras de importe superior, siempre que todas ellas correspondan a la misma persona deudora y al reintegro de prestaciones indebidamente percibidas a que se refiere este real decreto.�

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