Primera Objeto y ámbito objetivo de aplicación

El objeto y ámbito de aplicación del presente convenio consiste en establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco en la ejecución de las medidas cautelares y de las medidas impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, a menores que residan en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en aplicación de lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

De igual modo, su ámbito de aplicación se extenderá y comprenderá la ejecución de las medidas sustitutivas que se impusieren en aplicación de los artículos 13, 40, 50 y 51 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2006, así como a la segunda fase de libertad vigilada de las medidas de internamiento.

Segunda Ámbito subjetivo de aplicación

Las personas menores a atender en el ámbito de aplicación del convenio serán aquellas que, teniendo residencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, en virtud del artículo 54.1.º, párrafo segundo, de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2006, les hubiere impuesto las medidas a las que se refiere la cláusula primera del presente convenio.

El Juez Central de Menores, atendiendo el interés de la persona menor y las circunstancias del expediente, decidirá el lugar en el que han de cumplirse las medidas establecidas en la cláusula primera del presente convenio.

Tercera Régimen material normativo o sustantivo de aplicación

La atención a las personas menores deberá ajustarse, principalmente, a las prescripciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, sobre los Derechos del Niño; a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en especial a lo relativo a los derechos de los menores y a la exigencia de sus obligaciones, así como al Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y, en su caso, a la normativa autonómica sobre la materia.

Asimismo, se atenderá y habrán de cumplirse las disposiciones que, en su caso, fueren de aplicación de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia.

Cuarta Cumplimiento de las medidas

La Comunidad Autónoma del País Vasco ejecutará las medidas, establecidas en la cláusula primera del presente convenio, impuestas a las personas menores residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, en su Comunidad Autónoma, siempre que el titular de dicho Juzgado así lo decida de acuerdo con la cláusula segunda del presente convenio.

Quinta Régimen de obligaciones

En virtud del presente convenio y a los efectos del mismo, el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco asumirá las siguientes obligaciones:

• a) Garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por el Juzgado Central de Menores, incluidas en la cláusula primera del presente convenio, utilizando para ello los instrumentos de gestión que considerare más adecuados, de acuerdo con la legislación vigente.
• b) Asumir las obligaciones y facultades que, respecto a las personas menores, la ley impusiere a la entidad pública. Durante la ejecución, la entidad pública remitirá al Juzgado Central de Menores y a la Fiscalía las informaciones y propuestas previstas en la Ley Orgánica 5/2000 y el Real Decreto 1774/2004. También informará al Ministerio de Justicia de aquellas incidencias que afectaran de manera relevante al cumplimiento de la resolución judicial. Así como a los órganos judiciales, fiscalía y cuerpos policiales.

En virtud del presente convenio y a los efectos del mismo:

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, asumirá las siguientes obligaciones:

• a) Satisfacer a la Comunidad Autónoma del País Vasco el importe convenido por la prestación de servicios, en los términos, modos y plazos que se establecen en la cláusula sexta del presente convenio.

El Ministerio de Justicia asumirá las siguientes obligaciones:

• a) Poner a disposición del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, a través del Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección de Justicia, toda la información de que, en cada momento, dispusiere sobre cada menor que le enviare. A tal respecto, asimismo, tan pronto como tuviere conocimiento de cualquier nueva información, hará llegar igualmente la misma a la mayor brevedad posible al Departamento de Administración Pública y Justicia.

Sexta Plazas y coste económico

El Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco asignará un tratamiento preferente a la ejecución de las medidas impuestas por la Audiencia Nacional, en los términos establecidos en el artículo 54.1 párrafo tercero de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

El coste económico total de los servicios que hubieren de prestarse será de 7 euros por menor y día, en las medidas no privativas de libertad y de 269,69 euros, por plaza ocupada y día en las privativas de libertad.

Estas cantidades se revisarán y actualizarán automáticamente al inicio de cada año natural, de acuerdo con el incremento del Índice General de Precios al Consumo –IPC– fijado para todo el Estado por el Instituto Nacional de Estadística u otro organismo que lo sustituyere, correspondiente al año natural inmediatamente anterior.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad abonará trimestralmente al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, el importe que suponga la realización efectiva del servicio, para lo cual deberá aportar, previo su abono, memoria económica que refleje la liquidación efectiva. El abono de estas liquidaciones se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 26.16.231G.226.99 del presupuesto vigente del Departamento.

Para el abono de los citados servicios se establece como máximo la cuantía anual de diez mil euros (10.000,00 euros).

Séptima Comisión de seguimiento y control del convenio

A la firma del presente convenio se creará una comisión de seguimiento y control, a la que corresponderá la coordinación, control, supervisión e información de la prestación del servicio objeto del convenio.

La citada comisión de seguimiento y control se hallará integrada por dos representantes por cada una de las partes firmantes y un o una representante de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que serán designadas por dichas partes firmantes.

Ello no obstante, en función de la materia a tratar, podrán incorporarse a la comisión, con voz pero sin voto, los asesores o las asesoras que se estimaren oportunos.

La comisión de seguimiento y control se reunirá a iniciativa de cualesquiera de las partes firmantes.

La presidencia y secretaría de la comisión se ejercerán de forma alternativa por cada una de las instituciones firmantes por períodos de un año. La primera presidencia y secretaría corresponderán al Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco.

Los acuerdos en el seno de la comisión de seguimiento se adoptarán por unanimidad.

La citada comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

• a) Promover el desarrollo y cumplimiento de las actuaciones y obligaciones objeto del presente convenio, velando por el adecuado cumplimiento de las cláusulas del mismo.
• b) La aportación y elaboración de informes técnicos, así como de aquella documentación que se considerare oportuna, relativos a dichas actuaciones.
• c) Seguimiento y evaluación de las actuaciones, cuyas conclusiones servirán para mejorar el contenido del mismo, sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, en cuanto titular de los fondos públicos que se aportarán para la ejecución de las acciones que se pacten.
• d) Establecimiento de mecanismos de coordinación que facilitaren la fluidez de las relaciones entre las partes firmantes.
• e) Interpretación y, en su caso, resolución de común acuerdo de las dudas o cuestiones conflictivas que pudieren suscitarse durante la vigencia del convenio.

La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.

Octava Reciprocidad, colaboración y publicidad

Las partes firmantes se comprometen, mutua y recíprocamente, a colaborar de manera activa en todos aquellos aspectos relacionados con la atención a menores en conflicto social, llevando a cabo intercambios de cuanta información, conocimientos y experiencias poseyeren, a fin de lograr la mejor atención de los menores y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.

Asimismo, podrá realizarse, por cada una de las partes firmantes, el uso y empleo de la información proporcionada por la experiencia en la gestión de los recursos y de aquellos estudios o investigaciones encaminados a fomentar aspectos preventivos y reeducadores en el tratamiento de los menores en conflicto social.

Las partes firmantes podrán utilizar libremente toda la información intercambiada en virtud de este convenio, excepto en aquellos casos en los que la parte que la hubiere suministrado hubiere establecido restricciones o reservas de uso o difusión. Ahora bien, en ningún caso podrá ser transferida tal información por una de las partes a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de la contraparte.

Las partes firmantes podrán publicar y divulgar, del modo que estimaren más conveniente, los resultados de las actuaciones desarrolladas en el marco del presente convenio, haciendo constar, en todo caso, su origen y finalidad.

Las actuaciones establecidas en la presente cláusula no vulnerarán lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Orgánica.

Novena Causas de extinción

El presente convenio se extinguirá por cumplimiento del mismo, resolución o por denuncia expresa de una de las partes con una antelación mínima de 3 meses a la finalización delconvenio.

Será motivo de resolución el incumplimiento total o parcial, por alguna de las partes de las obligaciones asumidas en el convenio.

El eventual incumplimiento dará lugar al reintegro total o parcial de las cantidades correspondientes a las actividades pendientes de realizar, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Asimismo serán causas de extinción de este convenio la fuerza mayor, el mutuo acuerdo de las partes o la imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de su objeto, así como cualquier otra causa de resolución de las contempladas en la legislación vigente.

Décima Efectos del convenio

El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y extenderá su periodo de duración hasta el 31 de diciembre de 2013. Será prorrogable, por periodos anuales, por acuerdo expreso de las partes, previa verificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para el ejercicio económico de que se trate.

En todo caso, habrán de ser finalizadas las actividades que estuvieren en curso, con arreglo a los planes de actividades o acuerdos específicos adoptados.

Undécima Régimen jurídico y jurisdicción

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en su artículo 4, apartado 1, letra c).

En cuanto a las dudas y lagunas que pudieran presentarse se estará a lo dispuesto en los principios de este Real Decreto Legislativo.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la comisión de seguimiento y, en última instancia, serán de conocimiento y competencia de Los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que correspondieren según la Ley 29/1998, de 13 de julio, con independencia del lugar donde radiquen.